COMPRUEBE SI EL PP CUMPLE SUS PROMESAS DE HUMILDAD

Test de la arrogancia del próximo Gobierno

Aznar, Piqué, Rajoy, Arenas... La mayor parte de los dirigentes del PP que hablaron la noche electoral y los días posteriores han prometido, a pesar de su mayoría absoluta, un Gobierno tolerante, humilde, con el diálogo y la búsqueda del consenso entre sus principales objetivos. Sin embargo, a la vista de ciertas actitudes conocidas en la anterior legislatura hay quien duda de tales intenciones. Esta semana, con la constitución del nuevo Congreso y el nombramiento de los miembros de su Mesa podrán verse indicios del talante de la mayoría absoluta del PP pero aún hay otras muchas cuestiones que dirán, certeramente, si Aznar será un presidente arrogante. EL SIGLO ha elaborado un test para averiguarlo.

 E.S.                               

Que nadie se sienta inquieto, seguiremos gobernando para todos". Son palabras del ministro portavoz, Josep Piqué, la noche del 12 de marzo después de conocerse que el PP había conseguido mayoría absoluta en el nuevo Parlamento. Sin embargo, apenas una semana antes, el mismo Piqué, sin saber todavía la amplitud de la victoria, se permitía no responder a una pregunta formulada por un periodista de la cadena Ser en una rueda de prensa por no gustarle la cuestión planteada. Una cosa son los dichos y otra los hechos.

A partir de esta semana tendremos ocasión de comprobar hasta dónde llega la veracidad de las afirmaciones del nuevo PP triunfante una vez se constituyan las nuevas Cortes. El reparto de los miembros de las mesas del Congreso y el Senado dirá mucho de si los populares dejan hueco al resto de tuerzas políticas en su composición para que todas las que tienen grupo propio se sienten en ellas o, por el contrario, hacen el reparto que su mayoría absoluta les permite.

Hasta el momento el PP únicamente ha cerrado un acuerdo de legislatura con Coalición Canaria mientras que negocia con CiU las condiciones de sus nuevas relaciones. Ambos grupos apenas suman 19 diputados de los 148 que formarán parte de la oposición.

El discurso de investidura de José María Aznar y la formación de su nuevo Gobierno darán nuevas pistas sobre si las intenciones expresadas en la eufórica noche del 12‑M en el sentido de que "todos somos necesarios para el progreso de España" continúan más allá de esa fecha. La experiencia de la legislatura recién concluida no da para estar muy seguro de ello. Más bien, al contrario.

El mismo presidente en funciones, en plena campaña electoral, también negó entrevistas a todos los medios del Grupo Prisa en un inédito gesto que, además de cercenar la pluralidad informativa, hablaba de la altiva displicencia con la que el candidato del PP miraba al periódico más leído y a la cadena de radio más oída del país.

En cuanto al Parlamento, el PP anterior a los 183 diputados ya se permitió negar al Senado la celebración del anual debate sobre el estado de las autonomías dos de los cuatro años de la anterior legislatura por in­tereses partidistas dado que en esta Cámara disfrutaba de la mayoría absoluta desde 1996.

Fue nada más acceder a La Moncloa, cuando la delicada situación del Gobierno con CiU desaconsejaba un debate autonómico en el que participaran el resto de fuerzas políticas, cuando el grupo popular, mayoritario en la Mesa, no lo convocó. Fue, casualmente, tras un encuentro del presidente Aznar con el entonces presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero. Posteriormente, poco antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas de junio del 99, tampoco hubo debate porque estaría distorsionado por la proximidad de los comicios, según los argumentos del grupo popular.

El trato a las diferentes autonomías también ha sido una de las señas de identidad del primer Gobierno del PP. La legislatura concluyó ‑sin recorte al­guno en el tiempo‑ sin que José María Aznar recibiera en Moncloa al presidente del Gobierno regional con mayor número de habitantes del país, Andalucía. La tensión entre la junta de Andalucía, que preside el socialista Manuel Chaves, y el resto de comunidades gobernadas por el PSOE con el Gobierno de la nación ha sido constante durante el mandato legislativo que acaba de concluir.

El actual, en el que existe un mayor número de Gobiernos autonómicos presididos por un socialista ‑seis, en lugar de tres, después de las elecciones del 13‑J‑ exigiría una mayor disposición del presidente Aznar a hablar con ellos y a negociar los asuntos que les conciernen, especialmente el relativo a la financiación de sus autonomías que, previsiblemente, va a ser una de las pri­ meras reformas que el nuevo Gobierno aborde.

Juego limpio con los medios. La promesa del presidente de, no designar di­rector general de RTVE a un político para preservar la independencia de los principales medios públicos apenas duro nueve meses en pie, los mismos que cumplió Mónica Ridruejo en el cargo, sustituida después por Fer­nando López‑Amor, quien retorna, por cierto, como diputado del PP en esta le­gislatura, y por Pío Cabanillas. El grado de independencia del poder político que ambos han practicado quedó en evi­dencia durante la última campaña cuando toda la oposición, incluidos los socios nacionalistas del Gobierno, suscribió una denuncia ante la junta Electoral Central por el partidismo a favor del PP que practican los infor­mativos de Televisión Española. La junta la desestimó pero reconoció el "sesgo" de los telediarios a favor del Gobierno.

La política informativa ha sido clave para el reciente triunfo del PP y hay pocos indicios de que la pluralidad se abra paso en una legislatura con mayoría absoluta de los populares. Incluso, tino de los primeros pasos del Gobierno, todavía en funciones, ha demostrado que sus intenciones distan mucho de practicar el juego limpio con todos los medios: ha iniciado los trámites para la concesión del indulto al ex juez Javier Gómez de Liaño, el que protagonizó una persecución sin precedentes contra Jesús de Polanco, el editor de Prisa, al que estuvo a punto de meter en la cárcel. Su investigación partía de un informe encargado, en su día, por un secretario de Estado del anterior Gobierno, y que, posteriormente, se ha demostrado sin ninguna base además de conducir al juez a una condena por prevaricación. Si el nuevo Ejecutivo indulta a Gómez de Liaño estará dando la razón a quienes afirman que su agresiva política contra los medios no afines no sólo continuará sino que se incrementará.

Después de la toma de posesión de los nuevos ministros vendrá toda una cadena de nombramientos que seguirán señalando el talante del poder conseguido por los populares para los próximos cuatro años. Al margen de los segundos niveles de la Administración habrá que comprobar si la purga de funcionarios iniciada en la legislatura pasada continúa en ésta. El mantenimiento de una Administración profesional solvente es básica para el buen funcionamiento del Estado y por ella abogaba el PP antes de conquistar La Moncloa. Criticaba duramente el número de altos cargos designados en el periodo socialista pero el primer cuatrienio de los populares ha dejado una lista aún más amplia de cargos de confianza.

Tras los ministerios, el nuevo Ejecutivo habrá de abordar otros nombramientos que, por su carácter institucional, deberían contar con una aprobación, si no general, sí, al menos, mayoritaria entre las distintas fuerzas, políticas. Entre ellos está la Fiscalía General del Estado, cuyo actual titular, Jesús Cardenal, miembro del Opus Dei, ha cosechado tan espectacular consenso de críticas entre la oposición política y los miembros de la carrera que todo el mundo da por descontada su sustitución.

Otro de los puestos que toca renovar es el del gobernador del Banco de España, cuyo mandato concluye el próximo julio, y cuyo nombre, junto a los de su equipo más directo, siempre ha sido negociado con el primer grupo de la oposición.

En las relaciones exteriores el anterior Gobierno tampoco ha sido ningún baluarte de los buenos modos ni el respeto institucional. El seguro relevo del actual ministro, Abel Matutes, quien ha anunciado su retirada de la política, podría mejorar la gestión de nuestras legaciones diplomáticas y, sobre todo, impedir que se confundan los intereses nacionales con los de las empresas del ministro, hecho que se ha dado en más de una ocasión en la pasada legislatura.

El nuevo titular de Exteriores tendrá mucho que decir sobre los diplomáticos que ocupan nuestras embajadas, puestos que precisan de profesionales bien cualificados y sobre los que también se desató una purga política hace ahora cuatro años, además de permitir que la Escuela Diplomática esté controlada por profesores de clara ideología fascista, tal como denunció hace pocos meses esta revista.

Ahora acaba de iniciarse en la Audiencia Nacional una nueva investigación por genocidio contra antiguos altos cargos del régimen guatemalteco que todavía ocupan puestos políticos en el país americano. Será una buena oportunidad para el nuevo Gobierno de hacer olvidar su actuación en el caso Pinochet, criticada desde muy distintos arribitos por contradictoria y sesgada a favor del ex dictador.

En esta área, sin embargo, es Moncloa quien establece prioridades y controla las riendas de las principales decisiones y no es previsible que, con un José María Aznar ahora aupado en su mayoría absoluta, vayan a mejorar determinadas relaciones institucionales deterioradas en sus primeros cuatro años de gobierno. Se trata de las de Presidencia del Gobierno con los Reyes.

El interés de la esposa del presidente por ocupar plaza en el escenario público del país lleva tiempo distorsionando las relaciones con Zarzuela en la medida en que ha chocado en determinadas ocasiones con la habitual agenda de la Reina. Su deseo de compartir protagonismo con su marido también ha forzado cambios en algunos despachos del presidente y el Rey, incorporando, por ejemplo, comidas de los dos matrimonios o actividades de Ana Botella junto con doña Sofía en algunos viajes oficiales.

Más recientemente, incluso, Aznar y su esposa han añadido más elementos a su tensión con Zarzuela: se permitieron invertir las normas institucionales recibiendo al jefe de Estado francés, el presidente Chirac, en su última visita a nuestro país cuando debía ser el Rey quien lo hiciera y, en el primer viaje a Cuba de los monarcas españoles, con motivo de la última Conferencia Iberoamericana, el Gobierno no sólo controló la estancia hasta privarla de la función pública y emotiva que siempre rodea a don Juan Carlos sino que Aznar le hizo un desplante protocolario ampliamente comentado en su día: en plena Habana Vieja se quitó la chaqueta quedándose en mangas de camisa mientras el Rey se mantenía con su traje a pesar del calor.