Jornada-debate El Siglo-Consejería de Trabajo del Principado de Asturias-Cajastur

"Discapacidad y trabajo: la integración laboral, reto de todos"

Discapacidad y trabajo fue el tema elegido en la Jornada-debate celebrada en la ciudad de Gijón, organizada por El Siglo, la Consejería de Trabajo del Principado de Asturias, Cajastur y la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, en la que participaron diversos representantes del colectivo de personas con discapacidad e instituciones con responsabilidad en este ámbito. Todos los ponentes expresaron su convencimiento de que el empleo es un factor decisivo para la integración social de las personas con discapacidad y resaltaron la necesidad de sensibilizar tanto a la población en general como al sector empresarial.

Empleo, factor decisivo para la inclusión social

Por Marce Redondo

En la inauguración de las jornadas sobre discapacidad y trabajo, Regina Rubio, directora de la Obra Social de Cajastur, afirmó que la Obra Social de la entidad ha dedicado crecientemente recursos a acciones relacionadas con la integración de los discapacitados, "concretamente el año pasado dedicamos más de tres millones de euros, un 20% de nuestro presupuesto, a este tipo de acciones, y es porque creemos en el derecho que tienen estas personas, como cualquier ciudadano, a un desarrollo integral.  Ese desarrollo lleva aparejado un deber de todos desde nuestras respectivas responsabilidades. Por ello, les aseguro que vamos a seguir dedicando recursos crecientes a este tipo de acciones, como son estas jornadas de hoy, y ello en colaboración con quienes mejor conocen las necesidades de estas personas que son las fundaciones y asociaciones que las representan".

Por su parte, Paz Fernández Felguerosa, alcaldesa de Gijón, señaló que el empleo sigue siendo el factor más decisivo para la inclusión social. "En una reunión el pasado año del Comité de las Regiones, órgano de asesoramiento de la Comisión Europea, se debatió sobre las acciones prioritarias que establece la Comisión Europea para la inclusión social de las personas con discapacidad: acceso al empleo y mantenimiento de la vida activa, lucha contra la discriminación, adaptabilidad, desarrollo personal y ciudadanía activa y accesibilidad del entorno público como medio para mejorar la participación en el trabajo y la integración en la economía y en la sociedad".

La alcaldesa de Gijón habló del compromiso de la ciudad plasmado en programas que dan especial relevancia a la integración en todos los sentidos y a la sensibilización de la población en general y especialmente del sector empresarial. También resaltó las actuaciones que el ayuntamiento realiza para hacer una ciudad accesible, sin barreras arquitectónicas, adaptada para el acceso de todos a los servicios y recursos formativos. "El acceso debe de implicar también al tejido empresarial de la ciudad, con independencia de que la propia ciudad de Gijón esté ya comprometida en el empleo público con esa reserva del 5% que se acaba de aprobar en el ámbito estatal, y que nosotros ya integramos en nuestra última oferta de empleo".

Antonio González, director general de Trabajo del Principado de Asturias, dijo que la política de empleo, cuando se refiere a minusválidos, debe orientarse siempre hacia la búsqueda de perfiles personales de empleabilidad que lleven a la inclusión social de estas personas. "Debemos reconocer que los trabajadores minusválidos presentan limitaciones que les impiden participar en igualdad en el mercado laboral. Por eso no es cuestionable la adopción de medidas de fomento o de discriminación positiva, que se centran, fundamentalmente, en facilitar a las empresas que los emplean condiciones más ventajosas para el desarrollo de la actividad de estos trabajadores". Antonio González resumió en su intervención algunas de las medidas que se han puesto en marcha en el Principado de Asturias desde el servicio público de empleo: orientación profesional para el empleo y autoempleo, servicios de interés general a través de los planes de empleo para mejorar las posibilidades de inserción social, así como programas experimentales de empleo, una novedad que ofrece información, orientación, asesoramiento, formación, práctica laboral y movilidad geográfica, con el fin también de buscar la inserción laboral de trabajadores desempleados. Además, hay otras medidas de inserción, autonómicas y nacionales, que tratan de fomentar los Centros Especiales de Empleo, así como los contratos, a través de subvenciones. Actualmente hay 80 Centros Especiales de Empleo en Asturias. Antonio González resaltó que los Centros Especiales de Empleo y, en general, toda la actividad empresarial relacionada con la integración, ponen en marcha dos aspectos simultáneos y paralelos, unos económicos y laborales, sometidos como cualquier empresa a un marco de competencia, y otro no menos importante que es el aspecto social y terapéutico, "que tiene también un efecto benéfico sobre todo el sistema económico, en la medida en que procura la integración de estos trabajadores".

En el aspecto laboral, resaltó, es necesario incidir en el respeto a los derechos de los trabajadores, "porque nos encontramos ante colectivos especialmente sensibles. Y al lado de este respeto escrupuloso de los derechos, debemos saber también la importancia  que tiene la prevención de riesgos laborales en el sentido más amplio.  "Entendemos, por tanto, que las discapacidades son circunstancias físicas y personales pero también sociales y que no pueden verse separadas de la sociedad que las genera", concluyó.

Formación y llegada al mundo laboral

Sabino Murillo, jefe del Área del Real Patronato sobre Discapacidad, centró su intervención "en esa gran empresa, la mayor del país, que es la Administración", e hizo un repaso de las distintas medidas legislativas a favor de la integración de las personas discapacitadas que han ido apareciendo a partir de la Lismi, hasta llegar a la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades "que para mi es trascendental", aseguró.

Lo cierto, dijo, es que hay un gran prejuicio en la sociedad, y también en el mundo empresarial, hacia la persona con discapacidad, considerada como una fuerza de trabajo defectuosa, limitada, no deseable, por una serie de estructuras mentales que han ido creándose en el sentido de que esa persona no puede ser útil para poder trabajar en una empresa, en una sociedad en la que la competitividad es la norma. Sabino Murillo se refirió a la reserva inicial del 2% de empleo en la Administración para personas con discapacidad, después el 3% y ahora el 5%, y dijo que las pruebas de acceso están hechas lo "suficientemente dificultosas como para que la persona con discapacidad se sienta muy limitada a la hora de participar en condiciones de igualdad. Por eso el Patronato, desde 1984, ha tratado de hacer llegar, a través de sesiones informativas, a todas las comunidades autónomas unas pautas de buen proceder a la hora de calificar o de admitir a personas con discapacidad". Estas pautas se materializan en varios principios: universalización de las pruebas, estas pautas deben ser aceptadas tanto para funcionarios como para personal laboral, tanto para turno libre como para restringido; eliminación de las limitaciones de exclusión ya que en todas las convocatorias de la Administración Pública era un elemento fundamental la exclusión por razones de enfermedad o defecto físico; las adaptaciones de las pruebas, puesto que no se trata de dar ventaja, sino simplemente hacer que la persona que va a optar por una plaza en la Administración parta en condiciones de igualdad; y, por último, la cuota de reserva, en la cual se establece que en todas las convocatorias, sean de turno libre o de promoción, debe haber un cupo de reserva.

Sabino Murillo alabó a las principales asociaciones que representan al colectivo de discapacitados que han conseguido una cosa fundamental, "constituirse como un grupo de presión ante la Administración para sacar adelante ventajas en la negociación, llevado a su máximo logro en la ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad, donde se establece lo que se llama un diálogo civil".

Patricia Sanz, directora de Organización y Recursos Humanos de la Corporación Empresarial ONCE (CEOSA), resaltó que la Corporación está en diversos sectores, "pretendemos estar presentes en el mercado laboral ordinario y, además, reinvertir una parte importante de los ingresos que obtenemos a través de nuestras empresas en los propios servicios sociales que presta la ONCE". CEOSA tiene actividad  en sectores totalmente ordinarios del mercado laboral, desde el turístico, a través de hoteles o pequeñas agencias de viajes, hasta el sector de la vigilancia, la limpieza o incluso la corredurías de seguros y la fisioterapia. "Son sectores totalmente diferentes y lo que ponen de manifiesto es un tema que se discute mucho, que es la compatibilidad o no de la rentabilidad económica con la rentabilidad social. Me gustaría que todos al final de la jornada de hoy seamos capaces de contestar a esta pregunta. Yo, desde luego, apuesto por el sí, es perfectamente compatible", puntualizó Patricia Sanz, y mencionó hechos tan objetivos como que la correduría de seguros, con un 83% de personal discapacitado, está compitiendo como una correduría más en el mercado.

"A mi no me gusta hablar de trabajo para discapacitados en general. Vamos a pensar que si somos empresarios, tenemos un puesto que cubrir y salimos al mercado ordinario, nos planteamos que tenemos que cubrir ese puesto con una persona que tenga una formación determinada, experiencia a ser posible y tales características, incluso personales. Lo que quiero transmitir es eso, nosotros lo hacemos en CEOSA y me gustaría que los empresarios comiencen a hacerlo también, que cuando salgan al mercado o se dirijan a cualquier asociación de discapacitados no piensen en un discapacitado en general para cubrir un puesto, porque efectivamente así de genérico es posible que se produzca después un desajuste, que no es por ser un discapacitado sino porque no se ha hecho un análisis previo. Me gustaría que piensen qué puesto es el que quieren cubrir y que dejen a los expertos en discapacidad que les asesoren. Estamos incidiendo en que nuestra gente, la gente discapacitada en general, esté cada vez más formada para que sean también más competitivos en el mercado ordinario".

Francisco Menéndez, gerente de APTA, explicó la experiencia de este Centro Especial de Empleo que lleva más de 25 años creando empleo para discapacitados intelectuales en varios sectores. "En nuestra visión, el ajuste personal y social es el papel fundamental, no solo porque nos lo creamos nosotros como empresa sino porque, además, la legislación lo pide. Y el salto a la empresa ordinaria, que también pide la legislación y que es algo que está fallando de manera estrepitosa en el caso de la discapacidad intelectual, es el gran reto que esperamos ir mejorando". APTA quiere ser un Centro Especial de Empleo de referencia en España entre todos aquellos que trabajan con discapacitados intelectuales, que tienen peculiaridades muy diferentes a los discapacitados físicos o sensoriales. "Nosotros tenemos personas con el 33% de discapacidad intelectual y con el 94% y para todos ellos hay que conseguir trabajo que se pueda mantener en el tiempo, en un mundo donde tenemos competidores de empresas ordinarias en otros países con salarios mensuales de 12 euros. Ese es nuestro reto y tenemos que competir ahí". La estructura accionarial de APTA es el 60%  propiedad de los padres y tutores de los trabadores y el 40% restante de Fundosa Grupo,  una sociedad anónima dependiente de la Fundación ONCE que agrupa a todas las empresas que no están en la Corporación Empresarial.

Lo que vende APTA es calidad y valor añadido, "que no tiene mérito porque es lo que tenemos que decir todos, pero estamos apostando muy duro por concienciar a nuestros colegas empresarios de que la responsabilidad social corporativa debe tener un papel en la sociedad porque si se rige por la regla de maximizar el dividendo, nuestra empresa no tendría sentido porque estamos compitiendo en un mundo donde se exige una elevada cualificación y donde es muy factible encontrar productos tan buenos  como los que nosotros fabricamos a costes muy bajos".

La facturación de APTA ha pasado de muy pocos millones de pesetas a superar los ocho millones y medio de euros en 2004 y tiene una plantilla de 295 personas, de las cuales 240 son discapacitadas. "Hemos invertido en I+D, necesitamos ingenieros en nuestra empresa. Para que pueda haber mano de obra que elabore productos que compitan hace falta ofrecer servicios añadidos de ingeniería a nuestros clientes. Hemos invertido en maquinaria, en tecnología, en seguridad y salud en las fábricas, en formación tanto interna como externa con materias que tienen que ver con el entorno empresarial en el que nos movemos".

Cristina Argüelles, coordinadora del Servicio de Integración laboral de la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España-Asturias (COCEMFE), dijo que la finalidad de la confederación es agrupar en una sola entidad a todas las asociaciones de discapacitados físicos y orgánicos del Principado de Asturias. "El objetivo es la creación de una infraestructura capaz de romper la actividad dispersa de un número creciente de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica y mejorar, por tanto, la promoción y defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidad hasta conseguir su plena integración social, mediante acciones reivindicativas y gestionando actuaciones y servicios. Está claro que esta integración social que se persigue no se consigue si no hay integración laboral. Por eso, desde COCEMFE se desarrollan programas específicos para facilitar esta incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad en situación de desempleo".

La integración social de las personas con discapacidades es una problemática latente en el contexto actual de la sociedad española y, aunque en los últimos años se ha avanzado en el diseño de políticas de inserción, queda una gran parte del camino por recorrer para poder hablar de "normalización".

El número de personas que presenta algún tipo de discapacidad asciende actualmente a 3,5 millones, casi una décima parte de la población española. La encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de la salud, ha permitido estimar que en el Principado de Asturias existen algo más de 100.000 personas con algún tipo de discapacidad. En términos relativos, esta cifra supone el 9,7% de la población total residente en el Principado. "La integración social y el desarrollo personal se logran fundamentalmente, en nuestro sistema de organización social, a través de la integración laboral y económica mediante el acceso al empleo", afirmó Cristina Argüelles. Disponer de un empleo viene a ser el instrumento idóneo para una existencia personal digna, premisa para la autonomía personal, económica y familiar". 

En el proceso de inserción laboral, las personas con discapacidad, en muchos casos, se ven obligadas a superar tanto obstáculos externos estereotipados sobre su rendimiento laboral (baja productividad, absentismo laboral....) como obstáculos internos generados por la propia persona (falta de autoestima, poca seguridad personal,...). Desde la perspectiva de las posibilidades de inserción laboral, una buena parte de las dificultades que deben encarar las personas con discapacidad se allanarían si se actuase sobre los factores sociales que las causan. Para las personas afectadas por una discapacidad, el trabajo, es a la vez garantía de subsistencia y desarrollo personal, y eslabón fundamental para el reconocimiento pleno de sus derechos ciudadanos, subrayó Cristina Argüelles.

"Una panorámica general sobre la situación laboral de las personas con discapacidad nos hará ver que la inserción laboral y los niveles de formación están muy por debajo de los de la población en general, lo que implica necesariamente emprender acciones decididas a favor del acceso al empleo y de la mejora de la cualificación profesional del colectivo", puntualizó.

Respuestas desde las empresas

Sheila Villaverde, responsable de Recursos Humanos de Limpiezas Lacera, empresa que surgió en los años setenta con una pequeña plantilla de limpiadoras y que  hoy es un grupo empresarial con una plantilla de 1. 800 empleados, aseguró que "una vez que tuvimos claro que debíamos apostar y trabajar por la integración de los discapacitados, no todo fue un camino de rosas, tuvimos algunas dificultades y la primera sin duda a la que se enfrenta cualquier empresa, producto de una dificultad social, son los prejuicios". No tenían, además, canales establecido para contactar con desempleados discapacitados en situación de búsqueda activa de empleo. "Lacera es un empresa ordinaria y lo que ofrecemos a los discapacitados es un empleo ordinario, no damos un trato distinto, en todo caso igual de bueno o de malo que al resto porque entendemos que la integración laboral debe ser también integración social y no se debe hacerse a través de la diferenciación sino de la igualdad de oportunidades". Para superar esas barreras iniciales lo primero que hicieron fue establecer contactos con entidades, asociaciones y hacerles conocedores de sus procesos de integración de personal y de los perfiles profesionales que tenían definidos para cada puesto.

Sheila Villaverde dijo que "hasta ahora, los beneficios compensan y están siendo más que positivos. El primero puede parece poco tangible para algunas empresas con otro tipo de valores o de política pero para nosotros es un cuestión importante. Hemos conseguido aumentar nuestra orientación hacia los empleados, atendiendo más a sus diferencias y a sus  necesidades. Además la valoración de los puestos de trabajo que hemos hecho para la incorporación de discapacitados nos ha permitido hacer adaptaciones que han sido beneficiosas para el conjunto de la plantilla. A estos beneficios hay que añadir lo que podríamos llamar un beneficio comercial. Nuestra imagen de empresa con este tipo de iniciativa ha mejorado de cara a nuestros trabajadores reduciendo la rotación interna, ha mejorado de cara a los desempleados que nos consideran una empresa más atractiva para trabajar en ella y ha mejorado la imagen en la sociedad en general y con ello hemos conseguido aumentar nuestra red de contactos comerciales y, por tanto, de potenciales clientes. Nos queda mucho por hacer, estamos trabajando en la línea de la integración no sólo de colectivos de discapacitados sino también otro tipo de colectivos, pero entendemos que los beneficios hasta ahora y los resultados de nuestra experiencia son realmente positivos. Si nuestra experiencia  sirve para que alguna empresa se plantee empezar a trabajar sobre la integración, objetivo cumplido", concluyó.

Carlos Julio Gutiérrez, secretario del Consejo de Administración de Supermercados Oblanca, que cuenta con un centenar de personas en su plantilla de las que un 5% son discapacitados, afirmó que el mayor beneficio que han obtenido "es la satisfacción personal al ver que después de 20 años contratando personas discapacitadas nadie sabía que lo hacíamos hasta el día en que COCEMFE nos galardonó con el premio Empresa 2004. Creo que esto es un síntoma de que la integración ha sido excelente. El mérito no ha sido sólo nuestro, es de los trabajadores por su esfuerzo, de la Administración por sus ayudas y de las asociaciones de discapacitados que nos han ayudado a sentar al trabajador en su puesto adecuado. Con lo cual nuestro mérito es parcial ya que lo único que hemos hecho es aprovechar los recursos que se nos brindaban".

Después de estos años, "podemos constatar tres grandes verdades sobre el trabajador discapacitado: no es menos productivo que el resto, no tiene un mayor absentismo laboral y valora más que la media su puesto de trabajo".

Los seres humanos, dijo, tenemos patrones de comportamiento que se repiten asiduamente, "y es verdad que uno de ellos es el de valorar más aquellas cosas que nos ha costado más trabajo conseguir en detrimento de aquellas  que nos viene dadas. Cuando menos es paradójico, por no decir injusto, que existan colectivos, como el que nos ocupa, que se encuentren con barreras para acceder a un puesto de trabajo mientras que para otros sea un castigo acceder. Algo falla en nuestros sistema laboral que mientras no sancione estas actitudes estará creando parásitos, ocupando puestos de trabajo que podrían tener mejor destinatario".

De cara al futuro, dijo, llegará el día que no habrá que primar al empresarios por la contratación de discapacitados "porque quienes hemos probado sabemos de su valía y somos conscientes de que para nosotros hoy la discapacidad es una oportunidad". 

Agustín González Prado, gerente del Instituto del Minusválido Astur (ITMA),empresa de economía social en tanto que es propiedad de los socios trabajadores, es decir, que se rige por unos principios autogestionarios, afirmó que esta es la razón principal por la que se incorporó a esta empresa en 1991. "En las empresas de economía social existe la primacía del factor social y laboral sobre el factor capital. Esto no quiere decir que rehuyamos de una cuenta de resultados con beneficios". ITMA es  un Centro Especial de Empleo, toda vez que se promueve el empleo para personas con discapacidad. Por tanto, la prioridad absoluta son las personas con discapacidad "que obviamente tengan capacitación para realizar trabajos de limpieza", actividad a la que se dedica la empresa. Una peculiaridad de ITMA es que el  66% de los socios trabajadores con mujeres y también son mujeres las propietarias de más del 80% de su capital.

La trayectoria de ITMA, "con crisis incluidas, de las que se aprende enormemente", se inició en 1988 cuando 24 personas que tenían discapacidad y eran desempleados, vieron   que el sector de limpieza podía ser una salida. Se crea  una lavandería que no va bien, y aparece una crisis en 1990 de la que se aprendió mucho porque supuso una profunda reconversión, la plantilla pasó de 64 a 30 personas", asegura Agustín González. "En la medida en que empezamos a superar la crisis, cerrando la lavandería y apostando por la limpieza, nos dimos cuenta de que es necesario prepararse para concurrir a concursos y para presentarse ante el cliente como una entidad con rigor profesional. Empezamos a apostar por aspectos como la formación, procuramos quitarnos ese sambenito, que a veces tenemos los centros especiales de empleo, de unir discapacidad con  paternalismo o caridad muy mal entendidos, puesto que ya se han mencionado sobradamente los beneficios que supone para la empresa contratar a trabajadores con discapacidad". ITMA apostó decididamente por la calidad, el medio ambiente, la salud y la prevención con independencia de las obligaciones legales de las empresas.   Hoy la plantilla es de 700 trabajadores discapacitados

Como conclusión dijo que sobran razones para apostar por la integración de personas con discapacidad, "reaccionan con mayor energía y a muchos les afloran capacidades ocultas cuando se sienten laboralmente útiles".

Ramón González, presidente de la Federación de Centros Especiales de Empleo en Asturias, inició su intervención afirmando que los Centros Especiales de Empleo son empresas integradas en el mercado ordinario, compitiendo con el resto de empresas, "por lo que debemos regirnos por criterios empresariales y ser productivos". Pero, a la vez, tienen un componente social que les diferencia de las empresas ordinarias. La ley dice también que estos centros deben formar a sus trabajadores, un aspecto que Ramón González considera decisivo, "porque creo que es la base de la integración laboral".

El mundo de la empresa ha cambiado, y el cliente final, dijo, cada vez es más exigente, para afirmar a continuación que "el personal de nuestros centros realiza una minuciosa labor con un escrupuloso control de calidad del producto final. Las personas que trabajan con nosotros son minusválidos, sí, pero en el puesto de trabajo que desempeñan puedo asegurar que mucho más capaces que cualquiera de nosotros". En los centros asturianos se fabrican algunos productos propios exclusivos que no existen en la empresa ordinaria, hay marcas propias que pueden estar entre las dos o tres primeras del ranking nacional... Ganar dinero con una actividad empresarial es totalmente lícito, comentó González, "pero les puedo asegurar con conocimiento de causa que un Centro Especial de Empleo no es una bicoca. Los centros que ganan dinero es porque realizan un buen trabajo, exactamente igual que en las empresas ordinarias. Los centros de reciente creación y los que llegan al límite de las exigencias del mercado dependen inexorablemente de la llegada de la subvención para subsistir". Por tanto, "explotadores, en ningún caso. Aprovechados de subvenciones... Si, pero a ellas también se accede desde la empresa ordinaria. Aunque es cierto que los centros tienen una subvención muy importante establecida para paliar la merma de productividad que existe en compración con la empresa ordinaria. Es la llamada subvención salarial".

En opinión de Ramón González, la labor integradora de los centros es indiscutible. "Desde la patronal de los centros, quiero decir que aún con nuestros problemas y preocupaciones, el modelo de Centro Especial de Empleo es eficaz y, por supuesto, seguiremos siendo la pieza clave de la integración social de las personas con discapacidad".

Un entorno adaptado

Aída Díez, presidenta del CERMI de Asturias, planteó algunos de los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad para acceder al mundo laboral. Por ejemplo, dijo que, en muchos casos, los informes de evaluación, valoración y orientación están suponiendo paradójicamente una traba al acceso al mercado laboral. "Sería necesario un compromiso por parte del órgano competente de la Administración de revisar la repercusión que estos informes están teniendo en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad".

En relación a la obligación de las empresas de 50 o más trabajadores de emplear al menos un 2% de personas con discapacidad, "viene siendo sistemáticamente incumplida desde que se impuso en nuestro país. En consecuencia, un objetivo inmediato es el de reivindicar la responsabilidad de la Inspección de Trabajo y seguridad Social en la actuación y fomento entre los empresarios del cumplimiento de la obligación legal o de las medidas alternativas estipuladas".

Aída Díez también se refirió a los Centros Especiales de Empleo, y dijo que en muchos casos se centran "única y exclusivamente en la realización de una actividad productiva que les permita la competencia en el mercado, acción que si bien es innegablemente lícita, no puede ir en detrimento del cumplimiento de su función principal: mediar en el proceso de integración del mayor número posible de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario". Es muy importante, afirmó, no perder de vista el concepto de puente hacia la relación ordinaria que pretende la Ley y el mantenimiento en el centro de aquellos trabajadores para los que no sea posible un trabajo protegido.

La promoción de la integración laboral a través de los incentivos para la contratación de personas con discapacidad concedidas a la empresa ordinaria es otro de los aspecto que resaltó la presidente del CERMI Asturias. "Esta línea de trabajo se ha demostrado efectiva en la integración de las personas con discapacidad al mercado de trabajo ordinario", pero aún se produce a un ritmo insuficiente.

Hugo Morán, presidente de la Federación Asturiana de Concejos, dijo que cree en la capacidad de la proximidad para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. "Desde esa creencia, voy a hacer una propuesta que implicaría algo que probablemente sea utópico y es que las leyes que en estos momentos regulan la capacidad de intervención de los ayuntamientos dejen un margen mayor de intervención a los mismos. Digo que probablemente sea utópico porque en las discusiones de cuáles son las prioridades político administrativas en este país una vez más parece que no se centran en el ámbito municipal".

Más que de discapacidad, Hugo Morán habló de capacidad para la prestación de servicios de proximidad. "Creo que en el ámbito de la ciudadanía que tiene algún problema de discapacidad se puede encontrar uno de los mayores yacimientos de capacidad para la prestación de determinados servicios y desde el ámbito municipal se puede promover esas capacidades.

"Probablemente si yo, siendo alcalde de un municipio, estuviese aquejado de algún tipo de discapacidad prestase mucha más atención a las limitaciones que desde la Administración, muchas veces, no se consideran respecto a los discapacitados con necesidades específicas. Y desde una experiencia que en los últimos años se viene poniendo en práctica con carácter general en este país, que es la integración de la mujer en una mayor participación activa en el diseño de las políticas, probablemente también llevado al ámbito de la discapacidad, una mayor participación de las personas con alguna limitación en espacios de decisión política ayudaría a limitar esas intervenciones generales que muchas veces obvian esos problemas".

Con carácter general, aseguró Morán, los servicios públicos deben mantenerse bajo el control lo más activo posible de las administraciones Públicas, "creo que es un error que desde el ámbito municipal se vayan externalizando hacia el ámbito de las grandes empresas de servicios aquellas cuestiones que afectan a la calidad de vida diaria, porque llegará un momento en el que una o dos empresas controlen la prestación de determinados servicios de proximidad, probablemente con más capacidad de intervención que los propios ayuntamientos y, por lo tanto, que los propios ciudadanos".

En ese ámbito, considero que iniciativas como pueden ser los propios Centros Especiales de Empleo, las cooperativas, todo aquello que se mueve en el entorno de la economía social creo que están perfectamente capacitadas para conservar en el ámbito de la gestión ciudadana la prestación de determinados servicios".

Pedro Sanjurjo, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gijón , expuso algunas experiencias desarrolladas en el Ayuntamiento de Gijón a partir del enunciado de la mesa redonda, un entorno adaptado, "entorno que se puede afrontar desde la perspectiva física, del espacio de las ciudades, de las viviendas, de los entornos en los que nos movemos y el entorno humano". Un dato importante desde el punto de vista de la estructura poblacional de Gijón es que, al igual que en el resto de Asturias, tiene un problema de envejecimiento de la población extraordinariamente acusado, "y eso nos lleva a tener que atender una necesidad permanente que es la movilidad urbana como un factor básico de la calidad de vida". La ciudad de Gijón con una población de 276.614 habitantes tiene una población mayor de 65 años de 57.130 personas, que supone el 20,7% de la población, de éstas tienen más de 80 años 15.383, que supone un 5, 56% de la población. Fruto de esta realidad, el ayuntamiento de Gijón desde hace años viene poniendo en marcha una serie de medidas que tienen que ver con la adaptación de la realidad física de la ciudad a esta realidad sociológica y desde ya casi diez años, cuando se pone en marcha el Plan PILES de inserción laboral, se ha realizado una labor ingente de mejora del hábitat urbano, aseguro Pedro Sanjurjo.

Desde 1995 al día de hoy se han realizado 1.850 rebajes en pasos peatonales. "Esto es un auténtica revolución en la morfología física de una ciudad y da una idea de lo que es una intervención pública en una estrategia muy definida ". Pero el Plan PILES no solamente ha cambiado la morfología de la ciudad, no solamente en pasos de peatones sino también en zonas de estancia, en zonas de juegos, parques públicos, incluso estamos interviniendo, a petición de las comunidades de vecinos, en espacios privados" .El urbanismo y la configuración física de una ciudad es determinante para que las personas con discapacidades se sientan más libres y, por tanto, tengan mayores capacidades para desarrollar su propia vida, resaltó.

Araceli Martínez Alonso, técnico del Servicio de Integración Laboral de la Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos, ATAM, dijo que ATAM es una entidad sin ánimo de lucro que fue declarada de utilidad pública y atiende a personas con todo tipo de discapacidad, tanto física como intelectual o sensorial, a lo largo de toda la vida de la persona. Está gestionada y financiada íntegramente por Telefónica y por las empresas filiales de esta empresa. Tiene más de 62.000 socios, que pueden ser trabajadores, jubilados o prejubilados, y además participa en distintos proyectos, colaboraciones y conciertos con otras entidades y asociaciones y también con administraciones públicas.

"Las líneas de actuación más importantes son servicios a la prevención y atención a las personas con discapacidad, se llevan a cabo a través de ayudas económicas, que son de carácter individual. Tenemos servicios propios de salud, de integración labora y Centros Especiales de Empleo, además de otros servicios concertados con un centro de día, residencias, centros ocupacionales para la formación prelaboral y, además, un colegio de educación especial".

En relación a la integración laboral, ATAM tiene establecidos dos canales, a través del Servicio de Integración Laboral y a través de las actividades empresariales. "En primer lugar, tenemos dos líneas de intervención, una que sería con el usuario y otra con la empresa. La primera es un proceso que no se termina en la última fase porque podemos volver a valorar y a orientar en cualquier momento que nos pida el usuario porque pueden cambiar las circunstancias de las personas en cuanto a formación, porque necesite algo más o porque quiera cambiar su situación. En las fases de este proceso tenemos más interés en la valoración, nosotros valoramos siempre capacidades, no discapacidades, y en todo caso cuando hablamos de dificultades siempre es para realizar alguna tarea, por ejemplo, desenvolverse en entornos que sean inestables". Se hace la valoración, de decide la orientación también en colaboración con una serie de entidades porque ATAM tiene la sede en Madrid pero se dedica a personas de toda España, con lo cual posiblemente muchas veces como no vaya el usuario a Madrid la valoración la tiene que hacer alguien que colabore con nosotros en su zona de residencia. Una vez que la persona está orientada, en cuanto al tipo de perfil y las capacidades que tiene y en aquello que pensamos que puede trabajar y en la forma que puede hacerlo, ya sea en empleo ordinario, en centro especial de empleo o se le orienta a que sigua estudiando o que necesite algún tipo de ajuste previo antes de insertarse laboralmente, pues de puede comenzar con los que es la intermediación o selección, que es el contacto entre empresa y usuario que hacemos también desde Madrid. Una vez que la persona ha sido contratada, se hace el seguimiento tanto con la empresa como con el usuario.

En cuanto a las actividades empresariales, "contamos con tres Centros Especiales de Empleo, dos en Madrid, lavandería y servicios de teleoperador y otro de componentes electrónicos en Valencia". En total la plantilla es de 216 personas.