El Trono y el Altar

Maldición! El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha osado preguntar a los españoles sobre la monarquía. Actuó con premeditación y alevosía publicando la opinión ciudadana en el santo del Rey. Comprendo que Acebes, en servicio de oposición permanente, aporree al CIS aunque debería recordar el ninguneo al que sometió Aznar al monarca. Se entiende menos la reacción de cierta prensa más monárquica que el Rey. La autocensura, que es la forma moderna de la censura, sigue imponiendo su ley sobre el último tabú de nuestra democracia. Los resultados de la encuesta, a saber: que más de la mitad de los españoles piensan que es una institución que promete para el pasado, parecería probar la ineficacia de tal censura. También podría indicar lo contrario: la reafirmación de los dueños de la prensa de que la monarquía, delicada flor de lis, necesita una protección especial como las mujeres, los ancianos, los niños y los discapacitados. Me refiero a los dueños de los medios pues la autocensura no es cosa de periodistas, sino de editores.

El hecho de que la encuesta fuera realizada después de la Boda demuestra lo obvio: que el glamour y el desmelene mediático no significan adhesión. La monarquía, como opina el 55% de los consultados, es una institución superada, seis puntos más de lo que la gente opinaba hace cuatro años. A la institución se le reconoce, no obstante, virtudes de estabilidad política. En realidad, la monarquía es la forma de gobierno más inestable, pero una vez establecida provoca más inestabilidad derribarla que mantenerla y en ello está la sensata gente de este país. Nadie moverá un músculo para despedirla, siempre, naturalmente, que no nos salga demasiado cara, que la familia no abuse de sus privilegios y que no reste calidad a la democracia restableciendo viejos resabios dinásticos. Y eso es lo que puede ocurrir si el futuro jefe del Estado no extrema el tiento para que no parezca que añora la tradicional alianza del Trono y el Altar. Recuerde Don Felipe que casi el 80% de los consultados rechazan el origen divino de la monarquía. El diseño de la Boda alimentaba tal mal entendido y lo mismo puede decirse de algunos aspectos de la visita de los príncipes al Papa para recibir su bendición posmatrimonial.

La Princesa estaba arrebatadora toda vestida de negro luciendo con gracia peineta y mantilla, tan españolas. El Príncipe ofrecía una figura deslumbrante con su frac, su banda celeste y su Toisón de Oro, la más preciosa condecoración de la Corona española. La pareja lucía maravillosamente para el álbum familiar pero podría desentonar en los libros de historia por el simbolismo que encierra al presentarse la ceremonia como el cumplimiento de un rito tradicional de nuestra monarquía y al aparecer los príncipes -y el Papa- acompañados de altos representantes de ambos Estados. Se percibía la fruición vaticana por la oportunidad que se les deparaba de propinar un nuevo capón a Zapatero. Toda precaución es poca para evitar que el laicismo estatal quede comprometido por los ritos religiosos de la Familia Real. Es esta una zona de conflicto permanente anidada en las contradicciones de nuestra Constitución que debería superarse en la revisión que se prepara; me refiero a las referencias a los derechos de la dinastía histórica y a las alusiones explícitas a la Iglesia Católica que, como ha recomendado recientemente Gregorio Peces-Barba, deberían eliminarse de nuestra norma fundamental; no aportan más que confusión y son un coladero para actitudes poco respetuosas con el laicismo que no es, como ha dicho un obispo, una religión de Estado, sino la garantía de neutralidad respecto a las creencias de cada cual.

Ahora que se abre el melón constitucional por las presiones nacionalistas es una buena ocasión para depurar las pequeñas adherencias indeseables propias del marco histórico en que fue elaborada. Los constituyentes hicieron un buen encaje de bolillos integrando tres legitimidades contradictorias: la franquista -el Rey no lo era por la Constitución, sino por la gracia de Franco-, la tradición histórica -se reconoce en Don Juan Carlos su legítimo heredero-, y la legitimidad democrática derivada de la proclamación de que la soberanía reside en el pueblo. Lo cierto es que la Constitución, a pesar de sus contradicciones -como la preferencia del varón en la línea sucesoria- y de algunos deficit democráticos -la ausencia de un referendum sobre monarquía o república-, ha sido eficaz a lo largo de los últimos 25 años. Hagamos los ajustes precisos pero lo más prudente es que el Príncipe, de cuya prudencia depende el futuro de la institución, no acoja indeseables anacronismos. No debería olvidar que la restauración de la monarquía española en el último tercio del siglo XX es un milagro y que no hay que abusar de los milagros.