No procede el indulto sin devolución

Felipe González ha puesto en un membrete, como diría un castizo, a José Luis Rodríguez Zapatero al pedirle el indulto para Rafael Vera, el hombre con quien contó para la seguridad desde su llegada al poder en 1982 hasta 1994, el guardián de todos los secretos de Estado, y José María Rodríguez Colorado, director de la Policía desde 1986 a 1991. En el lenguaje estrictamente político  el ex presidente no ha pedido el indulto, sino que se ha limitado a una formalidad,  la firma de una carta de clemencia motivada, probablemente, en razones de precaución personal.

Si el ex presidente hubiera querido, realmente, pedir el indulto para sus colaboradores de antaño habría tratado de convencer personalmente a Zapatero y, sin embargo, el ex presidente no le ha dicho ni pío, lo que, teniendo en cuenta la fluidez en sus relaciones, no puede ser más significativo. Lo que González está diciendo al presidente es lo siguiente: "José Luis: me veo en la necesidad de firmar esta carta, pero tu haz lo que estimes conveniente". Y, en efecto, Zapatero estimará conveniente no conceder semejante gracia. Y González lo sabe, como se desprende de unas declaraciones formuladas en el programa de Julia Otero en Televisión Española: "No quiero ponerme en la piel del presidente". 

Vera y Colorado tendrán pues que cumplir la pena, que ya es firme tras la sentencia del Supremo. Es probable que la suerte de éstos hubiera sido mas afortunada con un gobierno popular que con los suyos; es sólo probable, pues aunque Aznar indultó a Vera y a Barrionuevo por delitos más graves que el robo, no está claro que lo extendiera a la apropiación indebida. Ciertamente es más grave secuestrar -caso Segundo Marey- que robar, pero no es así la percepción social ni la política. No me parece moralmente justificable, pero es un hecho que muchos ciudadanos justificaron la guerra sucia pero no el saqueo de las arcas públicas. La lucha ilegal contra los terroristas que Estados democráticos usaban clandestinamente se va convirtiendo, inquietantemente, en doctrina internacional. La civilización occidental parece haber superado la política de  hechos consumados y aquí no ha pasado nada como Alemania frente a la banda Baader Meinhoff o el Reino Unido frente a los supuestos terroristas de Gibraltar, por una doctrina desafiante apoyada en la terrible experiencia de la voladura de las Torres Gemelas. Esta conducta se ha convertido en código oficial para Estados Unidos, Israel y, últimanente, para la Rusia de Putin; ni siquiera se utilizan los habituales subterfugios del lenguaje correcto; las cosas por su nombre: guerra preventiva, asesinatos selectivos o sustracción de la legalidad nacional e internacional para los internados en Guantánamo. Y sin salir de España hay que recordar que la  guerra sucia se ha practicado desde Suárez -por no hablar del franquismo, donde la tortura y los tribunales especiales formaban parte de los procedimientos habituales-. El Gobierno González siguió utilizando algunos mecanismos heredados, pero hay que reconocerle al menos  que acabó con ellos.

No es justo pero es innegable que muchos ciudadanos aceptaron actuaciones ilegales a condición de no darse por enterados y, en cambio, reaccionaron airadamente ante el hecho de que determinados servidores públicos se lucraran con los fondos de la lucha antiterrorista; el deterioro del ultimo trienio González se debió a la repulsa de los roldanes y compañía, que se prevalieron de las circunstancias para robar, más que a los crímenes del GAL. Es humano compadecerse de estos personajes que estimaron que la sociedad les debía tanto que podían tomarse algo a cuenta; trataron de prevenir un futuro de zozobra ante probables venganzas terroristas pero deberían comprender que una sociedad pierde legitimidad si la ley no se aplica a todos de la misma forma.

El indulto no es una decisión judicial, sino política, pero no debería ser arbitraria. Las medidas de gracia gubernamentales o las decisiones judiciales de excarcelación no siempre han sido justificadas y su utilzación espuria reduce el efecto ejemplificador de la pena. Últimamente se han otorgado beneficios difíciles de tragar: a Javier Gómez de Liaño, condenado  por prevaricar en el caso Sogecable; a Luis Roldán, que no ha devuelto ni un duro, o a Manuel Prado y Colón de  Carvajal, el administrador privado del Rey en cuyo nombre recolectó miles de millones de pesetas procedentes del KIO de Javier de la Rosa. El perdón es admirable si hay arrepentimiento, pero debe acreditarse devolviendo lo sustraído, un requisito al que parecen refractarios. Al menos Colorado ha ofrecido pagarlo a plazos.