Bien en economía, regular en política

José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un balance razonable del año que termina: en economía, un diez, en lo social un ocho y en política bien, lo que en una calificación escolar se puntuaría con un seis. Lo del diez a Solbes es un poco exagerado pero hay que reconocer que ha hecho bien su trabajo, como lo hizo su antecesor, Rodrigo Rato y el antecesor de Rato que da la casualidad que es el propio Solbes.

2005 ha sido un buen año para la economía española, mejor de lo inicialmente previsto:  terminaremos el ejercicio con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3.5 por ciento, 2.2 puntos por encima de lo que se espera para la eurozona. España ha marchado con el mundo, que ha tenido un crecimiento extraordinario, sin precedentes desde la posguerra mundial, y a contrapelo de Europa que sigue estancada y que es donde están nuestros principales mercados. Nuestro país ha podido desmarcarse de la tristeza de los vecinos gracias a que su crecimiento tiene como motor el mercado interior y está basado sobre el ladrillo y el consumo.

El otro pilar del crecimiento, el consumo, muestra, por un lado el incremento del empleo, que se ha elevado en 2005 en un 3.2 por ciento siguiendo la tendencia de los últimos años por lo que nuestra tasa de paro ha pasado en la ultima década de ser casi el doble de la media comunitaria a estar ligeramente por debajo de la media. Los españoles han comprado casa, coche y otros bienes de consumo porque confían en su puesto de trabajo y no les importa endeudarse; con unos tipos de interés por debajo de la inflación hacen un buen negocio endeudándose.

Las arcas del Estado están repletas lo que ha permitido "financiar" algunos conflictos, subir el salario mínimo y aprestarse a poner en marcha la Ley de Dependencia sentando las bases del cuarto pilar del Estado del Bienestar junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Quizás la calificación no merece el ocho pero no debería bajar del aprobado alto.

Otra cosa es la política. Hoy por hoy no me atrevería a poner nota a Zapatero hasta ver como queda el Estatut. El presidente sabe que debe cerrar este asunto en los próximos días y puede que lo consiga pues los partidos catalanistas parecen conscientes de la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo. Estos días he podido sondear a los catalanistas y percibo en ellos la voluntad de llegar a un acuerdo de mínimos, trasladando al futuro las ambiciosas propuestas del proyecto salido del parlamento catalán. La devolución al Parlament sería un desastre para el Gobierno y para quienes le apoyan. Los nacionalistas se han sorprendido del impacto de sus reivindicaciones y parecen aceptar por el momento una mejora respecto a la situación actual. Solbes ha marcado bien el terreno: nada de bilateralidad, nada de que los catalanes cobren directamente los impuestos, nada que represente una quiebra de la unidad del mercado como el IVA o el impuesto de sociedades. A partir de ahí se puede regatear sobre el porcentaje del IRPF que se quede en Cataluña y en otras comunidades autónomas y sobre todo sobre el dinero que recibirá la Generalitat. Es la política que ha regido en los tiempos de Pujol del peix al cove que podría traducirse libremente como "más pescado para la olla". La alternativa es terrible: nada menos que el hundimiento de Zapatero y la vuelta del viejo régimen.

El otro marrón es la OPA de Gas Natural sobre ENDESA que, aunque debería tener un desarrollo mercantil se ha ligado, indeseablemente para el Gobierno y para la Caixa, con el Estatut. La decisión del tribunal europeo de Luxemburgo que ha pedido que no se tomen decisiones que puedan representar un hecho consumado, podría impedir la conclusión antes de la primavera.

El Gobierno debe mostrar la máxima neutralidad pero está convencido de que, como no prospere la operación, sufrirá un revolcón de envergadura. La pasada semana, la Comisión Nacional de la Energía (CNE),  que preside la socialista Maite Costa, dictaminó que la OPA no genera problemas graves de competencia en una reñida votación de cinco  consejeros a favor del informe, los cinco nombrados por el PSOE y cuatro en contra, los cuatro designados por el PP. ¿Cómo es posible mantener que la OPA no está politizada? Si una operación afecta o no a la competencia no debería depender de los compromisos políticos sino del análisis del mercado. Ahora, Luxemburgo aparte, sólo queda el trámite del Tribunal de Defensa de la Competencia, con mayoría igualmente socialista, que tendrá que pronunciarse antes de Reyes. Su informe no es vinculante para el Gobierno ¿pero quién duda que lo que diga este tribunal es más que vinculante?