Nº 545 - 3 de marzo 2003

Aznar olvida el papel del Rey en la crisis de Irak

MARGINADO

El silencio de Don Juan Carlos ante la crisis de Irak, de la que sólo el presidente del Gobierno ha tomado las riendas, aun con la oposición de la mayoría de los españoles, empieza a ser cuestionado. La pregunta “¿Dónde está el Rey?” se oye cada vez más, pero el monarca sigue sin aparecer y sin pronunciarse. La Constitución Española (art. 56 y 63) le otorga “la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” y recoge que a él corresponde “declarar la guerra y hacer la paz”, pero las tirantes relaciones personales de Don Juan Carlos y el jefe del Ejecutivo han provocado, una vez más, el ninguneo de Aznar al monarca, aislado en La Zarzuela en una de las crisis más graves de la democracia.

Por G. S. y A. P. V.

De la manifestación del 15-F, en la que millones de españoles salieron a las calles para gritar “No a la guerra”, salieron muchas imágenes, pero una de ellas destacó más que las otras: la gran afluencia de banderas republicanas.

Algunos monárquicos han visto en las insignias tricolor un aviso de los ciudadanos al Rey, cuya presencia en el conflicto de Irak ha brillado sólo por su ausencia. Otros, han achacado a las banderas, aunque sea en clave de humor, el motivo de la torpeza del hermano menor del amigo americano, John Ellis Jeb Bush, gobernador de Florida, al agradecer al “presidente de la República de España” su apoyo incondicional a Bush. Aunque se comentó el error del gobernador de Florida como uno más de los de la familia (Bush empezó su amistad con Aznar llamándole “Ánsar”), lo cierto es que Jeb Bush conoció al monarca hace dos años, durante una visita de los Reyes a Miami en abril de 2001. Incluso, confirman en La Zarzuela, hubo una cena en honor de los Reyes a la que asistieron Jeb Bush y su esposa. En cambio, el Premio Nobel Günter Grass, que estuvo de visita en Salamanca la semana pasada, aseguró que preferiría haber visto al Jefe de Estado encabezando la manifestación contra la guerra.

Anécdotas aparte, el papel que el monarca debiera tener en la crisis está siendo ampliamente discutido entre la opinión pública, que emite juicios que van desde reprocharle al Rey su inactividad y pedirle que frene las pretensiones bélicas del presidente hasta aprobar el silencio del inquilino de la Zarzuela, asegurando que el cometido que le asigna la Constitución (ver, Las armas constitucionales) es simbólico. Entre ambas opiniones, sin embargo, media una coincidencia: si existiese química entre el Rey y el presidente, la conducta de aquél no sería la misma. Como mínimo, habría presencia monárquica, razonan.

La creencia de los constitucionalistas consultados por esta revista (algunas de ellas recogidas en La opinión de los expertos), sin embargo, coincide mayoritariamente al señalar que, si bien el Rey no tiene poder para frenar a Aznar,  en una especie de golpe monárquico, que algunos reclaman, sí tiene funciones que asumir de moderador y consejero, para alentar o disuadir, y, además, debe ser informado de la situación, algo que La Moncloa ni confirma ni desmiente.

Desde La Zarzuela, sin embargo, se asegura que nada ha variado en la rutina informativa entre el Rey y el presidente. Aznar despacha semanalmente con Don Juan Carlos y le informa sobre las cuestiones de Gobierno. Sin embargo, el contenido de estos encuentros no es oficial, por lo que se desconoce lo que hablan. No consta, sostienen en la Casa Real, si el Rey y Aznar departen sobre la crisis de Irak. Mucho menos se sabe, entonces, si el Jefe de Estado aconseja al del Ejecutivo en este tema, pues, según Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, “tal poder del Rey no es vinculante, es informal y debe ser confidencial”.

La impresión general es de que el Rey está al margen de la crisis de Irak, pues si Aznar mantuviese con él una relación que debiera ser más estrecha que nunca debido a la gravedad de la situación internacional, la presencia de Don Juan Carlos sería una constante. No es así, por lo que tampoco cabe esperar que el presidente esté considerando el papel de moderador del monarca.

La falta de química entre el Rey y el presidente no es nueva. Sin embargo, hasta el momento, no había repercutido de forma tan grave en el funcionamiento de las instituciones democráticas, hasta el punto de lograr recluir al Rey en La Zarzuela.

Ya había sido muy cuestionado el comportamiento de  Aznar cuando Bush realizó su primera visita a Europa como presidente de EE UU, en 2001. Bush fue recibido más que efusivamente por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, paró unos minutos en La Zarzuela, en donde el presidente norteamericano y su esposa Laura saludaron a los Reyes, para partir a la finca toledana de Quintos de Mora, en donde le esperaba Aznar, que a partir de entonces, acaparó al invitado. Como su esposa hizo con Laura Bush, algo que también levantó ampollas en la Casa Real, y no por primera vez, según pudo saber entonces El Siglo de fuentes del entorno de La Zarzuela.

Anteriores son episodios como los de las declaraciones de Aznar a la Cadena COPE en 1998, asegurando que el Rey iría a Cuba “cuando toque”. Hasta el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Luis de Grandes, hubo de matizarlas, asegurando que el “cuando toque” no era más que “el preludio de que va a tocar pronto”. O como el de la visita a La Habana Vieja de Don Juan Carlos y Aznar, junto a otros mandatarios hispanoamericanos, en el marco de la celebración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en la capital de Cuba en 1999. Entonces, el presidente, siempre por delante del Rey, que aguantaba estoicamente el calor con la chaqueta puesta, se quedó en mangas de camisa y se colgó la chaqueta del hombro. Las cámaras de todo el mundo recogieron esa imagen, con gran malestar por parte del monarca, que la consideró en privado irrespetuosa e inadecuada.

El ninguneo de Aznar al Rey tampoco es disimulado ni casual. Según pudo saber esta revista, en 2001, durante la recepción ofrecida por los Grandes Duques de Luxemburgo en El Pardo, Aznar dejó estupefactos a un grupo de invitados que charlaban animadamente con él y con Don Juan Carlos sobre misiones internacionales, cuando, señalando al monarca con el dedo, aseguró: “Y a éste lo mando a Polonia”. Y lo mandó, pues una semana después, los Reyes acudían a Polonia acompañados por Piqué.

Pero, sin duda, la falta de sintonía es mutua, pues tampoco el Rey ha ahorrado en alguna ocasión comentarios dirigidos irónicamente a Aznar. Así, en la celebración de la Pascua Militar de 1999, el Rey contradecía públicamente las palabras de Aznar y, momentos después de que éste descartase el diálogo con la hoy extinta Euskal Herritarrok (EH), que entonces mediaba entre el Gobierno y la banda terrorista ETA, Don Juan Carlos apostaba por la continuidad de “los contactos”. Cada uno de ellos, además, repitió su postura en varias ocasiones con los distintos grupos de periodistas.

En la memoria de Aznar está sin duda la celebración en 2002 del ecuador de la legislatura popular, además, con mayoría absoluta. El mismo día que el PP festejaba su victoria en 2000, el Rey recibía en La Zarzuela, por primera vez y en audiencia, a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, encabezada por su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, y su presidente, Manuel Chaves. Para el PSOE constituyó “un auténtica sorpresa”, según declaraba a El Siglo un miembro de la Ejecutiva, y sin duda, también para Aznar, que aunque no se pronunció sobre la coincidencia, dedicó parte de su discurso de ese día ante la Junta Directiva Nacional del PP al líder socialista, al que criticó con dureza.

Desencuentros entre Ana Botella y la Reina.  Si se habla de falta de sintonía entre el palacio de La Zarzuela y el de La Moncloa conviene recordar la tirantez que existe entre las consortes del Rey y Aznar. Tan sólo se conocen las anécdotas, pero las estrictas reglas de protocolo las convierten en indicios significativos. El más conocido tuvo lugar en 2001, cuando Bush y su mujer visitaron España. Fue la mujer de Aznar la que guió a Laura Bush en una visita turística por la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado y la que acompañó a la primera dama estadounidense a comer a Casa Lucio, donde la Reina ya aguardaba su llegada desde hacía unos minutos. En 1999, Botella también protagonizó una visita que, según fuentes cercanas a la Casa Real a las que tuvo acceso El Siglo, hubiera sido del agrado de Doña Sofía. La mujer del presidente acudió a Atenas para inaugurar la exposición Pablo Picasso. Estudios para el Guernica, una muestra cedida temporalmente por el Ministerio de Cultura al Museo de Arte Cicládico de la capital griega, donde nació Doña Sofía.

Mientras, durante las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, Ana Botella es más primera dama que nunca. Y no sólo porque así la llame la prensa del Cono Sur americano, sino por los equívocos que en ocasiones sugiere el término. En 2000, El Mundo publicaba una noticia titulada Reina por un día. El diario panameño El Universal, con motivo de la X Cumbre Iberoamericana, insertó una fotografía de los monarcas españoles acompañada del siguiente pie de foto: “El Rey don Juan Carlos acompañado de su mujer, Ana Botella”. Pero esa no fue la única anécdota. Una niña se dirigió a la esposa del presidente al grito de “¡Majestad, majestad!”, a lo que ésta respondió, entre sonrisas: “No sé si soy yo”.

El Rey en las Fuerzas Armadas

Corresponde al Rey […] el mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Así dice el artículo 62 h de la Constitución, aunque, tal y como reconocen juristas y destacados miembros del mundo militar, esta definición “es difícil de explicar. Su mando se limita fundamentalmente a la responsabilidad, aunque el monarca, según la Constitución, no sea responsable de las funciones que le otorga”. Las decisiones relativas a las Fuerzas Armadas, fundamentalmente los nombramientos y los ceses, sí deben ser consultadas con el Rey a título de deferencia aunque nada debe decidirse “sin el consentimiento” del Gobierno. Cualquier decisión militar, como es el caso de una declaración de guerra, debe contar con el supuesto beneplácito del Rey, aunque lo cierto es que no se espera que la contradiga, porque eso podría “meterle en un lío”.

Los verdaderos baluartes del poder militar son el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) y el Gobierno. El primero, que ha visto ampliadas sus competencias en la Revisión Estratégica de la Defensa (ver El Siglo números 541: Defensa mira al exterior, y 543: Trillo presenta su plan), es el responsable de la resolución de conflictos a nivel estratégico, mientras que el Ejecutivo se encargará del nivel político.

El resto de disposiciones legales también hablan de las funciones del Rey en las Fuerzas Armadas. Así lo recoge la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Organización Militar en sus artículos 5, 9 (la Junta de Defensa Nacional “será presidida por el presidente del Gobierno, cuando no asista a la misma Su Majestad el Rey”) y 40 (la Justicia Militar se administrará en nombre del Rey); y la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar en su primer artículo.

Mientras, la Revisión Estratégica de la Defensa, aunque no hace referencia al monarca en su planteamiento y criterios básicos, contempla las funciones del Rey  en el apartado de los Órganos de la Defensa Nacional del anejo G, que no son otras que las contenidas en la Constitución y en las leyes orgánicas.  

A pesar de que las atribuciones de Don Juan Carlos en las Fuerzas Armadas se limitan a ratificar las decisiones del Ejecutivo, hay quien duda que el Gobierno las haya respetado en todos los casos. El pasado enero, elconfidencial.com publicó que el Rey se enteró del relevo del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Alfonso Pardo de Santayana, durante la celebración de la Pascua Militar y por boca del afectado. El digital publicó los desmentidos de la Casa Real y de Defensa, que negaron rotundamente la información y aseguraron que el monarca estaba debidamente informado del cese, pero se reafirmó en la solvencia de las fuentes consultadas.

 

Las armas constitucionales

TITULO II

De la Corona

Artículo 56

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

Artículo 63

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.


La opinión de los expertos

“El Rey tiene ‘auctoritas’”

Jorge de Esteban
Catedrático y director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM):

“En la actual crisis de Irak, que puede suponer no sólo la alineación de España con los Estados Unidos al margen de la voluntad mayoritaria del Consejo de Seguridad de la ONU, sino hasta el envío de tropas españolas para combatir en aquel país, son cuatro los poderes del Estado que hay que tener en cuenta.

Por una parte, es claro que el único responsable de nuestra política exterior y de defensa, según el artículo 97 de la Constitución, es el Gobierno de la Nación. Pero dicho esto, hay que concluir que en nuestra democracia constitucional, tal función del Gobierno no equivale a un cheque en blanco, sobre todo en situaciones prebélicas, como son las actuales, en las que el Gobierno no puede actuar como único protagonista de la función.

En efecto, además de él tiene que considerar, por otra parte, el papel que la Constitución atribuye a otros tres poderes del Estado. En primer lugar, a las Cortes, puesto que el artículo 63.3 exige la aprobación de las Cortes Generales para cualquier aventura bélica, consecuencia lógica porque ‘representan al pueblo español’.

Ahora bien, en segundo lugar, en un caso límite, como es la entrada en una guerra, el Gobierno no puede ir en contra de lo que piensa la mayoría del pueblo español, el cual es el poder electoral del que derivan los demás poderes del Estado.

Y, por último, vayamos al papel del Rey. Los poderes del Rey, en política exterior y de Defensa, son puramente formales y debidos y, por consiguiente, en todos los actos en que intervenga no tiene autonomía, sino que mediante la técnica del refrendo, el responsable de esos actos es el refrendante. ¿Significa, por tanto, que no cabe ninguna actuación personal del monarca en un tema tan decisivo como en la entrada en una guerra? Sólo le queda, según el artículo 56 de la Constitución, el poder de ‘moderar’, que consiste en los derechos que tiene a ser informado de la situación, a poder animar si cree correcta la actuación del Gobierno, y a poder advertir si piensa que no es conveniente dicha actuación. Pero tal poder del Rey no es vinculante, es informal y debe ser confidencial, lo cual, sin embargo, no está exento de influencia, porque el Rey, aunque no tenga potestas, sí tiene auctoritas y en ese caso puede pesar mucho en las decisiones del presidente del Gobierno, auténtico responsable de nuestra política exterior y de defensa. Pero nada más.”

“La función del Rey se centra en la posibilidad de influir”

José Luis López González
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

“El artículo 63.3 de la Constitución establece, entre las funciones del Rey, la de declarar la guerra previa autorización de las Cortes Generales. Sin embargo, no es al Rey sino al Gobierno (que, conforme al artículo 97 de la Constitución, dirige la política exterior y la defensa del Estado) al que corresponde adoptar la decisión en lo que se refiere a la declaración de guerra, presentando a las Cortes la propuesta para obtener de ellas la pertinente autorización. En efecto, si bien el artículo 62, apartado h) de la Constitución española atribuye al Rey ‘el mando supremo de las Fuerzas Armadas’, la interpretación de dicho artículo ha de llevarse a cabo en concordancia con otros de la propia Norma Fundamental, a saber:

a). El artículo 1 de la Constitución, en su apartado primero, en tanto configura al Estado español como un Estado democrático. El poder como capacidad de decisión pertenece al pueblo. Las autoridades que ejercen poder lo hacen porque el pueblo lo ha querido.

b). El propio artículo 1 en su apartado tercero, que proclama el carácter parlamentario de la Monarquía. La nota de ‘parlamentaria’ que la Constitución atribuye a la Monarquía es una forma de expresar que se trata de una Monarquía inserta en un régimen representativo o democrático, cuyo órgano superior son las Cortes Generales que, precisa el artículo 66.1 de la Constitución, representan al pueblo español, del que el artículo 1.2 de la propia Norma Fundamental precisa que ‘emanan los poderes del Estado’, incluido, por consiguiente, el del monarca. Dicho carácter supone un desplazamiento hacia las Cortes (especialmente, hacia el Congreso de los Diputados) de las decisiones políticas.

c). El ya mencionado artículo 97 de la Constitución, que encomienda al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado. El mando operativo o ‘efectivo’ de las Fuerzas Armadas corresponde al Gobierno (artículo 97 de la Constitución) y, en concreto, al presidente del Gobierno (artículo 98.2 de la Constitución y artículo 8 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar).

En definitiva, en la cuestión que ahora nos ocupa, como en otras muchas, la función del Rey se centra en la posibilidad de ‘influir’ y no en la capacidad de ‘decidir’, que en un Estado democrático como el español, no puede residir en quien accede al cargo por razones hereditarias (la Corona no es, como se sabe, un órgano constitucional de elección popular) y sí en los órganos constitucionales a través de los que se manifiesta la soberanía popular: Gobierno y Cortes Generales. El Rey interviene de manera necesaria en la ‘formalización’ de los actos que contienen la suprema voluntad del Estado, pero no en el proceso decisorio que queda en manos de Gobierno y Cortes. La Monarquía parlamentaria del Estado democrático se edifica sobre el sometimiento del Rey (titular de la Corona como órgano constitucional) al Derecho emanado de los órganos de representación popular (Gobierno y Cortes). Es el principio democrático esencial del Estado y en él se incardina la propia Monarquía, que no dispone frente a él de poderes propios. El Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado (artículo 56.1 de la Constitución), es decir, el Rey carece de funciones decisorias desde un punto de vista material. En este sentido, el artículo 56.3 de la Constitución establece que la persona del Rey no se encuentra sujeta a responsabilidad. En esa condición simbólica que le atribuye nuestra Norma Suprema, el Rey dota de solemnidad y firmeza en representación del Estado a las decisiones de los órganos emanados de la voluntad popular a través de las elecciones democráticas. En consecuencia, es el Gobierno el responsable políticamente ante las Cortes Generales –órgano de representación popular por excelencia– por las decisiones que está adoptando en relación al actual conflicto bélico. No obstante, el Monarca dispone de una facultad de influencia y de propuesta de carácter informal pero no por ello intrascendente. No se olvide que según el art. 62.g) de la Constitución el Rey tiene derecho a ‘ser informado de los asuntos de Estado’ y el que motiva este comentario lo es sin duda alguna.

En este sentido, Don Juan Carlos I habrá sido informado sobre las circunstancias y pormenores del conflicto por el Presidente del Gobierno quien a su vez tendrá el oportuno conocimiento de las impresiones y opiniones de nuestro Rey”.

“La Corona es un órgano pero no un poder del Estado”

Javier Pérez Royo
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

“Constitucionalmente el Rey no tiene ningún papel en la crisis de Irak y, por lo tanto, su papel no está siendo respetado ni dejado de respetar.

La Monarquía parlamentaria está legitimada democráticamente, en la medida en que ha sido ubicada por el constituyente en el artículo 1.3, inmediatamente después de la afirmación de que la ‘soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado’ en el artículo 1.2 de la Constitución Española. Pero el Rey ni lo está ni puede estarlo, porque es portador de una magistratura hereditaria. El Rey no puede ser, en consecuencia, ‘poder del Estado’. No es que no deba sino que no puede tomar ninguna decisión en nombre del pueblo español.

La Corona es un ‘órgano’ pero no un ‘poder’ del Estado. Actúa en nombre del Estado, pero no puede expresar la voluntad del Estado. Su intervención, cuando tenga que producirse, es meramente ritual. El principio de legitimación democrática es una regla sin excepción. La excepción en este terreno no confirma sino que contraviene la regla.

Quiere decirse, pues, que los actos del Rey en relación con la crisis de Irak, si llegaran a ser constitucionalmente necesarios, sólo formalmente serían actos del Rey. Materialmente serían actos del Gobierno y de las Cortes Generales.

En conclusión: en la crisis de Irak se está haciendo casi todo mal, política y constitucionalmente, por parte del Gobierno de España y de su mayoría parlamentaria, pero no porque no estén respetando el papel del Rey”.

 

El cautivo de La Zarzuela

Ríase usted de la Máscara de Hierro o del prisionero de Zenda. El rey de España, jefe supremo de las Fuerzas Armadas nacionales y responsable último, según la Constitución, de la implicación de nuestro país en cualquier conflicto bélico, permanece aparentemente missing in inaction en unos de los momentos más críticos de los últimos tiempos para nuestra seguridad e imagen internacional.

Con una guerra en puertas, para la que nuestro Gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles aun a costa de la buena vecindad y cooperación con países socios y amigos como Francia y Alemania, los ciudadanos siguen preguntándose qué tiene que decir el rey Juan Carlos al respecto. La Constitución exige que actúe en consonancia con las funciones que le marca el supremo texto, y nada hasta ahora permite siquiera adivinar cuál es su postura ante la guerra que viene. Sin embargo, cautivo y amordazado en su residencia real de La Zarzuela, difícil será que pueda manifestarse, como nuestra ley suprema tiene previsto.

¿Y ello por qué? Porque la descarada operación de ninguneo llevada a cabo desde hace años por nuestro actual primer ministro ha dejado finalmente al monarca en una situación imposible, un dilema corneliano que, según todas apariencias, lo tiene maniatado. No puede públicamente mostrarse favorable a la guerra enajenándose así a la inmensa mayoría de los ciudadanos, ni tampoco oponerse, como muy probablemente desearía, pues desautorizaría al Gobierno, creando una gravísima situación sin precedentes.

Es así evidente que sólo si el señor Aznar, en un impensable momento de lucidez y responsabilidad, decidiera dejar las manos libres al Rey para cumplir con la Constitución, podría éste asumir las responsabilidades últimas que le competen en cuanto toca a nuestra implicación en una guerra. ¿Guerra? Uno de los arteros argumentos de los belicistas, propios y ajenos, es que no se trata de una declaración de guerra a Irak, sino de la ruptura de una tregua de la que se libró en 1991 bajo la denominación de Guerra del Golfo. Pero muy ciego u obcecado habrá de estar para no reconocer la cruda realidad: si lo que ahora se prepara no es una guerra, que venga Marte y lo certifique. Las invasiones armadas siempre lo son, por desproporcionadas que puedan ser las fuerzas enfrentadas e injustificado el pretexto del invasor.

Así, si nuestro Gobierno participa en ello sin el consentimiento público del Rey, habrá ignorado o conculcado nuestra Constitución. Una vez más, pero a mayor altura.

Por Ricardo Utrilla


Banderas republicanas, por Enric Sopena
Hemeroteca
Esta semana
Lista Temas de portada