PRESIONES POLÍTICAS PARA ABSOLVER
A ÁLVAREZ DEL MANZANO

Tras ser condenado en primera instancia a pagar más de 100.000 euros por lo que el Tribunal de Cuentas estimó unos pagos y subvenciones irregulares cuando era alcalde de Madrid, el actual presidente de IFEMA, José María Álvarez de¡ Manzano espera ahora la decisión definitiva de esta institución sobre su recurso de apelación a esta sentencia. Pero aunque hasta el momento la evolución del caso ha sido muy favorable a los demandantes -varios dirigentes del PSOE, que además han presentado por escrito una oposición a este recurso-, la presión política puede hacer que la Sección encargada de revisar la apelación acabe absolviendo al ex alcalde. El SIGLO ha tenido acceso a todos estos documentos.

Por Fermín Núñez

Visto para sentencia. El ex alcalde de Madrid y presidente de la Feria madrileña IFEMA, José María Álvarez del Manzano, se enfrenta a un nuevo fallo de¡ Tribunal de Cuentas que podría estallarle al PP en la cara a pocos días de las elecciones de Madrid. la presunta financiación irregular de sus viajes privados y los de su cónyuge, así como las donaciones benéficas y los regalos cargados todos ellos a una cuenta de¡ Ayuntamiento de la capital, ya fueron objeto de una condena de esta institución, que el pasado 10 de abril decidió que Álvarez del Manzano debía pagar una cantidad de 103.620,19 euros. Contra esta sentencia, el demandado interpuso un recurso de apelación, iniciando una nueva fase que ha culminado con la presentación de un escrito de oposición al mismo por parte de los demandantes del PSOE. EL SIGLO ha podido acceder a ambos documentos, que decantarán al Tribunal bien hacia la ratificación de la condena o hacia la absolución de Manzano. Pese a que hasta el momento el proceso ha ido dando la razón a los socialistas, los consejeros que ahora deben decidir definitivamente sobre la culpabilidad o inocencia del ex alcalde podrían estar siendo presionados desde el entorno de¡ Pártido Popular para que se decanten por la absolución.

El pasado 29 de abril, el todavía alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano presentaba un recurso de apelación a la sentencia que días antes le había condenado, y cuya decisión final tiene una importancia crucial para un político muy significativo en el PP de Madrid, que pese a no ser renovado en la alcaldía, ha obtenido un premio honorífico situándose en la presidencia de la Feria madrileña IFEMA.

En la apelación a la que ha tenido acceso EL SIGLO, el ex alcalde justifica su inocencia en que 'no existe a nivel local, ni estatal normativa alguna que delimite qué está incluido en este tipo de gastos de representación, protocolarios o de tipo benéfico-social [ ... ) y cómo han de justificarse'. Por tanto, considera que falta un requisito esencial para que se pueda apreciar la existencia de un alcance" y que "al no existir normativa específica, no ha podido existir ni dolo ni culpa ni negligencia grave". Esta es la base fundamental del recurso, aunque también hace referencia a la falta de justificación de los pagos en firme (argumentando que basta acreditar 'que las correspondientes cantidades han sido destinadas a los fines para los que figuran consignadas en el presupuesto de gasto') y a la arbitrariedad con la que actuó la sentencia "a la hora de determinar qué es admisible y qué no lo es".

Estos argumentos han dado lugar a un escrito de réplica de¡ PSOE al que también ha podido acceder esta publicación, y en el que se niegan todos esos supuestos esgrimidos en el recurso. Afirma, en primer lugar, que existe una Orden del Ministerio de Economía y Hacienda (de 1989) que especifica claramente cuál debe ser el destino de cada partida presupuestaria. También, que "el Alcalde sabía que estaba utilizando un mecanismo irregular' y que ni los viajes privados del alcalde y su esposa, ni la concesión arbitraria de donativos, ni la adquisición de joyas podían ser financiados con dinero público y, por tanto, constituyen una malversación de fondos. Respecto a la supuesta arbitrariedad de la sentencia, los demandantes califican esa imputación de "ataque nada velado a la función juirisdiccional del Consejero que la dictó, y que "se acerca a la imputáción al juez de un delito de prevaricación".

Fuentes solventes han declarado a EL SiGLO que los miembros de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas -la encargada de tomar una decisión definitiva sobre la inocencia o culpabilidad de Álvarez del Manzano-, podrían estar siendo sometidos a presiones políticas por parte del PP para que finalmente la balanza de la justicia se decanté del lado del ex alcalde. La importancia del caso que involucra a una de la principales figuras del PP madrileño, que en la actualidad ostenta la presidencia del IFEMA, un cargo menos politico pero aún muy representativo en la capital-, así lo requeriría para que una sentencia desfavorable no supusiese para los populares un. escándalo en año de importantes citas electorales. EL SIGLo ha intentado recabar la opinión de Álvarez del Manzano sobre estas informaciones, pero éste -a través de un portavoz- ha rehusado hacer declaraciones.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas está compuesta por cuatro Consejeros. Felipe García Ortiz, el primero de ellos, elegido a propuesta del PSOE, ha sido el encargado de juzgar en primera instancia al ex alcalde, por lo que corresponde a los tres restantes decidir sobre la apelación. La primera es la presidenta de la Sección, Ana Pérez Tórtola. Elegida a propuesta del PSOE, pertenece a la asociación Jueces para la Democracia, y forma parte de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas. Fue elegida como consejera en la última renovación del Tribunal de Cuentas, a finales de 2001. Hasta entonces había ejercido en Valencia y Barcelona, pasando por el Consejo General del Poder Judicial y por la Sección Sexta de la Audiencia Provincia¡ de Valencia.

Los otros dos consejeros han sido elegidos a instancias del PP. No obstante el primero -Javier Medina Guijarro-, tiene un perfil político bajo: se trata de un funcionario que entró por consenso de PP y PSOE en la misma renovación que Pérez Tórtola, después de haber desarrollado los últimos años de su carrera en el seno del Tribunal de Cuentas.

Junto a él se encuentra Antonio de la Rosa Alemany, un consejero experimentado y muy implicado en la política. Ocupa el cargo desde 1991 (cuando el PP aún no estaba en el poder) y había sido funcionario del Tribunal desde 1964. Tiene relación de parentesco con Rodrigo Rato (es hermano de José de la Rosa y concuñado del vicepresidente económico) y ha protagonizado alguna que otra decisión polémica y muy criticada en su momento por la oposición: en junio de 2000 intentó frenar la investigación que el Tribunal de Cuentas realizaba a Josep Piqué por la condonación a la empresa Ercros de un crédito de 8.500 millones de pesetas que le habíá concedido el Instituto de Crédito Oficial cuando la empresa la presidía el actual candidato a la Generalítat de Cataluña. El préstamo fue aprobado por la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, cuyo máximo responsable era Rodrigo Rato.

Con todos estos antecedentes de los consejeros, Ana Pérez Tórtola podría responder a las demandas del PSOE ratificando la condena a Álvarez del Manzano; y Antonio de la Rosa podría abogar por la absolución. Dado ese caso, la decisión final sobre la culpabilidad o la inocencia podría depender, curiosamente, de Javier Medina, un consejero que aunque menos decantado políticamente hacia uno u otro bando, debe su cargo en el Tribunal a una propuesta del Partido Popular.

Sea como fuere, la decisión de los consejeros respecto a la apelación del presidente de IFEMA será definitiva, ya quedado que el alcance es inferior a los 120.000 euros-, contra ella no cabe recurso ninguno ante instancias superiores de justicia.

Unospagan votros no quieren

En caso de que Álvarez del Manzano fuera definitivamente absuelto, esta sentencia supondría un agravio comparativo respecto a otros asuntos similares que han tenido resultados bien distintos en el Tribunal de Cuentas. El antecedente más conocido es el de la ex directora general de Radio Televisión Española, Pilar Miró, a quién a finales de 1988 se le imputaron unos gastos en vestuario v regalos que presuntamente había cargado a cuenta del Ente público. El escándalo precipitó su salida de RTVE, a pesar de que -tras una auditoría oficial que reveló las anomalías- devolvió todo el dinero gastado mediante un cheque por valor de 2.127.215, atajando la posibilidad de ser condenada por este Tribunal.

Otro caso, mucho menos conocido pero con igual resultado, es el del antiguo alcalde del municipio pacense de Alburquerque, Juan Viera, quien en 1990 fue condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 300 millones de pesetas por malversación de caudales públicos (según su versión, había destinado el dinero municipal a construir viviendas). Una cantidad que sigue pagando religiosamente a día de hoy, a razón de 600 euros al mes.

El caso de Álvarez del Manzano se remonta al año 2000, cuando los dirigentes del PSOE de Madrid Cristina Narbona, Maltide Fernández, Ruth Porta y Rafael Simancas, todos ellos representados por el letrado José Mariano Benítez de Lugo- le demandaron por presuntas irregularidades en diversos gastos cargados a una cuenta del ayuntamiento madrileño. La acusación consideraba que hubo "menoscabo de caudales públicos en las siguientes partidas, con 'destinos ¡lícitos': 'viajes no institucionales del Sr. Alcalde, viajes no institucionales de la Señora del Sr. Alcalde, donativos concedidos arbitrariamente por el Sr. Alcalde, donativos carentes de justificación, donativos que encubren subvenciones y compra de joyas sin especificar destinatario". El montante total de todos ellos, según el PSOE, ascendía a 183.111,89 euros.

El Tribunal de Cuentas optó por aceptar parcialmente estas imputaciones y tuvo en cuenta los argumentos del Ministerio Fiscal, que contrariamente a lo que suele ser habitual en este tipo de demandas, se había puesto claramente del la do de la acusación, aunque advirtiendo que alguna de las responsabilidades imputadas al entonces alcalde de Madrid ya habían prescrito en ese momento. Con ello, el Tribunal decidió condenar al alcalde, estimando que se había producido "una infracción de la normativa presupuestaria con perjuicio al erario público [ ... ) del que es responsable D. José María Álvarez del Manzano". Un comportamiento "gravemente negligente porque produjo los perjuicios sin observar la más mínima diligencia, ya que [...) posibilitó una total discrecional ¡dad y subjetividad en la realización de ciertos gastos..." Por todo ello, y teniendo en cuenta la prescripción de alguno de los hechos imputados, el pasado 11 de abril el ahora presidente de IFEMA era declarado culpable, aunque veía reducida la cuantía del alcance del delito a 103.620,19 euros.