Un presupuesto ortodoxo

El primer presupuesto de Zapatero se distancia poco del último de Aznar. Según reconoce Miguel Ángel Fernández Ordoñez (MAFO), ni siquiera puede valorarse como la primera piedra de la nueva política económica: la zanja ya estaba hecha y el lecho de la piedra prefigurado. Bien sea por esta razón, que permitiría calificar las cuentas del Estado para  2005 de "transición", o porque en realidad están tan condicionadas que admiten márgenes muy estrechos de actuación,  lo que las calificaría de "continuistas", el caso es que las variaciones son mas declarativas que cuantitativas .

La verdadera rectificación socialista no se refiere al presupuesto del próximo año que Solbes presentó a las Cortes la pasada semana, sino al de 2004. El varapalo al presupuesto de Rato se sitúa en el terreno de la transparencia, por la integración de partidas que el PP dejaba fuera por razones propagandísticas  y por la eliminación de un plumazo de la ley trampa de Acompañamiento. En el criterio de transparencia y también en el de saneamiento se inscriben la inclusión de la deuda histórica de RENFE (5.400 millones de euros), las obligaciones con Andalucía (2.500 millones), la deuda de RTVE y las consecuencias de un crédito con Argentina que, por cierto, Solbes tuvo la cortesía de no hacerlo notar durante la visita de su antecesor a Buenos Aires como director del FMI. Comparados los Presupuestos de 2005 con los de 2004, ya saneados y aflorado un déficit del 1,81% del PIB, permiten calificarlos sin rubor de continuistas.

Apenas está autorizado Solbes para resaltar el esfuerzo social, pues ya es habitual que los gastos llamados sociales -un concepto bastante elástico- vengan situándose aproximadamente en el 50% durante los últimos años, formando parte de los condicionantes básicos a los que me refería. Se dan ciertamente algunos matices significativos como la notable mejora de las pensiones, el aumento del gasto para viviendas protegidas en un 34% y el incremento del 10,4% en becas, lo que elevaría el gasto social en casi un 10% y permitiría sostener un "giro social relativo". La mejor conquista social sería conseguir el objetivo previsto: un aumento del empleo del 2% que situaría el desempleo por debajo del 11% de la población activa, siempre que se consiga que la economía crezca al 3% previsto por el Gobierno.

Tampoco se ha ido demasiado lejos en capítulos que pudieran acompañar la nueva política económica aunque se apunta en la dirección correcta:  esfuerzo para mejorar la productividad y, eso sí, un incremento del 25% en el gasto público para I+ D+i,  cuyos efectos hay que relativizar en razón de la larga maduración de la mejora productiva y del bajo nivel de partida en investigación, desarrollo e innovación.

No es posible pasar de la noche a la mañana de un desarrollo fraguado sobre el ladrillo a otro  basado en la inteligencia; lo que puede hacer el Estado es marcar orientaciones y esperar que la empresa privada, con apoyo de algunas iniciativas legislativas, se apreste a la tarea. En todo caso, más vale desarrollarse ladrillo en ristre que estancarse, aunque no hay que cejar en el empeño -tal como destaca esta misma semana en El Nuevo Lunes José Antonio Herce, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)-  de convertir este país que es la octava potencia mundial en algo más deseable: una economía no sólo potente, sino también avanzada. Solbes ha resistido los embates de sus compañeros de Gabinete para mantener la ortodoxia, pero la gran prueba es el consenso de los aliados circunstanciales. El vicepresidente se ha atado la mano izquierda a la espalda decidido a defender contra viento y marea los equilibrios básicos comprometiéndose a no superar en ningún caso un gasto de 124.500 millones de euros.

Se ha cuestionado, sin embargo, si es absolutamente necesario mantener el presupuesto con un leve superávit, debido a la aportación del excedente de la Seguridad Social, y si no podría permitirse este país un pequeño déficit teniendo en cuenta el escaso peso de nuestro gasto público comparado con el que se permiten las economías vecinas, así como el gran déficit de servicios sociales que padecemos.

No puedo terminar sin referirme a las incertidumbres que nos acosan, como la evolución del precio del petróleo, que el vicepresidente ha previsto en una media de 33 dólares por barril cuando su cotización  actual es de 47. Desde tal incertidumbre, el vicepresidente no se ha atrevido a fijar una previsión de inflación, sino un objetivo: el 2%, en un momento en que  la interanual se sitúa en el 3,3%.