Blanco debe dimitir

En política, como en todo, hay que diferenciar a los que meten la mano de los que meten la pata, pero ambos deben pagar por meterla, por introducir una extremidad donde no deben. Es la diferencia entre la responsabilidad penal por presunto cohecho de los dos diputados de la Asamblea de Madrid, que, de probarse, significaría la cárcel, y la responsabilidad política del secretario de Organización del PSOE, que no exige pruebas, pero que, en casos muy graves, como el que nos ocupa, el más grave ocurrido durante el mandato de la actual dirección socialista, sólo puede llevar a la dimisión. Toda la dirección del partido, tanto regional como nacional, comparte una cuota de responsabilidad en este penoso asunto –“la cuota parte” que diría Felipe– desde los cargos de la Federación Socialista Madrileña hasta el secretario general del partido, pasando por su ejecutiva y su Comisión Federal. Sin embargo, las responsabilidades políticas responden a una lógica diferente a las penales y deben ceñirse al nivel adecuado, mirando las consecuencias últimas que pueden derivarse sobre el partido, cauce ciudadano que merece el mayor respeto. El nivel de la responsabilidad no debe situarse ni demasiado bajo –un pequeño chivo expiatorio– ni a la altura del secretario general, que no tiene por qué enredarse en un asunto de listas de diputados autonómicos. El nivel adecuado es el del secretario de Organización, que es quien se ocupa de buscar las personas idóneas y establecer los equilibrios lícitos y razonables.

La depuración de responsabilidades es siempre triste y a veces injusta, pero quienes asumen altas responsabilidades saben que éste es uno de los riesgos que asumen. José Blanco ha hecho un buen trabajo organizativo desde un puesto poderoso pero ingrato: ha clarificado los censos de afiliados, ha establecido sistemas eficaces para el cobro de las cuotas y ha depurado algunas prácticas nocivas. Su labor ha sido en general positiva en un momento en que el PSOE tenía necesidad de cirugía de distinto calibre, pero no sólo plástica. Sin embargo, ocupaba el puesto más comprometido en el momento en que se han producido unos hechos terribles. Sólo por eso la dimisión sería obligada, pero además se dan unas circunstancias en las que la responsabilidad no sólo es formal, de organigrama, sino también efectiva. En efecto, nadie, ni siquiera el muy perspicaz José Blanco, esperaba que dos diputados fueran comprados por intereses inmobiliarios y, como parece, en conexión con el Partido Popular. Sin embargo, en este caso Blanco asumió un riesgo muy superior al de la probabilidad de que tales hechos se produzcan en abstracto –la venalidad de un representante del pueblo– puesto que el grupito de Balbás olía a distancia. No era presumible que la sangre llegara al río, pues lo acostumbrado es llegar a acuerdos debajo de la mesa, pero quien cuenta con el apoyo de núcleos de perfiles e intereses difusos asume un riesgo adicional y cuando estalla el escándalo no puede el dirigente refugiarse en la imprevisibilidad de las conductas desviadas. Seguro que Blanco, como otros dirigentes, saben más detalles que el resto de la militancia y de la ciudadanía, que quizás sean algún día de conocimiento público pero, al menos, todos conocemos las denuncias de Joaquín Leguina sobre la actuación torticera de los balbases. El nivel debe ser, pues, el de Organización y no más alto como pretende el Partido Popular. Zapatero es responsable de todo como lo es José María Aznar del Gobierno y del Partido Popular, pero no es razonable elevar el tiro hasta el máximo dirigente, una doctrina que convertiría en impracticable tanto el gobierno como  la oposición.

Hay que esperar, pues, que por salud democrática y por el bien del partido y de su afición, que no entendería otra actitud José Blanco, elegido en un congreso y que por tanto sólo puede ser sustituido en otro congreso, presente su dimisión. El propio secretario de Organización ha declarado que desde el día que fue elegido puso su cargo a disposición de José Luis Rodríguez Zapatero. Semejante declaración no puede ser una mera fórmula retórica.

Comprendo que a José Luis Rodríguez Zapatero le acongojará que dimita quien, con Jesús Caldera, integra su núcleo duro. Su dimisión le disminuye, pero no hacerlo sería peor: dejaría indefenso al secretario general en estos nueve meses que quedan para unas elecciones generales decisivas para el futuro del partido. Es cierto que en este Gobierno no dimite ni Dios, aun cuando en algunos casos, como en el de Federico Trillo, Francisco Álvarez-Cascos o Ana Palacio estarían más que justificadas, pero la izquierda no debe adoptar los vicios de la derecha. Un desastre de Zapatero en las próximas elecciones podría significar que el Gobierno del Partido Popular siga gobernando este país por lo menos ocho años más.