Sectores del PSOE piden más control y coordinación al Gobierno

NOVATOS

"Esto no habría pasado con Alfonso Guerra". Es la frase preferida de quienes desde dentro del PSOE se muestran críticos con las primeras señales de descoordinación exhibidas por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. No sólo se trata de que los vicepresidentes hayan tenido que salir ya en más de una ocasión a rectificar apresurados anuncios de otros ministros, sino que algunos nombramientos en segundos niveles no presentan el perfil político necesario para hacer frente a un PP oxigenado por el resultado de las europeas. El 13-J ha ratificado la victoria, sí, pero también ha dado a Rajoy las alas que necesitaba. Desde Moncloa se habla de los apenas 60 días que lleva el Gobierno funcionando y desde algunos sectores del PSOE de que hay que aprender deprisa y no dejar huecos libres al enemigo.

Por Inmaculada Sánchez

Cualquier manifestación libre se vive como una discrepancia porque venimos de un gobierno de pensamiento único", se defiende la vicepresidenta, Maria Teresa Fernández de la Vega. "Todo lo que hemos aprobado hasta ahora en el Consejo de Ministros ha sido por unanimidad, y con escasa discusión", remacha a El Siglo.

La número dos del Gobierno, sin embargo, sabe que esa sensación de cierta descoordinación ha logrado traspasar los comentarios de despacho y está empezando a servir de artillería a la oposición aunque lo atribuye al "borbotón" de iniciativas y decisiones que el Ejecutivo ha tomado en apenas sesenta días desde que tomó posesión.

El tiempo es el argumento esgrimido por la cúpula de la dirección socialista (Ver entrevista a Joan Lerma, portavoz en el Senado en páginas 16 a 18 de este mismo número) para justificar algunas aparentes contradicciones públicas entre miembros del Gobierno pero los resultados de las recientes elecciones europeas han confirmado a quienes se están mostrando más críticos -todavía en privado- de que la reacción necesaria no puede nutrirse sólo de que pasen los días y las semanas.

Los "choques" entre ministros empezaron con alguna "inocente" impericia, como el anuncio de la titular de Cultura, Carmen Calvo, de que iba a rebajar el IVA de libros y discos cuando semejante medida no está en la mano del Gobierno sin un previo acuerdo de Bruselas. Hubo de ser la vicepresidenta quien la rectificara a los pocos días. "Es la expresión de un deseo porque hay normas comunitarias que tenemos que cumplir", dijo entonces.
Los siguientes pueden mostrar el típico desencuentro entre el área económica gubernamental, siempre pendiente de cuadrar las cuentas, y los ministerios de gasto, como ocurrió con unas explosivas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez.

El secretario de Estado se mostró partidario de privatizar parte de RTVE y RENFE. Las dos máximas responsables de ambas entidades apenas tardaron horas en contestar. La directora general de la radiotelevisión pública, Carmen Cafarell, difundió una nota oficial del ente calificando lo expuesto por Fernández Ordóñez como una simple "opinión más" dentro del debate sobre su futuro. La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, llegó a hablar de "zapatero a tus zapatos" para exigir que la dejaran manejar sus competencias.

Pero la persistencia de estos lances ha empezado a alarmar en algunos circuitos socialistas. "El problema no son las personas, sino las políticas", expone preocupado uno de los dirigentes consultados.
Así, los anuncios de la ministra de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, y las desautorizaciones que, posteriormente, ha tenido que escuchar por boca del vicepresidente Solbes han hecho mucho daño al "estado de gracia" con la ciudadanía del que, por el momento, aún parece disfrutar el Gobierno.
Trujillo ya tuvo su primer traspiés cuando rebajó las 180.000 viviendas prometidas en el programa electoral a la categoría de "actuaciones". Poco después abogó por sustituir las actuales deducciones fiscales en la compra de vivienda por la concesión de ayudas directas. Solbes llegó a calificar de "simplistas" propuestas como la de la ministra para intentar resolver el problema de la vivienda, aunque, naturalmente, no la citara expresamente.

Una respuesta parlamentaria del Gobierno venía a darle la razón unos días después. En ella el Ejecutivo, contestando al diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, descartaba "a corto plazo" modificar la fiscalidad de la vivienda. "No se considera oportuno acometer, en este momento, una modificación del régimen de deducción por inversión en vivienda habitual", decía textualmente la respuesta.

"De momento", "a corto plazo"... Los desencuentros, hasta ahora, han estado matizados por el factor tiempo. "Lo que llevamos en el programa es para toda la legislatura, no hay que hacerlo todo en el primer año", explica una fuente cercana a Moncloa.

Ese tiempo es el que también, aseguran, traerá el acuerdo entre los titulares de Economía e Industria, Solbes y Montilla, en cuanto a los horarios comerciales y los festivos que se permita abrir. Fuentes de ambos departamentos afirman que sólo son matices en los que hay que ponerse de acuerdo. "No tengo ningún problema con Solbes", asegura Montilla a El siglo. Y añade: "Estamos de acuerdo en el nuevo modelo".

¿Seguimos, por tanto, ante una discusión interministerial que ese tiempo reclamado traerá resuelta? Algunos veteranos del PSOE conocen de anteriores discusiones de este tipo, y de mayor calado, a las que, sin embargo, no se dejó traspasar el umbral de los despachos.

Durante el primer gobierno de Felipe González, en 1982, algunos de sus miembros recuerdan que suplían la inexperiencia con dos reuniones de Consejo de Ministros, si era necesario, a la semana. Y, sobre todo, con un exhaustivo control de los temas en la previa comisión de subsecretarios.

"Ahí está buena parte del problema", afirma uno de los críticos. "Con la política de nombramientos light impulsada por este Gobierno, tenemos algunos subsecretarios que no tienen el control político que deberían tener para que no ocurran estas cosas", señala.

Otro ex ministro abunda en la importancia política que, en anteriores gobiernos socialistas, incluso después de la marcha de Alfonso Guerra de la vicepresidencia, tenía la citada comisión. "A veces, otro ministro más experto te decía "esto no lo pases por subsecretarios, que te lo tiran y no llega al Consejo", explica.

Falta cocina. Para quienes sostienen que parte de los iniciales errores del Gobierno tienen mucho que ver con la bisoñez de algunos de sus miembros el reciente espectáculo dado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con motivo de las elecciones europeas no es más que un perfecto ejemplo.

La encuesta dada a conocer por el organismo público antes de la cita electoral dio un mensaje tranquilizador a los votantes del PSOE que pudo resultar fatal el 13-J. Según sus datos publicados el PSOE ganaría con una holgura de siete puntos al PP y la participación superaría el 70 %. Tras la jornada electoral, hasta desde la oposición se ha pedido el cese de su flamante director, Fernando Vallespín, reconocido catedrático de Ciencias Políticas además de colaborador habitual en distintos medios del grupo Prisa.

Desde el CIS se ha reconocido que los datos de la macroencuesta se dieron "tal cual" sin pretender maquillar en nada el posible engaño del encuestado, que se resiste a reconocer que no va a ejercer su derecho al voto. Sociólogos de distintos ámbitos a los que se ha consultado estos días en los medios con motivo de la estrambótica encuesta han salido en defensa de la "cocina" demoscópica, tan criticada en otras ocasiones pero que, profesionalmente, resulta imprescindible para corregir errores y tener una visión cierta de la realidad social.

Esta apuesta de Rodríguez Zapatero por "teóricos" que aterrizan por primera vez en política -al igual de Vallespín, Carmen Cafarell ha realizado toda su trayectoria profesional hasta ahora en el mundo académico-, es otro de los elementos que mantiene en alerta a algunos sectores socialistas.
El error del CIS llevó al propio José Blanco, a pedir en la primera reunión de la ejecutiva federal socialista tras las europeas que se impida al Centro realizar encuestas electorales en el futuro. Lo propuso a título particular argumentando que, al tratarse de un organismo público, no debería entrar en la contienda electoral pero quienes lo escucharon vieron tras sus palabras parte del susto que se vivió en Ferraz la noche de las elecciones, antes de conocer los resultados exactos, cuando se vió que la participación no llegaba ni al 50 por ciento.

Carmen Cafarell, por su parte, ha vuelto a disgustar a los sectores más críticos con ella dentro del Partido Socialista con sus recientes declaraciones afirmando que el posible control político de los medios públicos estaría legitimado por las urnas.

Lo que ha dicho Cafarell no dista mucho de lo que pueden pensar sus principales críticos socialistas aunque, precisamente, ha sorprendido que haya dado esa baza a la oposición cuando su política de nombramientos en el ente ha pretendido seguir la bandera de la independencia enarbolada por Rodríguez Zapatero en su campaña electoral para disgusto de más de uno.

"Al igual que hay que cocinar los datos de las encuestas para que luego no te lleves sustos, también hay que llevar guisados los temas al Consejo de Ministros, y me parece que en este gobierno, todavía no hay cocinero", aventura, irónico, una fuente muy cercana a Ferraz.

En la sede socialista cuentan los días para el próximo congreso de julio, previsto para su primer fin de semana. Pasadas con aprobado las elecciones europeas -aunque se hubiera preferido un notable-, urge una ceremonia de aclamación y apoyo al líder y su primer gobierno, que llegará, justamente, a punto de cumplir sus primeros tres meses de andadura.

Pero, además del escenario, en Ferraz necesitan llenar los despachos -"últimamente vas por allí y no hay nadie", informa un cargo territorial-. Como suele ocurrir cuando un partido gana las elecciones el trasvase de dirigentes de la estructura orgánica a la nueva Administración deja desguarecido el aparato y en este caso el PSOE no iba a ser la excepción. El secretario de Organización, José Blanco, es quien pilota casi en solitario el barco, asistido por quien se está convirtiendo en un hombre clave para la organización en estos momentos, Alvaro Cuesta, secretario de Ciudades y Política Municipal, cargo que lo mantiene en contacto permanente con todos los territorios y sus respectivos dirigentes.

Cuatro ministros -Jesús Caldera, Cristina Narbona, Jordi Sevilla y Juan Fernando López Aguilar-, dos Secretarios de Estado -Consuelo Rumí y Leire Pajín- y el Presidente y la Vicepresidenta del Congreso -Manuel Marín y Carmen Chacón- son secretarios con cargo de la ejecutiva federal socialista. Una más, Micaela Navarro, se ha ido con Chaves como consejera de Igualdad y Asuntos Sociales.

Este vacío podría estar, también, jugando su papel en la criticada descoordinación. No en vano, una mayoría de los consultados señalan al ministerio de Jesús Caldera como el ejemplo a seguir ya que, a pesar de la enjundia y el volumen de sus proyectos, aún no ha tenido ningún percance reseñable.
Quienes así lo refieren llaman la atención respecto al ministro y a su perfil de partido. No hay más que ver sus nombramientos, añaden las mismas fuentes, para ver que se apoya en gente que puede suplir su inexperiencia en la Administración con un amplio bagaje político. Dos de sus secretarios de Estado, Amparo Valcárcel y Consuelo Rumí, eran portavoz parlamentaria y miembro de la ejecutiva federal, y su secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, tiene un amplio historial de gestión tanto en el PSOE como en la UGT.

Algunos van más allá y se lamentan de que la autoexigida paridad haya excluído a Caldera de una vicepresidencia que parecía estar esperándole antes de las elecciones y que, finalmente, se ha repartido en dos muy solventes y experimentados dirigentes pero a los que les podría faltar un hilo conductor con el partido superior al que tienen, especialmente en el caso del "independiente" Solbes -la vicepresidenta primera tampoco tiene carné pero sólo debido a su condición de magistrada, hándicap que la ha impedido hacer vida orgánica en el mismo-.

Los relatados chirridos acontecidos hasta ahora podrían, no obstante, adquirir categoría de serio problema en temas de la envergadura de la reforma fiscal prometida por Zapatero en su programa.
La última de las matizaciones realizadas por Solbes ha tenido a los impuestos como protagonistas. El ministro de Economía aseguró hace unos días que las plusvalías continuarían tributando con el típo mínimo del 15 por ciento que estableció el PP durante su mandato, contradiciendo lo prometido en el programa socialista a las elecciones generales que anunció elevarlas para equiparar la tributación de las rentas del trabajo y las del capital.

Poco después, informaciones publicadas y no desmentidas por el Ministerio de Economía, aseguraban que el departamento estudiaba no elevar la tributación de las sociedades utilizadas habitualmente por las grandes fortunas para pagar menos impuestos, las denominadas SIMCAV (sociedades de inversión mobiliaria de capital variable), que actualmente pagan el 1 por ciento y que, en la anterior legislatura fueron azote de los parlamentarios socialistas, quienes pedían elevar ese porcentaje al 30.

El calibre de la polémica obligó al mismísimo Zapatero a aclarar públicamente lo que cabía esperar de las intenciones fiscales del nuevo Gobierno aun encontrándose fuera de España. Tranquilizó a sus votantes al señalar que habrá reforma fiscal en la segunda parte de legislatura. "Hay tiempo suficiente para debatir y hablar", afirmó, fiel a su estilo, desde Ginebra al término de una intervención suya en la Organización Internacional de Trabajo. ¿Marcará el reloj de Rajoy los mismos minutos?

Victoria para el PSOE, oxígeno para el PP

No fue fácil vivir la noche electoral del 13 de junio pasado en la sede socialista de Ferraz, aunque los resultados se tuvieran pronto. La elevadísima abstención hizo sudar a muchos de los congregados en los despachos de la dirección temiéndose lo peor. La encuesta del CIS había pronosticado una participación por encima del 70 por ciento y, aunque se la supusiera magnánima, tampoco los socialistas esperaban una caída por debajo del umbral del 50 por ciento como finalmente se produjo.
Los malos augurios al comienzo del recuento permitieron, posteriormente, que los discretos resultados se vivieran como una gran victoria y los semblantes de los dirigentes que comparecieron ante los medios fueran de auténtica alegría. No votó cerca del 55 por ciento de los ciudadanos pero los que lo hicieron eligieron la papeleta del PSOE, con José Borrell a la cabeza, en un 43,30 por ciento. Los que llevaban la del PP, con Jaime Mayor Oreja como cabeza de lista, sólo alcanzaron el 41,30 por ciento.
Un suspiro de alivio recorrió Ferraz. En Génova, la sede del PP, por el contrario, los abrazos y los brindis reflejaban su euforia. El PSOE se había salvado. Volvía a ganar y nadie podría restar ya legitimidad a su legislatura. Pero el PP había logrado algo más, salvar el liderazgo de Rajoy y conjurar, al menos de momento, a las tradicionales peleas cainitas en la derecha española.

A la semana siguiente se anunciaba la convocatoria de su próximo congreso, que tendrá lugar la última semana de septiembre o la primera de octubre, y en él ya no se representará el drama de elegir un nuevo líder entre el vacío de la derrota. Ahora, Rajoy, que ha conseguido en apenas tres meses sobreponerse al inesesperado desalojo del poder, lograba reducir a dos los puntos de diferencia con el PSOE.

Quien se ha visto obligado a convocar una asamblea extraordinaria para reconducir la estrategia y, tal vez, sustituir a los dirigentes que la ejecuten, es Izquierda Unida, cuyos resultados, después de haberse sentido partícipe de la victoria del PSOE en las generales, la han sumido nuevamente en la desesperación.
Ha pasado de cuatro a dos eurodiputados dejándose 600.000 votos en el camino. Los críticos a Gaspar Llamazares ya argumentan que el "entreguismo" al PSOE que le achacaban es el principal responsable del desastre aunque la altísima abstención se ceba más aún en opciones más a la izquierda que la socialista.

Por el contrario, los gobiernos de Cataluña y el País Vasco han recibido los resultados de las europeas como un veraninego regalo de Navidad. Para el Ejecutivo que preside Maragall ha representado el refrendo a sus seis meses de andadura ya que el PSC ha resultado vencedor y, sobre todo, CiU, que se presentaba en coalición con el PNV y el BNG en la candidatura denominada Galeusca ha pasado a ser la tercera fuerza después del PP, situación inédita durante la era Pujol.

El lehendakari Ibarretxe y Josu Jon Imaz también han tenido motivos para la celebración. El PNV volvía a erigirse en el partido más votado de Euskadi y han sido precisamente sus votos los que han salvado a Galeusca, que además encabezaba el dirigente convergente Ignaci Guardans, de una derrota sin paliativos. Han logrado tres eurodiputados con lo que cada una de las principales formaciones de la coalición -también se integraban el PSM balear y el Bloc Valenciano- tendrán un eurodiputado en Estrasburgo.

El último escaño del Parlamento europeo correspondiente a España será para Europa de los Pueblos, candidatura de ERC, EA, Chunta Aragonesista y PSA. Aunque la lista la encabezaba el catalán Bernat Joan i Marti, el escaño será compartido también por el vasco Mikel Irujo.