De las medidas valientes,  líbranos Señor

José GARCÍA ABAD

Cuando oigo hablar de medidas valientes, de planes de choque o de ambiciosos paquetes legislativos me echo la mano a la cartera. La experiencia no engaña: derroche o propaganda habemus. O simple cortina de humo. ¿Por qué necesitan los gobernantes de dramáticas escenificaciones? A mí me tranquilizaría más los nervios si el Gobierno aplicara su acción y administrara los dineros públicos discreta y eficazmente como hace el empresario ordenado o, sin ir mas lejos, un prudente padre de familia.

Cuando un ministro como Jaime Mayor Oreja no está a la altura de sus responsabilidades alborota con un paquete de medidas. Frente a la ineficacia en la dirección de las fuerzas de orden público se saca de la manga un papel, que si bien no resuelve el problema que es para lo que le pagamos, abre los telediarios, trocando durante unos días la gestión por la agitación. ¿Cree realmente el ministro que, por ejemplo, el terrorismo menor se cura elevando las penas de los jóvenes delincuentes? Sería un insulto a la inteligencia de Jaime Mayor que no puede negar que con las leyes vigentes sobran posibilidades de reacción. ¿Cómo no iba a ser así tras 30 años de terrorismo feroz? Lo que el ministerio y, por supuesto, el Gobierno vasco deberían hacer es muy sencillo y ellos lo saben mucho mejor que yo: hacerles al menos la vida un tanto incómoda a quienes hoy, a cara descubierta, impunes y desafiantes se aplican con fruición a la orgía pirómana. Se les conoce, salen en la tele, constan sus nombres, apellidos, domicilio y bares de esparcimiento. No se necesitan leyes para meterlos en la cárcel 20 años; a veces con que pasen dos o tres días en una comisaría y se les ponga una multa compensatoria podría ser suficiente. Basta con la constancia de que sus vandálicas diversiones de fin de semana no les saldrán gratis.

Algo más complejo es el asunto del Plan Hidrológico Nacional. ¿Cuántos planes se han hecho en España sobre una supuesta racionalización de las aguas desde Franco hasta nuestros días? ¿Cuántas veces no se habrán invocado los respetables tópicos sobre la solidaridad entre los hombres y las tierras de España? Ahora el estribillo es el de la valentía para asumir un proyecto que pone a prueba la solidaridad y la coherencia de partidos y comunidades.

Bueno, pues de valentía y coraje políticos menos, porque lo que se nos ofrece no es un verdadero Plan Hidrológico –Nacional–, sino la envoltura en celofán de un simple trasvase del Ebro hacia el Mediterráneo. Una simple ojeada a lo que se sabe del proyecto ya indica la astuta demagogia del Gobierno. Es un plan a largo plazo en el que cabe todo, donde se engloban mil partidas dispersas para juntar la cifra requerida, donde se juntan las inversiones concretas con las promesas genéricas que sólo los presupuestos de cada año situarán en su verdadero valor. La confusión está sembrada, ahí están mezcladas las churras con las merinas. El nuevo plan es como una gran lotería en la que todas las comunidades tienen premio. Hasta Asturias, donde no hay más problemas que una lluvia excesiva, recibirá más de medio billón de pesetas. Es una valentía falsa porque al final la única región realmente sacrificada es Aragón, una comunidad pobre y escasamente poblada y por tanto con un yacimiento de votos escuálido, una capacidad de amenaza casi inexistente, y además gobernada por los socialistas. Y en el lado del haber el aplauso de la España poblada y rica del Levante español, de Valencia, Murcia y Cataluña.

Pero independientemente del espinoso asunto del reparto de aguas me preocupa que el Gobierno no haya justificado suficientemente las grandes inversiones necesarias en obra pública. El plan se ha cifrado en unos tres billones de pesetas –un billón menos de lo que hemos perdido al regalar las licencias de UMTS– pero en realidad si uno mira las obras propiamente dichas no llegarán a los 100.000 millones, lo que ya es considerable si es posible ir tirando con menos ínfulas faraónicas.

Me preocupa la fuerza incontenible de la conspiración del cemento. De la coalición tácita pero segura de constructoras, consultoras, ingenieros de caminos y políticos. De la alianza entre el dinero, los intereses corporativos y la ansiedad política de obras inaugurables. El Gobierno tendrá que demostrar que no participa en la conspiración, que las necesidades de determinadas actividades y comarcas no se pueden resolver con obras menores; ahorrando donde se dilapida –no estaría de más mandar una misión técnica a Israel para aprender cómo se saca el máximo rendimiento de unos recursos escasos–; mejorar conducciones; racionalizar aguas subterráneas, castigar efectivamente el fraude, aplicar una política tarifaria realista –que el agua cueste lo que vale–, estudiar económicamente la desalinización del agua del mar, tirar más del reciclado para determinados riegos, etc. En definitiva, actuar como un sensato administrador de los caudales públicos.