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El título del artículo muestra la posición que mantengo respecto al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, un texto al que se pueden poner bastantes peros, pero que considerándolo en su conjunto, y sobre todo teniendo en cuenta el significado histórico que tiene, creo que debemos apoyar. Estoy de acuerdo en que una Constitución con 448 artículos a duras penas merece el nombre de tal debido a su extensión. Pero ésta se explica por el procedimiento por el que ha sido elaborada y por el significado que tiene en tanto que viene a sustituir a los principales Tratados europeos existentes, desde el Tratado de la Comunidad del Carbón y el Acero (CECA) de 1951 hasta el de Niza de 2000. Además, recordemos que su contenido debe dar satisfacción nada menos que a 25 Estados que componen la Unión, procedentes muchos de ellos de historias y realidades políticas diferentes, y a los 450 millones de habitantes que los componen. De hecho, no estamos propiamente ante una Constitución, sino ante un Tratado "que incorpora una Constitución", o sea, ante un "Tratado Constitucional Este aspecto
ha sido bastante criticado porque su redacción no facilita precisamente
su lectura y comprensión por parte de los ciudadanos, y no es sano
en democracia aprobar algo que no se conoce. Creo que este es uno de los
principales inconvenientes del referéndum convocado por el Gobierno
para el próximo día 20, la dificultad de hacer llegar un
contenido demasiado prolijo
al conjunto de la ciudadanía, aunque confío en que con la
capacidad de que disponen los medios de comunicación para hacer
llegar todo tipo de mensajes hasta el último rincón, el
día de la votación cada
uno se haya formado una idea elaborada sobre el asunto. Mi opinión, tal como vengo manifestando desde hace años, es que la economía de mercado en la que vivimos nos ha proporcionado indudables beneficios, pero ese mercado, tal como han puesto de manifiesto economistas tan poco sospechosos como Joseph Stiglitz, produce fallos para los que se necesita la función correctora de la intervención pública. Así se ha demostrado a lo largo de los años, en los que el progreso ha sido fruto de la combinación del mercado y la intervención pública. Creo que es necesario preservar ese modelo que permite el avance económico unido a políticas sociales para paliar desigualdades y proporcionar igualdad de derechos. Que sobre este aspecto haga escaso hincapié el Tratado me lleva a ponerle reparos, aunque ciertamente limitados porque tampoco impide el desarrollo de políticas sociales. Así lo han entendido los sindicatos CC 00 y UGT, que han pedido el voto afirmativo en el referéndum sobre la Constitución precisamente porque entienden que refuerza los derechos laborales y sociales. Creo que el Tratado constituyente debemos abordarlo con memoria histórica, recordando de dónde venimos, cómo se produjo nuestra incorporación a Europa, lo que ha significado de positivo para nosotros durante todos estos años y el papel que España ha jugado en la construcción europea. El Tratado no nos quita nada y consagra para los 25 Estados miembros valores como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Los retos de la UE son precisamente corregir esas desigualdades, hacer que la UE funcione teniendo en cuenta la diferente procedencia de los Estados que la integran, hacer frente al reto de la inmigración, generar empleo suficiente y garantizar la paz en el mundo, objetivos que se conseguirán luchando contra la pobreza y el hambre en el mundo y para los que debería servir esta Constitución.* *Rector de la Universidad Complutense de Madrid |