EL VIA CRUCIS DE LARA

El estreno bursátil de Antena 3 ha comenzado siendo un camino de rosas, pero las diversas dificultades que todavía atraviesa la cadena pueden convertirlo en un sendero espinoso. El balance de pérdidas con las que cerrará este ejercicio, así como el recorte de plantilla, el litigio multimillonario con Bias Herrero o la inestabilidad en su estructura accionarial provocada -entre otras cosas-, por la ley de Televisión Privada, dejan a la cadena presidida por José Manuel Lara Bosch ante un futuro incierto, en el que todavía se divisan más sombras que luces.

Por Fermín Núñez

La segunda cadena de televisión que ocupa el parqué bursátil estrenó el pasado miércoles su entrada en el o con buenos resultados. Contra todo pronóstico, las acciones comenzaron cotizando a un precio superior a los 25,20 euros por acción que la propia compañía había tomado como referencia previa a su salida a Bolsa, cerrando su primera jornada en el parqué con un 8,13% de revalorización. Pero este óptimo panorama no logra ocultar los problemas e incertidumbres a los que continúa enfrentándose la cadena y que están labrando una imagen de inestabilidad muy perjudicial para sus intereses.

En primer lugar, la compañía gestionada por Planeta y presidida por José Manuel Lara Bosch se enfrenta a un balance de pérdidas que alcanzará a final de año los 91 millones de euros, el triple de las que tuvo en 2002. Como consecuencia de este agrio panorama económico -causado sobre todo por la crisis publicitaria-, la obtención de beneficio se ha convertido en el primer y único objetivo de Lara a corto plazo. Unos beneficios que -según ha estimado recientemente el propio presidente-, alcanzarán un volumen de entre un 20% y un 25% en 2004.

Pero para ello se hace necesario recortar el gasto, y con ese cometido fue contratado hace meses el consejero delegado de la compañía, Maurizio Carlotti, quien hace años ya se había encargado de reflotar Telecinco hasta dejarla completamente saneada. Para hacer otro tanto en Antena 3, el máximo ejecutivo ha apostado desde el principio por un fuerte recorte de la plantilla como parte fundamental de este programa de reducción de gastos. la iniciativa se ha materializado en un polémico Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, tras unos primeros intentos de negociación en medio de sucesivas protestas, paros y huelgas de una buena parte de los más de 1.900 empleados, ha derivado en una definitiva ruptura con los mismos. A pesar de que los 390 despidos planteados inicialmente se han limitado a 254, el descontento general de la plantilla y el proceso paralelo de la salida a Bolsa ha dejado a Antena 3 en una situación ciertamente delicada de cara a sus inversores. Por si esto fuera poco, el expediente también ha sido desacreditado por las Administraciones autonómicas de Madrid y Cataluña, que en sendos informes se han mostrado contrarios a la petición de despido planteada por Carlotti, alegando que las "causas económicas negativas" y "el sobredimensionamiento de la plantilla" alegados no tienen ningún fundamento. Ahora la decisión final sobre el recorte de plantilla la tiene el Ministerio deTrabajo (a donde ha llegado toda la documentación sin el acuerdo de los sindicatos). Aunque esos dictámenes autonómicos no son vinculantes, sí podrían influir sobremanera en esta resolución definitiva, que algunos expertos ya vaticinan no podrá tener lugar antes de un año.

El tercer problema que se plantea en el horizonte de la cadena es el mismo que ha precipitado su salida a Bolsa. La nueva Ley de Televisión Privada pergeñada por el Gobierno el año pasado estipula que ninguna persona física ni jurídica que participe en el capital de una televisión podrá participar en otra, sea cual sea su ámbito de cobertura. Esto obligó a Telefónica a desprenderse de su participación de control en Antena 3 debido a la incompatibilidad que -de acuerdo a la citada norma-, planteaba su permanencia en Sogecable, en donde controla un 23% del capital. La operadora contaba con un 60% de la cadena, lo que hacía harto difícil una venta, ya que suponía un coste excesivamente elevado para un solo comprador. Por eso, con el fin de facilitar la adquisición, Telefónica decidió reducir su participación del 60% en la cadena regalando a sus accionistas la mitad de esos títulos (a razón de uno por cada 295,6 acciones de la operadora). Ese calculo estima que, en total, la operadora repartirá 16,66 millones de acciones entre más de 750.000 accionistas, muchos de los cuales son minoritarios. Hecho esto, a Telefónica sólo le restó colocar el resto de su paquete de control (25,1 %) a Planeta y DeAgostini. De este modo, estas dos compañías se hicieron con el control de Antena 3 con un 27,6% y anunciaron su inminente salida a Bolsa. El resto del accionariado se reparte entre RTL Group (17,4%), el grupo Santander (15,5%), Telefónica (que conserva un 4,2%) y los accionistas de la operadora (30%).

Pero lo cierto es que esta estructura accionarial se ha hecho inestable. Por un lado, porque Telefónica está obligada a deshacerse antes del 29 de noviembre de esa participación minoritaria que conserva en la cadena. Por otro, tras la colocación en Bolsa del 30% que poseía -la mayoría en manos de pequeños accionistas-, han comenzado a aparecer nuevos aspirantes a entrar en la compañía de medios. En la primera jornada de cotización, la firma Morgan Stanley y un broker ciego (cuya identidad era aún desconocida a cierre de esta edición), fueron los compradores más significativos (y con ello, también los culpables de la subida de las acciones en el parqué). Y aún no está claro si ambos actúan de intermediarios para otras sociedades o como fondos de inversión (con el objetivo de quedarse con una participación significativa en la cadena). Por último, otro asunto a tener en cuenta es el efecto inesperado que la incompatibilidad impuesta por la Ley de Televisión Privada tendrá sobre el devenir bursátil de Antena 3. Aunque el espíritu de esta norma era impedir la constitución de grandes paquetes de control por parte de grandes compañías, ahora también obligará a numerosos accionistas a optar entre los títulos de la cadena de Lara y los de Sogecable. Es decir, la misma elección que ha tenido que hacer Telefónica con sus propias acciones. Es el caso del BBVA, que ostenta un 1,4% de esas acciones a través de su participación en la operadora, y a la vez, también un 3,87% del capital de Sogecable.

Para impedir los efectos que todos estos problemas pueden tener sobre el control de Antena 3, a José Manuel Lara sólo le quedan los acuerdos existentes entre Planeta, DeAgostini, RTL y Santander. En virtud de esta alianza estratégica, el grupo Santander se compromete a mantener al menos un 10% de su participación hasta el 25 de junio de 2006, lo que significa que podría deshacerse de otro 5,9%. Por su parte, Planeta-DeAgostini y RTL incrementarían sus participaciones de forma proporciona¡ hasta alcanzar respectivamente un 49,9% y un 35%. Pero los accionistas de Telefónica que han recibido títulos gratis conocen este deseo y -según vaticinan los expertos- intentarán vender cuando las acciones alcancen un valor máximo. Y les dará igual esperar, habida cuenta de que no corren riesgo alguno. Claro que eso sólo sucederá si la alianza societaria de Antena 3 no entra en conflicto legal, como parece deducirse de lo establecido por la Ley de Transparencia promulgada el pasado julio, que deroga los acuerdos "parasocietarios" firmados en las empresas cotizadas.

Por si todo ello fuera poco, aún falta por resolver uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la casa mediática de José Manuel Lara Bosch. Y este enésimo escollo en el camino de Antena 3 tiene nombre y apellido: Bias Herrero. Y es que, aunque el pulso mantenido entre Lara y el empresario asturiano es sólo uno de los once litigios que Antena 3 tiene aún pendientes por diversos motivos, el de Herrero es el único que por si sólo hace peligrar, y mucho, todo el futuro de la cadena.

Blas Herrero es presidente del Grupo Radio Blanca-Kiss FM, dueña de una importante red de emisoras que desde julio de 2001 están asociadas a Onda Cero, la filial radiofónica de Antena 3. El pacto, de diez años de duración, establecía que el pago a Herrero por el uso de las emisora se realizaría mediante un fórmula basada en el número de oyentes de Kiss FM. De este modo, para el primer año, los ingresos netos de Herrero se estimaban en nueve millones de euros más la subida del IPC, resultantes de multiplicar los 500.000 oyentes de las emisoras de Radio Blanca cuantificados entonces a razón de 18 euros por cada uno de ellos. Esa cantidad iba aumentando progresivamente hasta el año 2011, fecha en que -si nada cambiaba y en virtud a una audiencia de casi un millón y medio de oyentes-, el empresario asturiano percibiría 37,53 millones de euros más la subida del IPC. Así mismo Onda Cero se comprometía a garantizar el cumplimiento del contrato a través de un aval bancario al año hasta la extinción del acuerdo, lo que suponía comprometer un total de 288,4 millones de euros. Junto a ello, ambas partes acordaron que -en caso de que Onda Cero no satisficiera enteramente la cantidad mínima garantizada para cada ejercicio-, Herrero podría reclamar directamente el aval al banco.

Un año después de la firma del acuerdo, en octubre de 2002, Herrero suscribía un pacto complementario con el nuevo presidente de la filial de Antena 3, Javier González Ferrari, con el fin de definir el término de audiencia media para el año 2002. La suma de oleadas del EGM dio un total de 1. 121 .000 oyentes de Radio Blanca, lo que suponía unos beneficios para Herrero mucho mayores de los que Onda Cero había previsto inicialmente. Pára evitar el desembolso de una cantidad astronómica, en mayo de 2003 los nuevos dueños de Planeta sometieron el acuerdo a un arbitraje defendiendo que debería tomarse el baremo de "audiencia media" frente al de "audiencia acumulada" esgrimido por el asturiano. Por su parte, Bias Herrero contraatacó con otro arbitraje por incumplimiento de contrato, en el que exigía una indemnización por daños y perjuicios de 600 millones de euros, es decir, más del doble del valor que se dio a la propia Onda Cero cuando fue comprada en su totalidad por Antena 3. Pese a que este litigio no se resolverá hasta marzo del próximo año, el grave riesgo para los accionistas que supondría perderlo no ha sido apenas tenido en cuenta porAntena 3 en el folleto que envió a.la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes de salir a Bolsa. De él sólo hacen mención los auditores de Deloitte & Touche España, cuando dicen: "no es posible evaluar, de manera objetiva, el impacto que pudiera tener en los estados financieros intermedios adjuntos la resolución final de este proceso". El propio Blas Herrero ha avisado a la CNMV del posible alcance para los accionistas de este asunto, pero, pese a todo, el organismo ha acabado dando luz verde a la salida a Bolsa.

Como no podía ser de otro modo, toda esta suerte de "calamidades" que se perfilan en el futuro inmediato de Antena 3 tienen un colofón muy importante, aunque poco valorado hasta ahora: el de las radios digitales que Onda Cero ostenta vulnerando la legislación vigente. Y es que, en los últimos años, la emisora ha ido sumando a su propia concesión digital, las de Radio España, Onda Rambla, y Quiero TV (esta última controlada por el grupo Santander). Pese a que la ley no permite tener control más que sobre una única concesión, hasta ahora a Antena 3 se le ha permitido conservar las cuatro. Mientras, otros grupos como Vocento al fusionarse con Prensa Española (ABC)-, han tenido que deshacerse de alguna para no contravenir la norma.