Los obispos acongojados

ZAPATERO IMPULSA EL ESTADO LAICO

Sobre el plenario que esta semana celebra la Conferencia Episcopal planea una pesada sombra: el cambio de Gobierno. Los planes de monseñor Rouco Varela y sus obispos han sido desbaratados y las medidas de Zapatero en materia de educación, familia e investigación sanitaria hacen avanzar el fantasma del laicismo, que tanto inquieta a las autoridades eclesiásticas y que podría poner fin a la situación excepcional de quienes marcan los designios de los católicos españoles y aun de los que no lo son. Los hasta ahora intocables acuerdos del Estado español con la Santa Sede empiezan, pues, a no serlo tanto.

Por Ana Pardo de Vera

Más educación física y menos religión”. Sin duda, estas palabras pronunciadas en plena campaña electoral por el presidente del Gobierno martillean con encono la cabeza del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Antonio María Rouco Varela, que tanto batalló con el PP para que fueran consideradas sus reivindicaciones sobre la asignatura de Religión y el presupuesto público destinado a la Iglesia. De hecho, las autoridades eclesiásticas lograron arrancarle al Gobierno Aznar un apartado en la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) sobre la asignatura religiosa: se impartirían, de primaria a bachillerato, hasta cien horas anuales de ella o de su alternativa no confesional, diseñada asimismo por los obispos; ambas serían evaluables y podrían acarrear la repetición de curso en caso de ser suspendidas junto con otras asignaturas. En cuanto a la famosa crucecita, que destina el 0,5% de la declaración de la renta a la Iglesia, Rouco obtuvo la promesa de los populares de que se aumentaría al 1%.

Sin embargo, la llegada del Gobierno socialista es hoy la principal preocupación de los obispos y no es para menos. Aunque las relaciones de monseñor Rouco Varela con el Ejecutivo pasaron por momentos tensos durante la etapa Aznar, complicados por la falta de sintonía personal entre el entonces presidente y el arzobispo de Madrid, lo cierto es que la Conferencia Episcopal había logrado, con la aprobación de la LOCE, un gran resultado en el tratamiento de la asignatura de Religión. Además, la elección de los docentes de esta asignatura continuaría con el mismo carácter excepcional que le confirió el acuerdo al que llegaron en 1999 el Ejecutivo del PP y la CEE, que proclamaba que estos profesores serían propuestos “por el Ordinario [nuncio] del lugar” y designados “por la autoridad académica” en los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. O sea, una elección digital en toda regla, que permitía, asimismo, la expulsión arbitraria de esos docentes, medidos por el particular rasero de la moral católica.

Sin embargo, el actual Gobierno no está dispuesto a permitirlo. Ya lo recogía el PSOE en su programa electoral: “Restableceremos el carácter voluntario y no evaluable de la enseñanza de la religión” y, una vez conquistada La Moncloa, así se está haciendo, por mucho que pese a la CEE, la cual, por su parte, trata de convencer a los padres de que apoyen su posición y presionen al nuevo Ejecutivo para que mantenga lo recogido en la Ley de Calidad en su apartado de Sociedad, Cultura y Religión. Una de las medidas tomadas por los obispos ha sido el polémico envío masivo de cartas a Zapatero por parte de los fieles, previamente informados en las homilías dominicales, para que no derogue lo previsto por la norma popular. Al parecer, y según fuentes cercanas al máximo órgano episcopal, éste es sólo el principio de una campaña que pretende salvaguardar la situación de los profesionales católicos de lo que se ha llamado ya “la ofensiva de la izquierda” contra la Iglesia.

Ésta, según los defensores a ultranza de dejar las cosas como están, incluiría, además de la derogación de la imposición de la Religión obligatoria, reformar la ley del aborto para ampliar su práctica; posibilitar el matrimonio homosexual, incluida la adopción de hijos por parte de éste, en una clara apertura del concepto tradicional de familia defendido por los obispos como único e inamovible; modificar la ley que impide la clonación con fines terapéuticos, e intentar agilizar los trámites del divorcio. Todas estas medidas y algunas otras, todavía solamente esbozadas como propósitos de revisión por parte de los socialistas –eutanasia–, chocan estrepitosamente con el predicamento de la cúpula eclesiástica, que ve en ellas una auténtica amenaza para su hegemonía moral en la sociedad española actual.

La revolución familiar del siglo XXI. Y es que Zapatero ha irrumpido con fuerza en La Moncloa, y por eso los obispos le temen; porque aunque en público las autoridades eclesiásticas no dudan en calificar a España de Estado laico, son conscientes de que la realidad es otra y muy distinta. La última polémica que lo confirma fue el funeral celebrado el 24 de marzo por las víctimas del atentado del 11-M, oficiado por el arzobispo de Madrid y con sello estrictamente católico. Críticas –y ausencias– de los familiares de tantas víctimas que no profesaban la religión católica; críticas del Gobierno entrante por la falta de sensibilidad del Ejecutivo saliente, y mea culpa de los obispos, al menos, en privado: “Quizás hubo falta de reflejos”, señaló en este ámbito uno de sus máximos representantes. Y cierto es que acostumbrada como está la sociedad española a que los símbolos católicos impregnen cada uno de sus rincones y celebraciones, no debe extrañar esta “falta de reflejos” en un ceremonial de Estado que debería haber hecho gala, más que nunca, de la neutralidad confesional de España.

Pero el PSOE, en palabras de su líder durante la campaña, de las que han tomado buena nota los votantes, prefiere la “visión laica”. Y de momento ha puesto en marcha importantes iniciativas sin mirar a los obispos, que se echan las manos a la cabeza ante, por ejemplo, el anuncio de ampliación de los supuestos que permiten abortar a las mujeres en las doce primeras semanas de gestación del feto. Precisamente, una de las más acérrimas defensoras de esta apertura es la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Ella, directora del Gabinete del ministro de Justicia que sacó a la luz en 1983 el proyecto de ley para la despenalización del aborto, aprobada en 1985, y que entonces creyó que se debía hacer más, tiene ahora la oportunidad de trabajar desde un puesto privilegiado en la ampliación de las posibilidades para quienes desean decidir libremente sobre su maternidad.

El matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adoptar niños dando lugar a la que será, sin duda, una revolucionaria concepción de familia en la España del siglo XXI, no cuenta con la aprobación de la cúpula eclesiástica, aunque alguno de sus miembros haya introducido matices. Así, al rechazo rotundo del sector mayoritario, se unen voces más comprensivas, como la del cardenal arzobispo de Sevilla. Carlos Amigo admitía hace unos días la posibilidad de que las uniones de hecho, tanto hetero como homosexuales, puedan ser reguladas mediante la legislación civil. Amigo asumía que “cualquier Gobierno de cualquier partido tiene que estar siempre atento a aquello que pueda necesitar la sociedad”, si bien matizaba que eso no significa que estas formas de convivencia deban equipararse al matrimonio canónico y la familia cristiana. O sea, que nunca serán bien vistas por las autoridades católicas, que se han olvidado ya de que en la Edad Media la Iglesia católica casaba a los homosexuales, según publicó el historiador de Yale John Boswell en su libro Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad (Muchnik Editores SA)

En este tema, sin embargo, el Gobierno cuenta con un apoyo –y una presión– adicional a sus compromisos: el de IU, que siempre ha hecho bandera de este asunto, y cuyo grupo parlamentario, ya el pasado 19 de abril, registraba en el Congreso una proposición no de ley en la que pedía al nuevo Gobierno la retirada del recurso de inconstitucionalidad que presentó el anterior Ejecutivo contra la ley de parejas de hecho del Parlamento vasco, la cual fue apoyada por todos los grupos de esa Cámara excepto el PP. Los de Gaspar Llamazares ya promovieron una ley similar, vigente en Navarra, que permitió a un juez otorgar a dos lesbianas la patria potestad compartida de dos gemelas que había tenido una de ellas fruto de una inseminación artificial.

Los obispos, acongojados, no saben hacia dónde mirar, pues mientras el PSOE, por un lado, promete el matrimonio a los homosexuales, por otro anuncia que los trámites para lograr el divorcio para quienes lo han contraído serán agilizados mediante una reforma de la ley correspondiente (1981) que evite la vigente exigencia de separación previa, lo cual, según los vigías de la moral católica es igualmente censurable y potenciará la ruptura matrimonial en la sociedad española en lugar de velar por la estabilidad de las parejas.

Pero los sobresaltos de la Conferencia Episcopal, que, sin duda, hará una revisión de ellos en el plenario de esta semana, no acaban en las cuestiones de educación o de familia, sino que alcanzan, asimismo, al ámbito científico-sanitario. Ya en el discurso que pronunció durante su toma de posesión, la nueva ministra del ramo, Elena Salgado, aseguró que sólo la Constitución y la interpretación que el Tribunal Constitucional haga de la misma establecerán los límites para la investigación con células madres adultas o embrionarias. Y aunque no precisó si se autorizará o no la clonación terapéutica (conseguir células madre que no provoquen rechazo inmunológico a partir de un embrión creado en un laboratorio), en el ámbito científico, mayoritariamente partidario de ella, se mira con optimismo la nueva etapa. Aceptar estas reivindicaciones obligaría, sin embargo, a una modificación del Código Penal, que castiga la “fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la reproducción humana”. En cuanto a la postura de la Iglesia católica sobre este tema, el Papa Juan Pablo II condenó en 2000 la clonación de embriones humanos, “aunque el objetivo sea bueno”. Entonces animó a los investigadores a centrarse en el estudio de células madre extraídas de organismos adultos –procedentes del cordón umbilical o de la médula ósea–, opción que no genera reparos éticos y que, aunque suscita menos esperanzas, está también en el punto de mira de los científicos.

La eutanasia es otro de los temas que el PSOE se verá obligado a abordar durante su mandato, pues aunque no se habló de leyes o reformas a este respecto, como en el caso de las parejas de hecho, el aborto o el divorcio, sí se lanzaron propuestas durante el período preelectoral para crear en el Congreso una comisión que permita estudiar y debatir sobre el derecho al llamado suicidio asistido. Y la posición de la Conferencia Episcopal a este respecto sí que no admite matices: para los obispos, la eutanasia, condenada en el Código Penal, siempre es una forma de homicidio e implica que un hombre da muerte a otro, ya sea por omisión o mediante un acto positivo. Si bien la cúpula de la Iglesia católica pide que no se prolongue irracionalmente el proceso de la muerte y se evite el ensañamiento terapéutico, administrándose los tratamientos adecuados para paliar el sufrimiento, aunque éstos puedan acortar la vida del enfermo. La última encuesta del CIS sobre la eutanasia, elaborada en 2003, concluía que un 60% de los médicos apoyaban un cambio legal que permitiese la eutanasia. El PSOE aprovechó entonces, en octubre del pasado año, para pedir un debate al Gobierno popular sobre este tema, al tiempo que le acusaba de ocultar esta encuesta, que se hizo pública a través del diario El País. Lo cierto es que en el artículo 116 del Código de la Organización Médica Colegial de España se establece que el médico está obligado a conservar la vida del paciente y no tendrá el derecho de apresurar su muerte ni siquiera en los casos desesperados. El artículo 117, sin embargo, aconseja evitar acciones sin esperanza cuando suponga sufrimiento innecesario al enfermo y reconoce el derecho de éste a una muerte digna.

La constitucionalidad de los acuerdos Iglesia-Estado, en entredicho. Si hay una cuestión que provoca escalofríos en la sede de la madrileña calle Añastro, en donde se ubica la Conferencia Episcopal, es que se puedan poner sobre la mesa y a debate los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Y esta revisión ya se está solicitando desde algunos colectivos. Por ejemplo y la semana pasada, desde la Confederación Española de Asociación de Padres de Alumnos (CEAPA) y los sindicatos de estudiantes y profesores, se pedía la derogación de los acuerdos con el Vaticano, así como la exclusión de la asignatura de religión del horario lectivo.

Estas exigencias, sin embargo, no son nuevas. El propio Partido Socialista ha insistido durante sus años de oposición en la necesidad de llevar a la práctica el laicismo recogido en la Constitución, convencido como está de que los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede chocan con los principios de la Carta Magna. La necesidad de renegociarlos es pues, para el hoy Gobierno, indiscutible, y la prueba es la medida anunciada por el PSOE con respecto a la asignatura de Religión y sus docentes, que da un vuelco al citado acuerdo en el apartado de Enseñanza y Asuntos Culturales, en el que se recoge “la enseñanza de la religión católica (...) en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Es decir, que mediante este instrumento la asignatura no se hace obligatoria, pero el Estado queda sujeto para garantizar que se imparte la Religión católica, cuyos contenidos, además y según el mismo acuerdo, los fijará la “jerarquía eclesiástica”, así como los libros de texto y el material didáctico.

La Conferencia Episcopal asume que la incursión del Gobierno en uno de los cuatro acuerdos Iglesia-Estado, mediante la derogación de la LOCE, es sólo el principio, aunque señalan que renegociar estos instrumentos es complejísimo y obligaría, de lo cual también es consciente el nuevo Gobierno, a recurrir al ámbito del Derecho Internacional.

Por el momento, según fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, no hay un plan establecido para esa renegociación, pues primero ha de efectuarse el nombramiento del director general de Asuntos Religiosos, dependiente del departamento que encabeza Juan Fernando López Aguilar. Sobre esta elección ya circulan posibilidades y algunas fuentes del entorno de la CEE señalan que su presidente estaría muy satisfecho si este puesto, al que se debe sacar del ostracismo en el que permaneció con los gobiernos populares, fuese ocupado por una persona, si no de su elección, sí de su conocimiento y aprobación. Para ello, monseñor Rouco podría recurrir a un intercesor de lujo, el ministro de Defensa, José Bono, que mantiene unas excelentes relaciones con el prelado, tal y como se pudo comprobar con la asistencia de éste a la controvertida toma de posesión del sucesor de Federico Trillo-Figueroa. Sin embargo, también se habla en círculos socialistas de que la elegida para ocupar ese puesto sea una persona del entorno de Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III, miembro del comité de notables de Zapatero y persona muy cercana al actual titular de Justicia.

De hecho, no se considera casual el artículo “Iglesia y Estado en la sociedad democrática”, publicado por Peces-Barba en el diario El País el pasado 20 de abril, en plena vorágine del debate sobre la asignatura de Religión, y en el que incluía una reflexión dirigida al nuevo Ejecutivo: “Espero que el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero sitúe estos temas en el ámbito normal que marcan las relaciones entre la Iglesia y el Estado en una sociedad libre”. El rector critica con dureza en su texto a la “Iglesia-Institución”, que “sigue pensando que su doctrina debe dirigir la vida social, porque es poseedora de verdades que están por encima de las coyunturales mayorías”, mientras tacha el tratado del Estado español con la Santa Sede de “insostenible en el siglo XXI”.

En nuestro país son tres los concordatos que han constituido sucesivamente, en los tres últimos siglos, la norma básica reguladora de las relaciones Iglesia-Estado. Se firmaron en 1753, 1851 y 1953, pero tras el Concilio Vaticano II y en el período preconstituyente se rubrica un acuerdo base que supone el inicio de la reforma del anterior concordato de 1953, al que llegaron el dictador Francisco Franco y la Santa Sede. Hasta 1979, después de aprobarse la Constitución, no queda plasmado este acuerdo en forma de cuatro Instrumentos de Ratificación, hoy vigentes: sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, sobre Asuntos Jurídicos, sobre Asuntos Económicos y sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de Clérigos y Religiosos. Se trata de auténticos tratados internacionales, según el Tribunal Constitucional, y como tal debe ser tratada su renegociación, de llevarse a cabo, tal y como piden al nuevo Gobierno cada vez más colectivos. A estos cuatro documentos se suma el convenio pactado por la CEE y el Gobierno del PP que, en 1999, posibilita la elección de los docentes de la asignatura de Religión por parte de las autoridades eclesiásticas.

Los acuerdos Iglesia-Estado no tienen nada que ver con los que mantiene la Administración con las llamadas Confesiones Minoritarias, en clara desventaja con respecto a la Iglesia Católica y agrupadas en federaciones según la fe practicada –evangélica, judía o musulmana–. Así, el contenido de estos acuerdos, que datan de 1992, se refiere a normas sobre culto, efectos civiles del matrimonio religioso, asistencia y enseñanza religiosa, así como a finanzas y tributación, calendario y patrimonio histórico, artístico y cultural de cada confesión.