Todas las armas del PP en la cruzada contra el Estatut

Mariano de España

Después de mucho buscar, Rajoy parece haber encontrado el talón de Aquiles del Gobierno socialista. Ni la reforma de la Ley de Educación, ni los matrimonios gays, ni la política antiterrorista. El Estatut de Cataluña le ha puesto en bandeja la oportunidad de arañar popularidad al presidente Zapatero poniendo de su parte a la mayoría de españoles contrarios al proceso de reforma. En esta empresa, que por primera vez en lo que va de legislatura le ha permitido situarse por delante del líder del PSOE en algunas encuestas, cuenta con el respaldo de su núcleo duro, con el de las voces críticas de representantes institucionales y agentes sociales, y con el de destacados dirigentes socialistas contrarios al Estatut. Sus armas: proposiciones no de ley con ayuntamientos y autonomías, campañas informativas, foros de Internet, recursos al Tribunal Costitucional... todo cabe en su estrategia de oposición. Rajoy se siente fuerte y va a ir a por todas.financiación propuesta.

Por Virginia Miranda

Hasta ahora, la estrategia de oposición del PP y sus principales ejecutores no habían logrado los efectos deseados. Se decía que el partido erraba el tiro, lanzando cañonazos contra el Gobierno socialista sin más consecuencias que su propio descrédito frente a un electorado de centro en el que no calaban sus mensajes agresivos y, en ocasiones, cargados de cierta pátina de moralidad ultracatólica que no comparten la mayoría de los ciudadanos. Su oposición a la reforma educativa, a los matrimonios homosexuales o a la posible negociación con ETA para que abandone las armas, ha contado con el respaldo de la jerarquía de la Iglesia y de sectores conservadores, pero entre el resto del electorado no ha hecho más que endurecer su imagen y provocar discrepancias en el seno del propio partido. El pasado verano, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, se atrevía a cuestionar la deriva de los populares y a sus principales voces autorizadas, demasiado ligadas a un pasado que ya les había pasado factura electoral, y reclamaba mayor protagonismo a quienes, desde el centro, tenían algo que decir. Sus palabras cayeron en saco roto y, para que no hubiera la más mínima duda, Mariano Rajoy recordaba que el secretario general del PP, Ángel Acebes, y el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, los dos políticos aludidos por su conexión al pasado, cuentan con toda su confianza. 

Pero a diferencia de estas otras batallas, en la del Estatut sí podría alcanzar réditos políticos empleando la misma artillería pesada. El motivo; las circunstancias no son las mismas, las filas enemigas presentan importantes fisuras y sus intenciones son bien vistas por buena parte del electorado, incluso por algunos militantes socialistas.

Si arduas fueron las negociaciones previas a la aprobación del proyecto de reforma en el Parlamento catalán –y a punto estuvieron de resultar intentos estériles– para alcanzar una mayores cotas de autogobierno y una polémica definición de la identidad nacional, las que ahora se avecinan sin duda prometen. Si es que finalmente el PP decide entrar a debatir, porque a la vista de los últimos acontecimientos podría echar el resto en su cruzada contra el Estatut y desistir de introducir cualquier tímida enmienda para tratar de tirar por tierra la aprobación por consenso que el presidente Zapatero está esperando.

El mensaje del Partido Popular es claro y, a la luz de algunas encuestas aparecidas recientemente en prensa, convincente: apelando a su patriotismo, rechaza de plano un texto que representa una ruptura de la solidaridad interterritorial, del texto constitucional y de la unidad de España. Desde Génova lo han dispuesto todo para que este mensaje no sea interpretado como una excusa política contra el Gobierno, sino como un servicio al interés general del Estado donde también tienen cabida los socialistas descontentos con la modificación estatutaria que se avecina. Porque también se trata de eso; la formación pretende convertir la lucha antiterrorista y la integridad territorial y nacional en su patrimonio político, aprovechando que desde las filas del PSOE existen serias desavenencias.

En una reciente reunión extraordinaria de maitines, Rajoy comunicó su intención de iniciar una campaña informativa de cara a la próxima admisión a trámite del texto de reforma en el Congreso de los Diputados prevista el 2 de noviembre. Días después, almorzaba con los presidentes autonómicos  del PP –que ya habían solicitado días antes la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar el tema de la financiación tal y como está planteado en el Estatut–  para hacerles partícipes de la iniciativa. El líder popular no va a ahorrar en medios; contratará a una empresa publicitaria para encargarla el diseño y distribución de cartelería y folletos y la inserción de anuncios publicitarios en prensa, radio y televisión, donde alertará de los peligros del Estatut y se erigirá en garante de la Constitución. Los dirigentes del PP, nacionales y autonómicos, también se van a tener que ‘mojar’: como si fuera época de precampaña electoral, recorrerán todos los rincones de España con la intención de que su mensaje acabe calando entre los ciudadanos. Rincones geográficos y rincones tecnológicos; la formación también tiene prevista la creación de foros específicos en Internet para que los internautas tengan la posibilidad de debatir sobre el tema.

A la espera de que la campaña publicitaria acabe de definirse, los dirigentes del PP ya han empezado su particular tourné didáctica, donde el propio Rajoy y el presidente del partido en Cataluña jugarán un papel protagonista; el primero sin ir más lejos acudirá este lunes 17 de octubre a un programa de TV3.

 A nivel político, los populares también se han armado hasta los dientes. Celebrarán reuniones sectoriales para ir desgranando y desarmando los artículos del proyecto de reforma catalán y están promoviendo proposiciones no de ley en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas contra el Estatut. Con los Gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Extremadura, feudos tradicionales del PSOE, el PP autonómico han llegado a sendos acuerdos en defensa de la unidad de España y de la Constitución. El Partido Socialista de Castilla y León ha anunciado que está dispuesto a hacer algo semejante con el Ejecutivo regional, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, a pesar de haber manifestado sus recelos sobre el Estatut, no está dispuesto a seguir los pasos de sus compañeros, sabedor del daño político que están haciendo a Zapatero presentando a un partido dividido. Pero Chaves es de los pocos líderes socialistas contrarios al proyecto de reforma dispuestos a darle un respiro al jefe del Ejecutivo; la pasada semana, el alcalde de A Coruña y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Francisco Vázquez, decía que no había pasado del preámbulo, pero lo que había leído le producía “urticaria”. Y el propio Rajoy, sin revelar los nombres, aseguraba días antes que desde el partido socialista le habían tendido puentes para hacer “descarrillar” el Estatut.

Otro de los recursos de los que dispone el  PP contra el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña es el Tribunal Constitucional. Su presidente ya ha advertido que no le basta con que se elimine la alusión a la “nación” catalana en el articulado, y salvo que el PSOE esté dispuesto a alcanzar un pacto global para entrar de lleno en todo el texto, no entrará en el juego de la negociación. Fuentes cercanas a Rajoy aseguran que no se trata de un farol; después de comprobar el efecto positivo que está teniendo su mensaje, “no va a haber vuelta atrás” y el líder de la oposición va a continuar con su “política de golpe constitucional”; primero presentó un recurso ante el Alto Tribunal contra la reforma del Poder Judicial, después contra el matrimonio gay y ahora lo hará contra el Estatut. “El partido está sopesando si hacerlo ahora, cuando se admita a trámite el Estatut en la Cámara baja, o cuando llegue el momento de la aprobación”, aseguran estas informaciones. Mientras, fuentes de Génova reconocen que existe esta posibilidad, ya que consideran que el Estatut supone una reforma implícita de la Carta Magna.

Por último y fundamental, Rajoy cuenta con la inestimable ayuda de sus incondicionales para dar batalla a los infieles “catalanistas” y “anticonstitucionalistas”. Junto a él estarán Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Soraya Sáenz de Santamaría. El primero ya está formando tándem con el presidente del PP dentro del partido y en declaraciones públicas y el segundo será el encargado de coordinar los trabajos de la Comisión Constitucional donde deberá debatirse la reforma catalana. Además, se ha llegado a publicar que sustituiría a Federico Trillo como portavoz –mientras se mantenga el número de miembros, cada partido puede alterarlos según le convenga–, aunque en el grupo parlamentario y en Génova dicen que aún no se ha decidido si se producirá éste cambio. En cuanto a Sáenz de Santamaría, secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, se trata de una mujer de la máxima confianza de Rajoy que además, por el cargo que ostenta, tiene voz y voto en el tema del Estatut.

También cabe mencionar otros nombres que, de producirse un vuelco en las posiciones políticas del PSOE y el PP frente al proyecto de reforma, entrarían a formar parte de la terna de negociadores con cierto peso específico. Se trataría de Ignacio Astarloa, en representación de la línea dura del partido, Gabriel Cisneros, como padre de la Constitución y posible negociador, y Jorge Fernández Díaz y María Dolors Nadal, como parte de la cuota catalana del PP; los cuatro también forman parte de la Comisión Constitucional.

Y por supuesto, no hay que olvidar a Rajoy; él mismo intervendrá el próximo 2 de noviembre en la toma en consideración del Estatut en el Congreso.

Respaldado por instituciones y agentes sociales. No todos los días se presentan oportunidades como ésta. Rajoy lo sabe y está dispuesto a ir a por todas. Cuenta con el respaldo de significados socialistas, con el beneplácito de algunas encuestas que por primera vez le dan como ganador si a día de hoy se celebraran elecciones, y con el aval de las declaraciones de representantes institucionales y agentes sociales contrarios a la reforma estatutaria.

La pasada semana se pronunciaron sobre el polémico proyecto catalán el gobernador del Banco de España, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras y el Defensor del Pueblo. El primero dijo que podría “debilitar” la economía española y supone una “fragmentación” del sistema financiero español. Jaime Caruana, que hacía estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, explicó que “cambios institucionales de esta naturaleza pueden tener consecuencias económicas importantes y duraderas, debilitar la eficacia y capacidad de crecer económica y afectar al bienestar del conjunto de los españoles”. En cuanto a la propuesta de modificación del sistema de regulación de las entidades de crédito, dijo que “podría interpretarse como contraria a la copiosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

Los representantes de Comisiones Obreras y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, en una rueda de prensa conjunta para explicar la marcha del diálogo social, tampoco pasaron por alto la cuestión. Fidalgo dijo que algunos aspectos del proyecto de reforma “no gustan” a su sindicato. Es el caso del modelo de financiación, que considera “inasumible”. Méndez añadió que, después de 25 años, es lógico que se abra un debate sobre el Estado de las Autonomías, pero deben establecerse límites para preservar la cohesión económica, social y laboral. Además, recordó que España forma parte de la UE y la integración se consigue a través de los Estados. “Y el Estado es Estado”, puntualizó.

Por su parte, Enrique Múgica envió un comunicado a los presidentes del Congreso y el Senado, a los grupos parlamentarios y a la vicepresidenta primera del Gobierno donde manifiesta que el Estatut “conculca abiertamente” en artículo 54 de la Constitución al definir las competencias del Sindic de Greuges –vienen a suplantar las del Defensor del Pueblo–. De momento sólo se trata de una nota enviada a las altas instituciones del Estado, pero Múgica ya ha dicho que se reserva el derecho de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de reforma.

A pesar de las críticas y la clara posición de ventaja con la que parte el PP entre buena parte de la opinión pública, José Luis Rodríguez Zapatero parece tranquilo, como si tuviera calculadas todas las reacciones y estuviera dispuesto a asumir un desgaste previsible del que esperase remontar. Y hace bien, porque hay que tener mucha mano izquierda para contentar a unos y a otros, a sus socios parlamentarios y al principal partido de la oposición, al Gobierno del PSC de Maragall y a los barones socialistas, a su ministro José Montilla y a su también ministro José Bono.

Y dice que no sólo tiene mano izquierda, sino la fórmula milagrosa para dar la razón a unos sin quitársela a los otros, y viceversa. Fue durante la recepción de los Reyes en el Palacio Real tras la parada militar celebrada en el madrileño Paseo de la Castellana el Día de la Fiesta Nacional. El presidente del Gobierno, que permaneció hora y media charlando con los periodistas –algo inusual en este tipo de actos donde es el monarca el anfitrión– dijo tener “ocho fórmulas posibles” para definir Cataluña.

Al día siguiente, fue la vicepresidenta del Congreso y diputada del PSC, Carme Chacón, quien dio más pistas: dijo que el Ejecutivo estudia cambiar el término “nación” por el de “entidad nacional”, “comunidad nacional” o “realidad nacional”. Con esta terminología, esperan que el artículo 2 del Estatut y el de la Constitución no resulten incompatibles. Sin embargo, no parece que las alternativas hayan convencido a alguno de los suyos. Al día siguiente, y dos jornadas después de reunirse con Zapatero, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien aseguró que el jefe del Ejecutivo iba a eliminar el término de la discordia, acordaba con el PP autonómico un Proyecto no de Ley en la Junta de Extremadura rechazando el concepto de solidaridad territorial contemplado en el proyecto de reforma catalán.

Y si Ibarra no está muy convencido, qué decir de los populares, que ni una, “ni cinco, ni cincuenta emniendas” al Estatut van a aceptar. Pero la batalla no ha hecho más que empezar y el PP tendrá que emplearse a fondo para seguir en la brecha y evitar que Zapatero encuentre su propia fórmula y acabe resolviendo el rompecabezas del ajuste constitucional. Los populares están dispuestos porque “España lo merece”. Y Rajoy, en su fuero interno, pensará que él también.