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| Nº 579 - 24 de noviembre de 2003 |
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La
economía en la Constitución
La Constitución española cumple 25 años. Visto a distancia, parece lógico que este país, tras años de dictadura, se dotara de una Constitución, resultado, entre otras cosas, del crecimiento económico y modernización que venía teniendo la economía española desde los inicios de los años sesenta. Sin embargo, las cosas no fueron tan simples. la Constitución, y ese fue uno de los grandes aciertos, nació de un consenso entre las principales fuerzas políticas que tuvieron, en las elecciones del año 1977, una amplia representación parlamentaria. Pero siempre, desde que se iniciaron los debates para su elaboración, y con posterioridad una vez aprobada, estuvo amenazada por las fuerzas de extrema derecha y la violencia terrorista de ETA. Unos años después de su aprobación se intentó un golpe de Estado contra ella y hubo varios amagos que por fortuna no prosperaron, Hoy en día se encuentra firmemente asentada entre la población, y aquellos peligros antiguos han desaparecido, aunque queden pendientes problemas aún sin resolver de un modo satisfactorio, como es la cuestión del nacionalismo vasco, y en menor medida, pues no me parece que se encuentren en la misma dimensión, a pesar de¡ resultado de las últimas elecciones, el nacionalismo en Cataluña. La Constitución, por tanto, se elaboró en un momento político y económico difícil. En efecto, no se debe olvidar que, aparte de lo dicho, la economía de los países ricos, después de un largo ciclo de crecimiento, entró en crisis en 1973 y altos niveles de inflación y paro creciente se abatieron sobre casi todas ellas, incluyendo la economía española, que precisamente por ser la más vulnerable padeció en gran medida los dos, aun cuando hubo un descenso de la subida de precios después de los Pactos de la Moncloa, viviéndose en el año 1978 una cierta recuperación. la transición hacia la democracia se dio en un contexto de crisis que dificultaba sin duda dicha recuperación. No obstante, se impuso la razón y el sentir mayoritario de los españoles, que querían vivir en paz y deseaban una democracia, dejando atrás, aunque sin olvidar, (no es bueno padecer nunca amnesia histórica), antiguas rivalidades. La economía se encuentra presente en la Constitución y en varios artículos recoge principios que han de regirla y lo hace, además, con una concepción progresista y alejada del fundamentalismo de mercado que nos invade con tanta fuerza hoy en día. En aquellos años de crisis y de agotamiento del modelo de posguerra, el fundamentalismo de mercado, aunque ya empezaba a tener fuerza, no había hecho acto de presencia con la vitalidad que tendría posteriormente, resultado de la llegada al poder de Reagan y Thatcher, en E E U U y el Reino Unido respectivamente.. No se había producido tampoco la crisis de la deuda en el Tercer Mundo y no se habían puesto en marcha, en consecuencia, las políticas de ajuste de claro corte neoliberal recomendadas e impuestas, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a estos países. A la hora de las celebraciones de la Constitución en su 25 aniversario, conviene no sólo quedarse en las grandes conmemoraciones de la Carta Magna, sino recordar también aquellos artículos que deben servir para vacunarnos del fundamentalismo de mercado, y para exigir a los poderes públicos su cumplimiento. Así, en el artículo 31 se contempla un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. En el artículo 38 se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, pero de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. El artículo 40 señala que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. El Título VII se denomina Economía y Hacienda, y se establecen las líneas generales de la función pública de la riqueza, el desarrollo del sector económico, la planificación de la actividad económica, de modo que en todo el articulado se siguen los principios de una economía mixta, se usa el término de planificación, ya en desuso, y se insiste en la necesidad de subordinar los intereses particulares a los generales y lo que es más importante se insiste en la necesidad de redistribuir la renta. Sería interesante recordar a nuestros gobernantes que releyeran de vez en cuando nuestra votada Constitución y meditaran tranquilamente cómo deben proceder en función de la misma. *Rector
de la Universidad Complutense de Madrid |