Referéndum europeo, reforma constitucional y elecciones vascas y gallegas llenan la agenda del nuevo año

EL 2005 DE ZP

El referéndum sobre la Constitución Europea, el diseño de la nueva RTVE, la reforma de los estatutos de autonomía y la constitucional, la nueva Ley de Defensa, las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre el 11-M o las elecciones en Galicia y en el País Vasco son sólo algunos de los hitos que marcarán la agenda política para el próximo año. Salir airoso de 2005 va a constituir una dura prueba para el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que tendrá que echar mano de toda su capacidad de convicción y de negociación para sacar adelante sus iniciativas legislativas, especialmente en el caso de las modificaciones en la Carta Magna, que requieren un amplio consenso que, necesariamente, ha de incluir el concurso del Partido Popular. Y la crispada situación actual no invita al optimismo.

Por Pedro Antonio Navarro

2005 se presenta como un periodo decisivo para la consolidación del proyecto representado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La mayor parte de sus principales propuestas electorales serán cursadas durante este segundo año de la legislatura, y su tramitación servirá para comprobar la solidez de los acuerdos que el Gabinete socialista mantiene, hasta el momento, con otras fuerzas políticas que garantizan la gobernabilidad, o si, por el contrario triunfa la clara estrategia del PP de confrontación radical y generación de un clima político irrespirable que conduzca a unas elecciones anticipadas.

El primer gran reto llegará a finales de febrero, con el referéndum sobre la Constitución Europea. Sobre este asunto existen varios temores en el Ejecutivo. En primer lugar, se sospecha un índice muy bajo de participación, que podría verse reforzado por la inhibición durante la campaña del principal partido de la oposición. Pese a que formalmente los populares son partidarios del “sí” –al igual que el PSOE-, las actuales pésimas relaciones entre ambas formaciones, y la propia estrategia de desgaste máximo, puesta en marcha por los seguidores de Mariano Rajoy, anuncian una mínima implicación del Partido Popular en defensa del voto afirmativo, lo que, si no parece que fuese a inclinar el presumible resultado favorable, sí contribuiría a una escasa participación ciudadana que dañaría el destacado “europeísmo” español y erosionaría la imagen del Gobierno.

Pero no es el único problema para Zapatero en este asunto. Sus dos principales apoyos parlamentarios, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya se oponen a una Constitución para el Viejo Continente a la que acusan de escaso contenido social, de promover el neoliberalismo como única alternativa de modelo económico y de marginar a las regiones en el peso político y la toma de decisiones. Ambas formaciones han anunciado que harán una fuerte campaña pidiendo el voto negativo.

También para ese mes de febrero está previsto que el Comité de Sabios concluya el informe encargado por el Gobierno acerca de la radio y la televisión públicas. Cabe recordar el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de aceptar las recomendaciones que emanasen de ese foro. El aspecto más polémico que, hace algún tiempo, se filtró a la prensa, podría constituirlo la posible privatización de la segunda Cadena de TVE, aunque todo parece indicar que tal propuesta no estará incluida en el texto definitivo y que el modelo construido por este grupo de expertos será muy similar al de la británica BBC. La financiación será otro de los aspectos más interesantes para tratar de resolver el endeudamiento endémico del ente público.

Junto a la llamativa ley que permitirá los matrimonios homosexuales, la carga política de fondo recaerá en la reforma de la constitución y de los estatutos de autonomía. Constituye la principal apuesta del Gabinete de Zapatero y del programa electoral socialista. Sin embargo, desde la perspectiva de hoy, su éxito se augura complicado. La reforma del texto constitucional requiere de un amplio consenso parlamentario para ser abordada, que alcance, al menos las tres quintas partes de los votos. Ello implica que, matemáticamente resulta imprescindible el acuerdo del Partido Popular. Y conseguirlo no será tarea fácil. Los pasos dados en ese sentido, con las reuniones mantenidas por Zapatero y Rajoy en La Moncloa, o la convocatoria de la reunión de presidentes de comunidades autónomas, no dan la impresión de haber producido avances. El PP se sabe llave de la cuestión y se debate entre una negativa cerrada para escenificar el fracaso del proyecto político socialista más ambicioso de la legislatura, o la negociación en la que se garantizaría la pervivencia de los elementos irrenunciables para su formación.

También son visibles las discrepancias en la visión de los modelos autonómico y constitucional que existen entre el PSOE y sus aliados parlamentarios, IU y ERC, e incluso, entre el PSOE y el PSE y, por supuesto, con el resto de partidos nacionalistas. Conseguir ese acuerdo a múltiples bandas se antoja como el reto más difícil planteado por el Gobierno, cuyo éxito, no está, ni mucho menos, garantizado.

Otras leyes importantes que verán la luz serán la de Defensa Nacional, cuyas líneas maestras ya han sido expuestas en la Directiva de Defensa Nacional, presentada hace unos días por José Bono, y en la que, por primera vez el terrorismo es considerado como el principal riesgo para la seguridad. Se apostará por una relación “sólida y privilegiada” con EEUU y la UE en materia de defensa y el apoyo a un sistema multilateral, el mandato de Naciones Unidas para asuntos de seguridad internacional, la creación de la Fuerza Conjunta de Intervención Rápida y el requisito de la aprobación parlamentaria para el envío de tropas al exterior.

Entre enero y mayo está previsto que se desarrollen y terminen las sesiones de la Comisión de Investigación del 11-M, en las que los comisionados deberán elaborar sus conclusiones y recomendaciones. Las tormentosas sesiones de comparecencias han dejado claras las enormes diferencias en la concepción entre el Partido Popular y el resto de las formaciones políticas representadas. La incógnita queda sobre si las conclusiones incluirán la delimitación de responsabilidades políticas, con lo que estaría garantizado en la práctica que ese informe no estaría suscrito por unanimidad o, si se opta por una solución de compromiso que eluda esa cuestión y se centre en la recomendación de medidas de corrección de los fallos en los sistemas de seguridad y de prevención de cara al futuro, para conseguir que el PP se sumase finalmente.

Otra iniciativa interesante y que afecta a los profesionales de la comunicación, será el desarrollo del Estatuto del Periodista Profesional, que tratará de regular las condiciones laborales de este colectivo y sus relaciones con las empresas.

Pero el 2005 no sólo representa una maratón política para el Gobierno. Otros sucesos relevantes tendrán lugar el próximo año. Después de las fiestas navideñas sabremos si se produce o no el ingreso definitivo de Rafael Vera en prisión. Por el momento, la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido la ejecución de la sentencia hasta después de esas fechas, explicando que es la regla adoptada “siempre y sin excepción” en el caso de condenados que no presentan riesgo de fuga y que han estado durante años en libertad provisional. Pero, pese a esta decisión provisional y a las cuatro peticiones de indulto recibidas, no parece que exista una inclinación a la medida de gracia en el Ejecutivo. El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya ha expresado su parecer contrario y, en igual sentido se ha pronunciado el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que argumenta la gravedad de los hechos y la ausencia de muestras de arrepentimiento, así como no haber devuelto los 847.427 euros que constan en la sentencia como cantidad apropiada.

También será un momento decisivo para la tercera fuerza política –en número de votos- española. El próximo mes de enero tendrá lugar el Consejo Político Federal de Izquierda Unida en el que los resultados de la Asamblea de noviembre, en la que Gaspar Llamazares resultó reelegido coordinador general, deberán ratificarse. El candidato de la oposición, Enrique de Santiago, ya ha anunciado su intención de presentar su candidatura y, ante lo apretado de las votaciones de noviembre y la movilidad interna de la coalición en lo que respecta a pactos y alianzas, hacen que resulte incierto el resultado de ese consejo político en el que esa formación se juega buena parte de sus posibilidades de salir de la postración política y electoral en que se encuentra desde la marcha de Julio Anguita.

Mayo nos traerá las elecciones autonómicas en el País Vasco con el Plan Ibarretxe como protagonista principal. La influencia de las medidas del Pacto Antiterrorista sobre los herederos de Batasuna y su –de momento- imposible concurrencia a las urnas en los próximos comicios, junto con la necesidad del tripartito vasco de llegar a la mayoría absoluta (que ahora no tienen) para eliminar todos los obstáculos del camino del plan soberanista, serán los factores que graviten sobre la contienda electoral.

Meses más tarde, en octubre –aunque Manuel Fraga ha amenazado varias veces con anticiparlas- tendrán lugar las elecciones autonómicas gallegas. Un PP debilitado y dividido, con un líder en decadencia física y política y, en ocasiones, enfrentado con la dirección nacional de su partido, se enfrenta con la posibilidad real de perder el poder en una nacionalidad en la que ha venido ejerciéndolo durante lustros con mayoría absoluta.

En el terreno internacional, el reelegido George W. Bush tomará posesión de su cargo el 20 de enero y presentará a su remodelado gabinete para afrontar los próximos cuatro años con la incógnita de si se cumplirá la tradición de los segundos mandatos, más enfocados al ámbito interior o si, por el contrario –como apuntan los cambios introducidos en su gobierno hacia un perfil todavía más duro-, proseguirá la política expansionista y unilateral que ha caracterizado su primer mandato. Incluso se especula con que el ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, podría acudir como invitado a esta toma de posesión. Nada se sabe acerca de la presencia en el acto del actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.