Nº 560 - 16 de junio 2003

Historia de otras traiciones

 El escándalo de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a pesar de no ser un caso propiamente dicho de transfuguismo, ha hecho recordar las numerosas actuaciones de políticos que con su voto o abstención han favorecido a partidos diferentes al suyo. El ex diputado de la entonces AP José Luis Barreiro, cuya marcha del partido con otros diputados permitió el cambio de signo de la Xunta de Galicia en 1987, inauguró un largo rosario de abandonos y traiciones que han afectado a todas las formaciones. Para evitar estos bochornosos espectáculos se firmó en 1998 un Código de Conducta que afectaba sólo a las corporaciones locales, pero aunque ha bajado el número de casos no ha conseguido terminar con este fenómeno.

Por Teresa Larraz

En la Antigüedad se decía que “Roma no paga traidores”, pero nuestra joven historia democrática ha demostrado que en política vale casi todo para alcanzar o mantener el poder. La atribución de un cargo electo al individuo y no al partido por el que es elegido ha permitido que concejales y diputados varios se hayan apropiado de ese cargo, sobre todo en los años 90, para cambiar de formación en una misma legislatura y utilizarlo así como llave en la gobernabilidad de municipios y comunidades autónomas. A pesar de las evidentes sospechas en casi todos los casos de una intervención económica, pocas veces se ha podido comprobar y se han quedado en conjeturas, aunque sí se ha visto la obtención de prebendas políticas, mostrando el lado más oscuro de la política. 

El primer caso se dio en Galicia. En 1986 la Xunta estaba en manos del PP, pero la rivalidad entre el presidente Gerardo Fernández Albor y su vicepresidente José Luis Barreiro, era notoria. El enfrentamiento entre ambos desembocó en octubre en el abandono del Gobierno y del partido de quien también era consejero de la Presidencia. El verano siguiente, Barreiro, que había tenido una fulgurante carrera en AP, creaba Coalición Galega (CG) con otros cuatro ex diputados de AP. Su apoyo a la moción de censura presentada en septiembre por el PSOE gallego supuso la caída del gobierno de Albor, la presidencia del socialista Gonzalo Fernández Laxe y la vuelta de Barreiro a la vicepresidencia.

La reacción última del Ejecutivo popular fue presentarle una denuncia por intervenir en concesiones ilegales en la lotería, lo que motivó la actuación judicial y una división en el nuevo Gabinete que le terminó empujando a dimitir en julio de 1988. Dos años después, el Tribunal Supremo le condenó e inhabilitó por un delito de prevaricación, tras lo cual renunció a su cargo en CG y se reintegró a la vida universitaria. En la actualidad imparte las asignaturas de Sistema Político Galego y Cultura y Participación Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela.

La Comunidad de Madrid, presidida entonces por el socialista Joaquín Leguina, vivió otro suceso  grave en mayo de 1989. La entonces Alianza Popular y el Centro Democrático y Social (CDS) suscribieron un pacto para presentar una moción de censura que le derribara del Gobierno. Dos diputados de AP, José Luis Ortiz y Nicolás Piñeiro, habían abandonado la formación el año anterior y creado el Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM), que se integró en el Grupo Mixto, lo que suponía que AP y CDS contaban con el mismo número de votos que la suma de PSOE e IU. De este modo, Ortiz y Piñeiro se convertían en decisivos: el primero votó contra Leguina, pero Piñeiro, un perito mercantil, directivo de banca y director de unos grandes almacenes que había llegado a formar parte de la Junta Directiva Nacional de AP, se abstuvo, impidendo la mayoría absoluta de la moción, lo que permitió a Leguina acabar la legislatura. 

Responsables del PSOE, AP y CDS intervinieron para intentar convencer a Piñeiro, y se llegó a asegurar que el Partido Socialista le había ofrecido 125 millones de pesetas, pero ambas partes lo negaron –Piñeiro acusó a AP de ofrecerle dinero– y nunca se probó nada. En la siguiente legislatura intentó revalidar su escaño encabezando una candidatura del PRIM, pero no lo logró, y se tuvo que contentar desde las elecciones locales de 1995 con un puesto de concejal en la localidad del noroeste madrileño de Algete, donde había iniciado su carrera política. Eso hasta los últimos comicios del 25-M, en los que los obtuvo únicamente 300 votos.

El PP también se ha visto beneficiado por estas situaciones irregulares, y una de ellas afectó a una de los pesos pesados del PP, el ministro de Trabajo Eduardo Zaplana. En 1991, Zaplana comenzaba una ambiciosa carrera política aspirando a la alcaldía de la localidad alicantina de Benidorm. Las elecciones de ese año le colocaron como segunda fuerza política, pero el repentino apoyo de la concejal del Partido Socialista de Valencia Maruja Sánchez en una moción de censura presentada en noviembre le permitió convertirse en alcalde. Sánchez pasó a asumir las delegaciones de Servicios Sociales y Cultura, y aunque no se presentó en los siguientes comicios, ha ocupado desde entonces diversos puestos de designación directa.

Ese mismo año estallaba otro escándalo en la isla de Mallorca. Un concejal del PP, Andreu Bordoy, pretendió comprar a otro del PSOE para conseguir la alcaldía del municipio de Calviá. Bordoy, que fue condenado por intento de soborno junto con otras dos personas, acusó años después a la dirección popular en las islas, incluido el entonces presidente Gabriel Cañellas, de estar al tanto del asunto y de dejar de pagarle la millonaria multa que le impuso el juez.

Tres años después, las islas se veían afectadas por un nuevo caso de transfuguismo, ya que el diputado socialista Jaime Peralta, que había abandonado esta formación para pasarse al Grupo Mixto, permitía desde ahí al Partido Popular mantener la mayoría regional que había perdido al romper con la Unió Mallorquina. Peralta, que ya había facilitado el acceso del PP al Consell de Menorca, dejó posteriormente el escaño y se dedicó a estudiar Historia en la Universidad. La oposición acusaba al PP de doble moral al aceptar el voto de Peralta al tiempo que protestaba por otro caso de transfuguismo que esta vez les perjudicaba en Aragón.

Emilio Gomáriz había abandonado la formación conservadora en noviembre de 1992 dejando al Gobierno de coalición del PP con el Partido Aragonés (PAR) presidido por Emilio Eiroa con los mismos escaños que el PSOE e IU. Menos de un año después apoyaba la moción de censura presentada por el PSOE afirmando que se jugaba “la vida por los ideales de Aragón”, y propiciaba que el socialista José Marco alcanzara la presidencia. Un Ejecutivo que tuvo una vida breve, puesto que 15 meses después Marco tenía que dejar el cargo acusado de presunto espionaje político, y terminó condenado e inhabilitado por malversación de fondos públicos.

Gomáriz, por su parte, tuvo que mantener durante meses una escolta policial que le protegiese de la indignación popular, fundó un partido que no tuvo ningún éxito por lo que volvió a la Universidad, y es profesor en el Departamento de Psicología y Sociología en la Universidad de Zaragoza.

Calificado de tráfico de influencias, cambio de chaqueta o, según los tránsfugas, de coherencia política, la proliferación de un fenómeno que abochornaba a la clase política llevó a todos los partidos con representación parlamentaria nacional a firmar el 7 de julio de 1998 un “Código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales”. En él se establecía fundamentalmente el compromiso de rechazar en su grupo político a concejales que mantuviera el cargo conseguido en su partido original, y a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar la mayoría en los gobiernos, así como a desincentivar el transfuguismo con medidas disuasorias.

Como consecuencia del Código también nacía la Comisión de Seguimiento, presidida por el ministro de Administraciones Públicas e integrada por un representante de los firmantes. Dos años después las formaciones reeditaban su compromiso en lo que se había calificado simplemente de “pacto de caballeros”, y el informe publicado anualmente ha constatado la disminución de estos casos. Sin embargo, no ha impedido en absoluto que se sigan dando, y los casos más flagrantes en estos últimos años han estado vinculados al Grupo Independiente Liberal (GIL) de Jesús Gil, especialmente en la ciudad de Ceuta.

Esta localidad tuvo tres gobiernos en una misma legislatura, la de 1999-2003. En agosto de 1999, el GIL, encabezado por Antonio Sampietro en la ciudad autónoma, presentó una moción de censura al gobierno que habían formado los restantes partidos dentro del pacto anti-GIL y consiguió la presidencia gracias al voto de la tránsfuga socialista Susana Bermúdez. La jugada se repitió 18 meses después, cuando esta vez Bermúdez y otros cinco concejales que dejaron el GIL votaron con PP, PSOE y los otros partidos para derrocar a Sampietro y nombrar presidente al popular Juan Vivas. Bermúdez, que logró el área de Cultura en ambas ocasiones y colocar a su marido en otro cargo municipal, está retirada de la política por razones de salud.

El pasado diciembre los partidos acordaban presentar dos proposiciones de ley por iniciativa socialista que endureciesen las condiciones para evitar el transfuguismo. El PSOE no firmó por considerar una “deslealtad” que el PP estuviera apoyando en ese momento una moción de censura con un tránsfuga en un pueblo asturiano; sin embargo, el acuerdo para tramitarlas es total, y se espera  que se lleven a cabo en el nuevo periodo de sesiones. Queda en el aire la extensión del Código de Conducta a las CC AA.


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