Zapatero negocia la aprobación de las cuentas públicas para 2005

LOS PRIMEROS PRESUPUESTOS
DEL GOBIERNO SOCIALISTA

Es la primera gran prueba de fuego del nuevo Gobierno. Después de los sondeos realizados por el Ejecutivo en julio y de la ronda de entrevistas abierta con los grupos parlamentarios tras el período vacacional, José Luis Rodríguez Zapatero tiene ya prácticamente asegurada la aprobación de sus primeros Presupuestos Generales del Estado como inquilino de La Moncloa. Tiene ya el sí de su propio partido, el PSOE, y muy cerca el de ERC, IU y CC, lo que supondría una mayoría holgada, pero los socialistas aspiran también a obtener el apoyo de CiU, PNV y los integrantes del Grupo Mixto. Sus votos serán necesarios, sobre todo en el Senado. Tras las negociaciones políticas entrará en escena Pedro Solbes para que todas las cuentas cuadren.

Por Vera Castelló

El Gobierno tiene previsto aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2005 en la reunión del Consejo de Ministros del próximo 24 de septiembre. Unas cuentas públicas que, según la vicepresidente Mª Teresa Fernández De la Vega, tratarán de "mejorar el bienestar" de los ciudadanos y se caracterizarán por su compromiso social. Además, los PGE de 2005 "apostarán por un crecimiento sólido y de calidad", y tendrán como objetivo mejorar la productividad de la economía a través de la innovación, la educación y las infraestructuras.

En pleno proceso de negociación política, pocas cifras son ya definitivas de cara a los Presupuestos del próximo año. La principal los 124.525,76 millones de euros con los que cuenta el Estado para gastarse el próximo año, una partida un 6,2% superior a la de 2004. Los ministerios tendrán que respetar esa cifra al tiempo que deberán cumplir con el compromiso de elevar sus partidas de I+D+i un 25%. También ha trascendido que aumentará un 30% del presupuesto en vivienda, aproximadamente unos 800 millones de euros. El objetivo es que en 2005, 500.000 personas perciban ayudas para el acceso a la vivienda, 200.000 más que el pasado año. Se trata de una esfuerzo que obedece a uno de los principales compromisos electorales de Zapatero: poner en marcha un plan de choque que abarate la vivienda y fomente el alquiler para el que tendrá que contar con la colaboración de autonomías y ayuntamientos, la verdadera llave de la política urbanística. En cuanto a las inversiones en infraestructuras, crecerán un 7%.

Por el lado de los ingresos, la previsión asciende a 117.347 millones de euros, el 6,7% más.

Grandes cifras. El proceso de elaboración de unos presupuestos generales, es una labor costosa y lenta. Este año comenzó en el mes de junio cuando el Gobierno logró que fuera aprobado en el Parlamento el techo de gasto de los Presupuestos para 2005. Conocida esa cifra, 124.525,76 millones de euros, un 6,2% más que en 2004, el Gobierno comenzó a discutir internamente el reparto de las distintas partidas y el presupuesto de cada uno de los ministerios.

Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el 30 de julio, al finalizar el primer período de sesiones parlamentarias , el cuadro macroeconómico para 2005 que se incluirá en los Presupuestos Generales del próximo ejercicio, y que preve un crecimiento de la economía española del tres por ciento en 2005 y la creación de 328.500 puestos de trabajo, a un ritmo del 2%. El Estado tendrá un déficit del 0,5% del PIB y el conjunto de las Administraciones Públicas alcanzarán un superávit del 0,1%

A día de hoy, el Gobierno tiene ya elaborado un borrador presupuestario, que ha coordinado Economía tras conocer las partidas presentadas por los distintos ministerios y que el departamento de Pedro Solbes ha negociado durante semanas con el resto de ministerios.De hecho, el vicepresidente ha ido perfilando su proyecto de cuentas hasta en tres ocasiones ante el Consejo de Ministros.

Cada departamento, en un primer momento, tira para arriba y Economía para abajo, para, posteriormente, hacer concesiones  todas las partes. En esta ocasión ha ocurrido lo mismo. Lo cierto es que no ha sido del todo complicado. Cuando la economía crece al 2,8% y se sube el techo de gasto un 6,2% es más fácil negociar que en otros momentos en los que el Partido Socialista también gobernaba pero, a diferencia de ahora, la situación económica era más difícil.

Pero las cifras aún solo son aproximadas, ya que todavía queda el trámite más difícil: como hacer cuadrar esos primeros números con las peticiones de los distintos grupos parlamentarios que finalmente sean aceptadas.

Las medidas estrella. José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó su presencia en la fiesta minera de Rodiezmo (León) para dar por inaugurado el nuevo curso político con el anuncio de una batería de medidas sociales que tendrán su reflejo en los Presupuestos. La principal de ellas el aumento del 6% de las pensiones más bajas, una decisión que se tomará tras cubrir una ronda de contactos con los sindicatos con la intención de mantener el espíritu del Pacto de Toledo, un acuerdo al que llegaron partidos y agentes sociales para preservar el futuro de las pensiones.

El aumento será en principio, y a expensas de la previsión del incremento del IPC para el próximo año, de alrededor de un 3% por ciento de media para todas las pensiones, que se elevará hasta el seis o el 6,5% en el caso de las mínimas y podrá alcanzar un máximo del 8% para los pensionistas con cónyuges a su cargo. La subida tendrá un coste de 400 millones de euros y representará el mayor incremento de las pensiones desde 1987.

Según los expertos ese coste de 400 millones de euros es perfectamente asumible si tenemos en cuenta que si la inflación acaba a final de año en el 3% (la tasa interanual era del 3,4% en el mes de julio), el Ejecutivo debería abonar a los pensionistas 1.237 millones de euros para compensar la desviación de un punto que, como mínimo, se preve para el presente ejercicio presupuestario. Esta compensación triplica el coste de lo que supondría aumentar las pensiones más bajas un 6% que significaría un incremento de gasto de 400 millones de euros.

Las pensiones se revalorizaron el pasado 1 de enero un 2%, en línea con la previsión de inflación. Sin embargo, la ley garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y, por lo tanto, el Gobierno está obligado a compensar -en función del dato de inflación interanual de noviembre, que se conoce a mediados de diciembre- a los pensionistas.

De esta compensación, sea cual sea la inflación, se beneficiarán, en cualquier caso, los más de 7,8 millones de perceptores de pensiones contributivas y las cerca de 500.000 personas que cobran una pensión no contributiva. De hecho, así está establecido legalmente desde la aprobación, en 1997, de la Ley de Racionalización y Consolidación de las Pensiones.

La negociación. Los más críticos afirman que Rodríguez Zapatero eligió a un ministro de economía que garantizara la continuación de los buenos resultados económicos del Gobierno anterior, pero que el objetivo no es sencillo si al mismo tiempo se pretende introducir cambios importantes en política social y satisfacer las exigencias de los partidos más progresistas de los que depende el Ejecutivo. Lo cierto es que el margen de maniobra es estrecho, ya que este tipo de negociaciones se resuelven tradicionalmente con un reparto territorial más generoso de las inversiones públicas, y una buena parte de los recursos ya se encuentran comprometidos en obras aprobadas por la anterior Administración, tal y como denunció la titular de Fomento, Magdalena Álvarez, nada más llegar al ministerio.

Aún así, los socialistas, de la mano del portavoz en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, llevan desde la vuelta de vacaciones negociando con los distintos grupos políticos para asegurarse el apoyo a sus primeros Presupuestos.

El PSOE cuenta con 164 diputados en el Congreso y necesita 12 más para obtener la mayoría absoluta que se fija a partir de los 175 escaños. Dicha cifra la consigue con ERC (ocho escaños) e IU (cinco). Sin embargo, en el Senado también necesita del PNV (siete senadores) y CiU (seis), pues el PP (126) está a tan sólo siete senadores de la mayoría absoluta. 

Esquerra Republicana (ocho escaños) comparte con el Partido Socialista de Cataluña (21 escaños) e Iniciativa (2), los tres socios del Gobierno tripartito de Pasqual Maragall, demandas que comportan nuevas inversiones en infraestructura por importe de 550 millones. Este no es el principal escollo de la negociación. Sí lo está siendo para el Gobierno convencer a las tres formaciones políticas de que el Presupuesto de 2005 no es la plataforma idónea para solventar el déficit sanitario. El consejero de Economía, Antoni Castells, aspira a que el Ejecutivo central aporte el año que viene 600 millones, al menos, para evitar su crecimiento. No parece que vaya a ser posible. (Ver el despiece El déficit sanitario de cae de la agenda)

En cuanto a las negociaciones individuales, el primer acercamiento entre los representantes parlamentarios del Partido Socialista  y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2005 se ha cerrado con un principio de acuerdo sobre distintas cuestiones.

En concreto, coinciden en potenciar las políticas relacionadas con autónomos, Pymes, turismo, pensiones, inmigración y dependencia. En el encuentro participaron tres miembros de la dirección del Grupo Socialista -el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alfredo Pérez Rubalcaba y los diputados Teresa Cunillera y Francisco Fernández Marugán- y por parte de ERC asistieron su portavoz, Joan Puigcercós, y su adjunto Joan Tardá. En materia de Pymes, ambos portavoces se mostraron de acuerdo en impulsar en los próximos Presupuestos un marco económico más favorable para este colectivo tanto en materia de inversiones en I+D, como en lo relativo al marco fiscal que soportan actualmente las Pymes. Concretamente, Puigcercós ha pedido una rebaja "importante" en el Impuesto sobre Sociedades para aquellas Pymes que creen empleo, especialmente las del sector servicios y el turismo.

En esta misma línea, PSOE y ERC han acordado avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los autónomos, con la intención de que este colectivo se beneficie de las ventajas del régimen general de la Seguridad Social en materia de pensiones o bajas laborales por incapacidad o enfermedad.

El tercer punto en el que ambos partidos han encontrado puntos de encuentro y una clara voluntad de acuerdo ha sido el relativo a la necesidad de crear un fondo presupuestario destinado a la reconversión del sector turístico, sobre todo, del turismo del litoral. En este sentido, Puigcercós recordó que se trata de un sector que tiene un peso importante en el PIB y que necesita una reconversión, como ya se hizo en su día con otras actividades industriales.

Con un contenido de carácter más social, PSOE y ERC han acordado también dar un nuevo impulso a la mejora de las pensiones contributivas y no contributivas en las cuentas públicas de 2005, así como potenciar las políticas de dependencia

En la reunión, que se celebró en el Congreso de los Diputados, ERC también planteó al PSOE la necesidad de crear un fondo de compensación a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan sufragar los costes que requieren las prestaciones sociales a la población inmigrante. Esa petición, de momento, seguirá estudiándose.

Con Izquierda Verde -el grupo parlamentario compuesto por IU e ICV- el entendimiento parece ser total. Tras las primeras negociaciones ambas partes coincidieron en que los presupuestos han de ser progresistas, transparentes y de carácter eminentemente social.

Desde que el PSOE ganó las elecciones del 14-M los portavoces de IU e ICV  han afirmado en reiteradas ocasiones que el de la fiscalidad es uno de los terrenos en los que la coalición iba a marcar más diferencias respecto al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y precisamente uno de los factores que facilita el acuerdo entre Izquierda Verde y el PSOE es el compromiso de los socialistas para deflactar la tarifa del IRPF, es decir, adecuar los tramos de tributación de los que consta el impuesto a la inflación. Así, los contribuyentes no saltan a tramos más altos de IRPF sólo por subidas nominales, no reales, de sus ingresos.

En su etapa en la oposición, el PSOE criticó al Gobierno del PP por no deflactar la tarifa y aumentar así la carga impositiva. El PP alegó que sus dos rebajas de impuestos compensaban la llamada "progresividad en frío". La implantación de esta medida, que no se ha llevado a cabo en los tres últimos años, supondría, según los representantes de IU e ICV, una merma de 600 millones de euros en la recaudación fiscal.

Igual que ha hecho ERC, los diputados de Izquierda Verde también han intentado arrancar al PSOE un compromiso para poner en marcha un mecanismo de financiación que compense a los ayuntamientos por el coste que supone la atención a los inmigrantes. "Es imposible tener unos presupuestos sociales sin una buena dotación para los ayuntamientos", ha firmado el representante de ICV, Joan Herrera.

Durante las negociaciones, otro de los objetivos de Gaspar Llamazares y Joan Herrera ha sido lograr del PSOE una apuesta por el desarrollo sostenible.

La lista de peticiones incluye otros puntos de diverso calado. Es el caso del saneamiento de las deudas que arrastran empresas como RTVE y Renfe, superiores a los 12.000 millones de euros; un IVA superreducido para la facturación de agua, luz y gas de las viviendas de primera residencia; la aplicación de tasas finalistas de carácter medioambiental, como la que el PP eliminó al llegar al Gobierno balear, la reducción de los beneficios fiscales no comprometidos con el empleo en el Impuesto de Sociedades y en el de Patrimonio; laicidad en el gasto público y controles para lograr la máxima transparencia en los recursos que se transfieren a las distintas creencias o religiones; cobertura de desempleo para 162.000 cabezas de familia que son parados de larga duración y carecen de ingresos; acercamiento de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional o un fondo de Compensación educativo para financiar la educación infantil de 0 a 3 años. El grupo socialista se ha comprometido a trasladar estas peticiones al Gobierno, aunque algunas de ellas encontrarán difícil encaje.

En definitiva unos Presupuestos para 2005 que sean sociales, persigan el objetivo del empleo de calidad e impulsen las políticas sociales y ecológicas, así como el desarrollo sostenible.

El PSOE también ha arrancado una "predisposición favorable" de Coalición Canaria (CC) para apoyar los Presupuestos del Estado de 2005. Aunque los nacionalistas canarios condicionarán su sí a una mejora de la financiación en sanidad, educación y empleo.

La Coalición, que cuenta con cinco diputados, anticipó al vicepresidente económico el pasado mes de julio sus aspiraciones. Los canarios defenderán con "firmeza" ante el Gobierno central la necesidad de aumentar la inversión pública en infraestructuras en el año 2005, por lo que reclamarán que en los Presupuestos Generales del Estado se compense el hecho de que en los últimos años el Archipiélago ha recibido menos inversión pública que la media estatal. Cifran las necesidades de inversión en 240 millones de euros para infraestructuras, a los que quieren añadir unos 250 para compensar el déficit derivado de la sanidad. Asimismo, los nacionalistas aspiran a retener los 190 millones de euros que las islas pagan al Gobierno central por el Impuesto General del Transporte de Mercancías. CC considera prioritaria la actualización de los fondos estatales destinados a los servicios públicos a partir de la evolución ascendente del censo de población.

CiU espera en el Senado. Con los representantes de CiU en el Congreso nacional la reunión estaba prevista para esta semana, sin embargo no es de prever que de momento se alcance ningún acuerdo. La federación catalana sabe que su baza está en el Senado, donde sus votos son imprescindibles. Ya se demostró con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Al PSOE no le basta en la Cámara Alta con los votos del tripartito catalán. Necesita también los seis senadores de CiU. Aunque el Senado no puede condicionar la política española, porque la última decisión siempre corresponde al Congreso, determinadas iniciativas parlamentarias podrían quedar paralizadas.

Es la oportunidad para que CiU se mantenga en la política española como una fuerza política útil, la necesidad de hacer ver a sus electores en Cataluña que los diputados de la federación nacionalista siguen siendo efectivos, y que pueden ser más decisivos que los propios diputados del PSC integrados en el PSOE. Ese activo sólo lo logrará CiU si pacta los presupuestos del próximo año con el PSOE, o logra, por lo menos, introducir importantes modificaciones que beneficien a Cataluña.

Entre sus peticiones estará la inversión que debería impulsar el Estado en Cataluña. De hecho Convergència i Unió ha elaborado un amplio documento reivindicativo centrado en inversiones para infraestructuras. En Barcelona pretende multiplicar por 10 la dotación estatal para trenes de cercanías. En Girona aspira a conectar el aeropuerto con el AVE Barcelona-Frontera francesa. En Lleida demanda la conexión por autovía con Zaragoza, Vall d'Arán, Tarragona y Huesca, y en Tarragona exige la ampliación del aeropuerto de Reus.

Pactar con el PNV será realmente difícil. Los nacionalistas vascos están ya inmersos en la precampaña electoral para las elecciones autonómicas del País Vasco que se celebrarán en primavera y un pacto de alcance con el PSOE en Madrid no será fácil de explicar ante su electorado. Se interponen, además, sus diferentes puntos de vista en todo lo relativo al Plan Ibarretxe y al conflicto del cupo vasco.

De quienes va a ser imposible recabar su apoyo es del PP. Los populares han acusado al Gobierno de "hipotecar" el futuro de los Presupuestos Generales del Estado de 2005, al estar su negociación condicionada a las exigencias de ERC. De hecho, critican que se haya marginado al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, en esa ronda de encuentros políticos y rechazan que sea el portavoz parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien pacte los presupuestos con ERC, formación que "no desea el progreso" equitativo de España sino "privilegios para Cataluña". O con IU, un partido "simpático", pero que tiene propuestas "negativas" para crear empleo y riqueza.

Será una ponencia, titulada Mantener la ambición del pleno empleo, es la vía por la que el PP recomienda al Gobierno sus recetas económicas para lograr el pleno empleo en 2010. Esta ponencia será debatida por el PP en su XV Congreso Nacional del primer fin de semana de octubre.

ERC, IU y Coalición Canaria se harán la foto con el vicepresidente económico, Pedro Solbes, una vez que hayan cerrado definitivamente el acuerdo con el grupo socialista que permitirá la aprobación sin problemas de los Presupuestos para 2005. Solbes también ha mantenido ya contactos exitosos con CiU y apurará hasta el último minuto para sumar al pacto presupuestario al PNV, pendiente de despejar el contencioso sobre el cupo vasco, y al resto de los grupos minoritarios de las dos Cámaras, cuyo apoyo es necesario, sobre todo, en el Senado.

No será hasta la semana del 20 de septiembre cuando, con papel y bolígrafo, el departamento de Solbes entre en escena para incorporar genéricamente a sus cuentas las líneas maestras de algunas de las reivindicaciones de sus aliados en el Congreso,

El proyecto de Presupuestos de 2005 será refrendado por el Gobierno en el Consejo que celebrará el próximo 24 de septiembre. Posteriormente, se remitirá al Parlamento, donde la negociación se seguirá perfilando con los distintos grupos, tanto en el debate de totalidad -en el que CiU no han descartado la presentación de una enmienda a la totalidad para anticipar escénicamente la importancia que el voto de este grupo tendrá en el Senado- como, fundamentalmente, en el de las enmiendas al articulado, donde se irán poniendo comas y ceros a las propuestas de ERC e IU.

El déficit sanitario se cae de la agenda

La negociación presupuestaria con los distintos grupos representados en el Congreso se está viendo influenciada por el intenso debate en torno a cómo solucionar los déficit acumulados por los sistemas sanitarios de buen número de comunidades autónomas. Sin embargo, el planteamiento hecho por Cataluña -tanto desde la Administración autónoma como desde los partidos políticos que la conforman- y Canarias, a favor de resolver el problema de los déficit sanitarios en el marco de las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2005 no será atendido por el Gobierno. De hecho, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha remitido el debate sobre el déficit sanitario al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese foro, que se reunirá esta semana, habrá que decidir en qué medida hay que modificar los criterios de financiación de la sanidad, y eventualmente la forma de hacer frente a la deuda acumulada.

De este modo, el Gobierno dice no a la petición del Ejecutivo autónomo catalán para que incluyan en las cuentas públicas la solución al déficit sanitario, mediante el aumento de la participación en impuestos cedidos o a través de aportaciones directas. Asímismo el partido socialista ha mostrado su absoluto respaldo al vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Hacienda, Pedro Solbes, para defender en las Cortes un presupuesto unitario, homogéneo territorialmente y que proyecte las políticas del futuro, en vez de pretender resolver problemas del pasado.

Cataluña ha llegado a proponer desde la posibilidad de que el Estado ceda a la Generalitat el 40% del IVA -cinco puntos por encima del porcentaje que fija el sistema de financiación pactado en 2001- hasta una aportación directa o subida de impuestos.

La Generalitat reclama un anticipo de, como mínimo 600 millones de euros, mientras que Canarias demanda 250. Hasta la presidenta madrileña Esperanza Aguirre ha reconocido que las transferencias sanitarias fueron mal negociadas con el Gobierno del PP pero también hay que señalar que la gestión autonómica de la sanidad en los últimos ejercicios no ha sido todo lo correcta que se debiera.

Cataluña no es la única comunidad castigada. A Madrid, Canarias o Andalucía tampoco les cuadran las cuentas. En cualquier caso resolver el déficit sanitario tiene sus complicaciones. Uno de los problemas reside en cuantificar este déficit, si bien el PSOE reconoció durante las pasadas elecciones que era necesario inyectar al conjunto del sistema sanitario cerca de 6.000 millones de euros para paliarlo.

En la actualidad, las comunidades autónomas destinan una media del 30% de sus ingresos a pagar la factura sanitaria, en la que los gastos de personal ocupan el 40% y el gasto farmacéutico el 20% de media aunque en algunas comunidades, como la valenciana, llega al 26%.

Muchas comunidades tienen déficit en Sanidad. La evolución del gasto sanitario depende de factores como la atención a población transeúnte y el envejecimiento de la población; pero depende sobre todo del catálogo de prestaciones, que es una decisión política de la comunidad que gestiona el servicio de acuerdo con su propio presupuesto. El incremento de gasto sanitario puede financiarse mediante un aumento de las transferencias del Estado, pero también recortando otras partidas de los presupuestos de la Comunidad.

Un gran acuerdo nacional similar al Pacto de Toledo en pensiones, pero centrado en la sanidad es la propuesta que el Partido Popular incorpora en su ponencia congresual para 'mantener la viabilidad del sistema sanitario' que se debatirá en el primer fin de semana de octubre, cuando se celebre el  XV Congreso Nacional del PP.

Adiós a la Ley de Acompañamiento

La negociación de los Presupuestos Generales de Estado tradicionalmente han estado rodeados de cierta polémica. Año tras año los ciudadanos han visto como el Ejecutivo de turno se plegaba a las exigencias de los grupos políticos en función del menor o mayor apoyo que necesitara el Gobierno para sacar adelante sus cuentas públicas. Sin embargo esas exigencias, cuando no eran estrictamente económicas, encontraban acomodo en la popularmente llamada Ley de Acompañamiento, un auténtico cajón de sastre del que el PSOE quiere desprenderse cuanto antes. Así lo ha confirmado el propio vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien es partidario de " intentar vivir sin la Ley de Acompañamiento y estrictamente con la Ley Presupuestaria". La idea es plenamente apoyada desde los despachos de Feraz. El propio secretario de organización, José Blanco, ha anunciado la elaboración por parte de los socialistas de unos Presupuestos para 2005 que respondan a su nombre, "que sean presupuestos y no otra cosa y por eso se va a acabar con el fraude que suponía la Ley de Acompañamiento, que sean generales y que sean del Estado".

 La mencionada Ley ha sido utilizada por gobiernos de uno y otro signo para introducir a última hora y en muchas ocasiones con nocturnidad, las más variadas normas, muchas de ellas sin relación alguna con las propias cuentas del Estado.

Son los primeros Presupuestos del Gobierno de Zapatero y, con esta medida, quiere dar ejemplo de coherencia y evitar las prácticas por el uso de la Ley de Acompañamiento de las que ha criticado al PP. Precisamente, el grupo socialista había presentado recurso de inconstitucionalidad contra el uso de la citada ley por los Gobiernos del PP al considerar que se utilizaba de "forma abusiva" para modificar otras leyes sin relación con las cuentas públicas y sin que éstas tengan un debate específico.

La Ley de Acompañamiento se tramita en el Congreso al mismo tiempo que los Presupuestos. Posteriormente, pasa al Senado, lugar que el PP ha utilizado para incorporar un sinfín de enmiendas , muchas de ellas no relacionadas con los Presupuestos. Finalmente debe ser aprobada antes de que finalice el año. Es decir, el trámite dura tres meses y, en el caso de las enmiendas del Senado, apenas dos semanas. Las quejas socialistas se centran, además del uso abusivo, en la práctica ausencia de debate parlamentario para discutir los cambios que se plantean en algunas leyes, que a su juicio necesitaban una discusión específica. Una crítica compartida por IU, que en la reunión para negociar los presupuestos, pidió al PSOE que no hiciera el mismo uso que el PP de esta ley.

La propuesta de supresión, que sería remitida al Congreso junto con la Ley de los Presupuestos de 2004, necesita el apoyo de la mayoría parlamentaria. De ser aprobada la supresión, obligaría a que muchas modificaciones legales que ya estaban pensadas para incorporar este año a la Ley de Acompañamiento tengan ahora que buscar otro camino.