El Gobierno deshace en un mes las principales apuestas políticas de Aznar

La 'desaznarización'

A poco más de un mes desde que fuera investido presidente, el nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha aplicado en adelantar una serie de medidas concretas y urgentes que han hecho temblar los pilares sobre los que se asentó la política llevada a cabo por el ex responsable del Ejecutivo, José María Aznar, durante esta última legislatura. La retirada de las tropas españolas de Iraq, la asistencia a los familiares de los militares muertos en el accidente del Yakovlev 42, las paralizaciones del Plan Hidrológico Nacional, de la Ley de Calidad de la Enseñanza y de los recursos del PP contra 80 Leyes autonómicas, o el nuevo acercamiento a los nacionalistas y a Europa, son sólo los primeros ejemplos de este proceso que podría calificarse de auténtica 'desaznarización' de la vida pública española.

Por Fermín Núñez

El nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de cumplir su primer mes de andadura. 30 días en los que -además de comenzar a diseñar las que serán sus grandes líneas de actuación a la largo de los cuatro próximos años-, también ha impulsado una serie de medidas que responden a las demandas más urgentes que la mayoría de los ciudadanos reclamaron el pasado 14-M en las urnas: aquellas que de manera más concluyente han identificado la labor del Ejecutivo de José María Aznar durante los últimos ocho años. Con ellas ha iniciado el camino hacia la "desaznarización" de la vida pública, marcada en los últimos tiempos por el estilo hosco y poco conciliador del ex presidente. Ellas representan también el claro cambio que Zapatero pretende imponer desde el principio a su mandato al frente de la Administración, su acercamiento a las preocupaciones que de manera más acuciante han manifestado públicamente gran parte de los ciudadanos y su deseo de acabar con la falta de diálogo que ha caracterizado durante meses las relaciones del Ejecutivo "popular" con el resto de los partidos del arco parlamentario y con las instituciones europeas.

Iraq: crónica de un regreso anunciado

La colaboración del Estado español en la intervención militar estadounidense en Iraq ha sido uno de los temas que más ha confrontado a la ciudadanía con el Gobierno de José María Aznar, hasta el punto de convocar algunas de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en la historia de nuestra democracia. A pesar de ello, el ex presidente se tomó este apoyo incondicional a EEUU como una auténtica apuesta personal que le llevó sucesivamente a formar parte del llamado "trío de las Azores" (junto al presidente norteamericano George W. Bush y al primer ministro británico Tony Blair), a encajar la evidente ausencia de armas de destrucción masiva en Iraq y a enemistarse con el núcleo duro de la Unión Europea, formado fundamentalmente por el eje franco-alemán. El devenir de la posguerra iraquí, junto a todos estos factores, han colaborado en gran medida al triunfo socialista en las urnas el pasado 14 de marzo. Consciente de ello, el nuevo presidente José Luis Rodríguez Zapatero -que había incluido en su programa electoral la retirada fulminante de nuestras tropas en Iraq si antes del 30 de junio la ONU no tomaba las riendas políticas y militares de la ocupación-, decidió que aquella medida iba a ser la que encabezara la actuación del nuevo Ejecutivo.

El pasado 18 de abril, apenas 35 horas después de celebrarse su investidura, el nuevo presidente convocó a los medios al Palacio de la Moncloa y les anunció que había ordenado el regreso inmediato de las tropas españolas en Iraq, justificando el adelanto de la decisión sobre la fecha prevista con el convencimiento de que la ONU no adoptaría ninguna resolución que se ajustara a las condiciones establecidas por el PSOE. "Tanto las manifestaciones públicas de los principales actores implicados en este conflicto -afirmó entonces el presidente-, como los contactos mantenidos por el ministro de Defensa, a petición mía, en el curso del último mes, no aportan indicios que permitan prever una variación sustancial en la situación política y militar existente en Iraq en los plazos previstos y en el sentido reclamado por el pueblo español".

Efectivamente, el 24 de marzo, los ministros de Defensa y Exteriores, José Bono y Miguel Ángel Moratinos, se habían entrevistado en Madrid con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell. Tras esta conversación, ambos hablaron con los principales aliados y con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, para tratar de lograr la toma de control de Naciones Unidas en Iraq. Sin embargo, una semana antes al anuncio de la retirada de nuestras tropas, el viaje de Tony Blair a la ONU y a Washington despejó las últimas dudas. De sus entrevistas con Annan y George Bush salieron sólo declaraciones apoyando una nueva resolución que reforzara el papel de la ONU en Iraq, pero nada que se pareciese a la implicación y el control que reclamaba nuestro presidente.

De este modo, la retirada de las tropas ha protagonizado el giro radical emprendido por el Gobierno en política exterior. Durante la última etapa del Ejecutivo liderado por Aznar, la implicación española en Iraq se tradujo en unas relaciones inmejorables con EEUU, que apoyó a nuestro país frente a ETA, constituyendo una especie de alianza contra el terrorismo mediante la cual también se nos prometían apoyos económicos y financieros. Sin embargo, esta actuación también rompió el consenso de los partidos españoles respecto a las grandes líneas de la política exterior, enfrentándonos de paso a Francia y Alemania, los dos países con más peso en la Unión Europea.

Con la decisión, sin embargo, el escenario ha cambiado. El 27 de abril, el asunto llegó al Parlamento, en donde -al igual que ocurriera en la pasada legislatura con la guerra de Iraq-, todos los grupos de la oposición a excepción del PP, se mostraron favorables al regreso de las tropas, y criticaron al Gobierno del PP el haber impulsado una medida contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y que sólo ha empeorado la situación de Oriente Próximo, favoreciendo el terrorismo.

El refrendo parlamentario supuso un claro espaldarazo al Gobierno, que animado por este apoyo, tomó la decisión de acortar el plazo límite para el regreso de las tropas, fijado en un principio para el próximo jueves 27 de mayo. Así lo adelantó José Bono el pasado día 9 durante el viaje sorpresa que realizó al acuartelamiento de Diwaniya -capital del área de responsabilidad española en Iraq-, en donde 1.000 soldados se preparaban para su inminente vuelta a casa.

Una semana después de aquel anuncio, las tropas españolas destacadas en esta localidad cedían el mando operativo de "Base España" a los estadounidenses. Era el comienzo del fin de la presencia española en el aquel país, que no obstante se había iniciado dos días antes con la llegada a Almería del primer avión con tropas pertenecientes al Contingente de Apoyo al Repliegue Español (Conapre), junto al que abandonó también Diwaniya otra unidad compuesta por 101 efectivos que viajaron a Kuwait con el fin de acometer la repatriación del material. De esta forma, escalonadamente, los últimos soldados destacados fueron desalojando sus bases a lo largo de la semana pasada.

Como no podía ser de otra manera, la retirada ha recibido multitud de críticas del PP, sobre todo por lo que han considerado una política de hechos consumados, ya que Zapatero tomó la decisión antes de debatirla en el Parlamento, y adelantó el regreso a pesar de que la ONU anunció una mayor implicación en Iraq. El asunto ha sido el eje central del discurso político contra el nuevo Gobierno que ha emprendido en diferentes foros el propio ex presidente -en lo que parece una batalla personal por salvaguardar su gestión-, y que ha despertado suspicacias incluso en el seno de su propio partido (ver el reportaje "Aznar no se va", en este mismo número). A pesar de ello, el regreso de los soldados ha sido visto por el presidente como uno de los principales logros del nuevo Ejecutivo durante su primer mes de andadura.

Yakovlev 42: una deuda pendiente

Dentro de este ámbito de la Defensa, otro de los temas que más popularidad hizo perder al pasado Gobierno fue, sin duda, la gestión del trágico accidente aéreo del Yakolev 42, que acabó con la vida de 62 militares españoles destacados en Afganistán. La actuación del ex ministro Federico Trillo fue criticada incluso por altos mandos militares, que le acusaron de no haber dado la información suficiente a las familias, dejándolas en situación de desamparo.

Estos familiares, que han formado asociaciones de afectados por la catástrofe, se quedaron sin pruebas concluyentes de qué pasó realmente con los cadáveres de los militares y vivieron tensas jornadas a la espera de que el ministro les ofreciera algún tipo de explicación de lo ocurrido. El general en la reserva José Luis González Arribas, padre de uno de los fallecidos resumía el sentir general de las familias en una carta al ministro Trillo publicada en El País el pasado 24 de octubre, en la que calificaba de "decepcionante" la reacción de ciertas autoridades públicas respecto al accidente: "sólo hemos recibido de ustedes palabras inconvenientes, malos gestos y descalificaciones hacia las familias, promesas incumplidas, informaciones contradictorias, ocultación de datos..."

Este claro malestar demostrado públicamente en multitud de ocasiones por las familias de los fallecidos, ha hecho que, desde su nombramiento, el nuevo ministro de Defensa José Bono, haya considerado la clarificación de los hechos ocurridos el 26 de mayo de 2003 como una prioridad política. En su primer mes como responsable de esta área, Bono ha tenido ya varias deferencias con estas familias. Poco después de que se efectuase su nombramiento Bono se reunió con los representantes de las mismas para estudiar sus reclamaciones y focalizar la atención del ministerio a las demandas concretas que planteasen. Fruto de esas reuniones, el pasado día 17, Defensa fletó un avión a Estambul con el fin de que 43 familiares se realizasen una pruebas de ADN para cotejar su código genético con el de los restos hallados en el lugar de la catástrofe (la localidad turca de Trebisonda), con el fin de ratificar si las identidades atribuidas en su momento a 33 de los militares muertos son correctas o no. Los gastos del viaje, los análisis y la estancia han sido íntegramente asumidos por Defensa, que además ha enviado junto a los familiares una delegación oficial con cuatro representantes del ministerio y dos abogados.

En caso de que los resultados de los análisis corroboren la identidad de los fallecidos, la polémica quedará zanjada y acabarán las dudas que surgieron en las familias desde el primer momento ante la celeridad con que se repatriaron los cadáveres a España.

Pero, en caso de que las pruebas confirmen la sospecha de algunos familiares (que algunos militares fueron enterrados con una identidad errónea), el trance será peor, ya que probablemente solicitarán la exhumación de los cadáveres para comprobar que realmente pertenecen a quienes les dijeron.

En cualquiera de los casos, las familias se han mostrado satisfechas con la actuación del nuevo titular de Defensa, tal y como se encargó de manifestar antes de tomar el avión a Turquía el presidente de la asociación que agrupa a 40 de las familias, Carlos Ripollés: "comenzamos el camino hacia la verdad, que es el viaje que tenía que haberse realizado hace casi un año".

El propio José Bono se ha desmarcado de las recriminaciones de las familias al anterior Ejecutivo asegurado: "si se ha producido alguna responsabilidad que fuese exigible [al anterior Ejecutivo], no le corresponde al ministro ni alentarla ni exculparla. Con las pruebas que me llegan, creo que si ha habido alguna en todo caso será por fragilidad, por descuido, por negligencia por falta de diligencia debida. Y en ningún caso por malicia, por dolo o por deseo de hacer daño..."

A pesar de ello, las familias creen tener motivos para recelar del antecesor de Bono en el cargo, ya que tras cotejar los datos de las autopsias practicadas en Turquía con la información extraída del reconocimiento de los cadáveres que Defensa facilitó a los familiares, estos sospechan que al menos ocho de los fallecidos en el accidente podrían haber sido enterrados con identidades erróneas.

El actual ministro también se ha encargado de organizar un nuevo viaje a Turquía el próximo 26 de mayo, cuando se cumpla un año de la tragedia, en el que las familias asistirán al homenaje que tendrá lugar en Trebisonda junto a miembros del Gobierno español y turco.

PHN: el mismo agua, pero sin trasvase

El Plan Hidrológico Nacional (PHN) diseñado por el anterior Gobierno provocó una autentica batalla política entre las Comunidades Autónomas del norte peninsular, donantes de agua (Aragón y cataluña), y las receptoras del Sur (Comunidad Valenciana y Murcia). El eje fundamental de la polémica era la previsión de que esa donación de agua se realizase a través de un gran trasvase que pretendía extraer 1.050 hectolitros anuales de agua de la cuenca hidrográfica del Ebro para abastecer las necesidades de Barcelona (ramal Norte) y el resto del litoral mediterráneo hasta Almería (ramal Sur). Algo que según los críticos suponía un elevadísimo coste económico y medioambiental, y que a pesar ello, fue sostenido por el Gobierno del PP por encima de otras alternativas, que no merecieron ningún estudio serio de expertos independientes.

Por ello y tras su llegada al poder, el PSOE -que en durante estos años se ha opuesto tajantemente a la realización de este trasvase-, anunció que paralizará la actual concepción del PHN, legislada ya por el PP, para emprender una alternativa a la misma que prescindirá del trasvase.

El pasado día 12, la flamante ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar cuáles van a ser las medidas concretas que emprenderá dentro de su mandato en este terreno. "Más agua, a un menor coste y en menos tiempo": este es el eslogan que regirá la alternativa a un trasvase del que -según Narbona-, no se nos dijo la verdad. Por ejemplo, aseguró, "jamás se dijo a los agricultores lo que les iba a costar realmente el metro cúbico de agua trasvasada (90 céntimos de euro), y cuánto valía desalar la misma cantidad (33 céntimos)". Ello ha permitido al actual Gobierno abordar un nuevo diseño que será presentado dentro de unos días y en el que se promete abastecer a las cuencas necesitadas de la misma cantidad de agua (1.058 hectolitros al año por lo menos) con menor coste económico (3.747 millones de euros, frente a los 4.200 previstos en el trasvase). Además, Narbona ha adelantado que, según sus calculos, casi un tercio del coste total del nuevo plan alternativo (1.200 millones), sería aportado por la Unión Europea.

La parte más importante de este presupuesto se destinará a la construcción de nuevas desaladoras, aunque junto a ellas, el Gobierno también prevé la reutilización de las aguas sobrantes del abastecimiento público e industrial, el ahorro de los recursos mediante la mejora de su sistema de uso y la modernización de la gestión, que pasa por la mejora de las conducciones de agua.

Contra la violencia de género

Al igual que la retirada de las tropas de Iraq, la violencia ejercida contra las mujeres es uno de los temas que más han preocupado a los ciudadanos durante los últimos años. La política del PP se ha mostrado ineficaz contra los asesinatos de mujeres en el ámbito doméstico, que crecen año tras año sin que, al menos aparentemente, la Justicia pueda hacer nada para evitarlo. Este fracaso del Ejecutivo popular se debía -según opinan la mayoría de las asociaciones y la oposición al PP-, a la negativa a abordar la cuestión como un problema de Estado. Por ello, Zapatero se había comprometido a que una vez en el Gobierno, el primer proyecto que enviaría al Congreso sería el de una Ley Integral contra la Violencia de Género como la que presentara en 2001. El informe sobre este proyecto -que constituía una vieja reivindicación de las asociaciones de mujeres y que ha sido consultado a las mismas-, fue aprobado por el primer Consejo de Ministros ordinario celebrado por el Gobierno el pasado 23 de abril y trata de dar respuesta a las debilidades de la Administración a la hora de atajar este tipo de violencia, observando el problema en su verdadera magnitud y diseñando una política trasversal que incluirá aspectos hasta ahora no previstos por el PP.

Esta política se asentará -según el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera-, sobre tres pilares fundamentales: la prevención, la protección y apoyo a la víctima y la sanción al maltratador. A su vez, tendrá incidencia sobre las competencias de cinco ministerios (Trabajo, Interior, Educación, Economía y Hacienda),y está previsto que reforme cerca de 15 leyes, algunas orgánicas.

Desde el punto de vista de la prevención, la Ley intentará cambiar los patrones culturales y educativos. Para ello, creará una nueva asignatura de "Ética e Igualdad" que se impartirá a partir de 4º de la ESO y será evaluable. Además, también impondrá mecanismos para la retirada de cualquier tipo de publicidad sexista que utiliza a la mujer como reclamo, o que la asocia a un comportamiento estereotipado en el ámbito doméstico.

En el terreno de la protección y el apoyo a las víctimas, la norma pondrá a disposición de las mismas nuevos centros específicos en los que puedan recibir un tratamiento integral y preverá ayudas económicas, formación, y bonificaciones destinadas a facilitar su acceso al mercado laboral. Así mismo, también reforzará las dotaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad dedicadas a proteger a estas mujeres, y se creará una Delegación de Gobierno para la violencia de género y un observatorio estatal para el análisis de la violencia sexista.

Por último, en cuanto a las sanciones a los maltratadores, la futura Ley prevé la especialización de los juzgados penales en este tipo de delitos. Este proyecto de Ley, coordinado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y los responsables de las áreas de Trabajo, de Interior (José Antonio Alonso) y de Justicia (Juan Fernando López Aguilar), será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo 28 de mayo.

El Gobierno ha llegado a llevar al detalle el impulso de políticas de igualdad. Sirva como ejemplo que, a partir de ahora, las azafatas del AVE podrán elegir entre llevar falda o el mismo tipo de pantalón que sus compañeros masculinos.

Educación y búsqueda de un Estado laico

En el mismo Consejo de Ministros del 28 de mayo también se aprobará el Real Decreto que interrumpirá el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), promulgada por el anterior Gobierno. Esta Ley también despertó muchas críticas de organizaciones sociales y partidos de la oposición durante el mandato de Pilar del Castillo al frente del ministerio de Educación.

Ahora, la nueva titular de la cartera, María Jesús Sansegundo, propone derogarla para generar un nuevo debate que finalice con la asunción de una nueva norma surgida de un pacto de Estado consensuado con todas las partes interesadas: partidos políticos, organizaciones sindicales, profesores, padres y alumnos. Para ello, el Gobierno planteará varios asuntos.

En primer lugar se debatirá la educación de 0 a 3 años, que la LOCE contemplaba como algo méramente asistencial para las familias con niños pequeños, y que el nuevo Ejecutivo pretende dotar de un sentido más instructivo. Otro aspecto importante será la gratuidad del ciclo infantil de 3 a 6 años, que el PP sí recogió en la LOCE y que el PSOE está dispuesto a mantener, aunque las organizaciones educativas reclaman un aumento de la financiación para llevar a cabo esta medida, y no se ponen de acuerdo en cómo materializarla: sindicatos y asociaciones laicas de padres desean que se creen más plazas públicas, mientras que las patronales de la eduación concertada y las asociaciones religiosas pretenden que se aumenten los conciertos con centros privados (algo que se perfila harto difícil con el nuevo Gobierno).

Junto a todo ello, también se propondrá la revisión de la ESO para acabar con los diversos itinerarios que dividían a los alumnos según su rendimiento.

Pero el tema más polémico es sin duda la decisión de que la asignatura de Religión no sea ni obligatoria ni evaluable. El Ejecutivo de Zapatero la ha tomado como parte de su apuesta personal hacia el Estado laico. Un camino en el que se ha topado de frente con la Iglesia. Tal y cómo publicó El Siglo en su reportaje "Los obispos, acongojados" (nº 601), esta apuesta ya ha incluido anuncios que preocupan a las autoridades eclesiásticas, como la ampliación de los supuestos que permiten abortar a las mujeres en las doce primeras semanas de gestación del feto (una de cuyas defensoras más acérrimas es la propia vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega), la legalización del matrimonio entre homosexuales (que cuenta con el apoyo incondicional de IU), la reforma de la Ley del Divorcio con el fin de agilizar sus trámites y permitir que no sea necesaria la separación previa o la utilización de células madre (que la titular de Sanidad, Elena Salgado, ha condicionado únicamente a lo que digan la Consitución y el Tribunal Constitucional).

A ello se unirá además otra cuestión que provoca escalofríos en la Conferencia Episcopal, con quien tanto Aznar como su esposa Ana Botella mantuvieron inmejorables relaciones y a quienes concedieron importantes prebendas. Se trata de la posible revisión de los acuerdos establecidos entre el Estado español y la Santa Sede, de los que durante años el PSOE ha dicho que chocan frontalmente con los principios de nuestra Carta Magna. Los recelos de la Iglesia en este sentido son absolutamente fundados, habida cuenta de que la propia reforma de la asignatura de Religión da un vuelco a lo establecido por el citado acuerdo en su apartado de Enseñanza y Asuntos Culturales.

Nueva relación con Europa y las autonomías

Las últimas medidas en este recorrido por la "desaznarización" tratarán de recomponer el diálogo perdido por el Gobierno de Aznar con los partidos en la oposición, con los nacionalistas, con las Comunidades Autónomas y con el núcleo duro de la Unión Europea. En este terreno todavía no hay que destacar demasiadas medidas concretas, aunque ya se han dado gestos de gran relevancia, como la reunión que el pasado 24 de marzo celebró Zapatero con el presidente francés Jacques Chirac después del funeral del Estado por la víctimas del 11-M, o los encuentros que, uno a uno, mantuvo con los líderes de cada partido, con los que ha logrado, cuanto menos, romper la hosquedad de trato del anterior titular del Ejecutivo.

Buena prueba de este nuevo talante es la retirada de 80 de los 298 litigios que mantiene pendientes el Gobierno central con algunas Autonomías en el Tribunal Constitucional. Estos litigios, que afectan sobre todo a Cataluña, Andalucía y Aragón se retirarán de tres formas: mediante desestimiento -al considerar que no hay motivo para mantenerlo-, negociación con la comunidad afectada y  modificaciones normativas. Los recursos más importantes de entre los retirados afectan a temas tan importantes como el complemento de las pensiones; el sueldo de los funcionarios, la potestad tributaria, la paridad en las listas electorales, las normas financieras, los horarios comerciales o la gestión de los Parques Nacionales.

Así mismo, el PSOE ha realizado alguna concesión a los nacionalistas (con quien comparten Gobierno en Cataluña), como el anuncio de que instará a Europa para que se traduzca la Constitución Europea al vasco, al catalán y al gallego; o la negociación de la revisión de los Estatutos de Autonomía.