No deja de ser pintoresco que la transición a la competencia desemboque en lo de siempre: en la tarifa. La respuesta eléctrica a los apagones, en principio envuelta en el eufemismo y ya descaradamente explicita, es inequívoca: o subida de precios o interrupciones de suministro. O tarifón o apagón.

Sin embargo, la culpa de la situación tercermundista que vivimos estos días y que ha alcanzado a las luminarias navideñas no es de las empresas sino del Gobierno. Las empresas, como los ciudadanos, tienen el derecho constitucional, no igualmente practicable sin duda en unas y en otros, de beneficiarse de la legislación vigente y de las torpezas gubernamentales. Las grandes entidades, y sobre todo las corporaciones que viven prácticamente en régimen de monopolio, son siempre sospechosas de condicionar a los gobiernos. Así ha sido en el pasado, pero ahora la situación es a la inversa: es el Gobierno quien controla a las eléctricas más allá de sus lógicas funciones regulatorias en un mercado fuertemente intervenido. En realidad, no hay un dueño fácilmente identificable en estas entidades con millones de accionistas, gobernadas por personas que no tienen un porcentaje significativo de acciones y condicionadas por algunos bancos de referencia. Son, pues, muy vulnerables ante un Gobierno intervencionista, y de hecho, el presidente de la más grande, Endesa, ha sido nombrado por Aznar, y el consejero delegado de la segunda, lo ha puesto Rato, en un sector integrado por dos empresas y tres cuartos.

El Gobierno se encuentra en un brete, pues había vendido las cuantiosas subvenciones al sector, los celebres “cetecés” o Costes de Transición a la competencia –1.6 billones de pesetas de las que ya han cobrado 570.000 millones– como requisitos para la competencia y, por tanto, para el descenso de las tarifas. Ahora vende la congelación como un éxito frente a las pretensiones eléctricas, cuando lo único que se congela es la bajada prevista, inferior a la que hubiera sido posible por tales subvenciones y, sobre todo, por la fuerte bajada de los tipos de interés. La crisis navideña no se justifica, pues, por insuficiencia tarifaria,  sino por opciones estratégicas de las compañías, que han preferido invertir en otros sectores y países confiando en que el mercado nacional ya lo tienen cautivo y que siempre pueden recurrir a la tarifa. El Gobierno no ha sido capaz de aprovechar su protectorado sobre el sector para exigir las inversiones precisas en equipamiento.

¿Qué harán las eléctricas cuando se acabe la transición y empiece verdaderamente la competencia? ¿Qué será de ellas si alguna vez el mercado europeo es mercado y europeo? Uno se pregunta cómo es posible afrontar la competencia subiendo tarifas cuando los precios españoles son muy superiores a los europeos; recordemos que el precio del MWh “carga base” cotiza a 33,38 euros en España, frente a 25,85 en Alemania y 24,88 en Francia. El argumentario sectorial –primero tarifas y luego inversiones– es el mundo al revés. Hay que invertir para poder competir y el capital necesario no debe llegar de las tarifas, o sea, de pasar la gorrilla a los consumidores, sino de los accionistas, de las consiguientes ampliaciones de capital. El problema trasciende el sector eléctrico, pues la energía es un coste importante para las industrias, y éstas no pueden competir en el mundo si parten de costes más altos que sus competidores.

Uno no entiende cómo pueden justificar las eléctricas las subidas tarifarias en un marco de bajada del petróleo, materia prima esencial, y el descenso del precio de dinero, elemento de peso en un sector fuertemente endeudado. Reclamar el ahorro energético, cuando la obsesión de cualquier empresario es vender, nos retrotrae a tiempos felizmente superados.

El sector eléctrico no es, en principio, proclive a la competencia; en parte, por causas ajenas a su voluntad, como por ejemplo los imperativos de su territorialidad, que le convierte en “monopolios naturales”, pero también por causas muy voluntarias, como la resistencia a abandonar un reino maravilloso en el que los grandes beneficios –400.000 millones en 2001– se combinan con la inexistencia de riesgos al estar cubiertos por el anacrónico escudo del escandallo. Lo dice muy bien Antonio Zabalza, presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía: “Cuando las eléctrica dicen que en todo caso la industria nacional tendrá que pagar la electricidad más cara, porque los costes de generación españoles son por término medio más altos que los europeos, muestran tener una visión muy particular de lo que es la competencia. Dado el precio de un mercado europeo plenamente competitivo, los generadores españoles, como los franceses y los alemanes, tendrán que adaptar sus costes a este precio. Quienes puedan hacerlo seguirán en el mercado y quienes no puedan deberán cerrar.”