Nº
610 - 5
de julio de 2004
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Comisión del 11-M GUÍA PARA SEGUIR LA INVESTIGACIÓN El 20 de mayo el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los atentados del 11 de marzo y los acontecimientos posteriores que culminaron con la, para muchos, inesperada victoria electoral del PSOE. Más de tres meses después de los ataques terroristas, y cuando todavía continúan ingresadas nueve personas en los hospitales madrileños, la Comisión, formada por 16 diputados, comienza a recibir parte de la documentación solicitada y a interrogar a decenas de personas con el objetivo de esclarecer la verdad y aprender de cara al futuro. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso. Por Vera Castelló La comisión de investigación del 11 de marzo ha nacido con el objetivo de aclarar, principalmente, todo lo que ocurrió en esa jornada fatídica y si pudo haberse evitado. Pero hay otra fecha, la del 14 de marzo, día en el que se celebraron las elecciones generales, que también está muy presente en los trabajos. Unos tratarán de demostrar cómo el anterior Gobierno intentó manejar las informaciones para que no se conociera la verdadera autoría de los atentados antes del 14-M. Otros, en cambio, están empeñados en centrar los trabajos en el 13 de marzo, día de jornada de reflexión previa a las elecciones generales, cuando miles de ciudadanos -la Policía ha cifrado en 24.000 el número de personas- acudieron a las sedes de Partido Popular para exigir información veraz. En lo que coinciden todos los grupos parlamentarios es en su interés por saber si España está preparada para evitar una nueva tragedia de estas dimensiones. Con esos objetivos, los grupos han sido solicitados centenares de documentos, cerca de un centenar de comparecencias y han dispuesto dos meses de trabajo. La pretensión es ocupar todo julio con los interrogatorios, ya que prolongar la comisión en el mes de agosto crearía, en principio, problemas logísticos en el Congreso de los Diputados. No obstante, cabe la posibilidad de que se prolongue más allá de los dos meses inicialmente acordados. Teóricamente los 16 miembros de la comisión de investigación llevan desde el pasado 20 de mayo, día en el que se constituyó, dilucidando lo acontecido de antes, durante y después de la trágica fecha del 11 de marzo. Sin embargo, es a partir de esta semana cuando sus trabajos van a ser más intensos. El calendario marcado prevé que las sesiones se desarrollen de martes a jueves, comenzando por la mañana y sin hora establecida de finalización. Para desarrollar su labor, los diputados comisionados están estudiando diversa documentación y escucharán a decenas de comparecientes. Los ciudadanos esperan una investigación a fondo que permita aprender de los errores del pasado y evitar, en la medida de lo posible, nuevos acontecimientos tan dolorosos. Pero cuando concluya la investigación parlamentaria puramente dicha, llegará el tiempo de las conclusiones, que serán adoptadas mediante votación. El documento final tendrá que pasar por el pleno del Congreso para debatirlo y aprobarlo. Pero una vez aprobado, las conclusiones tendrán que someterse a dos juicios posteriores: el de los ciudadanos y el del juez que se pronuncie sobre las investigaciones oficiales. Los diferentes grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia de mas de cien personas, incluidos cargos políticos, mandos policiales, directivos de medios de comunicación, jueces, afectados, estudiosos en terrorismo islamista, políticos extranjeros -estas últimas, finalmente desestimadas-, etc. Pero en lo que todos los grupos han coincidido es en pedir la citación del ex ministro del Interior, Ángel Acebes, del actual titular del ministerio, José Antonio Alonso, y del ex-director del CNI, Jorge Dezcallar. Primeras citas. El pasado jueves la Comisión se volvió a reunir y acordaron un primer calendario de comparecencias, las referentes a esta misma semana. El martes 6 de julio, romperá el fuego Luis Garrudo, el portero del edificio de Alcalá de Henares que vio bajar a dos individuos de una furgoneta, una comparecencia que solicitó, en solitario, el PSOE. Le seguirá la directora del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladíez, en cuyo informe se hablaba de los efectos de las explosiones en los cuerpos de las víctimas y se descartaba la presencia de un terrorista suicida. A continuación, desfilarán ante los diputados funcionarios y mandos de la Policía y de la Guardia Civil. Finalmente serán menos de la mitad de la treintena solicitada por los grupos, ya que los miembros de la comisión han entendido que algunos testimonios podían resultar redundantes. La lógica ha sido comenzar por los policías ya que éstos pueden aportar información útil para preguntar luego a los políticos. Las declaraciones de mandos policiales las abrirá el comisario de Policía de Alcalá de Henares, Eduardo Blanco, y le seguirá el jefe de los TEDAX, Juan Jesús Sánchez Manzano, con quien se cerrará la primera jornada del martes. El miércoles, día 7, están citados el comisario de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía, Mariano Rayón; el responsable de Información Exterior de la Guardia Civil, Faustino Álvarez, y el ex comisario general de Información Jesús de la Morena. La segunda jornada de comparecencias incluirá también al jefe de Información y Policía Judicial de la Guardia Civil, José Manuel García Varela, y el ex subdirector operativo de la Guardia Civil, Vicente Faustino Pellicer. Para el jueves, día 8, quedan el ex Jefe de la Policía Científica de Madrid, Miguel Ángel Santano; el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño; el ex subdirector general operativo de la Dirección General de Policía Pedro Díaz-Pintado Moraleda y el comisario general de Información, Telesforo Rubio. El presidente de la Comisión, Paulino Rivero, a petición del Ministerio de Interior, ha decidido tomar las medidas oportunas para, por razones de seguridad, preservar la identidad de todos ellos. Parece que tras los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, seguirán los responsables de los medios de comunicación quienes desfilen por la Comisión. A muchos les ha sorprendido que estén solicitadas las comparecencias de una docena de periodistas. Ni el PP ni el PSOE las han pedido -éstos se han limitado a reclamar las grabaciones y transcripciones literales de las informaciones emitidas por distintos medios de comunicación esos días-, sino que han sido los grupos minoritarios. Tanto ERC, como el PNV y la Chunta Aragonesista han propuesto interrogar al polémico ex director de informativos de TVE Alfredo Urdaci. ERC propone llamar también al ex jefe de Información de Efe Miguel Platón y a los directores de EL PAÍS, El Periódico y Abc, a quienes telefoneó el 11-M el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Los últimos en presentarse delante de los diputados serán los políticos. Es ahí donde las comparecencias pueden ser más interesantes. Ningún grupo ha pedido citar al actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo su antecesor, José María Aznar, sí está en la lista a solicitud de IU, ERC, CiU, PNV y el Grupo Mixto. Aznar dice estar dispuesto a declarar, aunque su partido prefiera no tomar esa decisión todavía. Si al final se decide su presencia,el ex presidente será el último en comparecer, aunque si también es llamado José Luis Rodríguez Zapatero será el actual jefe del Ejecutivo quien cierre el turno de comparecencias. Hay que recordar que al centenar de comparecencias solicitadas, se pueden añadir otros muchas estos días, ya que el reglamento de trabajo así lo permite. Incluso se puede pedir nueva documentación que se crea de utilidad a tenor de las informaciones que puedan aportar los comparecientes. Pero si esta es la semana en la que comienzan las comparecencias, la anterior se dedicó a recibir y estudiar la documentación solicitada a las distintas instituciones. Como era de esperar, este está siendo uno de los principales problemas con los que se están encontrando los comisionados. Buena parte de los informes solicitados son confidenciales o forma parte del sumario judicial aún en marcha. Esto ha provocado que tanto el Gobierno como la Judicatura hayan tenido que estudiar caso por caso, documento por documento, antes de decidir si remitir los textos al Congreso. Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló la pasada semana la potestad del juez instructor del caso, Juan del Olmo, para negar toda aquella documentación que afecte el secreto del sumario, con lo cual será este magistrado quien tenga la última palabra sobre la cesión o no de algunos de los informes más reveladores. En cualquier caso, la mayoría de los documentos ya remitidos confirman que España fue advertida del riesgo que corría de ser víctima del terrorismo islámico desde 2001, poco después de los atentados contra las Torres Gemelas. En ello coinciden distintos informes procedentes del Ministerio de Interior. Lo cierto es que la llegada de los primeros documentos a la comisión está siendo muy polémica. El PP acusa a los socialistas de estar filtrando interesadamente los textos suministrados por el Gobierno para que puedan ser presentados de manera que parezca que el Ejecutivo anterior no se mantuvo vigilante y ni fue previsor contra el terrorismo de signo islámico. El PSOE, en cambio, estima que los documentos hablan por sí mismos tanto en lo que se refiere a los momentos anteriores al atentado del 11-M como a la administración posterior de la información policial. Hay otros documentos que sin ser confidenciales tampoco van a poder estar en manos de los diputados. Es el caso, por ejemplo, de las actas de las reuniónes del gabinete de crisis del Gobierno en las horas posteriores a los atentados. Según ha confirmado el actual Ejecutivo, no consta en los archivos su existencia, algo realmente anómalo que ha llevado al líder de IU y representante de la formación en la Comisión, Gaspar Llamazares, a solicitar las notas manuscritas que el anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, pudiera haber tomado en las mencionadas reuniónes en su famosa "libreta azul". Aunque finalmente el Pleno del congreso aprobó la creación de la Comisión por unanimidad, CiU fue la única formación política que mostró sus reticencias a su constitución. En su recuerdo, quizás, estaba la anterior investigación parlamentaria, la de Gescartera, cuyas conclusiones no convencieron a nadie. Se espera que en esta ocasión, dada la cantidad de documentación que existe y el interés de todos por esclarecer lo ocurrido, pueda lograr un dictamen más satisfactorio. En definitiva, llega la hora de demostrar que esta Comisión se ha creado con una intención verdadera de esclarecer los hechos y borrar las huellas dejadas por unos primeros días de funcionamiento en los que los partidos minoritarios han denunciado reiteradamente un preacuerdo entre el PSOE y el PP para, por ejemplo, no citar ni al actual ni al anterior presidente del Gobierno. En virtud de las peticiones de documentación y comparecencias de cada partido se puede deducir claramente las prioridades de cada uno. Así, el PSOE ha centrado su solicitud de documentos en los informes oficiales relativos a la amenaza islamista anterior al 11-M, la investigación policial de los atentados, informes sobre las vías de investigación abiertas y documentos oficiales sobre las reuniónes llevadas a cabo por el Gobierno entre el 11 y el 14 de marzo. Por su parte el PP ha solicitado, basicamente, informes sobre las operaciones contra ETA y el terrorismo islamista durante su etapa de gobierno y notas e informes del CNI entregadas al Ejecutivo entre el 11 y el 14 de marzo. Además solicita cintas de video y transcripciones de las emisiones de la Ser, RNE, TV3, ETB, Canal Sur y CNN de esos días, incluso pidió los mensajes a través de teléfonos móviles realizados por políticos durante la jornada de reflexión. Los grupos minoritarios reclaman todos los informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre el riesgo de ataques islamistas en España, tras los atentados de Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003, así como los elaborados tras la matanza terrorista del 11-M. Las peticiones de IU aparecen como las más exigentes ya que incluyen los informes facilitados por servicios secretos extranjeros, como el israelí, estadounidense y británico, sin embargo, el hecho de que cuente con un solo representante en la Comisión no ayuda a que finalmente se estudie todo lo que pide. Gaspar Llamazares ha exigido investigar hasta las últimas consecuencias, sin embargo puede que eso incluya el ser investigado él mismo ya que el PP ha solicitado su comparecencia ante los diputados para explicar su participación y la de su coalición en los sucesos en torno a las sedes de los populares durante la jornada de reflexión previa al 14-M. La instrucción del sumario. La duda de algunos es si los trabajos de esta Comisión pueden colisionar con el proceso judicial en marcha, de hecho, como ya se ha indicado, los diputados han solicitado documentación que se encuentra bajo secreto de sumario por estar aún en curso las investigaciones judiciales. El grueso de los trabajos sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid está en manos del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, quien ha ordenado ya medio centenar de detenciones. Un total de 14 personas se hallan actualmente en prisión, además de un menor, de 16 años, en internamiento preventivo. Cinco de ellas son españoles -sospechosos de participar en la trama que proporcionó los explosivos-, hay uno sirio y los demás marroquíes. Estas investigaciones en algún caso han coincidido con las que ha llevado a cabo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en referencia a la presencia de grupos relacionados con Al Qaeda en nuestro país, un sumario cuya instrucción se dio por finalizada el pasado 15 junio y que ha sido enviado a la sala de lo penal de la Audiencia para su enjuiciamiento. En cuanto a los trabajos de Del Olmo, ya ha comenzado a tomar declaración a los policías que intervinieron en la recogida y desactivación de explosivos en los trenes de cercanías que sufrieron los ataques terroristas. |
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A la espera de comparecer Aún no existe un listado definitivo de quiénes pasarán por la Comisión para declarar, pero sí hay algunos más seguros que otros en función del número y peso de los grupos parlamentarios que lo han solicitado. De hecho, hay tres personas de los más de cien comparecientes posibles cuya presencia ha sido requerida por todas las fuerzas políticas: el ex ministro del Interior, Ángel Acebes; su sustituto, José Antonio Alonso, y el ex director del CNI, Jorge Dezcallar. De todas las comparecencias pedidas por los grupos, dos de ellas no fueron admitidas, las de los ministros del Interior de Marruecos, Mustafá Sahel, y de Alemania, Otto Schily, al ser autoridades extranjeras. Este es el listado de las comparecencias solicitadas por los distintos grupos:
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Los comisionados Esta es la primera comisión de investigación parlamentaria que se crea durante esta legislatura y es, a todas luces, un asunto muy sensible que ha requerido del acuerdo de todos los grupos para ponerse en funcionamiento y negociar qué diputados formaban parte de ella. La responsabilidad de presidirla ha recaído en el portavoz parlamentario de Coalición Canaria, Paulino Rivero, un veterano político de 52 años que se convirtió en el alcalde más joven de España cuando, con sólo 27 años, obtuvo el mando de su localidad natal, El Sanzal (Tenerife) en las primeras elecciones municipales de la democracia, cargo que aún ostenta y que compatibiliza, desde 1996, con el acta de diputado en el Congreso. Se le considera un gran negociador, paciente y con cintura política. En 1996 Coalición Canaria llegó a un acuerdo con el PP por el que ambos partidos se prestaban mutuo apoyo en Madrid y en el Gobierno Canario. Ocupa la vicepresidencia de la Comisión, Ángel Martínez Sanjuán, uno de los más curtidos diputados socialistas, que lleva en el Congreso desde la II legislatura, últimamente como portavoz en la comisión de Interior. Los representantes socialistas están capitaneados por Álvaro Cuesta, un hombre de la total confianza de la dirección socialista y que sonaba como ministro. Este abogado asturiano, lleva como diputado desde la II legislatura, es presidente de la Comisión de Justicia y fue elegido secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE en el 35º Congreso. Completan los comisionados socialistas Gloria Rivero, una abogada canaria de 47 años que acaba de dar el salto a la política nacional y que despliega una inusitada actividad dentro del Parlamento al formar parte de las comisiones de Interior, Fomento y Vivienda, Relaciones con el Defensor del Pueblo, Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Justicia. Antonio Hernando Vera, otro de las jóvenes promesas del PSOE y Juan Luis Rascón, un jienense que entre los años 2002 y 2004 fue el portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia y que como diputado participa en la comisión mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y en las de Justicia, Interior y Constitucional, completan la representación del PSOE. En cuanto al Partido Popular, no tiene un único portavoz en esta comisión aunque están coordinados por Vicente Martínez Pujalte, un todoterreno de la vida política desde que llegara al Congreso en la V legislatura. Tradicionalmente considerado como muy cercano a Rodrigo Rato y ahora a Eduardo Zaplana, Martínez Pujalte ya participó muy activamente en la comisión de investigación de Gescartera. Para reforzar el perfil técnico, el PP ha incluido a Ignacio Gil Lázaro -es el secretario de la Comisión- entre sus representantes, otro veterano en la política nacional, ligado en sus orígenes a la antigua Alianza Popular, de la que fue presidente provincial de Valencia. Los otros populares son la avilesina Alicia Castro Masaveu, una mujer de amplia experiencia en política regional y local -diputada autonómica entre 1983 y 1987 y Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo- que dio el salto a la escena nacional al obtener su acta de diputada en la VI legislatura; Manuel Atencia, todo un experto en temas de Defensa que llegó al Congreso en la anterior legislatura, después de haber sido diputado autonómico en Andalucía y senador y, por último, Jaime Ignacio del Burgo, un experimentado político navarro que fue senador en la legislatura Constituyente y diputado desde la IV. En lo que respecta a CiU, la formación ha designado a su portavoz adjunto en el Congreso, Jordi Jané, para representarles en la Comisión, un joven abogado que obtuvo su primer acta de diputado en la VI legislatura. De talante negociador, Emilio Olabarría, diputado desde la III legislatura, representa al PNV en las investigaciones. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) eligió a Joan Puig Cordón, su portavoz en las comisiones de Defensa, Presupuestos, Control Parlamentario de RTVE y de seguimiento de los Acuerdos de Toledo. Para demostrar el interés que suscita esta investigación para IU, es su líder y coordinador general, Gaspar Llamazares, el hombre que se sienta en la Comisión. Por último, José Antonio Labordeta, único diputado de la Chunta Aragonesista, es el representante del Grupo Mixto. |
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La comisión del 11-S, a punto de concluir Las comparaciones siempre son odiosas, pero lo cierto es que si cotejamos nuestra recién creada Comisión de investigación con la puesta en marcha en Estados Unidos tras los atentados de las Torres Gemelas, no hay color: los medios utilizados y el perfil de las personas que investigan las dos masacres son muy distintos. En lo único en lo que quizás "ganamos" es en la rapidez en la que ha sido creada la española. Los americanos tuvieron que esperar más de un año para que comenzaran los trabajos políticos. Allí el primer reticente a que se creara una comisión de investigación fue el propio presidente del país, George W. Bush, temeroso de que sus errores le vayan a pasar factura en las próximas elecciones presidenciales. Posiblemente, así sea. La Comisión estadounidense se creó, hace veinte meses, con el objetivo de estudiar los errores del Gobierno y de los servicios de inteligencia, antes y después de los ataques terroristas del 11-S, y eso ha supuesto que los trabajos hayan abarcado no solo el ámbito de los servicios de inteligencia sino también de las fuerzas de seguridad, las agencias de inmigración, los servicios de control fronterizo, la financiación de las actividades terroristas, la seguridad en la aviación comercial y otras áreas que la Comisión ha considerado relevantes. La Comisión no la forman políticos en activo como aquí en España, sino que los cinco republicanos y cinco demócratas que la componen son ex congresistas o ex senadores o han estado implicados con la política en Washington como consejeros, académicos o diplomáticos. En un principio la Casa Blanca consiguió imponer al ex secretario de Estado Henry Kissinger en la presidencia, pero finalmente el veterano político dimitió del puesto dada la controversia creada. Unas 1.200 personas han comparecido ante la comisión en 10 países. El presidente y el vicepresidente lo hicieron en privado y sin posibilidad de grabación, y la consejera de Seguridad finalmente aceptó declarar en público. Esa fue la jornada más interesante, ya que aportó un documento recibido por Bush, un mes antes del 11-S, titulado: "Bin Laden, determinado a atacar dentro de EE UU". Pero en lo que sí que coinciden ambas comisiones es en los escollos encontrados para que la Casa Blanca proporcionara los documentos confidenciales. Aunque se articuló un sistema por el que se permitía a cuatro miembros de la comisión inspeccionar los informes sin tomar notas, finalmente sólo se han entregado los informes cuya existencia era conocida. A pesar de las dificultades encontradas, la comisión del 11-S, que presentará sus conclusiones el próximo 26 de julio, ha desmontado la posible existencia de vínculos entre Al Qaeda y Saddam Hussein. |
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