Aznar convertirá el patriotismo en la clave electoral

ESPAÑA: PLURAL O ROTA

El próximo 6 de diciembre nuestra Constitución cumplirá 25 años de vida. Y es ahora, tras cerca de ocho años con Aznar en La Moncloa, cuando el gobierno del País Vasco propone un cambio en las reglas de juego para convertirse en un “Estado libre asociado al Estado español”, cuando los dos partidos que tienen posibilidades de gobernar en Cataluña en las elecciones autonómicas del próximo mes, CiU y PSC, disputan en sus programas hasta dónde llegará la ampliación del autogobierno que ambos dan por descontada, y cuando hasta el PSOE, que ha creado una comisión de expertos para proponer cambios al texto constitucional, ha puesto de acuerdo a todos sus barones para aceptar que las autonomías que tengan un consenso ciudadano al respecto puedan reformar sus estatutos y ampliar sus competencias. ¿Vamos hacia la disgregación nacional? La España democrática tiene, sin duda, otro perfil que el que atisbaban a ver los padres de la Constitución en 1978. Saber dibujarlo en  2004 sin tachaduras es el gran reto nacional.

Por Inmaculada Sánchez

Este domingo, 12 de octubre, la madrileña plaza de Colón volverá a ser escenario de la tradicional parada militar con la que se festeja la Fiesta Nacional de España. Los Reyes, el Gobierno en pleno y representantes de todos los poderes del Estado asisten al solemne acto que presenciará impávida la enorme bandera que el ministro de Defensa, Federico Trillo, hizo colocar hace un año en la plaza con gran controversia.

El ambiente para la celebración, sin embargo, al igual que el de los actos ya iniciados para conmemorar el primer cuarto de siglo de la Carta Magna con la audiencia real de hace unas semanas, no se presenta cálido ni  relajado. “Nos estableceremos por nosotros mismos si no podemos ser españoles a nuestra manera”, amenazaba el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en la fiesta anual de su partido, el Alderdi Eguna, hace dos domingos. El lehendakari Ibarretxe, cuyo plan soberanista lleva meses polarizando el debate político en Euskadi y Madrid, ya ha iniciado los pasos para llevarlo adelante: lo presentó al Parlamento hace unos días y a finales de mes será aprobado por su gobierno como proyecto de ley. “Las posibilidades de que el plan salga adelante son literalmente cero”, respondía esta semana pasada el presidente Aznar.

Los socialistas se han mostrado claramente enfrentados a los planes de Ibarretxe pero, en su argumentario, luchan con desigual suerte por zafarse del voraz discurso del PP. “La propuesta del lehendakari conduciría a la irreparable quiebra de la convivencia”, ha dicho Javier Rojo, secretario de Política Institucional de la ejecutiva federal del PSOE y líder de los socialistas alaveses, uno de los dirigentes del primer partido de la oposición más enfrentados a los nacionalistas vascos. Pero, incluso él, añade, en un artículo publicado hace unos días en el diario El País, que los socialistas también reclaman “un compromiso para perfeccionar el modelo autonómico diseñado en nuestra Constitución, haciendo posible tanto su adecuación a las nuevas realidades surgidas en estos últimos 20 años como su profundización en la idea del autogobierno para las nacionalidades y regiones”.

Aznar y el PP que hereda Rajoy huyen de cualquier redefinición constitucional ya que han visto desde hace tiempo su hueco electoral en la defensa a ultranza de una unidad de España sin matices y, tal como todos los indicios vienen demostrando, no van a desaprovechar la oportunidad de utilizarla como arma contra Zapatero en la campaña de las generales.

El equipo del líder socialista detectó la amenaza hace tiempo y diseñó una estrategia de defensa que va a ponerse a prueba en la cada vez más cercana campaña catalana, cuyos comicios están fijados para el 16 de noviembre.

“En Ferraz tienen que ver claro que el único discurso que el PSOE puede hacer ante el patriotismo del PP es enfrentar a la gente a la realidad y decirle que la unidad de España está en peligro sólo desde que gobierna Aznar”, asegura un dirigente del PSC implicado en la maquinaria de campaña de Maragall. “Aznar es una fábrica de independentistas”, afirma, y añade respecto a la posición del PSOE:  “Si no son capaces de verlo, peor para ellos. La gente, entre el original y la copia, siempre va a preferir al original, que es la España Una del PP”.

No todos los dirigentes socialistas opinan igual, aunque sí han coincidido en la necesidad de cerrar filas en el frente del modelo de Estado a la vista de que los populares iban ganando por goleada. De esta necesidad nació la cumbre de Santillana del Mar, oportunamente ocultada por la designación de Aznar de su sucesor en el mismo fin de semana en que tenía lugar. La elección de Rajoy relegó en periódicos y telediarios la que iba a ser la unida respuesta de todos los socialistas a la España “una, grande y libre” del Partido Popular.

No fue fácil consensuar un texto entre dirigentes con visiones tan distintas de la unidad de España y la solidaridad entre autonomías como José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Pasqual Maragall, pero la cercanía de las elecciones catalanas, cuyo signo, inicialmente ventajoso para el ex alcalde de Barcelona, ha ido cambiando peligrosamente para el PSC en las últimas encuestas, actuó de catalizador.

“El PSC necesitaba un aval federal para la propuesta de Maragall. Así, podemos diferenciarnos de CiU al decir que nosotros vamos a reformar el estatuto, pero de verdad, porque con el PSOE en Madrid apoyándonos sí es posible”, explican desde la sede del PSC en Barcelona. “Todos necesitamos que Maragall gane y en Santillana había que dar la idea de que le apoyamos para ganar”, señalan desde la sede socialista de una autonomía no histórica.

Aunque los motivos sean diferentes, el texto fue único y en él, a pesar de que no se defienda “una oleada de reformas estatutarias global o indiscriminada”, sí se señala que “sólo resulta prudente y aconsejable acometer una reforma estatutaria allí donde un alto grado de consenso democrático la considere oportuna y convincente para que la ciudadanía de dicha Comunidad y la del conjunto de España gocen de un mayor grado de bienestar y justicia”.

El documento final evita citar expresamente a Cataluña, como aparecía en el primer borrador, y añade que la prioridad es la igualdad de los ciudadanos además de apostar por el principio de subsidiariedad. Bono e Ibarra quedaban satisfechos, y Maragall, aunque tampoco se abordó su propuesta de “euro-región”, con las autonomías balear y valenciana, al menos conseguía que el PSOE diera su primer paso adelante reconociendo la necesidad de reformar los estatutos de autonomía cuyos ciudadanos lo reclamen, algo que en el PSC interpretan como un acercamiento al “federalismo asimétrico” defendido desde sus filas y al que en estos momentos de improvisada unidad nadie invoca por su nombre.

También figura en el documento la propuesta de reforma del Senado y la de institucionalizar periódicas conferencias de los presidentes autonómicos. La “España plural” por la que apuesta el PSOE quedaba definida.

Para CiU, sin embargo, de lo que hay que hablar es de la “España plurinacional y pluricultural”, según su candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, declaraba a El Siglo hace un par de semanas en una amplia entrevista.

El sucesor de Pujol ha dado un significativo paso adelante en las tradicionales reclamaciones de los convergentes y no sólo habla de tener “embajadas” catalanas en determinados países o selecciones deportivas propias sino que se pregunta: “¿Puede Cataluña aspirar a tener una financiación similar al concierto vasco y al cupo?”. Y se contesta sin rodeos: “Nosotros decimos que sí, aunque sea con el paso de unos años. El objetivo es ese” (Ver nº 570 de El Siglo).

Curiosamente, los socialistas reconocen mirando sus encuestas que el autogobierno no se encuentra entre las prioridades de los catalanes –y por ello aseguran que van a intentar hacer una campaña muy centrada en sus propuestas sociales–, pero que proponer la reforma del estatuto es como el “prerrequisito” para empezar a hacer campaña. De esa innegable realidad habla el crecimiento de Ezquerra Republicana de Catalunya, partido republicano y abiertamente independentista que puede convertirse, fácilmente, en quien tenga la llave de la gobernabilidad en Cataluña.

Algunos dirigentes catalanes, incluso, confían en que su momento haya llegado y que el “problema vasco” empiece a remitir dando el relevo a Cataluña, no, por supuesto, en el problema del terrorismo, sino en el protagonismo de una tensión política con Madrid que desembocaría en un mayor autogobierno.

La situación en Euskadi, sin embargo, no permite hacerse muchas ilusiones. Aunque el número de víctimas y atentados de ETA haya ido remitiendo en los últimos años, la tensión social no ha hecho más que aumentar y las consecuencias del intento de aplicación del plan Ibarretxe son impredecibles. “Sólo la Guardia Civil podría evitar la consulta”, ha dicho Arzalluz en referencia al referéndum previsto en la propuesta del lehendakari.

El paso de Aznar desde necesitar los votos de los nacionalistas vascos y catalanes en su primera legislatura hacia la mayoría absoluta de la segunda ha sido la clave del clima actual según todas las fuentes consultadas. Su abierto enfrentamiento con ambos nacionalismos ha alimentado un conflicto que puede empezar a desbordar los límites del País Vasco o Cataluña. De hecho, en el citado documento de Santillana de los socialistas se aboga por la reforma “de los estatutos de autonomía”, en plural, un plural al que ya se han sumado abiertamente el presidente andaluz, Manuel Chaves y el líder del PSOE valenciano, Joan Ignasi Pla, quienes reclamaron una ampliación del marco de sus respectivos estatutos. Emilio Pérez Touriño, secretario general de los socialistas gallegos, y Francesc Antich, del PSOE balear, sin reclamarla oficialmente, también se han apuntado a mantener abierta esta posibilidad. Sólo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el veterano presidente extremeño, ha dicho expresamente que su región no tiene necesidad alguna de reforma estatutaria. Una vez abierto el melón, nadie puede asegurar cuántos pedazos pueden salir del mismo. Y para iniciar la cala hay que abrir la Constitución.

Buena parte de los dirigentes políticos con escaño en el Parlamento no se rasgan las vestiduras ante la propuesta de alguna reforma constitucional. El PSOE, recogiendo ese sentir y su propia necesidad de debate ha creado hace unos días una “comisión para al estudio de la Constitución” con expertos externos a la Ejecutiva, a la que presentarán sus conclusiones a finales de noviembre.

Tan original invento lo preside uno de los padres de la Carta Magna, Gregorio Peces-Barba, actual rector de la Universidad Carlos III, al que acompañan 14 personalidades del derecho, mayoritariamente catedráticos, entre los que se incluyen los ex ministros socialistas Virgilio Zapatero y Javier Moscoso y el ex fiscal general del Estado Leopoldo Torres, además de profesores de las universidades de Santiago, Valladolid y Barcelona, “escoltados” por Juan Fernando López Aguilar, Diego López Garrido y Álvaro Cuesta, que actúa como coordinador, como miembros de la Ejecutiva socialista.

El objetivo declarado de tan alta reunión de personalidades es el estudio del “cumplimiento de la Constitución en su 25 aniversario”, además de “proponer modificaciones al texto”, aunque, eso sí, “siempre con el espíritu de 1975 y reclamando para efectuarlas el mínimo consenso establecido en la propia Constitución”, según dijo a Europa Press el propio Peces-Barba.

Adelantándose a las conclusiones de la comisión, el rector de la Carlos III ha dicho que el plan Ibarretxe será rechazado frontalmente mientras que la reforma del Senado será una de sus propuestas más probables.

El aniversario constitucional podría presentarse como un escenario idóneo para un sereno debate que, sin embargo, dada la cercanía de las próximas elecciones generales, de tranquilo no tendrá ni la intención. A pesar de ello, no pocos analistas políticos consideran que la revisión constitucional llega por inercia propia debido al cambio de las circunstancias de estos 25 años y no porque los partidos políticos quieran abordarla. “Si los propios ponentes constitucionales tienen sus dudas acerca de cómo es el estado autonómico  tenemos la prueba más palmaria de que es necesario discutirlo”, asegura Javier Tusell, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED.

La estrategia de Aznar, sin embargo, camina por derroteros conocidos. La unidad de España será uno de los ejes del programa con el que acompañará a Rajoy en su asalto a La Moncloa y también a Piqué en su campaña catalana. Los resultados de este enésimo proyecto aznarista para ocupar un espacio relevante en la política catalana –tras tres candidatos distintos durante el mandato de Aznar en el partido el PP continúa siendo el cuarto grupo en el Parlament de Cataluña después de CiU, PSC y ERC– orientarán a populares y socialistas de cómo pueden irles las cosas en los meses que restan hasta la crucial cita de las generales en la primavera próxima.

Entre tanto, el PP no desaprovechará ninguna munición. Los últimos documentos de FAES, la fundación que Aznar convertirá en su cuartel general tras su marcha de La Moncloa a la espera de más altos destinos, son altamente significativos. España, un hecho, es el llamativo título de la compilación de conferencias de distintos autores cercanos al PP organizadas por FAES al objeto de “convencer a algunos que se empeñan una y otra vez en negar la existencia misma de España”, según reconoce la presentación del libro que está siendo distribuido estos días. El título más reciente es aún más revelador: en El futuro de España en el XXV aniversario de la Constitución participa el propio José María Aznar, quien advierte que “conviene tener las cosas claras, porque los ciudadanos tienen derecho a saber con claridad qué proyectos pretenden la reforma de la Constitución y cuáles serían los efectos y las consecuencias de tales propuestas”. Para, tras tan amenazador preámbulo, concluir: “Quiero decir que es ahora, casi completado el proceso de transferencias, cuando el Estado de las Autonomías está en condiciones de ofrecer su mayor rendimiento al servicio de los ciudadanos. Y es por tanto hora de gobernar, de ejercer las competencias que a cada uno le corresponden, sin pretender hacer política a base de una reivindicación permanente o interminable. Estamos, lo digo claramente, en una etapa de plenitud constitucional y no en una transición sin final conocido”.

Estas reflexiones, que quizá comparta más de un dirigente en los escaños socialistas, difícilmente formarán parte del debate para un nuevo pacto de Estado, como el que en torno a las pensiones acaba de suscribir todo el arco parlamentario sacándolas de la pelea electoral. Zapatero ha querido pactar con Rajoy que la unidad de España sea excluida de la batalla por La Moncloa en una petición por carta tras su nombramiento como secretario general del PP y candidato a la presidencia que aún no ha tenido respuesta.

Desde Toledo y Barcelona

El PSOE mantiene un debate abierto entre sus más significativos dirigentes sobre los límites del diseño autonómico español en el que los socialistas catalanes, por un lado, y los manchegos y extremeños, por otro, representan sus dos extremos. Tras la cumbre de santillana del Mar, todos sus líderes regionales suscribieron una declaración común abogando por la solidaridad interterritorial, pero también por el derecho a reclamar una ampliación del autogobierno en las autonomías en las que hubiera un consenso al respecto no perjudicial para el resto de los españoles. Tras este crucial acuerdo, Pasqual Maragall escribe para EL SIGLO las claves de su proyecto para Cataluña y España. La visión de José Bono queda reflejada en el resumen de la intervención que realizó a puerta cerrada ante los demás barones socialistas y que EL SIGLO publica en exclusiva

Una Cataluña potente en una España plural

Por Pasqual Maragall

En Cataluña se va a producir un cambio político después de 23 años de gobierno nacionalista conservador. Este cambio no tan sólo se va a notar en Cataluña, sino que tendrá consecuencias muy positivas para España.

Debemos prepararnos para una situación nueva, para manejarla con determinación, conscientes de lo que se va exigir de nosotros, tanto en el sentido de la sensatez y la moderación, como en el de la fidelidad al objetivo de una Cataluña potente y una España plural y efectivamente reconciliada con esa pluralidad.

Los últimos cuatro años, regidos por la colaboración del nacionalismo catalán con el nacionalismo español, han sido perjudiciales en este sentido. Y resulta paradójico que ahora el nacionalismo catalán quiera hacer ver que descubre esta realidad evidente.

Mi posición personal y la del espacio político que represento ha sido, es y será inequívoca al respecto. Es la tradición del catalanismo progresista que representa a la Cataluña que no quiere vivir del problema de su relación con España. Somos parte de la Cataluña que quiere resolver el problema.

La propuesta del socialismo catalán es una llamada a recuperar el clima moral, intelectual y político que haga posible pensar otra vez España con la generosidad con que la pensaron hace 25 años los artífices de la Constitución del 78.

La España plural hay que alimentarla con gestos, con pequeños pasos, con reciprocidad, con lealtades compartidas.

El documento firmado hace pocas semanas en Santillana del Mar es una respuesta positiva del socialismo español.  Una respuesta que, más allá de la coherencia doctrinal, es congruente con el enraizamiento del autogobierno en todas las Comunidades Autónomas sin distinción. Es precisamente el balance positivo del Estado de las Autonomías para todas las Comunidades lo que permite pensar en su evolución plenamente federal y no uniformista.

Ante nosotros se abre, pues,  un segundo ciclo político democrático, una vez culminado el ciclo que abrimos con la Transición Democrática y que ha durado un cuarto de siglo. Un segundo ciclo que deberá perfeccionar, en primer lugar, nuestra democracia, sus reglas y sus instituciones, con el afán de mejorar su calidad y su transparencia. También deberá perfeccionar nuestro Estado del bienestar, con nuevos enfoques y con especial atención a problemas y colectivos hasta ahora desatendidos. Con una vigorosa política de apoyo a las familias en primer término.

Y como no, este segundo ciclo político al que me refiero, deberá culminar con el pleno reconocimiento de la España plural. Entiendo que el reconocimiento de la España plural y del papel que en ella han de jugar nacionalidades como Cataluña no es un producto ideológico de laboratorio, sino una necesidad real de la España futura. Por ello, pienso que se comete un atentado a la convivencia entre las gentes y los pueblos de España cuando se utilizan exclusivamente los sentimientos identitarios para obtener rentas de poder y para bloquear desarrollos de futuro.

En los 23 años de gobierno nacionalista conservador en Catalunya, la afirmación identitaria ha sido prioritaria y se ha dejado de lado la preocupación por una estrategia de futuro, por construir un proyecto que puedan compartir todos los ciudadanos de Cataluña, sea cual sea su manera personal de vivir el sentimiento nacional.

Los socialistas catalanes partimos de la base de que la mejora del autogobierno ha de ser el fruto de la voluntad política de Cataluña y trabajaremos para conseguir el consenso máximo de todas las fuerzas políticas presentes en el Parlament de Cataluña. De este modo, el texto definitivo de Estatuto, que tendrá que refrendar en su momento el pueblo catalán, no será el resultado de una negociación desigual entre los partidos gobernantes en Cataluña y en España, sino el fruto del reconocimiento por las Cortes Generales de la voluntad política unitaria de Cataluña, momento solemne en que Cataluña renovará su pacto de autogobierno y su compromiso con la España plural.

La mejora del autogobierno de Cataluña que proponemos quiere demostrar que no son excluyentes los propósitos de preservar identidades y de compartir proyectos. Estoy convencido que es deseable y posible que ambos propósitos convivan en la dinámica de una sociedad. Y esto es deseable y válido tanto para Catalunya como para Galicia o el País Vasco y por supuesto para el conjunto de España.

La mejor contribución a la solución del problema vasco que podemos hacer desde Cataluña es progresar en nuestro modelo de autogobierno en el sentido de superar la etapa de afirmación identitaria, a la vez que promovemos la idea y el proyecto del reconocimiento de la España plural. Si el tema vasco parece encallar el tema catalán, no es menos cierto lo contrario: mientras Cataluña no explique su futuro, el Estado irá atado de manos al diálogo sobre la solución vasca, porque es lógico que se pregunte por los efectos que esa solución puede tener sobre las aspiraciones de Cataluña.

La España plural es un proyecto necesario porqué  no hay otras vías transitables en la Europa de hoy. Es un proyecto posible, si entre todos creamos las condiciones políticas. Si resistimos a la tentación de renunciar al debate político, a la diferencia, al pluralismo en aras a una unanimidad que representa la muerte del futuro. No podemos, en definitiva, renunciar a la política.

Estoy convencido que España –y con ella Cataluña, y Galicia y Euskadi– necesitan de un proyecto de realismo político y ambición colectiva como lo es el de la España plural. Un proyecto realista en su desarrollo: hay que trabajar con una Constitución y unos Estatutos que no son intocables y en el escenario limitado en cuanto a instituciones y representaciones de la Unión Europea. Un proyecto ambicioso en sus objetivos: dar respuesta satisfactoria a las aspiraciones de los pueblos de España para este siglo.

Una España plural que ha de nacer de la periferia geográfica sin que nunca más pueda ser considerada periferia política. Con una nueva concepción política de España: la España federal. Y con una nueva configuración económica de España: la España red.

El nuevo federalismo que proponemos es un federalismo desde abajo, que reconoce y respeta la diferencia, que articula de maneras diversas las realidades que son diversas. Un federalismo que se basa en dos criterios: la igualación en servicios y estándares de vida de los ciudadanos, es  decir  solidario con las partes menos desarrolladas; pero, a la vez, un federalismo que no confunde la solidaridad con la uniformidad y que es capaz de ofrecer, como ha ofrecido,  todas las posibilidades de desarrollo nacional, político y cultural a viejas naciones como la gallega, la catalana o la vasca y todas las posibilidades de prosperar en el marco de su peculiaridad a los archipiélagos y a determinadas regiones que se sienten también nacionalidades.

La España plural no será posible mientras sea gobernada por el más rancio nacionalismo del PP. La España plural solamente podrá construirse de la superación de la España Una, levantada a golpe de sentimientos identitarios en singular, por una España-proyecto en el que todos los que formamos parte del plural nos sintamos cómodos.

La igualdad está antes que la autonomía

Por José Bono

La igualdad debe primar sobre la autonomía. Como socialistas, nuestra prioridad debe ser la lucha contra las desigualdades, antes que el reparto territorial del poder y la defensa de las identidades diferenciadoras.

Los ciudadanos están más preocupados por la sanidad, el empleo, la educación, vivienda y servicios sociales que por las reformas de los Estatutos. Esas deben ser nuestras prioridades.

El principio de igualdad entre los españoles está por encima del principio de autonomía. No cabe trocear la riqueza nacional, por que pagar más impuestos o ser más rica una región no puede dar más derechos a sus ciudadanos.

No somos nacionalistas. Algunos creen que definirse como no nacionalistas es forzosamente autodefinirse como nacionalista español. Yo soy español pero no soy nacionalista y no pienso pedir perdón, ni creo que deba esconderme, por querer a mi país ni por haber aprendido en el PSOE que nuestra identidad como socialistas y como españoles no puede definirse en oposición a otros pueblos o ciudadanos como hacen habitualmente los nacionalistas.

España no es un edificio en obras y menos aún una casa en ruinas. La España en la que creo y por la que trabajo es la de mis hijos, la nuestra. España es una realidad política actual, del siglo XXI, y es una referencia sentimental a la que se ofende negando sus potencialidades de futuro.

España es algo que tenemos y no algo que nos tiene, que nos permite y no algo que nos impide, que hacemos y no algo trágica e irremediablemente hecho.

España ni está  en ruinas ni en obras: Por eso no veo que se precise una reforma generalizada  de los Estatutos. Las regiones que la crean necesaria, que la propongan para mejorar el bienestar de sus ciudadanos.

Reforma Constitucional: sólo reforma del  Senado o supresión de la Cámara si no hay reforma. Si los socialistas hemos hecho el Estado de las Autonomías y hemos defendido el Titulo VIII, ¿a qué viene echar por la borda esa herencia y que parezca que el PP es quien defiende la España constitucional cuando muchos de sus dirigentes ni siquiera votaron la Constitución?

No caben espacios diferentes del de toda España para cambiar su integridad territorial.  Hay que negar la supuesta capacidad de, por ejemplo, vascos o toledanos, a decidir sobre su anexión o separación de España. La autodeterminación es un concepto anticuado e insolidario cuando se predica en un Estado democrático y fuertemente descentralizado como es España.

La igualdad entre los españoles no sólo debe ser de derechos sino de oportunidades.