|
El 1 de mayo ingresan
oficialmente en la UE diez nuevos miembros
YA
SOMOS 25
Este sábado
la Unión Europea acomete su quinta ampliación, sin duda
la más ambiciosa de su historia. Ocho países de la Europa
Central y Oriental y dos islas del Mediterráneo se incorporan a
una organización que se confirma así como una potencia de
peso mundial. Sin embargo, este proceso, además de cerrar la fractura
que se produjo en el continente tras la Segunda Guerra Mundial, va a acelerar
el debate sobre unas cuestiones fundamentales para ¡a Unión:
¡a reforma del presupuesto comunitario, el reparto de los fondos
entre los países candidatos y los ya miembros, la aparición
de una Europa a varias velocidades, y el peso político de una UE
caracterizada hasta ahora por su debilidad exterior. Todo ello cuando
hay elecciones europeas en poco más de un mes, y en ese período
se pretende alcanzar un acuerdo definitivo para la aprobación
de la Constitución Europea.
Por Teresa
Larraz
Estonia, Letonia, Lítuania, Polonia, República Checa, Eslovaquia,
Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre son nombres que deberían
de empezar a sonarnos ya a todos, puesto que desde el 1 de mayo van a
ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea, y por tanto,
socios de España al mismo nivel que Francia, Suecia o Portugal.
La U E va a sumar 75 millones de habitantes a sus 380 actuales (ver despiece
"La nueva Unión Europea"), con lo que se convertirá
en una potencia de primer orden, muy lejos ya de los 290 millones de Estados
Unidos o los 144 de Rusia, pero eso sí, aún por detrás
de los gigantes asiáticos como China, con sus 1.200 millones, o
India con mil.
Ya poco después de la caída del Muro de Berlín en
1989 y el inmediato colapso del sistema soviético que atenazaba
a la Europa Central y Orienta¡, los dirigentes de la UE y de sus
principales Estados hicieron pública la necesidad de llevar a cabo
la reconciliación definitiva de un continente dividido por la fuerza
durante medio siglo. Desde que en 1994 Polonia y Hungría hicieron
formal su petición de ingreso en el club comunitario (sobrepasados
por Chipre y Malta, quienes lo habían solicitado cuatro años
antes), las instituciones europeas se pusieron manos a la obra para facilitar
un complejo proceso de reconversión política, económica
y sol cial. Diez años después, estas mismas instituciones
han reconocido los grandes avances" efectuados por estos países,
y los "especiales esfuerzos" que han hecho en su complicada
adaptación de un sistema comunista a uno de libre mercado.
La reconciliación de más de cuatrocientos millones de europeos
es uno de los aspectos más positivos de una operación que
también permitirá extender a esos países un sistema
caracterizado por la estabilidad política, un amplio catálogo
de derechos y libertades y altos niveles de protección social y
medioambiental, entre otros factores. Por otra parte, hay que tener muy
en cuenta que su situación se asemeja mucho a la que atravesó
nuestro país: hace menos de 20 años que España disfrutó
de esta misma oportunidad con la que acabó de consolidar su joven
proceso democrático tras casi cuatro décadas de dictadura.
Sin embargo, estos elementos no pueden ocultar las dificultades que van
a surgir ahora en la Unión, algunas debidas a la ampliación,
otras a una coincidencia en el tiempo. Para empezar, la UE se encuentra
en un momento de debilidad económica y de indecisión política.
La economía de sus tradicionales locomotoras, Francia y Alemania,
no levanta cabeza desde hace un par de años, en un clima mundial
caracterizado por una incertidumbre que ha terminado desacelerando también
el fuerte crecimiento económico de los nuevos socios. En el ámbito
político, la crisis de Iraq y el pesimismo que generó la
no aprobación del proyecto de Constitución europea, en diciembre
del año pasado, generaron fuertes divisiones y polémicas
entre los Estados que sólo poco a poco parecen ir reconduciéndose.
Como consecuencia de todo ello, en las últimas encuestas a los
ciudadanos de la Unión, tanto a los de los actuales miembros como
a los de los próximos socios, se aprecia un escepticismo creciente
sobre el futuro próximo de la UE y la ampliación.
Diferencias
políticas. Hablar
de los nuevos socios en general es una afirmación poco correcta.
Entre ellos hay una isla de apenas 400.000 habitantes como Malta y un
gigante de 38 millones como Polonia; unos con rentas per cápita
muy cercanas a los actuales miembros, como Eslovenia o Chipre, y otros
que todavía distan mucho, como Letonia y Lituania; paises muy industrializados,
como República Checa o Eslovaquia, y otros con mayor dependencia
agrícola, como Polonia; vecinos de Rusia y Finlandia en el Báltico
o islas mediterráneas. Al igual que ocurre entre los actuales quince
integrantes de la UE, sus características son muy diversas, como
ya explicó EL SIGLo el año pasado, en un completo repaso
de la situación económica y política de cada uno
de ellos (ver números 551
y 552, "Los
nuevos socios de la UE I y II").
Además, cuatro de ellos, Polonia, Lituania, Letonia y Eslovaquia,
están inmersos estas semanas en un proceso de cambio de su cúpula
dirigente, lo cual podría complicar su situación política.
Sin embargo, todos -salvo Chipre por su peculiar contexto- consiguieron
que durante el año pasado sus ciudadanos aprobasen ingresar en
la Unión, que se formalizó el 16 de abril de 2003 con la
firma del Tratado de Adhesión. Hace meses que sus representantes
participan como observadores en las instituciones comunitarias, asisten
a los Consejos de jefes de Estado y de Gobierno, sus ciudadanos votarán
junto a nosotros en las elecciones europeas del 13 de junio, y estos días
se está examinando a quienes serán sus comisarios en la
Comisión Europea.
Por supuesto, también han participado en el proceso de elaboración
del proyecto de Constitución europea, en el que Polonia jugó
un papel fundamental, junto con el anterior Ejecutivo español.
Al igual que España, el Gobierno de Leszek Miller se negó
a aprobar un sistema de doble mayoría en el Consejo que dejaba
a ambos países con menos poder del que les atribuyó el anterior
sistema, establecido en el Tratado de Niza en 2001 y que estará
en vigor hasta 2009. Polonia también se oponía al no reconocimiento
oficial del papel del cristianismo en el preámbulo de la Constitución,
una postura que, afirmaban recientemente, apoyan al menos otros diez países.
Diferencias politicas en su partido han llevado a Miller a dimitir, por
lo que al igual que con Aznar, ahora se podría facilitar un acuerdo,
pero el resto de los nuevos socios también temen que por su pequeño
tamaño y escasa población les resulte muy difícil
oponerse mediante minorías de bloqueo a aquellas leyes que no les
favorezcan. La otra institución comunitaria, la Comisión,
dispondrá de 15 miembros más otros quince comisarios sin
poder de voto según el proyecto de Constitución, y temen
acabar relegados a este segundo colegio.
No son estas diferencias las que les han causado mayores enfrentamientos
con los pesos pesados de la Unión, sino su actitud en politica
exterior. Los ocho países de Europa Central y Oriental se sienten
muy cerca de Estados Unidos, hacia quien muestran su gratitud por el papel
desempeñado en la caída del comunismo. Su primer gesto recíproco
ha sido claro: todos ellos han entrado en la OTAN antes de ingresar en
la UE (salvo las dos islas). En 1999 lo hacían Polonia, Hungría
y República Checa, y a primeros de este mismo mes era el turno
de las tres repúblicas bálticas, Eslovaquia y Eslovenia,
además de los dos países en la lista de espera de la Unión,
Bulgaria y Rumania. Es un gesto claramente simbólico, puesto que
su capacidad militar es muy reducida, que en realidad supone una demostración
del interés estratégico norteamericano en un territorio
que le estaba vedado hasta hace poco más de una década,
y por otro lado, una re~ compensa al apoyo prestado por la mayoría
de ellos a su política en Iraq. Como protagonista secundario queda
Rusia, que ha tenido que aceptar que Estados que hasta hace bien poco
formaban parte de su órbita queden integrados en una organización
dirigida por EE UU que ha utilizado la baza de la lucha contra el terrorismo.
Esta estrecha relación podría reforzarse aún más
si finalmente Estados Unidos trasladara a algunos de estos países
las bases que pronto podría cerrar en la Europa Occidental. Varios
de ellos, como búlgaros, rumanos y polacos, se han mostrado claramente
favorables a esta idea. Como también se mostraron favorables desde
el principio a las tesis de EE UU en el conflicto de Iraq; un apoyo expresado
públicamente en febrero de 2003 con la Carta de los Ocho, en la
que participaron Polonia, República Checa y Hungría, y la
declaración del Grupo deVilnius (en el que están Lituania,
Letonia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, además de Bulgaria, Rumanía,
Croacia, Macedonia y Albania), que afirmaba que existían "pruebas
convincentes" sobre el arsenal de armas de destrucción masiva.
De momento, y a pesar de las dificultades que está experimentando
EE UU en el país ocupado durante estas últimas semanas,
la mayoría de los gobiernos se mantienen fieles a la política
estadounidense, y sólo Miller se atrevió a declarar en marzo
que en el tema de las armas de destrucción masiva "hemos sido
engañados". Polonia, que tiene 2.400 efectivos, dirige una
división multinacional en la zona centro-sur del pais, con tropas
rumanas, búlgaras, ucranianas y pequeños destacamentos de
Hungría, Estonia, Letonia y Eslovaquia, entre otros. La Brigada
Plus Ultra, bajo su mando, en la que están los soldados españoles
y centroamericanos, se podría descomponer con la próxima
retirada de los españoles, hondureños y dominicanos (un
total de 2.000 soldados menos), y el lo ha llevado a Miller a reconsiderar
la presencia de su país, algo que tendrá que decidir el
nuevo primer ministro.
Esta postura es la que motivó que el secretario de Defensa Donald
Rumsfeld acuñara los términos de una vieja y una
nueva Europa, en la que la primera estaría formada sobre
todo por el eje francoalemán. Francia fue la que reaccionó
de manera más desairada a la posición de estos países,
pero durante estos meses se han querido restañar las heridas y
los nuevos socios insisten en proclamar su europeísmo.
Varias
velocidades. Sin embargo, estas diferencias políticas, a las
que habría que sumar las económicas, pueden contribuir a
que la U E se acabe dividiendo en varios grupos que se unan según
diferentes intereses, por lo que ya se ha hablado de una Europa a varias
velocidades. Ahora ya existe un club, la zona euro, del que se
excluyeron voluntariamente Reino Unido, Dinamarca y Suecia, y en el que
no ingresarán los nuevo, ocios, muy alejados todavía de
poder cumplir los famosos criterios de Maastricht, al menos hasta 2010
-lógicamente necesitan aún un pe riodo de adaptación
de sus economías-.
Pero hay otros ámbitos en los que podrían surgir más
clubes, por ejemplo la defensa, en la que Alemania y Francia, e incluso
Reino Unido, quieren reforzar la debilidad militar europea. Además,
los diez países tardarán en disfrutar de la plena movilidad
laboral, limitada por el temor a una llegada masiva de sus ciudadanos
a los actuales miembros, y en aplicar el convenio de Schengen, que ha
eliminado los controles interiores en los Estados miembros (excepto Irlanda
y Reino Unido) y establece una cooperación policial más
estrecha.
Esta Europa a la carta podría presentar ventajas e inconvenientes,
puesto que por un lado permite integrar rápidamente a países
diferentes, que se asocien en los asuntos que más les afectan y
que se sientan a gusto en una organización común, pero también
evita una profundización de los lazos entre los 25 países
y supone que la Unión tenga poco de unidad y una escasa fuerza
politica.
Es en la economía donde se teme que surjan más diferencias.
Los diez nuevos miembros aportan un 20% de población pero un exiguo
5% de Producto Interior Bruto. Salvo Malta, Chipre, Eslovenia y República
Checa, su nivel de desarrollo es todavía bajo, aunque en los últimos
nueve años han tenido unas tasas de crecimiento notablemente superiores
a las de sus próximos socios. Han sido los países bálticos
los que han tenido un mejor resultado en este período -teniendo
en cuenta su gran retraso de partida- y curiosamente los países
mencionados anteriormente, junto con Polonia, son los que han experimentado
una mayor desaceleración desde 2001.
Sus tasas de inflación varian enormemente: en 2003 el IPC subió
en Eslovaquia un 8,8%, el 5,7% en Eslovenia y el 4,7% en Hungría.
En el otro extremo se encuentran Letonia y República Checa, con
una tasa negativa de -1,1% y 0,1%, respectivamente, y un 0,7% de Polonia.
Entre 1995 y 2002 el número de personas empleadas en estos países
se incrementó apenas en un 0,2%, comparado con el 8,8% de la UE-1
S. La industria es el sector más intensivo en empleo, en tanto
que los servicios (salvo los financieros) ocupan a un 21,8% de los trabajadores,
nueve puntos menos que la actual media comunitaria. Otra gran disparidad
se da en el empleo agrícola, puesto que representa el 17% del empleo,
frente a sólo el 4% de la Unión. Esa enorme diferencia es
aún mayor en el caso de Polonia, que tiene a más del 25%
de sus trabajadores (casi cuatro millones de personas) en este sector,
seguida de Lituania y Letonia, entre el 15-17%. La necesidad de reducir
un sector tan grande e ineficiente va a ser una de sus tareas más
importantes y difíciles, y de manera especial en el caso polaco.
En cuanto al paro, Polonia y Eslovaquia, con tasas cercanas al 20%, son
los casos más preocupantes, puesto que además están
empeorando en estos años; mientras, Chipre, Hungría y Eslovenia
tienen cómodas cifras en torno al 5-6%, menores que la UE-15. La
media del déficit público de sus gobiernos en 2003 fue bastante
alto, del 5,7% del PIB, pero nuevamente este dato esconde grandes
variaciones entre, por ejemplo, la República Checa, con un enorme
12,9%, o Malta con un 9,7%, y Estonia que es el único Estado de
los diez que tiene un superávit del 2,6%, junto con sus dos compañeros
bálticos y Eslovenia, también por debajo del límite
del 3% que establece la UE. En el otro dato importante de las cuentas
públicas, estos países sí que tienen una media mejor
que la UE-15: es en la deuda pública como porcentaje del PIB, con
un 42,4% frente al 64% comunitario. Los mismos cuatro países de
antes vuelven a tener los mejores resultados, y Estonia presenta una cifra
impresionante, una deuda pública de únicamente el 5,8% del
PIB.
La convergencia real será uno de sus primeros retos para perder
el lastre del excesivo peso de la agricultura y mejorar su productividad,
inferiores a la mitad de la existente en la UE-15, incrementar el desarrollo
de su sector financiero y afrontar las abundantes deficiencias institucionales
y de infraestructuras. Con todo, su impulso reformador ha sido muy notable
durante los 90, y poseen factores positivos que permiten aventurar progresos
futuros: una fuerte penetración de la inversión extranjera,
atraída por los bajos salarios y una buena dotación de capital
humano. Esto supone que los actuales miembros, España sobre todo,
tendrán que mejorar su competitividad, puesto que algunos temen
que se produzca una fuga masiva de empresas a estos países.
¿Cuánto costará?. En principio, el presupuesto
que se ha asignado a la ampliación hasta 2006 es de 40.800 millones
de euros, menos de la mitad del presupuesto comunitario y que supone para
cada ciudadano de los diez nuevos miembros unos magros 120 euros por año.
Esta cantidad incluye subvenciones agrícolas y ayudas estructurales,
pero Bruselas ha establecido un tope de fondos que podrán asumir
por falta de preparación, por lo que los Diez recibirán
al final unos 10.300 millones -teniendo en cuenta que encima aportarán
15.500 millones a la caja comunitaria-.
Su pelea vendrá a partir del siguiente período presupuestario,
que abarcará de 2007-2013 y para el que los actuales 15 Estados
miembros ya han empezado a prepararse. Este va a ser el apartado más
complicado del futuro de la UE, puesto que va a afectar a los fondos que
recibe cada país, y supondrá la reforma de muchos de ellos.
En estos últimos años la UE ha gastado alrededor del 1 %
del total del PIB de sus 15 integrantes, por debajo incluso del límite
del 1,27% que se habían autoimpuesto. A pesar de ello, en diciembre
del año pasado seis de los siete contríbuyentes netos de
la Unión, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Austria y Suecia
(salvo Dinamarca), pidieron que esta cantidad se redujese en el próximo
período.
La Comisión Europea no les ha hecho caso, puesto que en la propuesta
que elaboró en febrero prácticamente alcanza los 160.000
millones de euros, el 1,24% de la Renta Nacional Bruta europea, aunque
asegura que el gasto real se quedaría en el 1,14%. El presidente
de la Comisión Europea ha declarado que Io que hemos presentado
es el presupuesto minimo. Por debajo sería una institución
en declive", al tiempo que el presidente del Parlamento Europeo,
Pat Cox, ha afirmado que "una Europa ambiciosa no puede andar c el
depósito vacío". Y es que e sulta difícil entender
que se pretenda que la UE funcione con 25 Estados con menos dinero del
que disponía para 15. Pero los países contribuyentes se
quejan del "incremento masivo en el nivel de gasto", como dijo
el ministro sueco de Finanzas, o de que por un lado se les exija contención
en sus cuentas públicas y por ot o se les pida más dinero
para las arcas comunitarias. Cuatro de ellos, Francia, Alemania, Reino
Unido y Holanda, registran un déficit público superior al
3% del PIB.
Por ello, la batalla no ha hecho más que empezar, y España
será uno de los grandes afectados. La intención es que se
llegue a un acuerdo definitivo para el próximo verano, pero sea
con el recorte que piden los Seis, sea con la propuesta de la Comisión,
las ayudas que recibe España se van a reducir sensiblemente. Los
primeros piden que los fondos comunitarios se dediquen principalmente
a los diez nuevos socios a partir de 2007; la Comisión prefiere
una vía intermedia, repartiendo las ayudas entre ellos y los actuales
integrantes, para que no se elimine completamente al apoyo a aquellas
regiones que aún sufran retraso en su nivel de desarrollo.
España y los fondos. Las ayudas europeas se dividen principalmente
entre los fondos de cohesión y los fondos estructurales. Los primeros
se conceden a los países que tienen una renta media por habitante
inferior al 90% de la media europea, lo cual se refería a Es paña,
Grecia, Portugal e Irlanda. Nuestro país recibía un 60%
de los 2.500 millones anuales establecidos en esta partida, pero el ingreso
de diez países con una renta nota blemente inferior hará
que España pase de tener una renta media comunitaria del 83,9%
al 92,2%, y que por tanto pierda esa canti dad. Otro país beneficiado,
Irlanda, tendrá que dejar de percibir estas ayudas gracias a su
excelente crecimiento durante estos años.
En cuanto
a los fondos estructurales (que son la parte del león, unos
26.000 millones de euros anuales) se conceden principal mente a aquellas
regiones que no superen el 75% de la renta media comunitaria, co nocidas
como objetivo 1, y por tanto ahí hay regiones de casi todos
los países. En España
eran once: Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha,
Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla, Castilla y León, Canarias, Comunidad
Valenciana y Cantabria (esta última en período transitorio).
Valencia, Castilla y León y Canarias superarán ahora por
derecho propio el listón del 75%, mientras que las cuatro primeras
seguirán en el club de los pobres y, por tanto, con derecho
a seguir recibiendo ayudas, según la propuesta de la Comisión.
El problema será, sobre todo, para las restantes, Asturias, Murcia,
Ceuta y Melilla, que pasarán el lis tón únicamente
por efecto estadistico, debido a la entrada de otros países más
pobres. Para ellos la Comisión ha previsto un período transitorio,
de modo que entre 2007-2013 recibirían el 75% de las ayudas que
les habría correspondido de seguir siendo objetivo 1.
España ha estado recibiendo unos 8.500 millones de euros anuales
desde 2002, por lo que un recorte en esta cantidad tendría efectos
importantes. Si a ello se suma la competencia directa que van a su poner
estos países en la inversión extranjera, se deduce que el
nuevo gobierno español tendrá que dedicar una atención
prioritaria a este asunto y buscar mejoras en la competitividad y en nuevos
sectores como las nuevas tecnologías, para reducir el impacto y
buscar un crecimiento alternativo.
El tercer grupo de fondos que podría resultar afectado sería
el agrícola, y en concreto la Política Agrícola Común
(PAC), que se lleva hasta un 40% del presupuesto comunitario. La fuerte
presión de este sector, y en concreto en países como Francia
o España, ha supuesto que el acuerdo para reformarla al que se
llegó en 2002 no adoptase recortes, sino únicamente un límite
del 1% a su crecimiento anual y una modificación de las ayudas,
para no entrar en colisión con las peticiones de louaíses
en vías de de sarrollo, que piden el final de esas subvenciones
por dificultar su acceso a los mercados europeos. La influencia de este
sector en el principal país que se va a incorporar, Polonia, es
muy importante, como se indicó rnás arriba, por lo que los
fondos agrícolas serán una cuestión clave.
Esta compleja y larga lucha no puede esconder el enorme trabajo de reconversión
realizado por estos diez países, y el largo camino que han recorrido
en esta década. Uno de los asuntos más difíciles
ha sido la asimilación de la compleja y extensa legislación
comunitaria, el denominado acervo, miles de leyes que regulan desde los
derechos de propiedad intelectual hasta la regulación de las flotas
pesqueras, pasando por la política de inmigración. La Comisión
Europea, en su última evaluación, realizada en otoño
pasado, reconocía los "especiales esfuerzos" que han
realizado, "han alcanzado
un nivel de armonización muy elevado, y en general, merecen reconocimiento
por los logros obtenidos".
Sin embargo, también matizaba que "son necesarios aún
unos pequeños ajustes", porque hay apartados en los que todavía
deben mejorar. Por ejemplo, el medio ambiente, muy perjudicado por décadas
de desarrollo industrial sin control, y con algunas centrales nucleares
peligrosas; los derechos humanos, que requieren de una mejor protección
policial y judicial y tiene algunos puntos negros como el respeto a la
minoría gitana o el tráfico de seres humanos, y la corrupción,
uno de los asuntos que más preocupan en Bruselas: "Salvo contadas
excepciones, persiste la impresión de que el nivel de corrupción
( ... ) es aún elevado, en algunos casos muy elevado, y que puede
dañar la confianza en la administración pública y
el sistema judiciaV. Toda una llamada de atención que se refuerza
con una recomendación. "La lucha contra la corrupción
debe seguir formando parte de las prioridades políticas durante
los próximos años".
Y otra recomendación curiosa: "Los países en vías
de adhesión deben garantizar la traducción del acervo a
sus lenguas oficiales" ' No hay que olvidar que la UE-25 se convierte
en un gigante polígiota, con nada menos que hasta 20 lenguas oficiales,
lo que en realidad acabará favoreciendo probablemente el predominio
del inglés.
Las complicaciones no deberían asustar. Hay que resaltar los aspectos
positivos de la ampliación, que los habrá, sin duda, puesto
que es un reto y una oportunidad para todos. Y como ha dicho el catedrático
universitario Gabriel Tortella, "quizá el argumento favorable
más importante no sea racional, sino emocional. Europa no podía
cerrar la puerta a sus hijos venidos del frío".
|
Hemeroteca
Esta
semana