Un año después de la guerra, está más cerca del caos que de la anunciada democracia

Iraq en el atolladero

El sábado se cumple un año del inicio de la guerra de Iraq. El conflicto que ha justificado la doctrina del ataque preventivo, está teniendo unos resultados bastante apartados de las previsiones de sus dos promotores, el presidente estadounidense George Bush y el primer ministro británico Tony Blair. No sólo no se han encontrado las armas de destrucción masiva que utilizaron para amparar la guerra, sino que la reconstrucción de Iraq está resultando muy difícil por la enorme falta de seguridad y las diferencias políticas entre sus tres etnias. Así, lejos de ser el ejemplo de democracia para Oriente Medio que Bush y Blair predicaban, Iraq podría convertirse en un foco de inestabilidad para la región y en un difícil compromiso para los dos.

Por Teresa Larraz y Fermín Núñez

Según su antiguo secretario de Estado del Tesoro, Paul O’Neill, el presidente Bush ya había tomado la decisión de echar a Sadam Husein de Iraq desde su llegada al poder en enero de 2000, mucho antes de los atentados de septiembre de 2001, y desde luego, mucho antes de que la guerra finalmente comenzara el 20 de marzo de 2003. Durante meses Bush y el premier británico Tony Blair intentaron convencer al mundo de que el dictador iraquí constituía una grave amenaza para la seguridad mundial, que poseía armamento de destrucción masiva y, como incluso se llegó a afirmar, que estaba relacionado con organizaciones terroristas como Al Qaeda.

De acuerdo con la teoría que empezó a difundir la administración estadounidense que se empezó a conocer como la doctrina de la guerra preventiva, se podía justificar el ataque a un país en caso de que éste constituyese una amenaza. Una teoría que supone una transformación total de las relaciones internacionales, que establece unos valores muy subjetivos como razones para una guerra, y sobre todo que podría también ser utilizada por los países que Washington considera enemigos.

Ni la ONU ni el Consejo de Seguridad aceptaron de manera unánime los argumenttos angloestadounidenses contra Iraq, por mucho que el secretario de Estado Colin Powell mostrase en una sesión especial lo que se suponía eran pruebas irrefutables. De hecho, la aceptación por parte de Sadam del regreso de los inspectores de la ONU y de la Agencia Internacional de la Energía Atómica constituyó el argumento principal de aquellos que pedían tiempo para poder comprobar las afirmaciones de Bush y Blair.

Ambos dirigentes rechazaron esta posibilidad y decidieron llevar adelante sus planes bélicos a pesar de la división que desencadenaron en la comunidad internacional, con Francia, Alemania y Rusia rotundamente opuestas al conflicto mientras conseguían el apoyo de una pequeña coalición a la que desde el inicio se sumó España. El presidente José María Aznar se mostró siempre plenamente convencido de las tesis de Bush –apoyo que se escenificó en la famosa Cumbre de las Azores cuatro días antes del inicio de la guerra–, aunque su argumento era que seguía las resoluciones de la ONU.

Los pronósticos sobre la duración del conflicto se cumplieron. Algunos analistas habían asegurado que el poderío del Ejército iraquí dificultaría mucho el avance anglonorteamericano, pero no fue así: en poco más de dos semanas los americanos habían entrado en Bagdad, el 14 de abril finalizaban prácticamente los combates y a los 43 días, el 1 de mayo, un Bush triunfal proclamaba en la cubierta del portaaviones “Abraham Lincoln” el cese de las hostilidades.

Los problemas empezaron a partir de ahí: en primer lugar porque el dictador iraquí consiguió escabullirse, y hasta su captura seis meses después se convirtió en un segundo Bin Laden, con esporádicas cintas de audio en las que se le escuchaba llamar a la resistencia de los iraquíes. En segundo lugar, porque la población iraquí no recibió a las tropas ocupantes con los brazos abiertos, como esperaban, ni la pacificación del país fue total.

La violencia que no cesa. Así, desde entonces Iraq vive sumido en la violencia, con una resistencia formada por unos 5.000 efectivos antiguos miembros de la Guardia Republicana leales a Sadam que parecen haberse unido a otros elementos más peligrosos, combatientes extranjeros que son radicales islámicos o “yihadistas” que estarían vinculados con Al Qaeda. Las tropas ocupantes, sobre todo las norteamericanas, vieron cómo los ataques contra ellas se iban incrementando a lo largo del año y llegaban a su máxima intensidad entre octubre y noviembre, con hasta 30 ataques diarios. En este inicio de 2004 los soldados han conseguido mejorar su protección y efectividad, puesto que la media ha bajado de 20 ataques diarios, pero los americanos suman ya 552 muertos desde que comenzó la guerra.

El pasado 13 de diciembre Estados Unidos presentó como un éxito la captura de Sadam, que siguió a la muerte de sus dos hijos, descubiertos en julio en una casa de la ciudad de Mosul y cuyos cadáveres mostraron a todo el mundo con el objetivo de convencer a los iraquíes del fallecimiento de los temidos hijos de Husein. De la misma manera las autoridades estadounidenses decidieron difundir las imágenes de su detención, en un zulo cerca de su localidad natal, y con un aspecto muy alejado del poderoso dictador que atemorizó a sus ciudadanos durante 25 años. De la baraja de 55 altos cargos del régimen iraquí buscados por el Ejército americano ya sólo quedan diez en paradero desconocido.

En los últimos meses la violencia parece haber cambiado de objetivo; ahora son los iraquíes las principales víctimas de unos atentados terribles que el año pasado afectaron a la ONU –en el primer ataque directo de su historia–, y provocaron la muerte de uno de los líderes chiítas más importantes, Mohamed al Hakim, y de Aquila al Hachemi, una de las mujeres integrantes del Consejo de Gobierno Iraquí, el Ejecutivo provisional establecido por los americanos. Los nuevos cuerpos de seguridad iraquíes, formados a toda velocidad por la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) que dirige el país y encabeza Paul Bremer, han pasado a ser también un objetivo preferente, sobre todo la policía, que suma ya más de 500 muertos. Igualmente han fallecido más de medio centenar de civiles en unos atentados que han afectado de manera especial a la etnia chiíta, mayoritaria en el país, aunque los kurdos fueron víctimas de un brutal atentado recientemente en la capital de su región autónoma en el norte.

Estados Unidos afirma que estos ataques étnicos son resultado de un plan de Al Qaeda para desestabilizar Iraq, y para ello ha dado a conocer un documento que atribuye al jordano Abu Musab Al Zarqaui, un militante vinculado a la red de Osama Bin Laden. En él se revela una estrategia que consistiría en realizar ataques contra los chiítas para provocar su reacción contra los sunitas y así abrir un ciclo de violencia generalizada.

A los ataques políticos hay que sumar la delincuencia común, con crímenes y secuestros que alcanzan tasas elevadísimas por número de habitantes, y además vinculada en muchas ocasiones a un cuerpo de policía cuyo acelerado reclutamiento ha impedido hacerlo en condiciones adecuadas. Por otra parte, el ejército estadounidense mantiene a más de 10.000 personas detenidas, con edades que oscilan desde los 11 a los 75 años. Sus oficiales reconocen que la mayoría probablemente no son peligrosos, pero están en una situación legal extraña y la dificultad de sus familiares para contactarles, junto con la arbitrariedad y el misterio que rodea la mayoría de las redadas, está provocando un fuerte resentimiento entre la población. Organizaciones de derechos humanos denuncian que Iraq se ha convertido en “un gran Guantánamo”.

La falta de seguridad en su vida diaria es la queja principal de los iraquíes y un obstáculo primordial para la reconstrucción material. Pocas compañías se atreven a acudir al país, en el que además se está produciendo una gran proliferación de empresas privadas de seguridad, lo que ha llevado a que se denuncie la privatización de este conflicto y los beneficios de ciertas compañías con conexiones políticas muy cercanas al gobierno de Bush. 

A finales de octubre del año pasado se celebraba una conferencia en Madrid que pretendía reunir apoyo internacional para financiar la reconstrucción de un país devastado por tres guerras en veinte años, más de una década de sanciones de la ONU y el destructivo pillaje de los primeros días de la posguerra. El Banco Mundial estimaba las necesidades de los sectores básicos de la economía iraquí en 36.000 millones de dólares entre 2004-2007, a lo que se sumaban casi 20.000 millones que el equipo de Paul Bremer evaluó para otros apartados. 

Se consiguió recaudar, y con diferentes plazos y condiciones, 14.600 millones –más la aportación estadounidense, gestionada por ellos mismos– que todavía no han empezado a llegar al país. El enorme coste financiero de todo el proceso puede convertirse en uno de los principales problemas de esta difícil posguerra. Muchos en Estados Unidos, especialmente los sectores más conservadores vinculados al Gobierno, esperaban que la explotación del petróleo iraquí sirviera para financiar una gran parte del esfuerzo económico, pero sus previsiones han resultado ser excesivamente optimistas.

El panorama es complicado. Es cierto que los iraquíes disponen, al menos en teoría, de todas las libertades civiles de las que carecían bajo la dictadura, y que aunque con lentitud la situación económica va mejorando poco a poco. El valor de la moneda se ha estabilizado, se ha incrementado la producción agrícola y se ha limpiado una parte importante de los canales de irrigación, los centros educativos funcionan con niveles aceptables, se han reconstruido hospitales, alcantarillas, puentes y tendidos de agua. El sistema judicial se ha puesto en marcha y el suministro de electricidad se acerca a los niveles anteriores a la guerra.

Sin embargo, todavía las horas de luz son escasas en Bagdad, el 50% de los hogares iraquíes no disponen de agua potable, las comunicaciones telefónicas se arreglan con mucha lentitud, millones de ciudadanos siguen afectados por una malnutrición crónica, y los niveles de paro afectan casi a la mitad de la población a pesar de los 400.000 empleos vinculados a la administración ocupante. El suministro de gasolina sigue por debajo de las necesidades, y de los cuatro oleoductos disponibles para exportar petróleo sólo uno está operativo debido al sabotaje continuo. El petróleo, el factor fundamental para la recuperación iraquí, necesitará una enorme inversión.

La transición política. El pasado lunes los 25 integrantes del Consejo de Gobierno Iraquí (CGI) firmaban la Ley Administrativa Transitoria, una Constitución provisional que regirá el país en los próximos meses. El paso, de gran significado simbólico, supone cumplir el primer punto del calendario establecido por Paul Bremmer en un acuerdo con el CGI el 15 de noviembre.

En él se establecía, tras la aprobación de la Ley Transitoria, la celebración de asambleas en cada una de las 18 provincias para elegir a los delegados integrantes de una Asamblea Nacional Transitoria. Este punto desató la protesta inmediata del principal líder chiíta, el clérigo Alí al-Sistani, una de las figuras políticas más importantes que ha surgido en la transición iraquí. Posteriormente, el 30 de junio, esta asamblea elegiría a un Ejecutivo que sustituiría al CGI y asumiría toda la soberanía de la Autoridad Provisional, poniendo fin de ese modo a la ocupación. Antes del 15 de marzo de 2005 tendrían lugar elecciones directas para crear una convención constitucional que prepararía la Carta Magna permanente de Iraq. Nueve meses después finalmente se celebrarían elecciones, de modo que tras casi dos años de la guerra, el país tendría un Ejecutivo y una Constitución democráticos.

Este proceso ha sido retocado en el contenido final de la Ley Transitoria, que ha tenido que superar el creciente enfrentamiento entre las tres etnias de Iraq. El acuerdo entre chiítas, sunitas y kurdos es imprescindible para garantizar una transición pacífica que además tenga la legitimidad de la que carece la administración ocupante, uno de sus mayores defectos. Sin embargo, es un compromiso complicado de alcanzar, puesto que cada uno tiene sus propios temores: los sunitas están preocupados por la posibilidad de perder un poder que han ostentado desde la creación del país; los chiítas, en cambio, conscientes de la realidad de los números, son los mayores partidarios de la aplicación de métodos democráticos que por primera vez les concederían una fuerza real; mientras, los kurdos, por su parte, se aferran a la autonomía obtenida tras la Guerra del Golfo de 1991. No exentos de preocupaciones están los americanos, por supuesto, que siempre han tratado de evitar dos cosas: la división del país y la creación de una república islámica similar a la de Irán. De momento Al Sistani se ha mostrado como un negociador paciente y hábil, que además siempre ha insistido en la lejanía ideológica del chiísmo iraquí respecto al de sus vecinos.

Así, los días previos a la aprobación de la Ley algunos de los representantes chiítas del Consejo amenazaron con no firmarla puesto que consideraban que da demasiada fuerza a los kurdos. El deseo de no frenar un proceso que desembocará con la transferencia de soberanía en junio les llevó finalmente a aceptar la redacción final de un texto que incluye los siguientes puntos:

-Preámbulo: esta Constitución será el fundamento para restablecer la libertad del pueblo iraquí, “usurpada por el antiguo régimen dictatorial”.

-Presidencia: Iraq tendrá un presidente único y dos vicepresidentes. Era otro de los aspectos polémicos, puesto que los chiítas preferían una vicepresidencia más amplia de cinco miembros. No se ha establecido su método de elección.

-Sistema de gobierno: Iraq será una república federal, democrática y plural, con un federalismo basado en la geografía y la historia y no en etnias o grupos religiosos. Se reconoce al Gobierno Regional del Kurdistán, y se abre la puerta a otras provincias para que vayan formando regiones que podrían adquirir mayores competencias. El problema radica en que se permite que dos tercios de los votantes de tres provincias podrán votar una ley nacional, y los kurdos justo son mayoría en tres provincias, lo cual es visto por los chiítas como una posibilidad de veto excesiva.

-El Islam: “Es la religión oficial del Estado y constituye una fuente de legislación”, una fuente pero no la única, un aspecto en el que Bremer era inflexible. Además, aunque “se respeta la identidad islámica de la mayoría de la población iraquí”, se “garantiza la libertad total de las otras religiones”.

-Mujeres: obtienen un gran avance, puesto que se les reconoce el derecho a una representación mínima en la Asamblea Nacional Transitoria del 25%.

-Derechos: se incluye una Carta de Derechos que deberá pasar tal cual a la futura Constitución, y establece la igualdad de todos los iraquíes sin distinción alguna, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, el derecho a elecciones libres y periódicas, el derecho de asociación y a la presunción de inocencia y un juicio justo.

-Lenguas: el árabe y el kurdo, que consigue así reconocimiento oficial, serán las dos lenguas del país, aunque minorías como las turcomana tendrán derecho también a utilizar su lengua.

-Elecciones: el 30 de junio se transferirá la soberanía a un gobierno –del que no se precisa su forma– que preparará las elecciones a una asamblea transitoria “si es posible antes del 31 de diciembre de 2004, y en todo caso, no más tarde del 31 de enero de 2005”. Ésta redactará una Constitución permanente antes del 15 de agosto, que será sometida a referéndum antes de 15 de octubre de 2005.

Iraq se convierte así en uno de los países más avanzados del mundo árabe, pero está por ver la aplicación real que tendrá esta Carta Magna. El clérigo Al Sistani ha declarado que es “un obstáculo”, pero los representantes chiítas prefirieron firmar para “resolver más tarde los problemas pendientes”. De este modo lo que queda en realidad es un acuerdo muy superficial que apenas oculta unas diferencias graves que en caso de radicalización podrían acabar incluso en conflicto civil. Para ello no haría falta mucho: una continuación de los atentados contra los chiítas que acabara con su paciencia y diera más fuerza a milicias radicales como las del joven clérigo Muqtada al-Sadr, claramente antiestadounidense, que podría aprovechar el descontento contra los ocupantes que provocó atentados como los del día de la Shura, con casi 200 muertos en Bagdad y Kerbala. Un exacerbamiento de la postura kurda, que no se contentara con la actual autonomía, sino que aspirara a más, o insistiera en obtener un territorio que puede convertirse en un polvorín, la zona de Kirkuk, de la que fueron expulsados por Sadam y que además es uno de los principales campos petrolíferos. O la continuación de la violencia y los ataques en el triángulo sunita.

El panorama podría ser realmente peligroso, y George Bush es consciente de ello. A menos de ocho meses para las elecciones estadounidenses, el presidente necesita que la transición en Iraq funcione. De momento las relaciones con los tres países detractores de la guerra siguen siendo frías, y no se vislumbran grandes avances. Por ello en las últimas semanas ha vuelto a contar con la ONU, ya que si no internacionaliza el proceso no podrá obtener un apoyo que cada vez le resulta más necesario. Así, a primeros de febrero viajaba a Bagdad una misión de la ONU, solicitada además por Al Sistani, que encabezaba el argelino Lakhdar Brahimi, asesor especial del secretario general Kofi Annan a Iraq, con la misión de estudiar la posibilidad de celebrar elecciones en el país.

La misión concluía dando la razón a la teoría estadounidense de que no se podían celebrar elecciones directas antes de junio, como pedían los chiíes, pero insistía en el consenso que existe en Iraq de celebrarlas cuanto antes, y solicitaba para ello un acuerdo entre las partes y sobre todo una mejora en la seguridad. Posteriormente el propio Annan insistía en que sin el apoyo “claro y sin ambigüedades” del Consejo de Seguridad, la organización internacional no regresará a Iraq.

El primer ministro británico Tony Blair, también bajo una gran presión en su país, pronunciaba un discurso hace unos días en el que volvía a insistir en la amenaza que supone la vinculación del terrorismo y las armas de destrucción masiva, en un enésimo intento de justificar el conflicto iraquí. El problema, sin embargo, es que el cambio de régimen en Bagdad y el caos que rige en el país no sólo no parece haber evitado esa amenaza y convertirle en un Estado más seguro, sino todo lo contrario.

Un año en el primer plano de la actualidad

27 de enero de 2003: El inspector jefe de armas de la ONU, Hans Blix entrega un informe sobre la inspección de armas y solicitan más tiempo para profundizar en la misma, así como una cooperación más activa de Iraq.

7 de marzo de 2003: Blix entrega un nuevo informe que afirma que el personal de inspección no ha encontrado evidencias de que Iraq esté fabricando o escondiendo armamento bioquímico.

20 de marzo de 2003:  EE UU comienza su ataque a Iraq.

9 de abril de 2003: Las tropas de la alianza entran en Bagdad, iniciando el fin de la guerra. José Couso, cámara de Telecinco, muere por un disparo de las tropas estadounidenses en el hotel donde se alojan los periodistas.

24 de julio de 2003: EE UU hace públicas las fotografías de Uday y Qusay Hussein, los hijos del dictador muertos tras el asalto de las tropas aliadas a una casa en la que se refugiaban, en Mosul.

18 de agosto de 2003: Atentado contra la sede de la ONU, que causa 20 muertos y un centenar de heridos. Entre los fallecidos se encuentran el enviado especial de la organización a la zona Sergio Vieira de Mello, y el militar español Manuel Martín.

9 de octubre de 2003: el agregado de la embajada en Iraq, José Antonio Bernal, es asesinado a la salida de su domicilio.

16 de octubre de 2003: El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución para crear una fuerza multinacional comandada por EE UU y pedir apoyo financiero para la reconstrucción de Iraq.

29  de noviembre de 2003: Siete agentes del servicio secreto español mueren en una emboscada al sur de Bagdad.

13 de diciembre de 2003: Sadam Husein es apresado por soldados norteamericanos.

2 de febrero de 2004: casi doscientos chiíes son asesinados en dos atentados simultáneos en Bagdad y Kerbala durante la fiesta del martirio de la Achura.

¿Qué hacer con Sadam?

Desde que el pasado 13 de diciembre Sadam Husein fuera capturado por los soldados estadounidenses en un zulo a 30 kilómetros de Tikrit, su ciudad natal, el futuro del dictador iraquí es aún una incógnita. Mientras se encuentra la solución definitiva que dirima el futuro de Sadam, el que fue durante meses enemigo público número uno de las tropas atacantes continúa prisionero en algún lugar de Iraq, bajo la autoridad del Pentágono e interrogado por la CIA (que tiene que dilucidar, entre otras muchas cosas, su verdadera conexión con lo grupos de resistencia que siguen sembrando el pánico en las calles de las principales ciudades del país).

Aunque existe un consenso general sobre que Sadam debe ser sometido a juicio para responder a los numerosos y atroces crímenes cometidos durante los 24 años de su mandato, la primera de las cuestiones en liza es si Hussein debe ser juzgado en su país y si debería hacerlo un tribunal exclusivamente iraquí de acuerdo con la legislación de Iraq, o un tribunal internacional. Tal y como explicaba El Siglo en su reportaje “El juicio a Sadam, clave del futuro de Iraq”, el proceso podría ser una oportunidad única para unir a la fraccionada comunidad internacional. Para ello, sin embargo, EE UU y su presidente, George W. Bush (a quien tanto rédito ha dado la captura de Sadam de cara a su posible reelección en las elecciones de noviembre), deberían abandonar el unilateralismo que ha dominado hasta ahora todo el proceso iraquí y ofrecer la dirección del proceso contra Sadam a los propios iraquíes o –en su defecto–, a los tribunales internacionales como primer paso para encauzar la transición política con una mayor implicación de la ONU que logre devolver la soberanía al pueblo iraquí en condiciones más o menos normales. En este sentido, el propio Bush ha declarado su intención de que sean los iraquíes quienes se encarguen de juzgar a su represor, en un proceso que cumpla los estándares internacionales. De igual forma se ha manifestado su aliado británico, Tony Blair, quien sin embargo no se muestra partidario de aplicar la pena capital, una posibilidad que sería factible si –como parece probable–, el juicio se celebra en Iraq, en donde todavía sigue vigente.

Por el momento, el Consejo Provisional Iraquí ya está estableciendo un tribunal de crímenes de guerra para juzgar al ex presidente por genocidio y crímenes contra la Humanidad. Una iniciativa que puede considerarse precipitada, pues a pesar de las declaraciones de Bush al respecto, lo cierto es que Husein aún permanece bajo la condición de “prisionero de guerra” de los norteamericanos, por lo que –según la Convención de Ginebra–, corresponde sólo a sus captores la facultad de someterlo a juicio. Junto a ello también hay que tener en cuenta que la mayoría de los países se muestran partidarios de una intervención internacional en el proceso. Pero esta posibilidad acarrea no pocos riesgos: en primer lugar, que el proceso se vea demasiado controlado exteriormente, y que, como consecuencia, carezca de legitimidad para los iraquíes. Además, Saddam podría tratar de dar una imagen de víctima y convertir el juicio en una causa contra el papel de EE UU y sus aliados en Iraq. Y en tercer lugar, el proceso podría acabar desvelando muchas de las oscuras conexiones del dictador iraquí durante su régimen, que podrían resultar embarazosas para ciertos gobiernos y dirigentes occidentales.

Por todo ello, lo más probable es que Husein acabe siendo juzgado en su país, por un tribunal nacional, pero asesorado por EE UU. Por el momento, la administración estadounidense acaba de mandar a Iraq a un grupo de 50 fiscales, abogados e investigadores que se harán cargo del proceso de compilación y organización de las pruebas y evidencias para el proceso. Las autoridades iraquíes han anunciado que después de la formación de un gobierno soberano, pedirán a la coalición que cambie la condición de prisionero de guerra de Sadam para poder juzgarlo en su país. El primer paso hacia la entrega de la soberanía se dio la semana pasada con la firma de la nueva Constitución. Tras ello, y a partir de la formación del nuevo gobierno provisional (antes del 30 de junio), sólo quedará comprobar si las elecciones a la presidencia de EE UU no interfieren en el proceso.

La mentira que justificó la guerra

La supuesta posesión de armas de destrucción masiva ha sido el argumento sobre el cual EE UU cimentó el año pasado la nueva intervención en Iraq. No en vano la posibilidad de que Sadam Husein ocultara algún tipo de armamento químico, nuclear o bacteriológico viene estudiándose desde el final de la Guerra del Golfo de 1991. De hecho, el final de aquella contienda se selló con una resolución de la Organización de Naciones Unidas que obligaba al régimen iraquí a desarmarse completamente. Sin embargo, la misión internacional de inspectores encargados de llevar a cabo este desarme, prevista para unos meses, acabó alargándose hasta 1998, fecha en la que Husein se negó a seguir colaborando con la ONU tras acusar a los inspectores de actuar bajo las órdenes de EE UU. El desarme nunca llegó a completarse y, en diciembre de 2002, los inspectores regresaron a Iraq por las presiones de la administración Bush, que volvió a colocar a Husein en el punto de mira de la opinión pública internacional al asegurar que seguía atesorando este tipo de armas.

Hace poco más de un año, el secretario de Estado de EE UU, Colin Powell, intentaba convencer de ello al Consejo de Seguridad de la ONU, concluyendo que el líder iraquí representaba una auténtica amenaza mundial. Powell dijo tener evidencias de la existencia de material químico en el campo de batalla, así como del transporte de materiales prohibidos y de la fabricación de armas biológicas. Junto a ello, también avisó de que Sadam nunca había informado de la posesión de gran cantidad de estas armas (550 piezas de artillería con gas mostaza, 30.000 municiones vacías y recursos suficientes para fabricar hasta 500 toneladas de agentes químicos), y los esfuerzos de éste desde 1998 estaban encaminados a conseguir una bomba atómica. Un año después, uno por uno, estos argumentos han caído por su propio peso: los inspectores no han encontrado arma química alguna, el transporte descubierto resultó ser de materiales tóxicos corrientes y las fábricas móviles producían en realidad hidrógeno. Asimismo, los inspectores internacionales también han asegurado que Sadam no tenía un gran programa de armas químicas, que la mayoría de sus reservas fue destruida en 1995 y que desde 1998 no existía evidencia alguna de que el gobierno iraquí hubiera dado pasos decisivos para construir armas nucleares o producir material de fisión.

Por su parte, el régimen iraquí ha venido negando continuamente tener el arsenal que se le adjudicaba y los inspectores reclamaron más tiempo para buscarlo. Pero todo fue en balde. La  intervención de EE UU y sus aliados sobre el país fue inmediata, pero ahora, a un año de la misma, cada vez queda más patente que el argumento de las armas de destrucción masiva fue un órdago a la opinión pública, una mentira exagerada hasta el punto de que logró convencer a muchos de la idoneidad del ataque contra Iraq. El propio inspector jefe de Naciones Unidas, Hans Blix –que va a publicar un libro sobre el asunto–, ha acusado recientemente a EE UU de promover un ataque “ilegal” y de “dramatizar” el peligro que representaba Iraq como lo haría cualquier experto en marketing para conseguir sus objetivos. Incluso David Kay, el propio inspector jefe de la misión enviada por el Gobierno norteamericano para buscar ese armamento, ha pedido a George W. Bush que reconozca ante su pueblo que se equivocó.

Las consecuencias que esta mentira ha ocasionado en la credibilidad de los dirigentes implicados en la intervención armada son aún impredecibles, aunque ya han comenzado a pasar factura a las tres cabezas visibles de la Cumbre de las Azores: George W. Bush y Tony Blair se enfrentan a sendas investigaciones de sus respectivos Parlamentos, que en el caso del primero podría costarle el cargo el próximo noviembre, ya que John Kerry, el rival directo de Bush en la carrera presidencial, ha sacado un evidente rédito electoral al erigirse como el baluarte de los que creyeron los argumentos de Bush y ahora se sienten ofendidos y avergonzados por ello.

En el mismo contexto, nuestro presidente Aznar tiene más suerte. Su retirada y el traspaso de poder a Mariano Rajoy han mitigado el efecto de la crítica, que no obstante podría ocasionar la pérdida de la mayoría absoluta del PP y la posterior apertura de unas comisiones parlamentarias de investigación que hasta ahora han sido frenadas unilateralmente por el Gobierno. Un hecho que, por cierto, ha sorprendido a toda la comunidad internacional.

El ‘eje del mal’ capta la advertencia

Las guerras de Afganistán e Iraq, la posterior captura de Sadam Husein y el futuro proceso contra el mismo han servido para que otros regímenes más o menos dictatoriales y considerados por Estados Unidos como potencialmente peligrosos hallan visto las orejas al lobo. En otoño de 2001 –pocos días después del atentado contra las torres gemelas de Nueva York–, el presidente norteamericano, George W. Bush, identificó a Iraq, Corea del Norte e Irán como los países del “eje del mal”.

El primero de ellos ha sido el principal perjudicado por las iras de Bush tras el 11-S. La guerra, sin embargo, parece haber hecho efecto sobre los otros dos, sobre los que desde junio de 2002 Bush se había reservado el derecho de lanzar ataques preventivos para destruir por sorpresa sus presuntos arsenales químicos, biológicos o nucleares. Corea del Norte es el único que durante todo este tiempo se ha vanagloriado de su capacidad armamentística. Su líder Kim Jong II –que controla el país con auténtica mano de hierro–, ha echado un pulso a la administración estadounidense al afirmar que posee armamento nuclear y al ordenar hace un año la expulsión de los inspectores internacionales. Sin embargo, con el fin de la guerra este país comienza a dar pasos hacia una reconciliación.

El pasado mes de febrero, Kim Jong Il inició un proceso de negociación con EE UU para tratar de abrir el país al mundo y eliminar poco a poco su armamento, aunque los estadounidenses reclaman su desmantelamiento total (ya que en la época del anterior presidente estadounidense Clinton los compromisos fueron incumplidos después de haberle suministrado petróleo, energía nuclear civil y asistencia económica). Sin embargo, las negociaciones entre ambos parecen ahora más cercanas que nunca, precedidas del permiso de Corea del Norte para que una delegación norteamericana inspeccione uno de sus complejos nucleares.

Irán también se ha mostrado dispuesto a permitir inspecciones nucleares. Sin embargo, el proceso en este país se ha visto afectado por la mayoría absoluta que han obtenido los conservadores en el Parlamento de la república islámica, lo que supone un giro islamista poco apropiado de cara a un virtual proceso negociador. La línea aperturista liderada por Mohamed Jatamí ha dado paso a un régimen que considera a EE UU e Israel como enemigos.

Si el anterior régimen hubo de reconocer el pasado febrero que compró componentes nucleares a varios proveedores (después de que el padre del programa nuclear pakistaní, Abdul Qadir Jan, revelara que había filtrado tecnología de ese tipo a Irán, Libia y Corea del Norte), va a ser difícil que el nuevo gobierno ultraconservador salido de los recientes comicios se muestre partidario de algún tipo de negociación. Aunque la amenaza está siendo efectiva en otros países que también han estado bajo sospecha, como la Libia de Gaddafi, Siria o Pakistán.