Gescartera entra en la fase HSBC

Jesús Caldera no se ha inventado el caso Gescartera ni son los socialistas los que han resucitado artificialmente tan feo asunto. El escándalo camina solo sin necesidad del empujón del PSOE al paso marcado por la instrucción de la juez Teresa Palacios. El informe enviado por la Brigada de Delincuencia Económico-Financiera a la juez de la Audiencia Nacional ha proporcionado nuevos datos que trasladan la atención desde la gestora hacia el HSBC, el misterioso Hong Kong and Shangai Banking Corporation, con sede en Londres, uno de los bancos más potentes del mundo, pero que a lo que parece y parafraseando a lo que Loyola de Palacio dijera sobre Boliden tiene costumbres bastante sucias.

El énfasis se ha deslizado pues desde el vulgar timo organizado hacia los tortuosos canales para blanquear el dinero y protegerlo en inexpugnables refugios suizos. Según el informe policial aludido, este banco es al menos cooperador necesario de la trama, si es que no fue el organizador de la misma, una hipótesis que cobra fuerza en razón de la impresionante levedad del ser Antonio Camacho, el creador del chiringuito y cabeza visible de la estafa, así como de la insuficiencia estructural de la agencia de valores para llevar adelante tan sofisticado montaje. La investigación policial apunta que existen indicios de que a través de las cuentas innominadas se hayan manejado los fondos desaparecidos de Gescartera. En todo caso es innegable la responsabilidad del HSBC como encubridor y encauzador de dinero negro, un fraude a la Hacienda pública cuando no el producto del delito.

Además de la estafa cometida a particulares que confiaron en una institución tan santa que tenía entre sus principales clientes a curas, monjes y policías y al margen de las responsabilidades de los autores de semejante fechoría interesa ahora aclarar la actuación del HSBC y su descaro e impunidad al crear un paraíso fiscal dentro de España, un país donde no existe el secreto bancario. Lo que importa ahora es conocer el mecanismo utilizado para evitar su repetición así como  los titulares de las 163  cuentas secretas de residentes en España por donde se encauzaron casi 13.000 millones de pesetas de dinero negro dirigidas hacia el discreto paraíso suizo. Por lo que vamos sabiendo, el  HSBC ejercía de  “pantalla jurídica” que impedía el conocimiento del verdadero propietario de los fondos, una función que ejercen muchas pequeñas instituciones, pero que resulta sorprendente que pueda practicar un banco de las dimensiones del HSBC. Las declaraciones de su ex directivo en España, Salvador Pastor, ante la juez que aún no han concluido son pues esenciales para la comprensión de este asunto.

Por otro lado, la responsabilidad del Banco de España, que es el responsable de la legalidad bancaria, es evidente. No es, pues, razonable que el Gobierno insista en su teoría de que Gescartera es una gigantesca estafa, un asunto privado, de crónica de sucesos, en el que las administraciones públicas no tienen responsabilidad alguna. No es fácil mantener esta teoría cuando ya han caído como consecuencia del escándalo un secretario de Estado, Enrique Giménez-Reyna y la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente.  Ahora, en la fase HSBC del caso tendrán que dar explicaciones convincentes el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, responsable de la vigilancia de las entidades bancarias y Rodrigo Rato, vicepresidente y ministro de Economía, una de cuyas empresas familiares Muinmo se benefició de un crédito de 540 millones de pesetas difícil de justificar con criterios de operativa bancaria por parte del misterioso banco. El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera ha sido muy duro a este respecto al señalar a Rato como “el punto esencial de protección al HSBC “, “el nudo que lo explica todo”. A este respecto, hay que agradecer, no obstante, la disposición expresada por Rodrigo Rato de comparecer “encantado” ante el Congreso para dar explicaciones cuando reciba el informe de la Comisión de Blanqueo de Capitales sobre las cuentas del HSBC, aunque no parece que el PP esté dispuesto a reabrir la comisión de investigación que, según la oposición, se cerró en falso en septiembre del año pasado. Tampoco vendría mal que la Iglesia explicara cómo han podido producirse las complicidades de altas personalidades eclesiásticas y, sobre todo, debería tomar medidas para que tan malos ejemplos no se repitan. Queda pues todavía mucha tela que cortar.