Discriminación positiva,
una necesidad para alcanzar la normalización

Por Marce Redondo

Leonor Flores, consejera de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, dijo en la inauguración de la jornada que el Año Europeo de las Personas con Discapacidad ha puesto de manifiesto todas las aspiraciones, demandas y propuestas de este colectivo y que "debemos aprovechar este impulso que ha supuesto 2003 tanto en lo referente a la puesta en marcha de medidas como al cambio de actitudes producidas en los ciudadanos en cuanto a la percepción de la discapacidad". Pero, aunque este cambio ha sido importante, hay que seguir trabajando en la sensibilización que permita llegar no solamente a la normalización, sino que realmente la población se lo crea. Para ello es necesario abrir frentes. Uno es seguir haciendo un marketing efectivo a través de la complicidad de los medios de comunicación, de la Consejería y de los representantes y asociaciones de discapacitados, para poder lograr un cambio de actitud y de conducta en la población, eliminar barreras e introducir acciones positivas. En este sentido, es muy importante seguir implicando a las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. "Dimos un buen ejemplo de ello cuando lanzamos un mensaje reivindicativo a la sociedad, "Todos somos capaces", en el Salón de las Capacidades, donde se mostró un amplio abanico de posibilidades, además de ser un lugar de encuentro para la formación, la información, el debate, la transmisión del saber hacer de las personas con discapacidad. Por el éxito que tuvo aquel salón, que resultó un punto de referencia en el trabajo para la normalización, llegamos al acuerdo de que era necesario consolidarlo, y así va a ser".

En Extremadura viven alrededor de 70.000 personas que presentan algún tipo de discapacidad y que continúan demandando acciones concretas que faciliten su plena integración. Pero, a pesar de que se ha avanzado, no cabe duda de que hay que seguir luchando contra las situaciones de discriminación que aún hoy, tanto en Extremadura como en todo el territorio nacional siguen sufriendo las personas con discapacidad y sus familiares. "Y es con esa transversalidad y con el compromiso de todos los agentes implicados como se puede dar respuesta a los grandes retos que aún nos planteamos". Los avances de las personas con discapacidad suponen no solamente que los integrantes de este colectivo tengan más oportunidades, sino que la sociedad sea más justa y más solidaria.

Para ser efectiva, resaltó la consejera de Bienestar Social, la lucha por la igualdad de oportunidades ha de referirse a grupos beneficiarios bien definidos. "El bienestar social obliga, entre otras cosas, a evaluar cuidadosamente los factores que dificultan la autorrealización de los individuos en todos los grupos y a contrarrestar estos factores con otra serie de eficaces medidas preventivas y estimuladoras del desarrollo personal".

Leonor Flores dijo que dividió la política y estrategias para mejorar las condiciones de todos los grupos en dos categorías. Las que fomentan las capacidades individuales y grupales de autorrealización y las que eliminan los obstáculos sociales, económicos y políticos a la igualdad de oportunidades. "Es necesario, pues, situar la discapacidad en el ámbito de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación".

Varios son los temas que están encima de la mesa. Uno de ellos se refiere a la aspiración demandada por este colectivo de considerar los derechos sociales como universales, vinculantes y con un nivel de prestación equitativo para todo el Estado español. Es también especialmente importante en el momento político y social en que nos encontramos dar una respuesta eficaz a la dependencia, definiendo situaciones, recursos y mecanismos de actuación. En este sentido, "en nuestra Comunidad, conscientes de la trascendencia del tema, se ha abordado de manera decidida y se están llevando a cabo estudios y proponiendo líneas de actuación que, en la medida de lo posible, traten de dar solución a las situaciones de dependencia, de tal manera que no sea únicamente la familia la que atienda a quienes sufren esta situación".

Otro aspecto al que se refirió fue a la accesibilidad, que en un sentido más amplio debe ser entendida como un derecho y considerar su falta en los entornos, productos o servicios a disposición del cuidado como una discriminación contra las personas con discapacidad. "El diseño para todos debe ser considerado como una exigencia por parte de toda la sociedad y no solamente como una medida integradora".

Por último, la puesta en marcha de medidas dirigidas a la población que presenta algún tipo de discapacidad persigue uno de los objetivos en los que con más empeño y resolución están trabajando las familias y los representantes de las personas con discapacidad, que es el apoyo a la vida independiente. "Conseguirlo es tarea de todos y ese debe ser el objetivo que marque todas las actuaciones en los próximos años. Para lograr y afianzar ese objetivo de normalización e integración, las medidas de discriminación positiva pueden ser eficaces en momentos y situaciones puntuales, pero en ocasiones su mantenimiento también puede generar nuevas situaciones de discriminación".

Perspectiva de futuro en la socialización

Josefa Torres, directora de Formación y Empleo de la Fundación ONCE, centró su intervención en las perspectivas de futuro del colectivo de personas con discapacidad respecto al empleo, porque "es el primer factor de participación en la vida social. Sin empleo difícilmente se puede participar socialmente". Si para cualquier ciudadano trabajar es un medio de estar en sociedad, para las personas con discapacidad además favorece el sentimiento de utilidad. "Sólo una de cada cuatro personas discapacitadas en edad laboral tiene un trabajo, y la situación de la mujer con discapacidad es, incluso, más grave. Hay unos falsos estereotipos respecto a que no tenemos una suficiente capacidad productiva, a que tenemos muchas bajas laborales, que hacen que el empresario no tenga en su mente, cuando inicia una proceso de selección, que puede contar con un colectivo para incorporarlo a su empresa. Existe también un desconocimiento de las obligaciones legales que hay para contratar". Josefa Torres se refirió también a la responsabilidad social corporativa: "Creo que la implantación de la responsabilidad social corporativa en las empresas va a producir un cambio espectacular en los índices de inserción de este colectivo. Esperemos que no sea una moda pasajera".

En cuanto a las medidas de discriminación positiva, mencionó la cuota de reserva del 2% para las empresas de más de 50 trabajadores, que ya se contempló en la Lismi, aunque, desafortunadamente, esta obligación legal no se ha cumplido ni en las administraciones públicas ni en las empresas privadas". Josefa Torres habló también de los avances legislativos que se han producido en 2003, sobre todo en la contratación indefinida de personas con discapacidad y en la contratación temporal mediante el contrato de fomento del empleo, y pidió un mayor apoyo a la mujer con discapacidad, porque "en ella confluyen múltiples factores de discriminación que hacen que sus posibilidades de acceder en igualdad de oportunidades a un empleo sean muy pocas".

A continuación se centró en el futuro y dijo que si no se ha conseguido la plena integración y normalización en el empleo en las condiciones actuales, los cambios que se están produciendo pueden hacer o bien que la realidad futura sea bien distinta o,  por el contrario, "que los cambios que se van produciendo en la sociedad y en el mercado de trabajo hagan que se nos discrimine más, porque todos sabemos que el entorno social y económico en que nos movemos es absolutamente cambiante y es muy difícil adaptarse". En este nuevo contexto, la idea de la formación a lo largo de toda la vida se ha convertido en un imperativo. Han cambiado los requerimientos profesionales, cada vez más se pide la polivalencia profesional, la flexibilidad y una alta cualificación profesional para los puestos de calidad y una muy baja cualificación para los puestos más precarios.

Esta nueva sociedad representa para este colectivo "una oportunidad porque nos puede permitir dar un salto cualitativo en el proceso de normalización y de participación activa en la sociedad y en el mercado de trabajo, pero para ello tenemos que redoblar los esfuerzos y los medios para asegurar las participación normalizada en el sistema educativo, de forma  que nos permita superar los déficits de cualificación. Las nuevas tecnologías van a hacer que determinadas personas muy desfavorecidas puedan trabajar. Pero esto entraña un riesgo y es que si no se hacen accesibles las nuevas tecnologías volveremos a quedar otra vez desenganchados".

Juan Carlos Campón, director general de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cree que nos encontramos en un momento estratégico muy importante "en el cual vamos a poder definir de forma clara una acción rentable, desde el punto de vista de lo social, y equilibradora desde la perspectiva que se plantea de igualdad de oportunidades. Los planes de acción de las personas con discapacidad han avanzado de lo general a lo específico en la medida en que hemos sido capaces de tasar, medir y transformar las grandes líneas ideológicas de intervención en objetivos específicos, que podemos corroborar con la publicación de normativas que han permitido el acceso a la cultura o a la educación de una manera más normalizada de las personas con discapacidad".

En Extremadura, la Ley de Servicios Sociales, en la que se hacía un planteamiento global de los derechos y la atención a la discapacidad; el segundo Plan de Acción de las Personas con Discapacidad, la Ley de Accesibilidad o las últimas normativas que han posibilitado una reserva del 5% de plazas de acceso a  la función pública para el colectivo, "nos permiten afirmar que las bases sobre las cuales estamos construyendo ese movimiento emergente de la normalización son sólidas y permiten ser optimistas".

Normalización, dijo Campón, es sinónimo de igualdad de oportunidades y supone la articulación de medidas y estrategias que permiten que cualquier ciudadano no vea limitadas sus posibilidades de participar en las ventajas que la sociedad ofrece. "Medidas, acciones y estrategias que van desde la creación de una red pública que cubra las necesidades de manera efectiva de los ciudadanos con grandes dependencias a  conseguir que las personas con discapacidad posean el poder de decisión que corresponde a su peso demográfico y que, por lo tanto, tengan los cauces de comunicación, participación y de toma de decisión que les corresponde".

Juan Carlos Campón abordó a continuación las perspectivas de futuro de la normalización, "de ese objetivo común que no es otro que la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Soy optimista. Las personas con discapacidad han dejado de ser olvidadas o ignoradas y pasan a ser ciudadanos visibles que pueden participar de forma activa y que, además, demandan políticas específicas y activas que permitan su inclusión. Por otro lado, este avance es consecuencia también de los resultados, que ya se atisban, de los procesos educativos que crean ciudadanos más solidarios y comprometidos y que entienden de manera natural que las necesidades que tienen las personas con discapacidad son necesidades de todos, y que son capaces también de reivindicarlas como propias".

Además, los planteamientos hechos por el nuevo Gobierno tanto en atención a la dependencia con la promoción de una ley de atención a las personas con dependencia en el Estado español o un plan nacional de atención a la dependencia, medidas específicas en torno al apoyo a la familia con personas con discapacidad, la elaboración de planes específicos para la mujer con discapacidad o la puesta en marcha de una plan de empleo y formación específico para personas con discapacidad, "nos permiten ser muy optimistas". Pero Juan Carlos Campón resaltó que no se pueden dejar exclusivamente en manos del Gobierno central lo que deben ser desarrollos de políticas activas. El Estado debe asumir la creación de un marco específico en el desarrollo de las políticas en favor de las personas con discapacidad, pero el trabajo debemos desarrollarlo de forma paralela y coordinada desde las administraciones regionales y, por supuesto, desde las corporaciones locales. "Y no podemos dejar al margen, tanto de la definición como el desarrollo de todas estas acciones, al movimiento asociativo. Por lo tanto, tenemos unas bases sólidas, estamos asentando consecuciones y objetivos que, en su día, eran poco menos que utopías y que hoy son realidades".

Las  actuaciones y actividades que el Instituto Municipal de Asuntos  Sociales (IMAS)  realiza desde hace años en Cáceres en materia de discapacitados centró la intervención de Liliana Fernández, técnica de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. El IMAS se encarga de desarrollar los servicios sociales de competencia municipal y cuenta con un proyecto de inserción sociolaboral para personas con discapacidad y, desde 1999, con el Consejo Local o Sectorial de Discapacitados y la Comisión de Accesibilidad. "Entre otras acciones desarrollamos acciones de información y sensibilización para erradicar el estigma o la concepción que tiene la sociedad hacia las personas con discapacidad. Además, desde hace años tenemos conformada una bolsa de empleo y se ha creado recientemente también una página web del Consejo Local de Discapacitados".

El objetivo del Proyecto de Inserción Sociolaboral para Personas con Discapacidad es facilitar la inserción laboral a través de la puesta en marcha de dos proyectos que formulan y que presentan las asociaciones que forman parte del Consejo Sectorial de Discapacitados. Este objetivo general se desarrolla a través de otros específicos como la orientación laboral, la formación básica de los becarios en el oficio que se determina en el proyecto que presentan las asociaciones, ayuda económica a través de una beca, y búsqueda de cauces de integración y de socialización.

Los requisitos de los perceptores de estas becas son tener entre 18 y 45 años y ser miembros de una de las asociaciones que forman parte del Consejo Local de Discapacitados. Los objetivos del mismo, resalta Liliana Fernández, son propiciar cauces de participación que permitan la colaboración y la incorporación de las políticas de bienestar social, establecer un punto de coordinación tanto de las instituciones como del movimiento asociativo, que es la clave del trabajo con discapacitados en la ciudad de Cáceres, además de "sensibilizar y resaltar la importancia de los discapacitados en nuestra sociedad y crear canales de comunicación y de asesoramiento en todos los asuntos que afectan a su calidad de vida, y potenciar y optimizar la toma de conciencia  de sus derechos como ciudadanos". El Consejo se creó en febrero de 1999 con ocho asociaciones y actualmente está conformado por 17. Además forman parte del mismo representantes de los grupos políticos en la misma proporción que en el pleno de la Corporación. Las atribuciones que tiene este consejo es la programación anual de actuaciones que realiza el IMAS, así como la presentación de iniciativas y sugerencias al Ayuntamiento de Cáceres para que sean debatidas y estudiadas.

El Ayuntamiento de Cáceres realiza otras actuaciones a través de la Comisión de Accesibilidad, que tiene los objetivos de  favorecer la accesibilidad de todas las personas discapacitadas en la ciudad en todos los ámbitos, como por ejemplo las nuevas tecnologías, y elaborar el plan de accesibilidad del Ayuntamiento de Cáceres.

El Consejo desarrolla también acciones de información y sensibilización acerca de los discapacitados y cuenta con una bolsa de empleo, "porque la inclusión social pasa por la laboral. Son muchos los retos que nos quedan por abordar y asumir desde los servicios sociales municipales en la lucha por la mejora de la calidad de vida de las personas discapacitadas, entre ellos ampliar las becas pero no sólo eso, sino que hemos de lograr dar el salto de la beca al contrato de trabajo para lograr la inclusión profesional y, por tanto, social".

Discriminación positiva: ¿herramienta a potenciar?

La discriminación de las personas con discapacidad persiste en algunas áreas críticas como educación, formación, empleo, vivienda, el acceso a los establecimientos públicos, los periódicos, el acceso a las nuevas tecnologías, el acceso a los servicios públicos e incluso a los medios de comunicación social. "Es un hecho constatado que las personas con discapacidad como grupo ocupan un estatus inferior en nuestra sociedad, encontrándose en una situación de enorme desventaja social, económica, profesional y educativa", aseguró Manuel López Risco, presidente del CERMI Extremadura. Pero, aun así, la discriminación y la falta de oportunidades se hace especialmente crítica en determinados colectivos como son las mujeres con discapacidad, las personas severamente afectadas y sus familias.

¿Cómo luchar contra las discriminaciones? ¿Son las medidas de discriminación positiva garantía de igualdad?, se preguntó. "Sí. La no discriminación es una de ellas y la discriminación positiva es otra. Nosotros creemos que la discriminación positiva, la lucha por la igualdad de oportunidades son objetivos irrenunciables".

La discapacidad debe tener su sitio, "la esfera que le corresponde es la cuestión de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Se han hecho avances, pero hay que pasar de los servicios sociales a los derechos sociales, hay que reclamar derechos sociales universales, vinculantes y exigibles a través de las leyes, y hay que aceptar el principio de vida independiente, que supone un gran reto. Por ello, es necesario un gran pacto de Estado que tenga como interlocutores a toda la sociedad".

En su opinión, la discapacidad deber ser considerada como eje transversal de todas las políticas. Las personas con discapacidad no son sólo perceptoras de servicios sociales. Quieren trabajar, vivir en una vivienda, ir a la escuela... "Reclamamos ante todo una accesibilidad universal,  la eliminación de todas las barreras físicas, de la comunicación, mentales. La falta de accesibilidad es una discriminación contra las personas con discapacidad y, por tanto, debe ser prohibida por la ley, perseguible y sancionable con instrumentos eficaces".

En el orden legal, hay que adoptar lo que ya existe, dijo, la Carta Europea de Derechos Fundamentales. "Tenemos que luchar para que Naciones Unidas elabore esa carta sobre derechos de las personas con discapacidad. Ha salido una nueva ley de igualdad de oportunidades, pero queda desarrollarla. Se está trabajando desde la Consejería de Bienestar Social y desde el Cermi para aprobar en Extremadura una ley que traiga los recursos, porque leyes sin medidas económicas de acompañamiento pocas posibilidades tienen de prosperar. Para ello hay que fomentar la articulación y la cohesión del movimiento asociativo de la discapacidad".

Ya se ha pasado la era de la caridad, pero hay que reclamar los derechos. Dejar de hablar de déficit y pasar a las capacidades, "por eso el Cermi ha apostado por el Salón de las Capacidades, de la segregación a la inclusión, que es un paso más allá de la integración, de la discriminación a la igualdad del trato y oportunidad.

El mayor reto que puede tener un político y la sociedad en su conjunto es conseguir la igualdad de todos los ciudadanos, afirmó Gloria Ojalvo, diputada regional del PSOE. "La igualdad es un valor, un ideal que hay que intentar conseguir". Conseguir la integración real de las personas con discapacidad y la normalización para que puedan ejercer su plena ciudadanía es un reto y un objetivo, "que seguramente escrito en el papel parece fácil, pero sabemos que todavía queda mucho por hacer. Cuando hablamos de discriminación positiva, a veces, los políticos confundimos los términos y los conceptos, porque nos podemos plantear que se están haciendo políticas de discriminación positiva para el colectivo de personas discapacitadas, como pasa con las mujeres, pero yo creo que lo que hacen las instituciones públicas es simplemente poner en práctica políticas que son derechos sociales de los ciudadanos y que, por lo tanto, no son políticas de discriminación positiva. Creo que tenemos dar un paso más".

Por otra parte, se deben buscar políticas de discriminación positiva y potenciarlas, afirmó Gloria Ojalvo. Las políticas de discriminación positiva son necesarias, pero hay que plantear cuáles deben ser. Creo que las familias de las personas con discapacidad necesitan una serie de ayudas especiales que garanticen que puedan conciliar su vida laboral con la familiar. "Nosotros creemos que la mayor minusvalía que existe es la que tenemos cada uno de los ciudadanos cuando no somos capaces de empatizar y de reconocer que para que todos seamos iguales todos debemos tener los mismos derechos, pero como no todos tenemos las mismas necesidades, las personas que tienen mayores necesidades necesitan políticas de discriminación positiva" .

Para Gloria Ojalvo, el mayor instrumento de igualdad que existe es la educación. Por lo tanto, desde el sistema educativo se deben seguir fomentando medidas que garanticen que los niños discapacitados estén integrados en el sistema educativo normalizado con los mismos derechos que el resto y con medidas de apoyo que les garanticen que puedan llegar a la meta, que es integrarse plenamente en la sociedad.

Evidentemente, en el empleo las personas con discapacidad también tienen que tener situaciones y políticas especiales de discriminación positiva que garanticen sus cuotas de participación en la vida laboral.

"El partido al que yo represento, y estamos en un momento esperanzador y de ilusión, siempre se ha planteado las políticas sociales, y especialmente para las personas discapacitadas, como prioritarias. Por eso, creemos que hay que legislar, que hay que hacer una ley de dependencia que garantice los derechos sociales de las personas dependientes, especialmente discapacitados y personas mayores, pero no sólo hacer una ley, sino también reglamentarla. Las medidas de discriminación positiva son medidas de impulso, al margen de las medidas generales que por el hecho de ser ciudadanos todos tenemos derecho a que se realicen. Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista cree que se deben seguir impulsando medidas de discriminación positiva y de apoyo para los familiares".

Cuando hablamos de personas con discapacidad lo primero que nos encontramos es con un grupo de personas tremendamente heterogéneo. Muchas veces tendemos a hablar desde lo homogéneo, y no es así, aseguró Mª Luz Calvo, diputada regional del PP, para quien en los últimos años se ha producido un cambio de visión importante. Se ha pasado de planteamientos más paternalistas y asistenciales a hablar de integración, y "ahora la tendencia es hablar de inclusión. Es decir, el esfuerzo por la normalización no está sólo en la persona con discapacidad, sino que la sociedad tiene que abrir hueco para que todos quepamos, aunque eso suponga que haya que bajar el ritmo, andar más despacio porque si no siempre habrá gente que se quede fuera". Se ha avanzado, ha habido una lucha importante por la igualdad,  con cierta receptividad por parte de las administraciones públicas, "aun cuando aquí hay sus luces y sus sombras".

Cuando hablamos de igualdad se trata de igualdad de oportunidades porque no todos partimos del mismo punto de salida, dijo, "pero si no se plantean acciones de discriminación positiva los derechos no llegan a todos. Es decir, si tratamos como iguales a los que son desiguales lo que estamos generando es más desigualdad, y vemos muchas veces cómo medidas planteadas para facilitar una serie de derechos tienen condiciones que las hacen excluyentes. Esto exige algo que es muy difícil en la Administración, la flexibilidad y la capacidad de respuesta rápida. De ahí la importancia del movimiento asociativo a la hora de ir marcando desde la realidad las pautas a las administraciones".

Es necesario incidir en la transversalidad, que en cada medida que se adopte se haga también una lectura de cómo impacta en la persona con discapacidad. Se ha producido un avance en medidas para favorecer el empleo de las personas con discapacidad, "pero creo que hay ir corrigiendo ciertas situaciones".

Mª Luz Calvo habló también del nuevo reto del envejecimiento: "Todavía estamos empezando. Hay posibilidades de vivir más años y eso está planteando un reto importantísimo y nos está exigiendo respuestas inmediatas. Uno de los riesgos que plantean estas nuevas situaciones es que aunque las leyes cambian seguimos en la misma línea. Sin embargo, nos exige un cambio permanente, ver qué resultados están dando las medidas, qué correcciones hay que ir introduciendo y creo que en ese sentido juegan un papel muy importante los consejos asesores representados por las distintas asociaciones especializadas en el ámbito de la discapacidad y que son las que pueden ir haciendo una evaluación real de qué impacto están teniendo las acciones que se van tomando". Según Mª Luz Calvo son imprescindible acciones positivas que favorezcan la incorporación y el acceso a los derechos. "La realidad es que si no se establecen medidas de discriminación positiva no hay un acceso en condiciones de igualdad a los derechos. Por eso creemos que son totalmente imprescindibles".

Teresa Rejas, diputada regional de IU, comenzó partiendo de un principio básico, "considerar que no existen personas discapacitadas. Y voy a justificar esta consideración argumentando que todas las personas estamos capacitadas para según qué cosas tengamos que desarrollar, sólo hay que explorar y poner de relieve las capacidad que cada individuo tiene y según estas capacidades darle la posibilidad de que sea y se sienta útil e incluido en la sociedad".

A pesar de que en 1977 la Organización Mundial de la Salud estableció su clasificación internacional de deficiencia, discapacidades y minusvalías, y según esta misma definición se podía hablar de deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas y de relación, "nosotros seguimos pensando que cada una de estas deficiencias se pueden paliar en algunos casos con una sencilla prótesis y en otros con medidas de discriminación positiva. Seguimos pensando que cada persona, a pesar de esta clasificación, se puede incluir en cualquier apartado, cada uno de nosotros podemos tener una discapacidad en cualquier momento. Yo estoy mucho más de acuerdo con la declaración que en 1994 hace el Foro Europeo sobre la Discapacidad, que dice que la discapacidad surge de una deficiencia que existe dentro de la sociedad, que es la que crea esas barreras que impiden la integración y el entendimiento".

Uno de los principios que quiso dejar bien sentados Teresa Rejas es que son las administraciones públicas y no las familias quienes tienen que facilitar a estas personas su inclusión con todas las garantías en la sociedad. "Una cosa que parece tan sencilla se vulnera sistemáticamente. Hemos escuchado con demasiada frecuencia decir, incluso a presidentes de Gobierno, que es la familia quien tiene que garantizar este derecho y que los poderes públicos "cumplen" con ayudar a la familia mediante recursos económicos.

Es evidente, afirmó, que para llegar a la inclusión social en igualdad de condiciones necesitamos una serie de medidas que se deben poner en marcha desde las administraciones y que están recogidas en la Constitución en su artículo 49, mediante el cual se obliga a los poderes públicos a realizar una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos españoles para corregir las diferencias que existen entre las diferentes personas. "Hasta aquí es lo que tienen la obligación de hacer, porque es un mandato constitucional, las distintas administraciones. Pero esto no son medidas de discriminación positiva. Las medidas de discriminación positiva son aquellas que se implementan, las que posibilitan esa igualdad de oportunidades para todos, independientemente del lugar o las condiciones de nacimiento, es decir de las capacidades que tenga cada persona".

Ahora finaliza el plan de acción que la Junta de Extremadura tiene con las personas con discapacidad, "y creo que es el momento de poner de manifiesto que se necesita una ley integral de discapacidad. Una ley que vaya acompañada de la financiación necesaria y  con la participación de quienes mejor conocen esta realidad, las personas afectadas y sus familias a través de las asociaciones que les representan".

Personas con discapacidad y acceso
a las tecnologías de la información

Antonio Jiménez Lara, director de Discapnet.es, habló de la relación entre sociedad de la información y personas con discapacidad en tres aspectos: formación y empleo y las enormes expectativas que el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información han abierto en este campo para las personas con discapacidad; el acceso a los bienes y servicios que están a disposición de todos los ciudadanos y a los que también deben tener derecho todas las personas con discapacidad, un acceso que en parte se está viendo potenciado por las nuevas tecnologías, pero con algunos puntos oscuros, y la domótica, las nuevas fronteras que para la vida independiente están abriendo los desarrollos tecnológicos aplicados al hogar.

Las tecnologías de la información, dijo, son una enorme oportunidad, pero también encierran grandes amenazas. "El desarrollo tecnológico es un elemento de integración económica y de cohesión social, es un factor de modernización, incrementa la competitividad de nuestro sistema económico, nos permite acceder a mercados globales, facilita la difusión de la cultura, favorece la creación de empleo..., pero también se genera exclusión, desintegración y desequilibrios".

En el caso de las personas con discapacidad, las nuevas tecnologías son un medio idóneo para facilitar la normalización, la integración, y la mejora de la calidad de vida porque les permiten acceder a múltiples productos y servicios; facilitan las relaciones sociales, porque abren nuevas vías de participación y cooperación, y amplían las posibilidades de formación y empleo. "Pero esas promesas de desarrollo luego no se concretan, porque para poder aprovechar las nuevas tecnologías son necesarias unas capacidades, habilidades y un entrenamiento que no todos tenemos y porque no están diseñadas pensando en todas las personas".

Está creciendo el empleo, por ejemplo en tareas relacionadas con la producción, manejo y transmisión de la información donde, por ejemplo, una discapacidad física no es relevante. Pero, junto a todo eso, hay una necesidad creciente de cualificación. "El factor que explica mejor las diferencias en las tasas de empleo de las personas con discapacidad y el resto es su nivel educativo. Hay que abordar programas que rompan ese divorcio entre las nuevas exigencias de la sociedad de la información y las capacidades de la gente y hay que alfabetizar tecnológicamente".

Otra de las cuestiones de las que habló Antonio Jiménez Lara es del acceso de los bienes y servicios a disposición del público. Las personas con discapacidad constituyen un grupo de consumidores muy amplio y, además, con un alto nivel de organización que les puede permitir hacer valer sus preferencias en el mercado. Eso hace que haya unas grandes posibilidades de explotación comercial de las tecnologías que se desarrollan teniendo en cuenta las necesidades de este colectivo. "Luego nos estamos dando cuenta de que, muchas veces, las tecnologías que se desarrollan para este colectivo tienen enormes aplicaciones en otros campos de gran consumo".

Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de las tecnologías no son accesibles y que ello está excluyendo a muchos consumidores potenciales. Por eso es importante el diseño para todos y el principio de accesibilidad universal, elementos fundamentales para hacer realidad esa igualdad de oportunidades. "Si se enfoca bien y se incorpora como un principio de calidad, el diseño para todos abre una nueva posibilidad de profundización y de intensificación del diálogo civil. Y eso yo creo que es positivo para la sociedad y para la democracia".

Antonio Jiménez Lara habló también de la domótica, "uno de los campos en los que se están generando innovaciones más prometedoras para las personas con discapadidad porque esos desarrollos de los sistemas de control del entorno doméstico, esa integración de la domótica con un diseño arquitectónico y un equipamiento mobiliario adecuados amplía sus niveles de autonomía personal. Esa es la aspiración real de las personas con discapacidad".

La confluencia de la domótica y de las telecomunicaciones es especialmente prometedora para este colectivo porque permite no sólo hacer de la casa un lugar más confortable y más seguro, sino también "un lugar interconectado, abierto al mundo, integrado en la comunidad, un lugar en el que sea agradable vivir, desde el que pueda trabajar y formarse pero que también invite a moverse, a salir y a participar en la vida comunitaria, porque eso es lo importante para las personas con discapacidad". Esta oportunidad digital sólo se concretará si somos capaces de crear una sociedad de la información sin exclusión.

Las nuevas tecnologías, concluyó, son una  herramienta formidable para mejorar la integración que ha generado muchas esperanzas, pero también se puede convertir en una barrera para muchas personas, en concreto para las personas con discapacidad. El acceso de todos los ciudadanos a las tecnologías de la información es imprescindible para construir una auténtica sociedad del conocimiento donde la suma de las aportaciones de todos es lo que genera el valor y, en la medida en que haya gente que se queda fuera, estamos desaprovechando recursos. A pesar de las amenazas, creo que podemos ilusionarnos con la esperanza de avanzar hacia una sociedad más eficiente y más justa.