Candidatos perjudicados, precampaña desdibujada, sucesores maltrechos…

Daños colaterales en el PP

Estamos en guerra. Sangre civil y militar, destrucción y éxodo son los efectos de la lucha en Irak, apoyada por el Gobierno español y seguramente más dura y larga que esa “guerra cortita” que presagiaba, sin mucha fortuna, Ana Botella. Cabizbajos y conscientes de un futuro incierto, también en el búnker del Partido Popular han empezado a contabilizar sus bajas: coste electoral para el 25-M, ídem para las generales de 2004, sucesión accidentada, abucheos a los dirigentes, deserciones, fontaneros cuestionados y una fractura en la política exterior, no exenta de tensión diplomática en casa, que habrá que reconstruir con mucho esfuerzo y, lo peor, en muy poco tiempo.

Por Ana Pardo de Vera

Con lo felices que se las prometían los populares este año, más de uno se estará preguntando cómo es posible que la tortilla se haya dado la vuelta tan rápido, en apenas dos meses. Comenzaron 2003 liderados por un Aznar pletórico y dispuesto a dejar atrás la crisis del Prestige, con grandes expectativas de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El líder del PP quería una estrategia electoral que le situase en el papel de actor principal en mítines, celebraciones y comparecencias por toda España.

Nada de nada. Aznar ha pasado de estar casi todos los días de enero en los periódicos, anunciando nuevas medidas y protagonizando distintos actos, a desaparecer de ellos, si no es por la crisis de Irak, que ha copado su agenda. Ahora hay que limpiar los escombros y reconstruir un escenario seriamente dañado, piensan en Génova. Y en un tiempo récord, pues desde el primer ataque de EE UU a Irak hasta las municipales y autonómicas del 25 de mayo sólo hay 67 días.

¿Qué sido de las iniciativas penales, de las reformas fiscales y, en definitiva, de un programa marco diseñado meticulosamente por Mayor Oreja de cara a los próximos comicios? Sin duda, se han quedado por el camino, porque toda la opinión pública se ha dedicado a valorar las respectivas posiciones del Gobierno y la oposición según su postura en la guerra de Irak. Por ello, los populares –y los socialistas– no han logrado que el resto de sus propuestas cuajen en los ciudadanos, que, simplemente, las han ignorado.

A principios de año, Aznar se mostraba tajante en cuanto a la reforma del Código Penal de 1995. Con ella, pretendía defender “la libertad, la tranquilidad y los derechos de todos los ciudadanos pacíficos”. El PP emprendía, argumentaba, una ofensiva estrella contra el terrorismo y la delincuencia sin precedentes (endurecimiento de penas para delitos comunes, terrorismo, narcotráfico, violencia doméstica y tráfico de personas, reforma de la prisión preventiva, embargo de los bienes de los terroristas y narcotraficantes, etc.). Para ello, aumentaba la partida de presupuestos de los Ministerios de Justicia e Interior en un 8,5 y un 7% respectivamente.

Con la técnica del goteo, el Gobierno se hizo con las portadas de los periódicos, que anunciaban a bombo y platillo la batería de propuestas del Ejecutivo Aznar. Tiempos de grandeza, que coincidieron con el anuncio sorpresa del propio presidente de que iba en la lista de Bilbao, encabezada por el candidato popular a alcalde, Antonio Basagoiti.

El programa marco dirigido por Mayor sellaba el compromiso del PP con los ciudadanos con políticas de progreso (más contratos indefinidos, un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, modernización de las oficinas del INEM,...), de políticas de bienestar social (protección a las familias, más guarderías, medidas de integración para discapacitados de bienestar para los mayores, de igualdad para la mujer,...), de reducción de impuestos (menos carga para las familias, bonificaciones para la creación de empleo,...), de seguridad (nuevas plazas de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, planes de acción conjunta, mejora del sistema de Protección Civil,...) o de segunda descentralización (Pacto Local, legislación de Grandes Ciudades,...), entre otras.

Incluso, en la Convención Popular celebrada a mediados de enero, la crisis del PP gallego, lacerado por el hundimiento del Prestige, parecía, al menos, parcheada, gracias a la contundente intervención de Mariano Rajoy en el feudo de Manuel Fraga, animando la caída del poder del polémico Xosé Cuiña.

Y entonces, Aznar comenzó a hacer más caso a los mensajes que le llegaban del otro lado del Atlántico con respecto a la crisis EE UU-Irak que a la precampaña, así que su gente tuvo que empezar a apañárselas sin él, encima, con buena parte de la opinión pública en contra del apoyo a la Administración Bush, la apuesta de su jefe.

Coste electoral y sucesión accidentada. Los populares son conscientes del daño que les va a hacer en las urnas la inflexibilidad de Aznar. Y el único consuelo que éste les da es que, con el tiempo, los ciudadanos comprenderán la decisión que ha tomado. El presidente, sin embargo, no especificó con cuánto tiempo. Aun dando por perdidas las Comunidades socialistas por excelencia (Castilla-La Mancha y Extremadura), el panorama popular era hasta enero, como mínimo, de gran esperanza. La tenían puesta en Baleares, a donde enviaron al ex ministro Jaume Matas a recuperar las islas. Si el pacto que el PSOE mantenía con todas las fuerzas políticas de la oposición (Pacto de Progreso) se rompía sólo del lado de la Unión Mallorquina (UM) de María Antonia Munar, algo que el PP barajaba como muy probable, Matas lideraría el Govern. Hoy, cuando se les pregunta al respecto, los populares se muestran escépticos.

Aragón, creían también en el PP, tenía posibilidades de ser suyo, aunque sin negar un considerable esfuerzo. El PSOE de Marcelino Iglesias gobierna gracias al apoyo de la Chunta Aragonesista y, antes de conocerse los planes de Aznar sobre Irak, parecía que Iglesias seguiría necesitando ese apoyo. Ahora, sin embargo, algunos sondeos dan al socialista hasta la mayoría absoluta, que habría logrado asimismo gracias al levantamiento popular que los socialistas consiguieron en la región en contra del Plan Hidrológico Nacional gestionado por Matas. Caso similar es el de Asturias, en donde el presidente socialista Vicente Álvarez Areces ha conseguido consolidar su gestión y garantizarse prácticamente un nuevo mandato a partir de mayo, a pesar de los esfuerzos de Ovidio Sánchez, del PP, un hombre respaldado por Javier Arenas.

Hasta en Valencia, el sucesor de Eduardo Zaplana como candidato a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps, no las tiene todas consigo, igual que los presidentes populares de Murcia, La Rioja o Castilla y León, feudos tradicionales del PP. Parece, así lo apuntan los sondeos, que la continuidad está asegurada, pero los aspirantes autonómicos prefieren la cautela ante lo que podría ser una considerable pérdida de votos, síntoma general del PP en las urnas de todo el país.

El panorama de los ayuntamientos no es más halagüeño. Algunos que son del PP podrían dejar de serlo, como el de Zaragoza, en donde el candidato socialista, el ex ministro Juan Alberto Belloch, avanza con celeridad en los sondeos, en detrimento del alcalde popular, José Atares, sustituto de Luisa Fernanda Rudi cuando ésta asumió las funciones presidenta del Congreso de los Diputados.

Algo similar ocurre en las ciudades gallegas, en donde el PP ha sido vapuleado dos veces: por la crisis del Prestige y por la de Irak. Aunque los populares creían poder arrebatar las alcaldías a las coaliciones PSdeG-BNG en Lugo, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo, los sucesivos aprietos han desmoralizado a los candidatos, que, además, temen perder otros territorios, como Ourense. Por no hablar de hacerse con la alcaldía de A Coruña, en donde el socialista Francisco Vázquez volvería a ganar con holgura. A ello se suman, en la costa gallega afectada por la marea negra del Prestige, los numerosos municipios gobernados por los populares, que serían castigados por los votantes, debido a su pésima gestión en la catástrofe.

Otros ayuntamientos populares, como Salamanca, Málaga, Oviedo, Las Palmas de Gran Canarias y Valladolid, podrían pasar a engrosar la larga lista de daños colaterales caseros tras la guerra de Irak, como mínimo, con pérdidas de votos. Aunque sus dirigentes se animen asegurando que en unas municipales, es el candidato y su gestión local lo influyente a la hora de depositar el voto en las urnas.

El caso de Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, merece un capítulo aparte. Nadie parece dudar de la victoria del presidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, en su lucha por la alcaldía frente a la socialista Trinidad Jiménez. Pero por si a la candidata del PSOE no le bastara, además, con el fichaje Ruiz-Gallardón para encabezar la lista por Madrid, una mujer, y esposa del presidente del Gobierno, Ana Botella, vino a tratar de inclinar la balanza hacia el PP, entrando en la lista de Madrid como número tres.

Lo de Ruiz-Gallardón ha sido un acierto, hasta los socialistas lo reconocen. Lo de Botella parece que no tanto, a pesar del bombo que se dio a su designación. Sin rodaje, sin preparación y con la única baza de ser la esposa de Aznar que va por libre y figura tanto en labores benéficas como en la prensa rosa, Botella ya acumula, en su breve trayectoria política, importantes errores que los socialistas aplauden entusiasmados (ver El Siglo  núm. 547, Unidos por sus mujeres).

El Gobierno de la Comunidad será, quizás, una de las mayores sorpresas del 25-M. De las regiones en las que el PP va a ver minada su influencia por culpa de la guerra, sin duda, la madrileña se llevará la palma. La mayoría lograda, no sin esfuerzo, por Alberto Ruiz-Gallardón, podría perderse con Esperanza Aguirre como candidata. De hecho, en la cúpula popular madrileña reconocen que si la guerra continúa para entonces –opción probable, pues el propio Bush advirtió, al día siguiente del comienzo de los bombardeos, de que la guerra se alargaría y endurecería sin remedio–, habrán perdido la Comunidad, un terreno más difícil que el ayuntamiento para el PP. Los de Rafael Simancas, candidato socialista a la Comunidad de Madrid, se muestran cada vez más seguros de la victoria.

Mientras, aunque la sucesión ha quedado relegada a un segundo plano, a los populares no les es ajeno que todas sus predicciones sobre los tres tenores, Mayor Oreja, Rajoy y Rato, se tambalean; que las apuestas de unos y otros por su favorito se llenan de dudas en un panorama en el que el apoyo manifiesto a Aznar de los candidatos a sucederle les ha dañado gravemente. Curiosamente, según algunos aznarólogos de pro, el que sale mejor parado de esta batalla, en el sentido literal de la palabra, es Ruiz-Gallardón. Su deseada entrada en el que sería el G-4 de Aznar cada vez se encuentra más factible, primero, porque el candidato popular al Ayuntamiento de Madrid no estaba en la lista de aspirantes y, por lo tanto, no le afecta el desgaste que éstos están sufriendo. Por otro lado, si el entorno más cercando de Aznar sale dañado irremediablemente tras la guerra, lo que incluye a sus sucesores, un relevo generacional sería la salvación del PP en 2004. Alberto Ruiz-Gallardón podría liderarlo.

Sin embargo, en el entorno de Rodrigo Rato no deja de comentarse la actitud de éste. Hay quienes le sitúan en una posición opuesta a la de Aznar, en contra del apoyo incondicional a Bush. Su silencio en el Comité Ejecutivo Popular del pasado 17 de marzo, así como su retirada antes de que finalizase, sin oír a sus compañeros, dieron que hablar en Génova. “Rato va por libre”, y lo demostró cuando, según publicaba El Semanal Digital, el pasado 12 de marzo, el PSOE le invitaba a liderar la opción popular contra la guerra, enfrentándose a Aznar. El ministro de Economía no contestó y, siempre según este digital, el diputado socialista Germà Bel le espetó: “Quien calla debiendo hablar, otorga”. Y Rato calló. Tal es el desconcierto que provoca su actitud, que hasta La Bolsa recogía el pasado martes los rumores de dimisión del vicepresidente segundo.

Ya se apunta la posibilidad de que Aznar adelante la fecha del nombramiento de su heredero para antes del verano, sobre todo, si como esperan también los populares, el coste electoral es muy elevado en mayo.

Abucheos y deserciones. La salida de los líderes y candidatos populares a ejercer las actividades propias de los políticos (actos, conferencias, presentaciones,...) se hacen cada vez más complicadas. La gente no duda en plantarse delante del presidente del Gobierno –como el lunes de la semana pasada en la puerta del Casino de Madrid– para gritarle “No a la guerra”. No digamos delante de sus ministros o de los dirigentes de su partido, que empiezan a conformar una larga lista de vituperados.

El alcaldable popular en Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo que escuchar las protestas de cerca de 50 profesores y alumnos de Universidad en la inauguración de una Facultad de Informática. Ruiz-Gallardón no pudo pronunciar su discurso, fue perseguido por los estudiantes hasta un autobús, en donde pretendía viajar sin conseguirlo, y hasta el Metro, en donde viajó acompañado por los increpantes universitarios, a los que se sumaron algunos espontáneos.

Ana Botella sufrió las iras de un grupo de gente el Día de la Mujer Trabajadora, en el municipio madrileño de Leganés, aunque al menos, la candidata a la Concejalía de Empleo y Asuntos Sociales, pudo explicarse. Estuvo poco acertada, pues ahí fue donde dijo que la de Irak sería “una guerra cortita”.

Con la ministra de Educación y Cultura fueron más agresivos en Oviedo. A Pilar del Castillo, que ya tuvo que aguantar lo suyo en la Gala de los Goya, un grupo de manifestantes le lanzó pelotas de papel cuando salía del Museo Arqueológico de Asturias, mientras gritaba “No a la guerra” y le increpaban al grito de Pilar “del Caudillo”. La ministra se refugió de nuevo en el Museo y esperar a que un coche oficial viniera a “rescatarla”.

El ministro de Ciencia y Tecnología fue pionero en soportar protestas. Hasta 300 estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona abuchearon a Josep Piqué, que había acudido a la Facultad de Periodismo para someterse a una rueda de prensa de los estudiantes. Gritos de “No a la guerra”, agobiantes persecución por los pasillos, pancartas,... recibieron al ministro, que contestó pacientemente a las preguntas cargadas de crítica y manifestó su obligación de asumirlas y respetarlas.

Sin embargo, el caso más sangrante para el PP fue el del ya famoso mitin de Aznar en Arganda del Rey (Madrid). Ahí es donde, según el parecer popular, el presidente decidió prescindir de sus apariciones públicas. La imagen, desde luego, no pudo ser más lamentable: un chico de 17 años gritó “No a la guerra” mientras Aznar hablaba a los asistentes. Lo que tardaron en echársele encima los guardia de seguridad, para desalojarlo, y, lo que es peor, el público, para vapulearle e insultarle, fue cuestión de segundos. A partir de entonces, Aznar cambió los mítines por las reuniones con gente del partido y por su aparición en los medios, especialmente televisivos, tanto nacionales como internacionales.

La unidad del PP también se resiente. Aunque la posición manifestada por los máximos responsables del partido, del Gobierno y de Congreso y Senado ha sido la de cerrar filas en torno a Aznar y su apoyo incondicional a Bush, salvo alguna discrepancia, sí ha habido casos de asistencia popular a las manifestaciones pacifistas, de reproches a la inflexibilidad de Aznar e, incluso, de deserciones.

El más llamativo fue el caso del diputado del PP por León, Juan Morano, que con un tajante “la guerra no es la solución a estos problemas”, se manifestaba en contra de la postura de su líder. Morano, a pesar de su discrepancia, apoyó al presidente del Gobierno en las votaciones, aunque fue el único que no aplaudió ninguno de los puntos esgrimidos por Aznar en el Pleno parlamentario del pasado 18 de marzo.

También el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, en una carta al Diario de Sevilla se manifestó dispuesto a abandonar el PP si España apoyaba la guerra en Irak. Quienes sí lo hicieron fueron la concejal del PP de Jerez, Regla Álvarez, que alegó motivos de conciencia; los dos ediles del PP en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), Jesús Redondo y Rafael Márquez Bejarano, y el portavoz del PP en Valverde del Camino (Huelva), Pedro Borrero. Además, tres de los cincos concejales del PP de Morón (Sevilla), en donde se sitúa una de las dos bases utilizadas por EE UU; acudieron a título personal a la manifestación convocada por el pueblo contra la guerra.

En Galicia, el candidato popular a la alcaldía de Santiago de Compostela, Dositeo Rodríguez, en unas declaraciones a la radio, hablaba de su opinión sobre la postura de Aznar, argumentando que aunque la apoyaba, no la entendía.

El que sí necesitará una reconstrucción casi íntegra después de la guerra será el Ministerio de Asuntos Exteriores, en donde, tanto la ministra en teoría, Ana Palacio, como el ministro de hecho, Ramón Gil-Casares, han sido cuestionados duramente, incluso, por la diplomacia que les rodea. La primera, por su gestión en esta guerra: según los expertos, no ha sabido dar la talla ante el Consejo de Seguridad, máxime, para defender una postura minoritaria a favor de la guerra. Y el segundo, por su idea de la gestión en la sombra, colocando a gente de su entorno en el Ministerio y dirigiendo la actividad con normas llegada exclusivamente de La Moncloa, en donde los ‘fontaneros’ han tenido un papel clave. Las opiniones del resto de los diplomáticos no han contado para nada en la crisis de Irak. Tal vez la filtración a la Cadena Ser de las conversaciones vía telegrama entre el embajador de España en la ONU, Inocencio Arias, y la ministra Palacio, acatando servilmente cualquier decisión que venga de Bush, así como los documentos jurídicos que declaran “ilegal” la acción militar, tengan que ver con ese malestar que cunde en el Palacio de Santa Cruz.

Si el presidente Aznar es visualizado por la opinión pública española como el primer culpable del apoyo de España al ataque a Irak su entorno más cercano es señalado desde el PP como responsable en buena medida del divorcio entre Gobierno y sociedad que comenzó a gestarse ya desde la catástrofe del Prestige.

El más directamente acusado es, sin duda, el secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timmermans, quien, desde que se produjo el vertido del citado petrolero ha venido soportando una no declarada campaña contra él animada desde el propio partido. A él se responsabilizó en su día de la falta de coordinación en las informaciones gubernamentales que siguieron al desastre ecológico y de la carencia de una estrategia efectiva con la que contrarrestar el creciente deterioro de la imagen del Gobierno. Ahora, que el comienzo de la guerra contra Irak no ha hecho más que ampliar ese desgaste para el Gobierno y todos sus miembros, el aparato monclovita vuelve a ocupar su sitio entre el creciente malestar de los populares.

En los ataques a Timmermans late también un no reconocido disgusto contra el propio Aznar sobre cómo ha manejado la crisis, ya que fue una decisión muy personal del presidente la que llevó a este fontanero mayor a su primer cargo político de relieve (sólo fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid durante apenas un año hasta que la victoria del PP en el 96 lo llevó a Moncloa como miembro del gabinete presidencial).

El inesperado ascenso de Timermans, el verano pasado, ya supuso una clara señal de que el presidente no quería ajenos a su entorno en los puestos claves de Presidencia (Ver nº 521 de El Siglo: El entorno de Aznar se atrinchera. Los liberales del clan de Aragonés amplían su poder en Moncloa), un signo que en determinados sectores del PP, los mismos que, años atrás acusaron al ya extinto “Clan de Valladolid” de tener “secuestrado” al presidente,  fue recibido con preocupación.

Timermans había ejercido hasta entonces de segundo del hombre clave en la fontanería monclovita y en el entorno personal de Aznar, Carlos Aragonés, director del gabinete del presidente desde 1996. Aragonés, otro de los asesores a los que se señala en estos días desde el partido, ejerce de líder del clan de liberales que ocupa Moncloa, y repescó, tras la marcha de Timermans a la Secretaría de Estado, a Alberto Carnero para el departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete. Diplomático y director general en Asuntos Exteriores, es citado por algunas fuentes como uno de los “halcones” que apoyan sin fisuras la estrategia de Aznar en la guerra.

Esta beligerancia activa de Carnero en la crisis ha llegado a sorprender a algunos periodistas habituales de Moncloa, tal como ha dicho Antonio Casado en el confidencial.com, y ha alimentado los movimientos hostiles a su alrededor.

Tanto Carnero como Aragonés, como también Timermans o Baudilio Tomé, director del área de Estudios y Comunicación Política del Gabinete, proceden  y participan de FAES, la fundación ideológica creada por Aznar que hace poco engulló a las otras que cobijaba el PP y que dirige desde entonces el citado Tomé. Es en ella y desde ella donde este entorno puramente aznarista proyecta su inmediato futuro tras la retirada del presidente en 2004. Sin embargo, el oleaje producido por el conflicto con Irak dentro del PP podría estar removiendo su habitual perfil sin aristas. Algunas informaciones solventes apuntan en privado hacia determinadas disensiones entre Aragonés y Timermans que habrían nacido al compás del paso firme de Aznar en su personal estrategia bélica.

 Por I.S.

CUMBRE DE LAS AZORES:

Un golpe de estado en nombre de la legalidad internacional

“Estados Unidos, casi aislado, está a punto de lanzar una guerra en nombre de una comunidad internacional que se opone a ella”. Esta frase, comienzo del editorial del New York Times del lunes 17 de marzo, se basta y se sobra por sí misma como todo comentario a la Cumbre de las Azores, en la que Bush, Blair y Aznar han hecho efectiva la declaración de guerra a plazo, formulada por Bush meses atrás. En la rueda de prensa posterior a los tres mandatarios se les llenaba la boca de grandes palabras –“Actuar en nombre de la comunidad internacional”, “Para hacer cumplir la legalidad internacional”, “En defensa del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos”, “Para salvar a las Naciones Unidas”– cuando la realidad es que pretenden suplir a la comunidad internacional, subvertir la legalidad internacional, pisotear los Derechos Humanos y hundir a las Naciones Unidas.

Estos tres países no representan a la comunidad internacional, sino que más bien tratan de puentear a la misma, representada legítimamente en el seno de Naciones Unidas, después de no haber logrado que la tantas veces citada comunidad se pliegue a sus pretensiones. El concepto de guerra preventiva, que intenta aplicar la Administración Bush, vulnera directamente ese Derecho Internacional que dicen salvaguardar y que no conoce más empleo de la fuerza legítimo que en defensa propia. Se olvida, por otra parte, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la única institución legitimada para autorizar el empleo de la fuerza y que sin su consentimiento cualquier ataque a otro Estado de la comunidad internacional se considera un crimen de agresión internacional. Por este camino son los tres líderes de las Azores los que se están colocando fuera de la ley, aunque digan defender la legalidad internacional y los Derechos Humanos.

Se confirma la impresión de que Estados Unidos no hace sino aplicar el calendario militar que aprobó hace meses y que el resto de los Estados –la comunidad internacional– le sirven y le legitiman en la medida en que acepten ser sus comparsas. Así más que “salvar a la ONU” se trata de un ultimátum, una amenaza a la misma, ya que se defiende su validez sólo en cuanto se subordine a las decisiones de Estados Unidos. Es también un ultimátum dirigido a quienes, como Francia, Alemania y Rusia, se oponen a las tesis norteamericanas, intentando agotar las soluciones políticas y pacíficas antes de recurrir a la fuerza.

Las declaraciones de las Azores hacen un llamamiento a estos países para que se sumen a la coalición contra Iraq, abandonando las “diferencias coyunturales”. Sin embargo, tales diferencias no tienen nada de coyunturales sino que ponen de relieve una división profunda entre quienes defienden una lógica de guerra, una estrategia apoyada en el poderío militar unilateral, y la comunidad internacional, que mayoritariamente comparte el fin pero no los medios y quiere gestionar la globalización en marcos multilaterales. En Estados Unidos olvidan que sólo la razón convence y que la fuerza únicamente conduce a una espiral demencial de rencor y resentimiento.

Sólo las Naciones Unidas representan legítimamente a la comunidad internacional y cuando otros adoptan decisiones y ultimátums en su nombre, no cabe hablar más que de un golpe de Estado, en que los golpistas se amparan en la legalidad vigente para subvertirla. ¿Quién va a creerse que Estados Unidos sea el paladín de la libertad y los Derechos Humanos sabiendo cuál es la situación de los presos de Guantánamo? ¿En nombre de qué legalidad internacional, qué defensa de los Derechos Humanos y de qué Estado de Derecho se arrogan los tres de las Azores el derecho de atacar a Sadam Hussein y al pueblo iraquí vulnerando todos aquellos principios que dicen defender?

Probablemente cuando aparezcan publicadas estas líneas, Estados Unidos, España y Gran Bretaña ya hayan desencadenado el horror sobre Iraq. Dentro de unos meses cuando haya que votar que ni una guerra corta e “indolora” ni el eficiente marketing mediático de una postguerra de ensueño nos hagan olvidar a la opinión pública mundial quiénes actuaron contra la legalidad internacional usurpando nuestro nombre. Y no sólo no habrá que votarles sino que habrá que procesarles.

Posiblemente el momento actual sea el más dramático para nuestra generación que no vivió la Guerra Mundial, dado que, en definitiva, se va a cometer un crimen contra la humanidad públicamente, sin ninguna justificación por quienes defienden, como nosotros, el derecho a la vida como fundamento de nuestra civilización y serán miles de víctimas y un sufrimiento incalculable el que esta agresión implique. Sólo nos cabe esperar que ésta no se produzca, que sea únicamente un ejercicio de disuasión y que, por lo tanto, no se inicie la guerra.

Francisco Aldecoa Luzarraga. Catedrático de Relaciones Internacionales, Cátedra Jean Monnet. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Universidad Complutense de Madrid

Actitud firme y gallarda, por Enric Sopena