Primera condena en firme del "administrador del Rey"

PRADO, A LAS PUERTAS DE LA CÁRCEL

El “administrador privado” del Rey , su “perro” fiel, tal como él mismo se ha denominado en alguna ocasión, su amigo más íntimo y antiguo, Manuel Prado y Colón de Carvajal, está por primera vez a las puertas de la cárcel. Después de un largo proceso judicial, el Supremo ha convertido en firme su condena a dos años de prisión por apropiación indebida. Esta misma semana, la Audiencia Nacional puede decidir sobre la ejecución de la sentencia que su abogado ya ha pedido suspender, y aunque la relación entre don Juan Carlos y el pícaro embajador lleva tiempo sometida a una obligada y discreta distancia, la noticia llega a Zarzuela en el incómodo momento en que todos sus esfuerzos están volcados en los preparativos de la boda del Príncipe.

Por Inmaculada Sánchez

Esta semana será intensa para los condenados en la primera pieza del voluminoso sumario del caso KIO. Hace poco más de 15 días, el 12 de febrero, el Tribunal Supremo no sólo confirmaba las principales condenas sino que, además, exigía juzgar a varios imputados a los que la Audiencia Nacional había eximido por prescripción del delito.

La noticia era celebrada en los despachos del bufete Cobo del Rosal, quien, en representación del Gobierno kuwaití, lleva años acusando a Javier de la Rosa y otra decena de socios y compinches de haber vaciado las arcas de su oficina de inversiones, la conocida KIO, en España. Era su primera gran victoria: el Supremo les daba la razón, ya no caben más recursos, y, además, los argumentos de la sentencia les proporcionaba artillería para los otros tres juicios pendientes.

En Zarzuela, sin embargo, la decisión de los magistrados del Supremo no se recibía precisamente con un brindís de champán. Entre las condenas confirmadas figuraba la de Manuel Prado y Colón de Carvajal, íntimo del Rey. Y no sólo eso. La sentencia corroboraba que a sus manos llegaron 2.000 millones de pesetas de la época –y del Grupo Torras– a través de una cuenta en Suiza a los que dio “un destino que no se conoce”, según expresa textualmente el veredicto.

Es decir que, para desesperación de la Casa Real, la última instancia judicial del país continúa dejando en una sospechosa incógnita qué hizo Manuel Prado con los muchos millones que, como ha quedado comprobado, Javier de la Rosa le entregó dentro del continuado saqueo que realizó del Grupo Torras, el buque insignia de las inversiones de KIO en España a finales de los años 80 y comienzos de los noventa. Y aún queda más.

Esta primera sentencia firme se refiere a la  operación Wardbase, en referencia a la sociedad instrumental a la que supuestamente se le habrían pagado los citados millones por una ficticia labor de asesoramiento, desorbitada cifra que ninguna empresa de este secotr podría cobrar nunca. Pero es que en una de las otras tres piezas que aún restan por juzgar del caso KIO, Manuel Prado vuelve a aparecer como imputado en una operación muy similar a la ya sentenciada por el Supremo. Se trata de la denominada Pincinco –también debido al nombre de una extraña sociedad instrumental– en la que tras determinados pagos y movimientos financieros vuelve a aparecer el amigo de don Juan Carlos como beneficiario último de, en esta ocasión, 8.000 millones de las pesetas de entonces. Manuel Cobo del Rosal y Javier Sánchez Vera, letrados de la acusación particular en el bufete del primero, tienen claro que el recorrido que hace la sentencia del Supremo sobre la operación Wardbase les va a dar la clave de nuevas condenas a favor de su cliente en el caso Pincinco, cuya vista oral es previsible que se inicie antes de que concluya el año. El recorrido penitenciario de Manuel Prado podría no haber hecho más que empezar.

El tiempo corre a favor. A favor del amigo del Rey, sin embargo, juega el tiempo y la lentitud de la justicia en casos tan complejos como éste. Javier de la Rosa puede ingresar nuevamente en prisión a finales de esta semana. Con antecedentes penales y 56 años de edad, la Audiencia Nacional no ha atendido su solicitud de suspensión de pena a la espera de un posible indulto cuya petición ya ha cursado.

Prado, por el contrario, cumplirá este año 73 y hace tiempo que fue operado de un cáncer del que todavía sigue tratándose. Su estado de salud, precisamente, es uno de los argumentos de su defensa para solicitar que no se ejecute la sentencia. Sin embargo, en opinión de la acusación particular “es evidente que ha acudido a todas las sesiones y convocatorias de la Audiencia en perfecto estado” por lo que, más bien, confían en que los magistrados encargados de ejecutar la sentencia confirmada por el Supremo no atiendan este argumento y fuercen  al diplomático y empresario a hacer frente a la responsabilidad civil que se le reclama.

La clave de que Prado ingrese o no en la cárcel parece radicar, según fuentes judiciales seguidoras del caso, en que pague lo que le obliga la sentencia. Esto es, los 2.000 millones de pesetas citados más los intereses legales desde 1992, año en que el dinero apareció en su cuenta suiza. En total y según los abogados de KIO, cerca de 5.000.

Al ser la condena de dos años justos de privación de libertad, el condenado puede eludir la pena siempre que se den otras dos circunstancias. Una, no tener antecedentes penales. En el caso de Prado, a pesar de sus distintas imputaciones en otros juicios, ésta es su primera condena, por lo que no tiene antecedente penal alguno. La otra, haber satisfecho la responsabilidad civil que se le exija. Y ésta es la condición a la que el bufete Cobo del Rosal ha apelado en su alegato contrario a la suspensión de la pena.

El empresario y embajador ha acumulado una indeterminada fortuna a lo largo de sus años de relación con don Juan Carlos a través, básicamente, de imprecisos negocios de intermediación e inversión. De hecho, la pieza separada del caso referida a su posible responsabilidad civil ocupa nada menos que 15 tomos del sumario cuyos muchos folios intentan identificar sus nunca reconocidas propiedades.

A lo largo del proceso, la Justicia ya le ha embargado varias de estas propiedades, entre las que se encuentra una espléndida finca de recreo en el municipio onubense de Zufre denominada Dehesa de Juan Esteban, cuyo propietario es una sociedad con el mismo nombre y valorada en más de doce millones de euros (unos 2.000 millones de pesetas). Ahora, una vez conocida la decisión del Supremo y vistas de cerca las puertas de la cárcel, la defensa de Manuel Prado ha acudido a estos embargos para argumentar que la responsabilidad civil que se le exige está prácticamente satisfecha. Aunque puede no ser tan sencillo. Otro complejo proceso podría abrirse de nuevo al pretender ejecutar el embargo hasta que se logre demostrar la propiedad de Prado, por lo que la acusación confía en que la Audiencia le exija al condenado un pago firme en tiempo y forma, un pago que, por otra parte, pocos de los implicados en el proceso dudan que se realizará, de una forma o de otra, antes de que el embajador llegue a poner un pie en celda alguna.

Todas las maniobras dilatorias que la defensa de Prado pueda intentar contra la ejecución de la sentencia tienen su lógica personal, pero no pueden transmitir ya tranquilidad alguna al Palacio de la Zarzuela. Bien conoce el jefe de la Casa Real que fue el efectivo ingreso en prisión de Javier de la Rosa y la estrechez del cerco judicial que comenzó a rodearle en los noventa el que le decidió a remover toda su información contra quienes, supuestamente, le debían –y nunca mejor dicho según su relato de los hechos– protección. En breve, Javier de la Rosa volverá a instalarse en una celda y, por primera vez, ésta y el centro penitenciario en la que se ubique no estarán bajo la competencia de un conseller de Convergencia i Uniò.

Un Govern menos amigo. Esta vez será el socialista Josep María Valles, conseller de Justicia del Govern de Pasqual Maragall, quien pueda decidir sobre los permisos y las condiciones penitenciarias del famoso J. R., las que, precisamente, tanto criticó el PSC siendo Pujol president, por considerarlas privilegiadas a todas luces.

Motivos de inquietud, por tanto, no deben faltar en Zarzuela. Prado, hasta ahora, ha sido una tumba en cuanto a la posible relación del Rey con algunos de sus turbios negocios, un silencio al que ha ayudado, también, la maquinaria judicial del país. Javier de la Rosa basó su defensa en el recién sentenciado caso Wardbase en que el dinero pagado a Prado, quien no tenía relación contractual ni cargo alguno en el organigrama del grupo KIO, se debía a sus supuestas gestiones ante el Rey de España para que el Gobierno apoyase la Guerra del Golfo emprendida por Estados Unidos para la liberación de Kuwait tras la invasión de Saddam Hussein.

El “administrador privado” del Rey, como el propio Prado se ha hecho llamar con más frecuencia, por el contrario, ha mantenido durante todo el proceso que los millones aparecidos en su cuenta de Suiza, que no niega, se deben a supuestos negocios entre Javier de la Rosa y él.

La larga investigación judicial, sin embargo, no ha conseguido desvelar ni un mínimo del secreto que encierran tan contradictorias afirmaciones. Al dinero se le perdió la pista después de pasar por la cuenta suiza de Prado. Su siguiente destino fue una desconocida cuenta en un paraíso fiscal de la que no se pudo averiguar nada más. Prado dijo que lo volvió a invertir y lo perdió. En cuanto a los supuestos negocios entre De la Rosa y él a los que debían responder esos millones, no ha podido aportar ni un solo documento que pruebe su existencia a lo largo de todo el proceso.

De la Rosa, por su parte, ha mantenido su tesis del pago “a la Corona” hasta en el recurso final al Supremo, pero los magistrados del Alto Tribunal han vuelto a echar un capote a Zarzuela. Si la Audiencia Nacional apeló a “la posición que la Constitución atribuye a la Corona” para denegar las reiteradas peticiones de la defensa de De la Rosa de que testificasen desde el jefe de la Casa Real hasta otros funcionarios reales para “acreditar el hecho de ciertas visitas privadas a su Majestad”, la sentencia del Supremo va más allá en el rechazo a semejante solicitud “no tanto por lo razonado por la Sala” (de la Audiencia Nacional) sino por “su falta de aptitud y relevancia” ya que, a juicio de los magistrados “las relaciones que trata de acreditar no dejan de ser, en su caso, un mero indicio que no tiene aptitud para contrarrestar la prueba de cargo”. También es rechazado el requerimiento de los abogados del financiero catalán de que testifiquen los ex embajadores de Kuwait, de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudí ya que, por ley “están exentos del deber de declarar los Agentes Diplomáticos acreditados en España”. No ha lugar, pues, a investigar más en ese sentido.

Curiosamente, también la fiscalía modificó su alegato final contra Manuel Prado. Mientras durante todo el proceso le imputaba apropiación indebida, delito que podría acarrear los ya firmes dos años de pena y, por tanto, la posibilidad de pisar la cárcel, finalmente asumió que podría tratarse también de “encubrimiento”, que conlleva una condena de apenas seis meses, o, incluso, la de “partícipe a título lucrativo”, lo que reduciría la responsabilidad del condenado a la meramente civil.

¿Podrá De la Rosa, nuevamente en la cárcel y con unas autoridades penitenciarias “menos comprensivas” con su situación –ahora preside la Generalitat el socialista Maragall en tanto que su antecesor, Pujol, llegó a calificar a De La Rosa como “empresario modelo” y algún destacado miembro de CiU fue acusado por el financiero de beneficiarse de alguna de sus operaciones– volver a atacar a algún político o institución del Estado? ¿Le queda munición reservada después de tanto tiempo y de la cerrada defensa que, sobre todo en el caso del Rey, ha demostrado ejercer la maquinaria judicial y la prudencia de los partidos políticos?  ¿Llegaría  Prado a dañar la figura del Rey con una nueva torpeza si su situación empeorase? No sabemos si en Zarzuela se hacen estas preguntas, pero no estaría de más que tuviesen preparadas las respuestas. Por si acaso. 

UNA AMISTAD DURADERA

Manuel Prado y Colón de Carvajal es una de las pocas personas que pueden considerarse desde hace años “amigos de la casa” en la Casa Real. El era uno de los pocos que compartió, junto con la familia más cercana y los fieles del organigrama de Zarzuela las duras horas del frustrado golpe del 23-F. Lo cuenta sin rodeos la propia reina Sofía a Pilar Urbano en su  biografía autorizada: “Sacamos unas cosas para tomar, unos sandwiches, café. Vinieron mis cuñadas, Pilar y Margarita. Nos juntamos la familia, las personas de la casa, Mondéjar, Valenzuela, Sabino, Manolo Prado y algún otro amigo de mi marido”, confiesa doña Sofía a la periodista.

Porque Manuel Prado es “Manolo” en Palacio. Don Juan Carlos lo define como “un amigo muy íntimo (…) el único en que podía depositar mi confianza” en sus conversaciones con José Luis de Villalonga recogidas en su libro El Rey.

El embajador, financiero, empresario y, sobre todo, experto en intermediaciones de todo tipo, aunque desde una exquisita reserva a todo lo relacionado con la Casa Real, no ha negado nunca públicamente su especial dedicación a don Juan Carlos desde sus años como Príncipe de España residente en un entonces palacete de la Zarzuela donde  “su augusto inquilino se sentía por temporadas huésped o rehén de la Historia, pero nunca señor de su casa”, tal como dice Prado en unas memorias suyas elaboradas para Historia de la democracia con la colaboración de Joaquín Bardavío. “Yo era, y soy un perro del Rey –dicho sea en metafórica expresión de fidelidad y lealtad–”, añade Prado en otra parte de estas memorias.

En esa condición, y en la de “embajador en misión permanente”, es en la que realiza relevantes misiones encargadas por don Juan Carlos, unas conocidas posteriormente, como la de su viaje a Rumanía para comunicar a Ceacescu un mensaje real destinado a Santiago Carrillo como secretario general del PCE con su compromiso de legalizar el partido en cuanto tomara posesión como Rey a cambio de la colaboración de los comunistas en la transición española, y otras no reconocidas, como las de conseguir financiación o encargarse de invertir dinero del Rey haciendo honor a su autodenominación de “administrador real”, que distintas informaciones escasamente publicitadas en los medios de comunicación españoles han ido desvelando en los últimos años.

En los primeros tiempos del reinado de don Juan Carlos, esta condición especial de amigo del Rey no se oculta y Prado consigue ser nombrado presidente de Iberia en 1976, “nombramiento reservado tradicionalmente a la decisión del jefe del Estado”, según recoge José García Abad en su reciente libro La soledad del Rey, puesto desde el que decide que todos los aviones de la compañía aérea lleven pintada la corona real, en uno más de sus gestos destinados a hacer saber dónde radicaba su poder.

También es nombrado senador por designación real un año después o presidente de la Comisión del V Centenario ya en 1981. Asimismo, es miembro fundador de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, una de las preferidas de la Reina y que todavía hoy preside, y acumula ingente número de condecoraciones y honores civiles y militares. Entonces no era difícil ver juntos a tan buenos amigos como prueba nuestra foto de portada de este número, que data de 1978.

Desde hace años, sin embargo, es difícil encontrar fotografías en las que puedan verse juntos al Rey y Manuel Prado. Desde que el embajador nacido en Quito, afincado en Sevilla y con residencia oficial en Suiza entrara en contacto con Javier de la Rosa e iniciara con él un peligroso viaje a sus oscuros negocios a finales de los años 80, Zarzuela ha intentado controlar la distancia y, sobre todo, la publicidad de la relación del Rey y su amigo.

Ello, sin embargo, no impide que ciertas evidencias apunten a que Manuel Prado no tiene cerradas las puertas de Palacio. De hecho, en marzo de 1995, cuando su camino empresarial de la mano de Javier de la Rosa era ya conocido y el financiero catalán había iniciado su largo camino judicial, asiste en calidad de invitado a la boda de la infanta Elena en Sevilla. En noviembre de ese mismo año, De la Rosa implica a Manuel Prado en sus desvíos de dinero de KIO en un escrito a la Corte Comercial de Londres desvelando, por primera vez, que el amigo del Rey había sido el destinatario de los miles de millones que se le reclamaban.  A la boda de la infanta Cristina, en 1997, ya no fue invitado y a la del príncipe Felipe no se le espera, dado que ya ha eliminado de su tarjeta de presentación la calidad de “presunto” y se trata de un condenado en firme por apropiación indebida, vaya o no a la cárcel. Otra cosa es que el enlace le pueda reportar alguna última “gracia real”. En algunos cenáculos madrileños se empieza a comentar la posibilidad de un indulto que incluiría también a otro amigo real en apuros judiciales como Alberto Alcocer, uno de los Albertos, recientemente condenados en firme, también por el Supremo, por el caso Urbanor aunque ambos tienen suspendida la ejecución de la pena a la espera de un último recurso presentado por los primos ante el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, esta revista desvelaba el mes pasado (ver nº 587) que la primera aventura empresarial de la infanta Elena, la guardería infantil Micos, Mi Primer Cole S.L. , tiene como socios a dos hijos de Manuel Prado y su primera mujer, Paloma Eulate, confirmados desde Zarzuela como “un grupo de amigos de la infanta”. Otras fuentes solventes apuntan también que, incluso dmientras se desarrollaba la instrucción del sumario del caso KIO, el propio Monarca no habría tenido reparos en, durante un encuentro con miembros de la judicatura, hacer notar expresamente a un juez que Prado era “su amigo”.