Matrimonio gay, escuela y dinero sublevan a los obispos

CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO

La histórica reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está en marcha. El Gobierno ha sacado adelante una de las medidas de carácter social que prometió en su programa electoral y que previsiblemente iban a soliviantar a la jerarquía de la Iglesia católica. Sin embargo, la mayor preocupación de los prelados es otra. Las declaraciones alarmistas de los obispos vertidas a lo largo de los últimos días responden al temor de que el Ejecutivo impulsara posibles cambios en la asignatura de religión y la financiación de la Iglesia. Pero a pesar del anuncio de una "hoja de ruta" para acabar con los privilegios de la institución católica, el Gobierno no tocará los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de forma innecesaria. Entre otras cosas, porque la mayoría del PP en el Senado bloquearía su modificación.

Por Virginia Miranda

La jerarquía eclesiástica se ha puesto en pie de guerra. El motivo inmediato: el anteproyecto de ley para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la propuesta para reformar la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), presentados la pasada semana por el Ministerio de Justicia y el de Educación, respectivamente. El motivo de fondo: la batería de medidas sociales prometidas por el Ejecutivo que chocan frontalmente con la moral cristiana y, sobre todo, los posibles cambios en la asignatura de religión y en la financiación de la Iglesia católica que podrían menoscabar sus privilegios.

El púlpito se ha convertido, más que nunca, en un instrumento de presión sobre el Gobierno socialista, al que acusan de practicar un laicismo agresivo y de acosar a la Iglesia católica. Durante los últimos días y desde que el secretario de Estado de Justicia,  Luis López Guerra, declarara en una conferencia que el Ejecutivo prepara una “hoja de ruta” para acabar con las “innegables ventajas” de la Iglesia en España, se han sucedido las críticas de los prelados y las amenazas encubiertas, según las cuales, la Conferencia Episcopal no va a convocar manifestaciones contra los proyectos legislativos contrarios a la moral católica pero considera que sus fieles son libres de hacerlo, por lo que no descartan que durante los debates parlamentarios se sucedan las protestas.

Aunque los reproches abarcan numerosas iniciativas tendentes a reafirmar el carácter laico y aconfesional del Estado, el estamento eclesiástico tiene dos tipos de prioridades. Por un lado están las de carácter moral, como el matrimonio de gays y lesbianas, la ampliación de la ley del aborto, la modificación de la ley del divorcio, la investigación con células madre o la eutanasia. Por otro, las relativas a cuestiones menos pías pero de mayor enjundia, como son la asignatura de religión y la financiación de la Iglesia. Precisamente por eso, el tono de las críticas varía según sea el caso. En el primero, los prelados no escatiman en descalificativos, ya sea diciendo que aprobar las uniones civiles entre homosexuales es “introducir un virus en la sociedad” o que “más divorcio significa más sufrimiento“–el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino–. Esta reacción se encuadra en el discurso oficial de la Iglesia española, que ha de comulgar con los dictados de Roma a pesar de ser conscientes de que sus bases no siguen la doctrina al pie de la letra. El Gobierno ya cuenta con ello y por eso se limita a apelar a la obvia legitimidad que le han dado las urnas para seguir adelante con sus proyectos legislativos sin temor a que las reformas provoquen rechazo social entre la mayoría de los católicos.

En el segundo caso, la Iglesia deja a un lado la ley de Dios y, bajo su forma humana, recurre a la legislación para defender sus privilegios con un mensaje menos agresivo pero no menos contundente: “el Gobierno tiene obligación de cooperar con la Iglesia por mandato constitucional”. Es en este punto donde el Ejecutivo, consciente de que efectivamente se plantean dificultades de carácter jurídico, se lo ha pensado dos veces antes de meter mano a un asunto ciertamente espinoso. 

Los protagonistas. La jerarquía católica no presenta fisuras en su colegio episcopal. Hace años que desapareció la tradicional dicotomía entre los conservadores y los renovadores de Tarancón y tanto los sucesivos presidentes de la Conferencia Episcopal, monseñor Ángel Suquía y Antonio María Rouco Varela, como el fallecimiento de los obispos taranconianos, acabaron por desterrar los aires renovadores en la madrileña sede de la calle Añastro. Ahora tan sólo se aprecian diferentes sensibilidades apenas perceptibles que basculan entre el conservadurismo y el ultraconservadurismo. A ésta última tendencia pertenecen el cardenal Rouco y el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares. Desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegara al Gobierno y comenzada a anunciar los proyectos legislativos con los que la Iglesia se siente amenazada, comenzaron a representar papeles opuestos entre sí pero claramente complementarios.

A Antonio María Rouco Varela le corresponde mantener abiertas las vías de negociación. Él es el máximo interlocutor de la jerarquía eclesiástica con el Ejecutivo y no puede extralimitarse en sus declaraciones. Pero Monseñor Cañizares sí, y ha sido él quien ha adoptado el papel más beligerante, necesario para presionar al Ejecutivo sin que el cardenal de Madrid se queme en la contienda. Sin embargo, según fuentes conocedoras de la relación Iglesia-Estado, el arzobispo de Toledo ha arremetido con tanto ímpetu contra el Ejecutivo que Rouco Varela está molesto con el tono de algunas de sus declaraciones, como cuando dijo, después de que Zapatero anunciara el pasado verano que ampliará los supuestos despenalizadores del aborto, que estaba tratando de “despedazar a la Iglesia”. Por eso no se le han vuelto a oir críticas semejantes, aunque siga estando en la retaguardia para arremeter de nuevo en el momento oportuno.

Mientras, Rouco Varela está hablando por boca del portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, encargado de trasladar sus mensajes sobre los temas más sensibles: la educación y el dinero. Martínez Camino ha dicho que el Gobierno no puede suprimir la financiación eclesial “a no ser que quiera denunciar los acuerdos”, aunque contempla la posibilidad de que se cambie la fórmula concreta de financiación, “algo que estaba previsto que se revisase”. Actualmente, la Iglesia católica percibe del Estado 138,7 millones de euros anuales; 105,9 provienen de la casilla que el contribuyente debe marcar para que el 0,5% de su declaración vaya a las arcas del estamento clerical y 32,8% proceden de un complemento presupuestario. Para que el Gobierno no incurra en contradicciones y la Iglesia no vea excesivamente alterada su recaudación del erario público, es ella la que propone una salida negociada. Su planteamiento consiste en que el porcentaje de la famosa X de la declaración de la renta ascienda del 0,5 al 0,8%. De este modo, el Ejecutivo socialista no tendría que aportar el complemento presupuestario privilegiando al catolicismo por encima de otras confesiones religiosas. Según fuentes conocedoras del tema, la alternativa satisface a las partes, aunque todavía no ha habido una reunión entre ellas. Hasta el momento, los contactos se han limitado a un encuentro protocolario entre el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el presidente de la Conferencia Episcopal; ni la comisión de alto nivel –formada por el ministro y Rouco Varela– ni la apelativa –integrada por los fontaneros de la Conferencia Episcopal y los subsecretarios de Estado– han llegado a reunirse, aunque está previsto que lo hagan cuando se enfríe el ambiente para solventar estas y otras diferencias de criterio, como la relativa a la asignatura de religión. Durante las últimas dos semanas se llegó a especular sobre la posibilidad de que las clases se impartieran fuera del horario lectivo, pero finalmente la propuesta para reformar la LOCE presentada la pasada semana por la ministra María Jesús Sansegundo apenas introduce cambios en lo relativo a la asignatura religiosa, que seguirá siendo obligatoria para los centros y opcional para los alumnos. Antes de que se hicieran públicas las medidas definitivas planteadas por Educación, la Conferencia Episcopal volvió a echar mano de los acuerdos suscritos en 1979 por el Estado y la Santa Sede para defender el derecho fundamental a la educación religiosa y la coordinación educativa por parte de la Iglesia católica. Y el Gobierno, nuevamente, volvió a tranquilizar a los obispos con su propuesta de reforma educativa. Para no dejar lugar a dudas, Rodríguez Zapatero ha dicho que “no hay ninguna previsión de cambio en los acuerdos con la Iglesia”. Según fuentes consultadas, está limitándose a revisar los acuerdos a la baja porque sabe que intentar modificarlos resultaría un esfuerzo inútil. Para ello tendría que recurrir al derecho internacional y la propuesta tendría que pasar por el Congreso y el Senado, donde el PP tiene mayoría y acabaría bloqueando la medida.

Descontentos con el PP. Los prelados españoles se han quedado solos en su particular batalla contra el poder político. La jerarquía eclesiástica, que respaldó la candidatura del PP en las pasadas elecciones generales como hasta ahora nunca había hecho en la historia de la democracia, esperaban una mayor implicación de los populares en su defensa a ultranza de los valores cristianos. Sin embargo no ha sido así, y fuentes consultadas aseguran que están dolidos por su escasa beligerancia y porque “no han respondido a sus expectativas”. Sabían que el PP no se iba a oponer a la ampliación de la ley del divorcio porque en su electorado católico, como en el del PSOE, existe un cisma doctrinal con la Iglesia. Pero sí esperaban al menos una mayor implicación.

Por si fuera poco, los populares llegaron a eliminar el cristianismo de los estatutos que presentarían en el Congreso Nacional celebrado el pasado fin de semana y los obispos tuvieron que recurrir a altas instancias para que volvieran a incluirlo. Y lo que es peor; después de que Martínez Camino dijera que el matrimonio homosexual es un virus para la sociedad, el PP presentó el pasado fin de semana en su cónclave nacional una propuesta para regular las uniones civiles estables entre parejas de gays y lesbianas, que aunque no se llamarían matrimonio –la denominan análoga a la conyugal– y no contemplan la posibilidad de adopción, sí equiparan otra serie de derechos relativos al patrimonio, a la sucesión o a la pensión económica en caso de que se extinga la unión.

Así las cosas, la jerarquía eclesiástica sólo cuenta con los acuerdos de 1979 para defenderse de la amenaza del laicismo. Y sólo a lo que estos atañen porque, no ya el Gobierno, sino la sociedad, rechaza el sometimiento de algunas disposiciones legislativas al mandato divino.

MATRIMÓNIO HISTÓRICO

Todavía no ha cumplido seis meses al frente del Gobierno y José Luis Rodríguez Zpatero ya puede presumir de ser el artífice de dos hechos históricos. Uno ya lo conocemos su Gobierno paritario es el segundo del mundo precedido tan sólo por Suecia. El otro estamos a punto de verlo,- los gays y esbianas españoles, cerca de cuatro millones de ciudadanos según el Ejecutivo, podrán contraer matrimonio después de que el anteproyecto de ley presentado el pasado viernes por el Ministerio de Justicia en el Consejo de Ministros sea aprobarlo en el Parlamento. Será a partir de enero, según las previsiones de la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, cuanco España se sume a la lista de países en los que los homosexuales pueden contraer matrimonio y adoptar niños con Holanda y Bélgica -.

La medida, según la presidenta de la Federación Española de Gays y Lesbianas, Beatriz Gimeno, representa "la culminación de una larga lucha" en la que llevan batallando 20 años. Y según Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del partido socialista, 11 no va contra nadie, sino a favor de una sociedad donde quepan todos".

El anteproyecto de ley presentado en el Consejo de Ministros modificará los artículos 44, 66 y 67 del Código Civil para que donde dice "el marido y la mujer" y "el hombre y la mujer", diga "los cónyuges" y "las personas". De este modo, las parejas de homosexuales tendrán los mismos derechos que los tradicionales matrimonios heterosexuales, como la pensión de viudedad, la herencia del cónyuge y la adopción. La única diferencia entre las dos uniones civiles es que las parejas de gays y lesbianas no podrán acceder a la adopción de niños nacidos fuera de España porque ésta se rige por las normas de cada país y ninguno de los que tienen convenios con el Estado permiten la adopción a uniones del mismo sexo.

Pero este ahora es un mal menor. El colectivo hornosexual ha recibido la noticia con júbilo y el pasado viernes se sumó a la convocatoria de Pedro Zerolo para celebrar ante la sede madrileña del PSOE en la calle Ferraz "el compromiso socialista con la igualdad y la libertad" con las organizaciones , que han hecho posible el avance en derechos para homosexuales y transexuales". Y no sólo en Ferraz, Chueca, el barrio gay de la capital española, también se sumó a la fiesta convocada por el Colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de la Comunidad de Madrid (Cogam).

Algunos ya se están preparando para el gran día de su boda: Pedro Zerolo ha anunciado que él mismo se casará y adoptará hijos. Y aunque la legalización del matrimonio no obliga a suscribirlo, otros muchos pasarán por el juzgado a partir de enero de 2005. En España residen cerca de cuatro millones de homosexuales, casi el 8% de la población. De entre todos ellos, y según colectivos gays, 200.000 contraerán matrimonio con personas de su mismo género durante los próximos tres años. la cifra, sin embargo, no se corresponde con ¡os datos oficialmente reconocidos, pero demuestra que la legalización de las uniones de gays y lesbianas propiciará una mayor visibilidad de¡ colectivo, Según e¡ censo del año 2001 publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, en España existen 5.500 parejas de mujeres y 11.460 parejas de hombres, Por lo tanto, 33.920 gays y lesbianas declaran vivir en pareja, una cifra poca fiable teniendo en cuenta los datos barajados por las asociaciones de homosexuales y el número total de personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo.

A quien seguro le parecen demasiados candidatos a participar de estas nuevas uniones es a la jerarquía eclesiástica, temerosa de que los cimientos de la familia tradicional se resquebrajen bajo con la complicidad de¡ Gobierno socialista. Sin embargo, el colectivo de gays y lesbianas ya no tiene nada que temer y el reconocimiento de sus derechos les ha animado a enfrentarse a la Conferencia Episcopal. Hace unos meses, un grupo de homosexuales, con Pedro Zerolo a la cabeza, acudieron al arzobispado de Madrid con cientos de solicitudes para apostatar de su condición de católicos reconocida por los registros del bautismo, Nada más comenzar la confrontación Iglesia-Estado, la Federación Estatal de lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales denunció en un comunicado que la jerarquía católica ha organizado reuniones con profesores de religión para que movilicen a padres y alumnos y promuevan la convocatoria de acciones ciudadanas contra ¡as propuestas sociales del

Gobierno. Además, convocó una reunión de su Consejo Federal el pasado sábado con e) fin de establecer una estrategia de movilización en respuesta a las acciones previstas por los obispos durante e¡ trámite parlamentario de la modificación del Código Civil.

Y la pasada semana, Pedro Zerolo hizo a la Conferencia Episcopal un interesante recordatorio a través de la agencia Europa Press: "¿Hay que recordar cuando algunos representates de la iglesia católica, en el debate sobre la boda del Príncipe, manifestaron que para ellos no era ningún proble~ ma que Letizia, actual Princesa de Asturias, fuera divorciada porque para ellos no existe la ley civil? Pues si no existe la ley civil para unas cosas, que no exista tampoco para otras".

Viendo lo visto, el tema está que arde y los gays, más orgullosos que nunca.