Todos los datos de la explosiva operación urbanística que ocultaba el PP en Madrid

Los ‘EsPPe’culadores

La reciente firma de la denominada Operación Campamento en Madrid, una de las más importantes promociones de viviendas impulsada desde la Administración, ha levantado no sólo las hostilidades entre dos políticos de referencia del PSOE y el PP, José Bono y Esperanza Aguirre, sino que está dejando ver, en toda su crudeza, la especulativa política de vivienda que los populares aplicaron durante sus años de gobierno. A pesar del aparente apoyo de la Comunidad de Madrid al proyecto del Ejecutivo de Zapatero de liberar suelo público para construir vivienda protegida, en el que el Ministerio de Defensa y su patrimonio inmobiliario ejercen de protagonistas y principal herramienta, Aguirre ha convertido cada iniciativa que sale del Gobierno central en torno al suelo en su particular campo de batalla.

Por I. S.

Todo eran sonrisas en los semblantes de los ministros de Defensa, José Bono, y Vivienda, Maria Antonia Trujillo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el pasado 10 de mayo. La foto obligaba. Las tres instituciones habían convocado a la prensa para informar de que habían logrado ponerse de acuerdo para que uno de los proyectos urbanísticos más importantes de Madrid y del que los habitantes de la capital española llevan oyendo hablar más de veinte años se pusiera en marcha, la denominada “Operación Campamento”.

Más de diez mil viviendas se construirán en un terreno hasta ahora ocupado por unos cuarteles que el crecimiento de Madrid engulló hace lustros y que hoy saludan desde una ubicación, a apenas diez minutos del centro de la ciudad, altamente cotizada para los muchos especuladores inmobiliarios que pueblan la capital.

Nada más hacerse la foto, con las manos unidas cual trío de mosqueteros, la presidenta madrileña inició su particular cruzada. Acababa de firmar el convenio de colaboración con Defensa pero no quiso esperar siquiera a la tarde. En el mismo acto y ante los mismos periodistas a los que Bono había dicho que “es mucho más lo que nos une que lo que nos separa” o que “haríamos bien  en hacer más cosas juntos” la presidenta quiso recordar las negociaciones “donde hemos tenido que ceder mucho” para, a continuación, reprochar al Ministerio que no le hubiese cedido gratis a la Comunidad el terreno con el que ésta va a construir en el nuevo barrio 2.000 viviendas protegidas destinadas a jóvenes. Bono y su equipo no daban crédito a sus oídos. Por si acaso la presidenta fallaba el tiro al blanco, su gabinete ya tenía predeterminada y lista para entregar una agresiva nota de prensa.

 Las cifras de la macrooperación son conocidas. Se trata de unos nueve millones de metros cuadrados situados en el suroeste de Madrid junto a la Nacional V que conduce a Extremadura ocupados actualmente por cuarteles de los Ejércitos y propiedad del Ministerio de Defensa y en los que se van a construir 10.700 viviendas de las que 7.000 serán protegidas. Entre ellas se encuadran las 2.000 que hará la Comunidad madrileña en unos terrenos por los que ha pagado 33,6 millones de euros. El Gobierno regional, además, se ha comprometido a construir dos estaciones de metro y un intercambiador de transporte para que la nueva barriada no quede colapsada.

¿Por qué Esperanza Aguirre, una de las principales beneficiarias de la decisión de Defensa de vender y sacar adelante la operación, arremetía contra ella nada más hacerse pública? Para las fuentes consultadas su andanada tendría más calado del que inicialmente pueda aparentar. Ya en el reciente debate sobre el estado de la Nación el presidente Rodríguez Zapatero reseñó que su gobierno, en su primer año de andadura, había movilizado más de cinco millones de metros cuadrados de suelo público no destinado a usos administrativos en toda España para que se pueda construir vivienda protegida. “En un año, más que en toda la legislatura anterior y más, incluso, del suelo público liberado en los 25 años anteriores”, dijo el presidente.

La puesta en circulación de suelo público para la construcción de vivienda protegida, pues, se ha convertido en la principal herramienta del gobierno socialista con la que intentar cumplir una de las promesas de mayor calado social que el PSOE hizo durante su campaña.  En ello, Defensa va a ejercer un importante papel solidario. Los resultados tardarán en ser reconocibles por la ciudadanía y, entre tanto, en el PP se ha atisbado un frente propicio desde el que  atacar al Gobierno. ¿Quién mejor que una de sus líderes más jaleadas (Ver en páginas siguientes “Esperanza, la ultraliberal”) para dirigir las hostilidades a pesar de que ella, desde su puesto de presidenta madrileña, también esté necesitada de ese suelo público (Ver recuadro “El Madrid que ha construido el PP”)?.

La estrategia urdida desde  la madrileña Puerta del Sol, donde Aguirre tiene su actual despacho, sin embargo, choca de frente con llamativos datos conocidos estos últimos días y de los que EL SIGLO ha tenido acceso a mayores detalles. Entre ellos, un informe confidencial de Infoinvest, la filial inmobiliaria de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), contabilizando las plusvalías que pretendía conseguir el Ministerio de Defensa con la venta de su patrimonio en la citada zona de Campamento de 1999, y un protocolo de colaboración entre el Ministerio y la misma SEPI, firmado en 2001, en el que se daba carta de naturaleza al uso de esas millonarias plusvalías. Las políticas de suelo del anterior Gobierno del PP y del actual del PSOE no pueden ser más diferentes.

Vayamos por partes. Los cuarteles de Campamento llevan, como ya se ha dicho, dos décadas intentando “salir” del casco urbano de Madrid pero la complejidad de su venta y los intereses que su jugoso precio ponían en juego, incluso entre distintas Administraciones públicas, ha impedido hasta ahora que la operación se concretase. Fueron los gobiernos de Felipe González y de Joaquín Leguina, primer presidente madrileño, los que bautizaron en los primeros años ochenta el proyecto de sustituir instalaciones militares por viviendas en esa zona como “Operación Campamento” pero ninguno de ellos logró ponerla en marcha.

Los socialistas perdieron la Comunidad y el ayuntamiento de Madrid hace más de una década y la necesaria coordinación entre Administraciones, con política tan sensible como la de vivienda por medio, fue imposible. La llegada de José María Aznar a La Moncloa, sin embargo, alertó al PP de un nuevo horizonte para tan antigua operación inmobiliaria. Madrid, con José María Álvarez del Manzano de alcalde y su Plan General de Ordenación Urbana se había convertido ya en la “capital del pelotazo”, como la denominó esta revista en una portada de mayo de 1999. Únicamente había que ponerse en marcha. Y se pusieron.

Defensa, dirigida entonces por Eduardo Serra, primer titular de la cartera con José María Aznar, decidió que había llegado la hora de hincarle el diente a la conocida operación y no dudó en hacerlo intentando sacar la mayor rentabilidad posible a sus terrenos de Campamento aun a riesgo de transformar al Ministerio en uno de los activos especuladores de suelo que estaban haciendo de Madrid una ciudad inaccesible para la mayoría de los ciudadanos.

Con sigilo, ya que el momento de la puesta en venta de los terrenos sería clave para el negocio, Defensa encargó a la citada filial inmobiliaria de SEPI un informe sobre el proyecto del que también la Sociedad Estatal sacaría beneficio: buena parte de las plusvalías conseguidas por los terrenos se destinarían a la compra de material militar entre sus empresas suministradoras, como CASA o Santa Bárbara. Todos contentos. Negocio redondo y perfectamente entendible entre particulares aunque políticamente discutible y muy arriesgado para un Gobierno cuyo discurso abogaba por abaratar el acceso a la vivienda y hacer la guerra a la especulación.

El citado informe  justifica en su introducción el interés de ambas partes por la operación y la función de Infoinvest como “puente financiero”, adelantando fondos, ejecutando la operación y devolviendo a Defensa las futuras plusvalías. Los redactores del estudio tienen claro que, aunque se hable de otros activos que Defensa pueda enajenar los claves, los que pueden dar más dinero, son los situados a la vera de la N-V en Madrid. “Los demás activos analizados pueden servir de complemento de la operación, pero sólo los terrenos de Campamento aseguran la viabilidad de la misma”, señala textualmente el informe.

El documento, además, apunta la necesidad de contar con determinadas decisiones políticas que permitirían redondear la operación. Según se recoge en su punto tercero, la actuación se extendería”sobre un total de 8.911.914 metros cuadrados divididos en dos tipos de terrenos”. 2.111.914 corresponden al denominado “Area de planeamiento remitido”, e Infoinvest lo explica para que no haya ninguna duda: “se trata de suelo ya calificado como urbanizable”. Sin embargo, otros 6.800.000 metros cuadrados son “urbanizables no programados”. Esto es “se trata de suelo sobre el que hay que realizar una serie de actuaciones antes de considerarlo como urbanizable”.

Los redactores del informe confidencial tampoco dudan en señalar a quienes, aparte de Defensa y SEPI, que les han encargado el estudio, deberían colaborar en el mismo. “La posición más o menos agresiva del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma en cuanto a cesiones y/o recalificaciones, edificabilidad, etc puede también transformar de manera importante las cifras previstas en el proyecto”. Que ambas instituciones se mantuvieran en manos del PP, por tanto, resultaba crucial para estos planes. “Un tema importantísimo en el desarrollo del proyecto es la instalación dentro de los terrenos de actuación de la línea 10 del Metro de Madrid, que daría un sentido de centralidad determinante a la zona de actuación del proyecto”, añadían.

Finalmente, el informe alerta de la importancia que tendrá el hecho de que los planes de venta se mantengan en la más absoluta discreción. “Hay, igualmente, un elemento decisivo en esta actuación: la confidencialidad del mismo”. Y explican el porqué: “Existen en la zona de actuación una serie de personas con derechos de reversión. Si el proyecto definitivamente se pone en marcha, habría que actuar inmediatamente sobre los poseedores de tales derechos para adquirir esos derechos antes de que las noticias sobre la actuación “inflacionen” el precio de los mismos. Nos consta que ya está habiendo compradores de dichos derechos de reversión”.

De acuerdo con estas premisas Infoinvest hacía cifras y planteaba unas posibles plusvalías en tres supuestos, la “opción conservadora”, la “opción intermedia” y la que el mismo informe denominaba “opción agresiva”.  La escala, como no podía ser de otra manera, oscilaba según los metros cuadrados que finalmente se pudieran declarar urbanizables, según el precio de mercado del terreno y según el número de viviendas libres que se pudieran hacer. Con la primera opción el Ministerio conseguiría un margen de 91.018 millones de pesetas (en 1999 todavía no sumábamos en euros), con la segunda 150.372, y con la tercera 184.071. Transformados en euros, 547 millones, 903,7, y 1.106,2 respectivamente. (Ver más detalle en el cuadro “Las cifras del PP”).

Con todo, lo más significativo, a efectos políticos, es que en los tres supuestos se reservaba para vivienda protegida un 54 por ciento de las casas que se fueran a construir, divididas entre un 22 por ciento de protección oficial y un 32 por ciento de precio tasado, dejando muy cerca de la mitad, en un 46 por ciento la edificación de vivienda libre. El actual proyecto del Ministerio de Defensa que critica Esperanza Aguirre sólo reserva a la vivienda libre un 35 por ciento como máximo dejando el restante 65 por ciento a vivienda protegida.

Un par de años más tarde, en julio de 2001, Defensa, ya comandado por Federico Trillo y con el PP gobernando con mayoría absoluta, da el primer paso oficial para que aquellos planes puedan empezar a llevarse a efecto y acuerda con SEPI un protocolo de colaboración que firman su Secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, y el presidente de la Sociedad Estatal, Pedro Ferreras. En él ya se da carta de naturaleza al compromiso entre ambos respecto a la venta de activos inmobiliarios y la compra de armamento y munición. Y se incluye una primera cifra de pedidos a la empresa Santa Bárbara.

“El importe de los pedidos a realizar por el Ministerio de Defensa y, en consecuencia, el precio de los inmuebles que serán objeto de enajenación. asciende, inicialmente, a 14.000 millones de pesetas”, cita el protocolo a cuyo texto completo ha tenido acceso esta revista. No obstante, “este importe podrá ampliarse, por acuerdo de las partes, hasta la cifra total de 30.000 millones de pesetas, distribuyéndose la cantidad restante en los cuatro años naturales siguientes a la finalización del plazo”, añade el documento.

Trillo da así un paso de gigante en la aparcada operación: compromete a su Ministerio a vender y a comprar por un importe que puede llegar hasta los 180 millones de euros. También este documento se guardará entonces en el cajón de papeles reservados mientras se intenta seguir adelante con el ambicioso proyecto. La gestión del mismo, sin embargo, no resulta nada sencilla y posteriores problemas que acosan a Federico Trillo, entre otros, el más conocido, el accidente del Yakolev, le restan peso político dentro de su propio partido y, en definitiva, impulso para abordar con éxito la operación.

Llegados los socialistas al poder y puesto al frente de la cartera de Defensa José Bono, veterano ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha emprende con interés la tarea encomendada por el presidente Zapatero de liberar suelo público como una de las pocas herramientas a disposición del Ejecutivo para conseguir mayor número de viviendas accesibles.

Para ello, la primera medida tomada por su equipo es dejar de utilizar el método de subasta mediante el sistema de “pujas al alza” practicado por Defensa en las anteriores legislaturas para las ventas de sus propiedades inmobiliarias. Gracias a este sistema durante los mandatos del PP Defensa, tras la oportuna recalificación urbanística pactada con el ayuntamiento de turno para que se pudiese edificar el mayor porcentaje posible de vivienda de precio libre, consiguió sustanciosas plusvalías cuyo montante puede ilustrar algunos ejemplos que no se circunscriben sólo a Madrid.

En Valladolid, los terrenos propiedad del Ministerio situados en la Plaza del Ejército fueron vendidos para construcción de vivienda libre. El suelo estaba valorado en 6,2 millones de euros y se vendió por 15,8 millones, lo que supone un incremento del 154 por ciento. En Cáceres, los terrenos del antiguo Cuartel Infanta Isabel fueron recalificados por el ayuntamiento, en manos del PP, para que se pudiese construir vivienda libre. En su tasación el suelo valía 3,1 millones de euros pero, tras la subasta, el ministerio consiguió 7,9 millones. En este caso la subida de precio alcanzó el 152 por ciento. También en Burgos fue recalificado el suelo del acuartelamiento Dos de Mayo para edificación libre. El suelo tasado en 28,7 millones de euros fue vendido por 44,5 millones.

Incluso en Madrid, aunque el Gobierno del PP no fue capaz de iniciar la Operación Campamento, sí llegó a vender unos terrenos militares muy cercanos a ella en la Avenida de Portugal, los que albergaban el antiguo Mando Aéreo del Centro (MACEN), cuya tasación los valoraba en 17,3 millones de euros. Finalmente fueron vendidos por 33,9 millones.

Las cifras globales resultan aún más significativas. En total, según los datos que obran en poder de EL SIGLO, durante el periodo de mandato del Partido Popular, entre 1996 y 2004, el Ministerio de Defensa firmó un total de 34 convenios con ayuntamientos para el desarrollo urbanístico de terrenos enajenados por él. Veintiuno de ellos, es decir, el 62 por ciento, sólo contemplaban la construcción de viviendas libres. De los restantes, ocho repartían el destino entre edificación libre y protegida y únicamente cinco de estos convenios fueron dedicados en exclusiva a la construcción de vivienda protegida.

Por su parte, en su primer año de gobierno, el actual Ministerio de Defensa ha logrado suscribir 22 actuaciones urbanísticas, entre convenios, protocolos, entregas o enajenaciones de suelo que, en suma permitirán la construcción de unas 15.000 viviendas, la mayor parte de las cuales, en concreto 11.000, serán protegidas.  En todas estas operaciones el método de subasta ha sido sustituido por la “proposición económica con sobre cerrado” salvo en el caso de una venta en Mahón, única que sí se formalizó mediante subasta de la etapa Bono.

Tras la descortesía de Aguirre llegó pronto la contundencia verbal del Ministro que menos se caracteriza por morderse la lengua. Con la certeza de los datos quienes conocen al ministro de Defensa no se vieron sorprendidos cuando en la siguiente sesión de control al Gobierno desarrollada en el Parlamento José Bono dijera que la presidenta de la Comunidad de Madrid era de esas personas que “besa a mediodía y muerde por la noche”. El desahogo metafórico de Bono que fue tachado por la propia aludida con el calificativo de “machista”, tenía su raíz en la deslealtad que el ministro había constatado en la presidenta madrileña cuando acusó al Ministerio de “actuar exactamente igual que los promotores privados”. En sentido contrario habló la socialista Ruth Porta que, blandiendo su condición de mujer, con un dura frase: “cuando Aguirre se ve descubierta en su ineficacia y su cinismo se esconde bajo las faldas de su feminidad”.

 Según los datos que maneja Defensa, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid únicamente exige que en la zona de Campamento se construyan 5.260 viviendas protegidas, cifra que, en la operación puesta ahora en marcha, sube hasta las 7.000, es decir, un 33 por ciento más de lo contemplado en la normativa del consistorio madrileño.

Aguirre ha llegado a cifrar lo que se “va a embolsar” el Ministerio con la venta del 35 por ciento destinado a vivienda libre: 380 millones de euros, según dijo en la Asamblea de Madrid el pasado 19 de mayo, un dinero que la líder popular ha reclamado para su Gobierno con el fin de financiar el gasto de las nuevas estaciones de metro y el futuro intercambiador de transportes del nuevo barrio.

El ministro ya la ha contestado que “haga las cuentas de su Comunidad, que son muchas, y deje a los demás que hagamos las nuestras”. Sin dar más cifras también ha añadido que lo que pueda sacar su departamento con la venta “lo vamos a gastar en construir nuevos acuartelamientos, en derribar los que actualmente existen, en definitiva, en los gastos de asentamientos y en las infraestructuras que nos corresponda hacer. El resto se va a dedicar a la Defensa nacional, que es lo que dice la ley”. Fuentes de Defensa añaden que, hasta ahora la Operación Campamento sólo ha producido gasto y ningún ingreso.

“¡65 por ciento de viviendas protegidas! ¡Como si eso fuera muchísimo!”, llegó a espetar la presidenta madrileña a los escaños socialistas en la Asamblea autonómica refiriéndose a la Operación Campamento  y citando otras actuaciones de su Gobierno regional en las que se supera el 70 por ciento. En Defensa ya no se fían de Esperanza Aguirre. La batalla no ha hecho más que empezar.

La marquesa ultraliberal

Por V. M.

L a Comunidad de Madrid es el escaparate del PP”. Esta frase tan reveladora, pronunciada durante la presentación de sus presupuestos autonómicos, es toda una declaración de principios de Esperanza Aguirre. La todopoderosa presidenta de Madrid –del Gobierno autonómico y, desde finales del pasado noviembre, de la formación regional- ha ido sumando enteros desde que una traición socialista en la Asamblea de la Comunidad y la victoria del PSOE en las generales del 14-M le pusieran en bandeja la oportunidad de convertir su despacho de la Puerta del Sol y su tribuna parlamentaria en un campo de operaciones desde donde ensayar su posible regreso, a hombros de los populares y por la puerta grande, a la arena política nacional.

De irrefrenables ambiciones, la presidente madrileña no ha dudado en poner la televisión autonómica, Telemadrid,la otrora televisión amable de Gallardón, en el portaaviones del PP, desde donde despegan nuevas aeronave o las antiguas averiadas  de otros medios nacionales tras la derrota del PP en generales.

En los casi dos años de mandato madrileño, Aguirre se ha ido abriendo paso dentro y fuera de su partido, dejando por el camino a algunos maltrechos compañeros de viaje que no supieron medir sus fuerzas y alertando al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sobre un frente opositor paralelo desde donde recibe constantes envites que trascienden el mero ámbito autonómico; baste mencionar como ejemplo que, nada más llegar el líder socialista a la presidencia del Gobierno y retirar las tropas españolas de Iraq, Esperanza Aguirre le pidió explicaciones desde la Asamblea de Madrid. Ya entonces enseñaba los dientes, como evocando que tenía su propia fuerza aérea, como es el caso de sus propios helicópteros de emergencias, prestos para cubrir vía aérea para Telemadrid la manifestación en la que el PP se ha agarrado a las víctimas del terrorismo para hacerse notar. Todo sea por una causa hermana y solidaria: ante las emergencias del PP nacional, los helicópteros de emergencias del “PP “regional.

 La fuerza de la que fuera ministra de Educación y presidenta del Senado radica en sus excelentes relaciones con el ala neoliberal del PP y en sus buenas dotes para traducir la doctrina en certeros golpes de efecto, un mérito que la ‘dama de hierro’ española –a Aguirre la comparan con su admirada Margareth Thatcher– ha sabido rentabilizar para convertirse en una de las abanderadas del partido que dejó en herencia su buen amigo José María Aznar. 

Hace ahora un año, Esperanza Aguirre le echó un pulso a Zapatero a cuenta del real decreto de paralización de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), una norma que, según los socialistas, pretendía segregar de forma temprana a los alumnos según su rendimiento, perjudicando a los estudiantes procedentes de familias desfavorecidas. La batalla se resolvió finalmente a favor del Ejecutivo, pero su trasfondo desvelaba el inusitado poder de la presidenta regional. Aguirre publicó días antes un decreto para desarrollar la LOCE instando a los institutos madrileños a aplicar los polémicos itinerarios. La comunidad educativa, involucrada en la batalla política particular de Aguirre, convocó una manifestación contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional que la presidenta contestó envalentonada: las movilizaciones “nos deben convencer de que somos el modelo de gestión del PP y por ello, el objetivo a batir”. Dando una nueva vuelta de tuerca al enredo de la LOCE, la líder regional arrastró al resto de comunidades gobernadas por los populares a presentar un recurso contencioso administrativo contra el decreto gubernamental ante el Tribunal Supremo y, marcando distancias, presentó otro de mayor alcance y recurrió al Consejo de Estado. Aquel acontecimiento fue el primer desafío de gran calado que Esperanza Aguirre le planteaba al Gobierno y el más incómodo para Mariano Rajoy, que aún no acababa de encontrar su sitio en las filas de la oposición y una dirigente regional de su propio partido ya ponía en entredicho su frágil liderazgo. A día de hoy, la presidenta de Madrid sigue alimentando esta estrategia y en la Asamblea regional advierten que el grupo popular acostumbra a derivar el debate parlamentario hacia posiciones contrarias al Gobierno de la Nación descuidando los intereses particulares de los madrileños.

Es una jugada de riesgo por cuanto muchos madrileños han llegado de pueblos de las provincias y regiones vecinas y entienden con sabiduría parda que sus impuestos no están para hacer méritos ni carrera política en casa ajena. 

 Aguirre tampoco ha tenido ningún reparo en medir sus fuerzas con sus compañeros de filas. Con Alberto Ruiz-Gallardón ha mantenido un tenso tira y afloja que ha acabado crispando los nervios del alcalde de Madrid, que tras fracasar estrepitosamente en sus vanos intentos por acaparar mayor poder en el partido, acabó reconociendo la superioridad moral y real de su cordial enemiga; su vicealcalde, Manuel Cobo, tuvo que retirar su candidatura a la presidencia del PP autonómico tras un duro cruce de declaraciones y el respaldo prácticamente unánime de la Junta Directiva regional a la presidenta autonómica. De aquella empresa, Gallardón salió trasquilado –“mejor estabas calladito”, le decía una desafiante Aguirre- y profundamente “triste”, como llegó a confesar hace un mes después de aparecer visiblemente disgustado en la celebración de la fiesta de la Comunidad de Madrid.

Precisamente aquel día, la jefa del Ejecutivo autonómico aprovechó la presencia de los medios para propinarle una dentellada política al Gobierno socialista. Con su ya característica sonrisa envenenada, saludó afectuosamente a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para, a renglón seguido, acusar a Zapatero de ningunear a Madrid para poder atender las exigencias de los catalanes, argumento de la cúpula del PP que ella traslado hábilmente a su terreno. La presidenta dijo estar “convencida” de que el Ejecutivo central “no quiere a Madrid”, y le reprochó que “se pretenda privilegiar a unos –en alusión al tripartito catalán- en detrimento de otros” para que “le mantengan en La Moncloa”. Aguirre, continuando la línea argumental de Génova, que acababa de responsabilizar al Gobierno de los atascos del puente de mayo, lamentó que Madrid “ha sufrido este año una disminución de inversiones previstas del 25%”, cuyas consecuencias en materia de infraestructuras se tradujeron aquel fin de semana en un colapso de las carreteras.

Este asunto, el de las infraestructuras, ha tenido varias derivadas que, nuevamente, evidencian el liderazgo incontestable de la presidenta madrileña. Apenas 15 días después de aquellas declaraciones, Aguirre recibía en la Real Casa de Correos a la titular de Fomento, Magdalena Álvarez, para hablar de las necesidades de la región con total normalidad. Sin embargo, no acudió a la reunión convocada por la ministra el mes de marzo para dar a conocer el Plan de Infraestructuras que el Gobierno quiere desarrollar en Madrid a la que sí asistió el alcalde Gallardón, que cayó en la trampa como un novato; sus compañeros de partido, entre ellos Esperanza Aguirre, le pidieron que no se dejara “instrumentalizar de nuevo”, en alusión al encuentro que mantuvo con Magdalena Álvarez. El primer edil volvía a ser víctima de su soledad política y la presidenta despuntaba victoriosa y arropada por el PP.

 En las últimas manifestaciones celebradas en Madrid y Salamanca, la jefa del Ejecutivo también ha acudido a portar la pancarta y, de paso, a dejar su impronta personal. Marquesa o pancartera, tanto monta monta tanto, cuando el fin justifica los medios….La primera movilización convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo se saldó con una agresión al ministro de Defensa, José Bono, y el posterior interrogatorio policial de dos afiliados del PP sospechosos de haber participado en los altercados, que Esperanza Aguirre despachó con aquel desafortunado comentario de que la actuación policial era propia de la Gestapo. Mientras, la movilización del 4 de junio, crítica con la política antiterrorista del Gobierno socialista, logró una cobertura informativa de la televisión autonómica de Telemadrid sin precedentes; sus representantes sindicales denunciaron el “empeño” de la cadena por “sponsorizar” la manifestación desde distintos programas y Esperanza Aguirre dio la orden, a través de su vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, de que un helicóptero de coordinación de emergencias trasladara a un equipo de Telemadrid para que filmara desde el aire y en directo a los asistentes, obligando al piloto a vulnerar la legislación aeronáutica: el espacio aéreo de la ciudad está restringido para vuelos visuales a baja altura.

No es la primera vez que la cadena autonómica demuestra un especial empeño no ya en trasladar una buena imagen del Ejecutivo regional, sino en desprestigiar a la del Gobierno central. El caso más sonado tuvo lugar el pasado 11 de marzo, aniversario de los atentados de Madrid. La televisión de Aguirre, dirigida por el que fuera su jefe de prensa, Manuel Soriano, emitió un reportaje titulado “11-M, un año después”, que según hizo saber el director general a la presidenta de la comunidad estaba “ideológicamente bien”, pero que a sindicatos y oposición les mereció otro tipo de comentarios, similares a los que poco antes había suscitado el vídeo de FAES sobre lo sucedido entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 –en él se acusa a los socialistas de manipular a los electores durante la jornada de reflexión-.

Férrea oposición a Zapatero, liderazgo en la preeminente corriente liberal del PP, zancadillas a sus contrincantes, control partidista de la televisión autonómica... Un fallo de Rajoy y Aguirre tiene todo dispuesto para erigirse en la nueva esperanza del PP. La esperanza de que la derecha más extrema salga del armario.  De momento ya han tomado la calle: en tres semanas, tres manifestaciones…. Así se las ponían a Don Manuel Fraga. Si después de tanto autobús, tanta pancarta, tanto bocadillo de los de antes, Fraga pierde...

El calendario de Campamento

La conocida como “Operación Campamento” ha empezado a ser una realidad, a pesar de las casi dos décadas que lleva circulando por los despachos de las distintas administraciones madrileñas el pasado mes de enero. A comienzos de año el ministro de Defensa, José Bono, firmó con el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, un acuerdo que suponía el primer paso para su puesta en marcha. En el acuerdo entre Bono, Gallardón y Trujillo se respiraba afecto y cordialidad.

El 12 de abril el Ministerio logró el permiso de derribo de los cuarteles y ya ha presentado la documentación requerida al ayuntamiento que éste deberá revisar antes de nueve meses sobre el denominado “plan parcial” del nuevo barrio. Las obras en demolición, en sí, comenzarán entre el 10 y el 20 del próximo mes de julio y las viviendas, si los planes se cumplen, deberán construirse durante 2007.

La larga sombra de la sospecha urbanística

Fueron doce años los que José María Alvarez del Manzano ocupó la alcaldía de la capital de España, entre 1991 y 2003 pero durante ellos cerró el mapa del suelo disponible en Madrid para siempre. Durante sus mandatos, con sucesivas mayorías absolutas, Madrid aprobó su Plan General de Ordenación Urbana que, según denunciaron los socialistas en su día, metía todo el suelo disponible del término municipal en el rentable negocio inmobiliario. Fueron los años de aprobación de los nuevos PAUs (Planes de Actuación Urbanística) que harán surgir futuros barrios ya en fase de crecimiento como Las Tablas, Montecarmelo o Sanchinarro que, en total, sumarán cuando estén totalmente desarrollados más de 300.000 viviendas nuevas para la capital.

Madrid ha crecido por norte, sur, este y oeste. Por cualquier sitio donde aún queda suelo para edificar. Y a pesar de la enormidad de la oferta, los precios han seguido subiendo sin control de la misma manera que el número de familias, jóvenes o ancianos, excluidos de un mercado cada vez más inaccesible. No es Madrid la única ciudad española con este problema pero sí, quizá, la más emblemática. La ministra Trujillo escandalizó hace unas semanas con su propuesta de mini-pisos de 30 metros cuadrados para jóvenes en régimen de alquiler. Hoy, en Madrid, se alquilan y se venden apartamentos de similares dimensiones a precios astronómicos.

En 2003 el PP volvió a ganar las elecciones municipales, esta vez con Alberto Ruiz-Gallardón al frente de su candidatura. El interés del actual alcalde pasa por las grandes obras de infraestructura con el soterramiento de la carretera de circunvalación M-30 como principal estrella. Las constructoras siguen de suerte. Incluso en los momentos en los que se barruntaba el cambio afloró el ya conocido transfugismo de los socialistas Tamayo y Saez que muchos interpretaron como un torpedo teledirigido por el PP para abortar un posible relevo en la política urbanística en Madrid. La traición de estos dos diputados socialistas puso en bandeja a Esperanza Aguirre el gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde que ocupa el cargo no ha conseguido librarse de la larga sombra que acompaña a la sospecha sobre no pocos dirigentes populares en determinadas operaciones urbanísticas. La ya famosa estación del AVE de Guadalajara, ubicada justo en los terrenos de unos familiares directos fue su primer escándalo. En Majadahonda parece esperarle otro: los ediles del PP acusados de manejos en otra oscura trama urbanística apuntan a los principales dirigentes de su partido en la región y, en cabeza, a Esperanza Aguirre.