En campaña

La campaña es un término robado por los publicitarios a los militares. Si la guerra es la política por otros medios, también la política es entendida por muchos como la guerra por otros medios. ¿Está siendo esta guerra más sucia que las anteriores? Si uno se dedica a coleccionar insultos, puede dar esa impresión, alimentada por la intensidad con que se han producido en un corto lapso de tiempo. En menos de una semana hemos escuchado cómo la ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas tachaba de asesinos a los de Esquerra Republicana de Catalunya, y por tanto, de cómplices de asesinato a los del PSC y a los socialistas en general; cómo Ramón Luis Valcárcel calificaba de borracho a Pasqual Maragall –“bebe (vino) por hectolitros”– y hasta Elvira Rodríguez, una persona moderada, de talante abierto y liberal, y una técnica de primera –hizo un buen trabajo como secretaria de Estado de Presupuestos y Gasto Público– entraba en liza con descalificaciones del tipo de “los que no tienen reparos en hablar con asesinos”. Esta última comparecencia de la ministra de Medio Ambiente es lo que me indica que Elvira no respondía a un exceso verbal producto de la borrachera electoral, sino a una incitación partidaria, a un argumentario establecido, a una línea de actuación meditada y diseñada por los estrategas del Partido Popular. No obstante, lo más intimidatorio –lo de terrorista sería excesivo– se desprende de las amenazas proferidas por el presidente del Gobierno, de la advertencia aznariana de que peligran las pensiones si el PSOE gana las elecciones.

Un sentido innato del equilibrio y de la simetría me insta a buscar comportamientos similares por parte del PSOE o de Izquierda Unida, pero no encuentro más que el “mariposón” atribuido por Alfonso Guerra a Mariano Rajoy hace mucho tiempo, que pasó por los tribunales y fue desestimado por ellos. La guerra sucia es, pues, mérito casi exclusivo del PP, aunque es de justicia recordar que el candidato Rajoy, que es un hombre educado y a quien parecen repudiar tales excesos, ha recriminado a sus compañeros semejante actitud como también ha hecho Josep Piqué. Sin embargo, no son tales insultos lo que más preocupa en la guerra sucia del PP. La batalla se gana o se pierde en las televisiones, de donde se nutren los indecisos, que son los que deciden, y en este ámbito, la chulería de José Antonio Sánchez, la manipulación a manga remangada de Alfredo Urdaci, condenado en los tribunales por manipulador, y la intoxicación sin fisuras de Antena 3, como han denunciado los trabajadores de esta cadena, entregada por el Gobierno a Lara a cambio de su complicidad, no tienen precedentes en cuanto a intensidad y descaro.

Sobran, por tanto, propaganda y manipulación informativa, pero brilla por su ausencia el reconocimiento del derecho ciudadano a la información contrastada que podría generar los debates. Aquí sí que el equilibrio, la ponderación y la simetría proporcionan malos ejemplos por parte del PSOE en el poder, que sólo aceptó debatir cuando en 1993 temía perder las elecciones. La conclusión es que quien está en el poder y puede esperar la victoria se niegue a dar la más mínima oportunidad al adversario. Sin embargo, el ciudadano necesita el contraste de pareceres, el enfrentamiento en limpio diálogo de los contendientes, la réplica y contrarréplica, que le permiten formarse un criterio fundado, un procedimiento contradictorio que le ayude a enjuiciar las distintas ofertas electorales, un mano a mano entre las dos opciones reales de gobierno que depure la demagogia, que proporcione datos a las vaguedades y a lo que no son más que mensajes publicitarios de equívoco contenido. Es lo que diferencia la información y la documentación de la propaganda. El problema es cómo plasmar el derecho de los ciudadanos a una información de calidad en una fórmula política viable. Se ha sugerido la necesidad de promulgar una norma jurídica al respecto, pero encuentro muchas dificultades en ello: ¿cómo se instrumenta legalmente un coloquio en televisión? ¿se puede fijar un moderador por ley? ¿puede precisar una norma jurídica el tiempo de intervención de cada aspirante y el modo y hasta el escenario en que tal debate debiera realizarse? Todo se puede legislar en este país de legisladores, pero soy muy escéptico en cuanto al resultado. Yo espero más de la conciencia de los aspirantes y de la presión ciudadana; de que sea la opinión pública quien premie a los dialogantes y castigue a los monopolistas del discurso a quienes, valiéndose de su poder, niegan este derecho al adversario. No he perdido la fe, la esperanza ni la caridad, las grandes virtudes teológicas aplicadas a la política. Aún quiero creer en la preeminencia de la ética sobre el ventajismo.