Nº 483
12/11/2001

¿Es imposible la regeneración democrática?

Muchos ciudadanos y, entre ellos, no pocos que habían votado en otras ocasiones al Partido Socialista recibieron con alivio las propuestas de regeneración democrática lanzadas por el Partido Popular desde la oposición. Tras cinco años de gobierno de este partido, semejantes propuestas no se han concretado y en no pocos casos lo que se ha producido ha sido lo contrario: avances en el camino de la degeneración democrática.

¿Tales promesas se hicieron sin el menor ánimo de cumplirlas, con el único pero inconfesado propósito de obtener el poder a cualquier precio? Sinceramente creo que no ha sido éste el caso. Aunque es convicción general que el Partido Popular no regateó medios, algunos de ellos sucios, y aunque no tuviera escrúpulos incluso en poner en peligro la seguridad del Estado, creo que José María Aznar era sincero en su cruzada de regeneración política.

¿Qué ha ocurrido entonces? Sólo se me ocurren un par de explicaciones que se me aparecen con los perfiles del dilema. O bien el presidente ha dado marcha atrás en sus buenas intenciones al llegar al poder como un efecto irresistible del endiosamiento monclovita, o bien no ha podido hacer otra cosa en razón de la dinámica política y del egoismo partidario.

El caso más flagrante tiene que ver con la doctrina proclamada en tiempos opositores sobre las responsabilidades políticas, que tras el caso Gescartera ha quedado fulminada. Aznar y compañía reclamaban airadamente la dimisión de quienes habían nombrado a los administradores corruptos, conniventes o simplemente inútiles. Este principio no se ha aplicado a quien designara a Enrique Giménez-Reyna para el cargo de secretario de Estado de Hacienda ni a Pilar Valiente y Luis Ramallo como respectivos presidenta y vicepresidente de la CNMV.

Éste es el caso más flagrante pero el mosqueo más persistente es el runrún sobre la posible presentación de José María Aznar como candidato presidencial en las próximas elecciones generales. El presidente desplegó en su día mucha pedagogía en contra de la permanencia durante más de dos mandatos en los altos puestos de representación política.  Algo, en efecto, muy convincente, pues la excesiva permanencia en el poder genera corruptelas y vicios de funcionamiento: arrogancia, clientelismo, distanciamiento de la realidad, enjaulamiento dorado y tantos otros efectos indeseados. Este espíritu tan constructivo y regenerador ha sido ya burlado en el ámbito de las comunidades autónomas: es el caso de Manuel Fraga en Galicia y serán, probablemente, los de Zaplana en Valencia y de Ruiz-Gallardón en Madrid. Hasta ahora, Aznar mantiene oficialmente su palabra, sin embargo, no es difícil percibir toda una campaña para justificar su reelección y una presión irresistible para el líder carismático que pudiera llevarle a una nueva inmolación en aras del bien nacional. El presidente empieza a relativizar la contundencia de su promesa. Podría revisar su firme promesa en caso de guerra o riesgo de segregación nacional, algo tan ambiguo como tremendizable.

No quiero aburrir a mis pacientes lectores con una enumeración de  ejemplos de la frustrada regeneracion democrática; aludiré simplemente al abuso partidario de RTVE y demás medios públicos de prensa; a la política de nombramientos y utilización partidaria de empresas privatizadas; a la politización de la justicia y, en particular, la utilización  desvergonzada de la Fiscalía, entre otras cosas, para apartar al ministro Piqué del cáliz Ercros y, como contamos esta semana, el copo de la sociedad civil por parte del Partido Popular. Todo ello me lleva a reiterar mis preguntas: ¿Los políticos pierden la memoria al llegar al poder o es tal su afición al mismo que están dispuestos a todo para mantenerlo?

Militar y ciudadano

Me parece una gran noticia que el Tribunal Constitucional haya reconocido el derecho de los militares a asociarse más o menos como el resto de los ciudadanos, una sentencia que quizás haya sido eclipsada por la de Isabel Preysler y sus granitos.

Los militares empiezan a perder su condición de casta aislada de sus conciudadanos tal como se han sentido y han sido considerados a través de los siglos. La desaparición de la mili obligatoria y la consiguiente profesionalización de los ejércitos han marcado un antes y un después. Ahora, el Tribunal Constitucional ha dado un importante paso para que los militares sean reconocidos como unos profesionales como los demás, que se ganan la vida con su trabajo aunque todavía sin derecho a sindicarse y no como un sacerdocio de salvadores de la patria. Falta actualizar las Ordenanzas de 1979, sobre cuya constitucionalidad debería ocuparse el alto tribunal. 

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