Debate social sobre las alternativas al matrimonio tradicional

LAS NUEVAS FAMILIAS

Aunque hasta ahora han permanecido en el anonimato, las nuevas formas de familia van poco a poco saliendo a la luz: madres y padres solteros, parejas heterosexuales o del mismo sexo que conviven fuera del matrimonio y deciden tener hijos naturales o adoptados y un largo etcétera de casos que van en aumento y conforman una realidad de la cual las leyes y la sociedad comienzan a tomar conciencia. La reciente sentencia de un tribunal navarro, que reconoce por primera vez en nuestro país a una pareja de lesbianas como madres legales de dos gemelas, ha abierto una puerta que va a ser difícil cerrar. El debate está servido en este 2004 en que se conmemora el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia.

Por Fermín Núñez

Representan el presente y el futuro de la familia y son más de las que se piensa, aunque hasta ahora permanecen –bien por cuestiones sociales o legales–, ocultas en el anonimato: apenas hay estudios estadísticos que indiquen cuántos son, pero la estimación es alta y va en aumento. Se trata de los nuevos modelos de familia surgidos de las sociedades modernas, que han superado el concepto tradicional de matrimonio entre varón y mujer, para conformar un amplio espectro de casos que van desde la madre o el padre soltero hasta parejas de hecho que conviven sin casarse, ciudadanos que –sean o no del mismo sexo– deciden tener o adoptar niños fuera del matrimonio, y un largo etcétera tan extenso como plural es nuestra sociedad.

En nuestro país, la evolución de estos tipos de familia ha sido rapidísima. En 1960 éramos un Estado pobre para los estándares europeos, políticamente conservador, socialmente tradicional y católico, con bajos niveles de urbanización y educación, y aislado de nuestro entorno. Recién comenzado el siglo XXI somos más ricos de lo que nunca fuimos, con una situación política, económica y social muy cercanas a las del resto de nuestro continente, y con una población mucho más instruida, urbana, e ideológicamente más flexible y tolerante. La Constitución de 1978 nos concedió –al menos en teoría–, un Estado laico, libre e igualitario, en el que todos los ciudadanos han de ser observados y tratados del mismo modo y no pueden ser discriminados por razón de sexo, religión o creencias. Esta evolución social, política y económica ha traído consigo profundas transformaciones en las estructuras familiares: a la drástica reducción de los hogares múltiples (en los que convivían distintos núcleos familiares) se ha unido el surgimiento de las llamadas familias postnucleares: uniones no matrimoniales, parejas sin descendencia, familias reconstruidas o combinadas (procedentes de uniones anteriores), familias con padres homosexuales o madres lesbianas y familias monoparentales edificadas a partir de la decisión de tener un hijo en solitario y la muerte, separación o divorcio del cónyuge o la pareja). 

Pese a la teórica libertad que disfrutamos, sin embargo, en la práctica, resulta evidente que una parte del entorno social continúa observando con recelo a estos tipos de familia, que tampoco disfrutan de un régimen legal igualitario respecto a los tradicionales matrimonios con o sin hijos. Esta discriminación de hecho comienza por el propio actual Gobierno del PP y tiene como mayor exponente la doctrina que todavía sigue imponiendo la Iglesia católica en nuestra cultura y nuestra sociedad.

A pesar de todo ello, el debate sobre la plena equiparación legal y social de estos nuevos modelos de familia cobra cada vez más fuerza en nuestro país y cada vez son más las parejas de cualquier tipo que deciden convivir a expensas del matrimonio y que reclaman para sí los mismos derechos y deberes que el resto de ciudadanos. Esta paradójica doble situación de libertad teórica y desigualdad práctica ha provocado que el panorama familiar español sea de momento un tanto extraño: la reiterada negativa del Gobierno del PP a aprobar una regulación estatal de parejas de hecho y a modificar el actual Código Civil para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo –así como la falta de reconocimiento y ayudas estatales específicas a las familias monoparentales–, han derivado en un marco jurídico desequilibrado en el que cada Comunidad Autónoma ha legislado por su cuenta. De esta manera, a la desigualdad entre estas familias y las tradicionales se ha sumado una desigualdad territorial, lo que provoca –por ejemplo–, que una pareja de homosexuales no pueda disfrutar de los mismos derechos por el simple hecho de estar empadronados en Navarra o en Madrid.

El pasado 22 de enero la titular del Juzgado de Familia de Pamplona emitió un auto en el que, por primera vez en nuestro país, se reconoce legalmente la maternidad a una pareja de lesbianas. Esta pareja navarra y sus hijas gemelas han logrado abrir una puerta que –a tenor de la evolución social y normativa de nuestro país–, va a ser difícil cerrar de nuevo: la equiparación legal de estas parejas ha comenzado a hacerse realidad en algunas Comunidades, incluso en casos –como el de las adopciones por parte de parejas del mismo sexo–, que todavía resultan demasiado chocantes para nuestra sociedad.

CRIAR HIJOS EN SOLITARIO

Uno de los casos más numerosos y crecientes de esta nueva realidad es el de las familias monoparentales, es decir, los formados por un único progenitor con uno o varios hijos menores a cargo. Hace tan sólo unas décadas, el principal factor que provocaba esta situación era la muerte del cónyuge. Pero, actualmente, el creciente acceso de las mujeres a la educación y al empleo remunerado, el cambio ideológico que esta situación ha provocado en la sociedad, así como el aumento de las rupturas conyugales y de los nacimientos extramatrimoniales han contribuido a un cambio de roles en el seno familiar. Una de las consecuencias más representativas de esta nueva actitud es el surgimiento de las madres solteras, separadas o divorciadas con hijos bajo su responsabilidad, que conforman el colectivo más representativo dentro de las familias monoparentales y que en muchas ocasiones sufren su situación con particular dificultad, llegando a ser víctimas de la pobreza. Algo que les ha hecho en muchos países no sólo acreedoras de reconocimiento como unidades domésticas, sino también objeto de protección social. Los movimientos feministas enseguida se dieron cuenta de la necesidad de dignificar la situación de las madres solteras otorgándoles un lugar visible en la sociedad y legitimando el derecho a un espacio propio equivalente al de las familias biparentales. Pero en todos estos años, las cosas no han resultado tan sencillas: según el estudio Las políticas familiares en una perspectiva comparada (de Lluis Flaquer, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona), mientras las mujeres viudas con hijos consiguieron enseguida un nicho en los sistemas de seguridad social europeos, las solteras, separadas y divorciadas están encontrando bastantes dificultades para hacerlo. Ello se debe, según Flaquer, a que “la filosofía que impregna buena parte de los sistemas de protección social se basa todavía en la lógica del ‘varón sustentador”.

El debate en torno a las familias monoparentales se centra actualmente en varias cuestiones: ¿se debe tratar a estas familias como al resto o bien hay que habilitar programas para atender sus singulares características? Uno de los principales escollos con el que se encuentran los gobiernos es la diversidad de orígenes de las familias monoparentales, ya que no es lo mismo prestar ayuda a una viuda que puede cobrar una pensión que a una madre soltera con hijos. En este sentido, países avanzados en sistemas de protección como Francia o Gran Bretaña, gozan de sistemas diferentes.

En 1991 las familias monoparentales representaban en Francia un 16,2% de las que tenían hijos a cargo (un porcentaje que doblaba el de 1981, que era de 8,3%). Allí este tipo familias gozan de dos clases de ayuda: el Subsidio de Apoyo Familiar (ASF) y el Subsidio para Progenitor Solo (API). El primero afecta a un tercio aproximado de las familias monoparentales y se destina a aquellos que asumen la responsabilidad de un niño huérfano o cuyos progenitores no pueden o no quieren darle alimento, lo que afecta en la práctica tanto a ciudadanos que se ocupan de huérfanos como a madres solteras, viudas, separadas o divorciadas con hijos a cargo. El segundo garantiza unos ingresos a personas que viven solas y se hallan en estado de gestación o tienen al menos un hijo a cargo y tiene un plazo de tiempo limitado. Supone una válvula de seguridad para recuperar la independencia económica tras un “accidente de conyugalidad” y el número de sus beneficiarios ha aumentado rápidamente en los últimos años, situándose en la actualidad en torno al 10% de las familias monoparentales (ver Familias monoparentales en el mundo)

En el Reino Unido la situación es radicalmente distinta: las prestaciones son selectivas y sólo se conceden cuando el niño se halla en situación de riesgo social, pero no para favorecer la actividad profesional de la madre. En estas condiciones es habitual que las mujeres abandonen el mercado de trabajo cuando tienen un niño para volver a trabajar a tiempo parcial a medida que sus hijos crecen. El Estado da apoyo a las madres solas o a familias en dificultades, lo que favorece el alejamiento de trabajo para no perder estos beneficios. Este país representa una de las tasas más altas de monoparentalidad de Europa, y se calcula que esta situación afecta a un 20% de los menores, gran parte de los cuales viven con sus madres solteras.

En España, el último Censo y Población y Vivienda del INE del que se conocen datos detallados data de 1991 y revela que el porcentaje de familias monoparentales con hijos menores de 18 años representaba entonces un 8,6% del total. Aunque esta tasa es bastante baja en el contexto europeo, es de prever que los próximos datos de este tipo (del Censo de 2001, que se harán públicos en el segundo trimestre de este año), den un resultado mucho mayor. A diferencia de Inglaterra, la españolas con hijos a cargo presentan una mayor orientación hacia el trabajo remunerado que las casadas y una alta tasa de actividad. Ello puede deberse a la inexistencia de un subsidio específico para las familias monoparentales y a que el sistema de mantenimiento de renta se basa casi exclusivamente en las cotizaciones a la Seguridad Social. Eso supone que las madres solas desempleadas no tengan otra opción que acudir a la asistencia social, cuya cobertura es muy desigual en el territorio. Por otro lado, la desigualdad en la protección estatal resulta según el tipo de familia monoparental, ya que las viudas gozan de pensión –por más que ésta sea pequeña–, lo que las diferencia de las mujeres solteras, separadas o divorciadas, que tienen que confiar en sus trabajos o en las pensiones de sus ex maridos o compañeros para salir adelante.

CONVIVIR "DE HECHO"

La segunda forma más común de nueva familia es la pareja de hecho con hijos a cargo, ya sean propios o adoptados. Este tipo de parejas están formadas por personas heterosexuales que deciden convivir juntas a expensas del matrimonio o por homosexuales o lesbianas que –al no poder casarse–, conviven juntas y deciden tener o adoptar hijos. El primer caso es más admitido socialmente y ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años con la incorporación a la vida adulta de muchos jóvenes no creyentes. El segundo –con más rechazo social–, permanece aún oculto, aunque crece como la espuma a medida que muchos gays y lesbianas deciden primero “salir del armario”, luego dejarse ver en pareja y más adelante formar una familia con hijos propios o adoptados.

Desde un punto de vista general, en España, hasta ahora el mayor escollo a la hora de contemplar legalmente esta nueva forma de convivencia es el PP, que es el único partido mayoritario contrario a impulsar una legislación estatal que amplíe los derechos de las parejas de hecho. Esta negativa del Gobierno del PP ha provocado que algunas Comunidades Autónomas se hayan decidido a legislar por su cuenta, algunas de ellas –como el País Vasco o Navarra–, entrando en enfrentamiento directo con el PP (que ha recurrido sus respectivas normativas ante el Tribunal Constitucional), (ver cuadro Parejas de Hecho. Una cuestión territorial). La consecuencia directa de estas iniciativas es una desigualdad territorial que se manifiesta claramente en supuestos como el de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo o la inseminación artificial en el caso de las lesbianas.

En el primero de los casos la situación legal es paradójica. La ley que regula la adopción y la figura legal del acogimiento familiar, que data de 1987, reconoce el derecho a adoptar de matrimonios y parejas de hecho heterosexuales. Sin embargo, en lo referente a la adopción individual no existe ninguna mención a la orientación sexual del solicitante, por lo que gays y lesbianas no tienen ningún impedimento en este supuesto. Lo mismo sucede con la Ley sobre Técnicas de Repreducción Humana Asistida, de diciembre de 1988, que es una de las más beneficiosas de todo el mundo para las lesbianas, porque admite que las mujeres solas puedan acceder a los tratamientos sin requerirles la orientación sexual.

Por tanto, la legislación española abre de facto la puerta a que gays y lesbianas ejerzan la paternidad, pero sigue cerrándola a que lo hagan como pareja, con la consiguiente doble protección que esto implicaría para los niños. Esta falta de reconocimiento provoca el fenómeno de la “familia invisible”, es decir, un núcleo familiar en el que los niños son hijos legales de padres o madres solteras, pero que en la práctica conviven también con las parejas de éstos en un entorno familiar. Una situación que, de paso, repercute negativamente a la hora de obtener cualquier beneficio como familia. Por ejemplo, bajo el pretexto de que este tipo de parejas no están “legalmente constituidas”, la Ley de Familias Numerosas sigue considerándolas monoparentales aunque tengan más de tres hijos, lo que las deja al margen como beneficiarias y supone una evidente discriminación respecto a los demás ciudadanos.

La polémica sobre la adopción. Este supuesto, sin embargo, comienza a romperse. Tras la ya mencionada sentencia de la juez navarra que ha convertido a una pareja de lesbianas en madres de sus gemelas a todos los efectos, otras parejas del mismo sexo comienzan a perder el miedo. La semana pasada saltó la noticia de que otras dos lesbianas de Navarra que tuvieron un hijo por inseminación artificial han decidido también reclamar su maternidad por la vía legal, lo que demuestra que el precedente abierto en esta Comunidad va a ser difícil de eliminar.

La adopción y el acogimiento de niños siguen siendo los caballos de batalla de las parejas de hecho del mismo sexo, ya que no todas las leyes las reconocen (ver Parejas de hecho: una cuestión territorial). Un problema que sin embargo no tiene el resto de parejas de hecho y que cambia también en cada país. Ya en 1984 el Parlamento Europeo aprobaba la primera resolución a favor de la adopción de medidas tendentes a promover la igualdad de gays y lesbianas. En 1994 nuevamente, esta institución emitía un Informe sobre Igualdad de Derechos para homosexuales y lesbianas en la UE, en el que se detalla la multitud de discriminaciones a las que se ven sometidas estas personas, incluyendo las legislaciones en materia de parejas de hecho y adopción. Desde entonces ha vuelto a insistir en la necesidad de impulsar una legislación a nivel comunitario y en septiembre de 2000, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó a las gobiernos de los países miembros adoptar medidas para poner fin a la discriminación de los homosexuales. Esto se ha cumplido en ocho de los 15 Estados. El 13 de septiembre de 2000 Holanda alcanzó el punto máximo de igualdad, suprimiendo en su legislación cualquier diferencia entre personas o parejas hetero u homosexuales. Esto ha supuesto la culminación de un proceso que comenzó en Dinamarca en 1989, con la ley de parejas que equiparaba en todo a las parejas del mismo sexo con los matrimonios tradicionales –a excepción de la adopción–. A esta iniciativa le siguió Suecia. Por su parte, Francia tiene el PACS (Pacto Civil de Solidaridad), que reconoce a las parejas de gays y lesbianas derechos tales como declaración común de la renta, cobertura social de la pareja, herencia, etc. Bélgica también ha desarrollado una Ley de Cohabitación legal, bastante similar a la existente en Aragón, y los partidos en el Gobierno se muestran partidarios de abrir el matrimonio a las parejas homosexuales. Alemania ha sido el último en adherirse a esta tendencia, con una normativa que reconoce la relación de parentesco de estas familias y concede derechos fiscales, de herencia, etc. En el Reino Unido, aunque no se han legislado formalmente estos supuestos, la adopción forma parte del debate social desde hace años. En Italia y Austria, como en España, la adopción está permitida a nivel individual. Y en Finlandia se admite la custodia compartida.

Esta escalonada apertura europea choca frontalmente con la tendencia ultraconservadora norteamericana, que como se ha conocido la semana pasada, pretende que los matrimonios entre personas del mismo sexo sean prohibidos por la propia Constitución. La medida, anunciada por el presidente George W. Bush como una propuesta más de su campaña, pretende zanjar el debate propiciado por las tendencias más aperturistas con los homosexuales de ciudades como San Francisco y estados como Nuevo Méjico, que han entrado en directo enfrentamiento con gran parte de la opinión pública y de dirigentes conservadores como el gobernador de California Arnold Schwarzenegger.

Bodas homosexuales. Precisamente este tema del matrimonio entre personas del mismo sexo es otro de los caballos de batalla de los gays y lesbianas de todo el mundo. En nuestro país, esta lucha se centra en el cambio del Código Civil. Tan sólo unas cuantas líneas del mismo (artículos 44, ,66 y 67) impiden que este supuesto pueda contemplarse. En el primero de estos artículos (capítulo III. De los requisitos del matrimonio), se dice: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”. El Capítulo V, artículo 66 (De los derechos y deberes de los cónyuges), afirma: “el marido y la mujer son iguales en derechos y deberes” y el 67 “el marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia”. Bastaría por tanto con sustituir “el hombre y la mujer” por “toda persona” y “marido y mujer” por cónyuges, y el problema estaría solucionado. Pero por más que PSOE, IU, BNG, CIU, Chunta Aragonesista, y demás grupos de la oposición, lo cierto es que hasta ahora el PP ha impedido cualquier cambio.

Familias monoparentales alrededor del mundo

El fenómeno de las familias compuestas por un adulto solo con menores a su cargo sigue creciendo en las sociedades modernas. Estos son los datos que se barajan en algunos países:

Estados Unidos: según su Oficina del Censo, la cantidad de madres solas pasó de tres millones en 1970 a diez en 2000. Respecto a los padres solos, su aumento ha sido aún mayor en ese periodo, de 393.000 a dos millones.

México: según el periódico La Jornada, las madres adolescentes representan el 27% de todos los embarazos de éste país.

Irlanda: este tipo de familias pasó de representar un 5,7% del total en 1981 a un 7,9% diez años después. Según el estudio Single Mothers in an International Context (Simon Duncan, 1997), “las rupturas matrimoniales continúan siendo una de las principales causas” de este fenómeno.

Francia: el citado estudio afirma que desde finales de los 70 el porcentaje de familias monoparentales en este país ha aumentado en más del 50%.

Grecia: el periódico Ta Nea describía la situación de estas familias en su edición del 4 de septiembre del 98, diciendo que desde 1980 la cifra de madres solteras había aumentado en un 29,8%. Y también que según datos de la UE el porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio era de un 3,3% en 1997, mientras que en el 80 no rebasaba el 1,1%.

Gran Bretaña: según el periódico The Times (2 de marzo de 2000), en esa fecha este tipo de familias superaron por primera vez el 25% del total, como consecuencia del aumento de madres solteras y de divorcios durante los últimos 30 años.

Alemania: el número de progenitores solos se ha duplicado en los dos últimas décadas, y casi todas estas familias están a cargo de la madre (según el estudio de Duncan).

Japón: Duncan afirma que las familias con madre sola han ido en aumento desde la década de 1970 hasta alcanzar un 17% en 1997.

Australia: la Oficina australiana de estadísticas afirma que casi una cuarta parte de los niños que viven con solo uno de sus padres biológicos, una situación derivada normalmente de la ruptura de las parejas. Se calcula que en 25 años el número de familias monoparentales aumentará entre un 30% y un 66%.

Parejas de hecho: una cuestión territorial

Como ya se ha mencionado en el texto del reportaje, la reiterada negativa del PP a aceptar los sucesivos proyectos de los diferentes partidos para elaborar una Ley de Parejas de Hecho a nivel nacional ha provocado que poco a poco y con más o menos ambición, algunas Comunidades Autónomas hayan decidido impulsar sus propias normativas más o menos aperturistas y ambiciosas. Esto es –a grandes rasgos–, lo que propugnan.

Cataluña: ha sido la Comunidad pionera en este terreno. Desde octubre de 1998 está en vigor la Llei d’Unions Estables de Parella, que si bien no recoge el derecho a la adopción, si satisface necesidades de las parejas estables, como el derecho a percibir una pensión compensatoria, herencia en caso de fallecimiento o indemnizaciones en caso de ruptura, determinados derechos laborales, etc.

La nueva consejera de Bienestar y Familia del Gobierno tripartito –la republicana Anna Simó– está decidida a cambiar las cosas y ya ha anunciado que se harán las modificaciones precisas en el Código de Familia y la Ley de Uniones estables de parejas para que los homosexuales catalanes puedan casarse y adoptar niños. El nuevo Gobierno tiene también prevista la creación de un Plan Interdepartamental que velará por la no discriminación de las personas homosexuales e incidirá en el cambio de actitud social hacia este colectivo, actuando en el marco no sólo normativo, sino también educativo, laboral y sanitario. Anna Simó también ha anunciado su voluntad de equiparar los derechos de las familias monoparentales con los de las numerosas, otorgándoles las mismas ayudas de 625 euros anuales.

Aragón: en marzo de 1999, a la estela de Cataluña, Aragón aprobó su Ley de Parejas Estables no Casadas, que recoge la posibilidad de realizar testamento mancomunado y nombrar administrador de los bienes, así como otras medidas patrimoniales, de convivencia, extinción de las parejas, etc. Ese mismo año, a propuesta de IU, debatió en sus Cortes su posible modificación para conceder a las parejas estables del mismo sexo el derecho a adoptar, uniéndose al País Vasco y Navarra. una iniciativa que no prosperó debido al voto en contra del PP y el PAR. En esta legislatura, sin embargo, la izquierda ha pretendido introducir un nuevo artículo que dice escuetamente: “Las parejas estables no casadas podrán adoptar conjuntamente”, aunque está pendiente de aprobación.

Navarra: en julio de 2000, el Parlamento Foral de Navarra aprobaba –con la única oposición de la Unión del Pueblo Navarro (UPN)– la primera ley que permite la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. La ley foral para la igualdad jurídica de las parejas estables es la primera de España que iguala completamente a estas nuevas formas de convivencia con el matrimonio en todos los puntos que permite el derecho foral navarro. Fue recurrida por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional.

Valencia: en su Ley de la Infancia de 1994 reguló de manera indirecta el acogimiento de menores por parejas de gays y lesbianas. En mayo de 2001 promulgó su Ley de Uniones de Hecho, que tuvo gran polémica por el rechazo de la oposición en pleno a que no recogiera el derecho a la adopción por parte de parejas homosexuales y no reconociera el carácter familiar de las formas de convivencia alternativas al matrimonio. Para sus detractores es un mero registro.

Madrid: desde el 19 de diciembre de 2001 funciona una Ley de Parejas de Hecho, muy parecida a la valenciana y que al igual que ésta ha sido calificada como edulcorada y vacía de contenido por sus detractores. El PSOE madrileño presentó una Proposición No de Ley para que contemplase el acogimiento de menores por parte de parejas homosexuales, pero no logró llevar adelante esta propuesta. En septiembre de 2002 se aprobó el Reglamento que la desarrolla, pero sin avances de ningún tipo.

Baleares: su Ley de Parejas Estables (19 de diciembre de 2001), no reconoce la adopción a los gays y lesbianas, aunque así quedaba recogido en el borrador inicial del proyecto. Pero los votos decisivos de María Antonia Munar, de Unió Mallorquina (UM) dejó fuera esta medida. Todo ello pese a que, según una encuesta encargada por el Gobierno balear en aquel momento, el 54% de los ciudadanos de esa Comunidad decía tener una actitud tolerante ante la adopción de gays y lesbianas. La ley balear establece la constitución de una pareja estable, sus derechos y obligaciones, las previsiones económicas, los derechos sucesorios e incluso los trámites en caso de separación.

Asturias: en julio de 2002 su parlamento aprobó una Ley de Parejas Estables que reconoce las distintas formas de convivencia similares al matrimonio convencional estableciendo su carácter familiar y admite que las parejas de hecho del mismo sexo puedan acoger a niños. El entonces consejero de Asuntos Sociales del Principado, José García, declaró que se limitaba al acogimiento porque el Principado no tiene competencias en materia de adopción. Incluye como novedad que la medida del acogimiento familiar no es un derecho de los adultos, sino del niño, como protección hacia éste y para que pueda tener un ambiente familiar propio.

Andalucía: su Ley de Parejas de Hecho del 28 de diciembre de 2002 prevé el acogimiento, pero no la adopción, por parte de parejas gays y lesbianas. Por eso, aunque se publicitó como igualitaria de estas parejas respecto a las uniones civiles, también ha sido criticada.

País Vasco: su Ley de Uniones de Hecho aprobada por el Parlamento en mayo de 2003 equipara a estas parejas a los matrimonios a todos los efectos tributarios, un aspecto que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2004 y que sólo la de Navarra contempla (ya que el resto de Comunidades Autónomas no tienen competencias en materia fiscal, por lo que su inserción ha quedado a expensas de la aprobación de una Ley Estatal de Parejas de Hecho. La norma vasca regula también la posibilidad de adoptar niños conjuntamente por parte de las parejas homosexuales, aunque el Tribunal Constitucional mantiene en suspenso el artículo que prevé esta posibilidad tras un recurso interpuesto contra el mismo por el Gobierno del PP.

El debate llega a los programas

En sus diferentes programas electorales para los próximos comicios del 14-M, algunos de los principales partidos recogen medidas que contemplan estas nuevas formas de familia.

Partido Popular: El Partido Popular de Mariano Rajoy apuesta en su programa por “una política de familia dinámica que tiene en cuenta los cambios que se producen en la sociedad, como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el envejecimiento progresivo de nuestra población, el descenso significativo de la natalidad o el aumento de las familias monoparentales”, a las que incluye en el primer Plan Integral de Apoyo a la Familia. Sin embargo, nada dice de las parejas de hecho del mismo o de diferente sexo.

Partido Socialista: Por su parte, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero sí cita a este tipo de parejas, prometiendo prestar una regulación “que sirva de marco a las que quieran formalizar su convivencia”, reconociendo además su derecho a las prestaciones a la Seguridad Social, un tratamiento fiscal igualitario y un marco legal específico para ellas a nivel estatal. Aparte de ello, el PSOE modificará el Código Civil “para asegurar la igualdad de las distintas formas de familia”. También contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y ayudas para las familias monoparentales.

Izquierda Unida: Izquierda Unida no le anda a la zaga y es aun más explícito en su programa, que asegura la introducción de las parejas de hecho y los matrimonios entre homosexuales en el Código Civil, estableciendo además la posibilidad de adopción por parte de las parejas del mismo sexo y garantizando los mismos derechos a todos los efectos. Es sin duda el programa más sensible de todos respecto a los nuevos modelos de familia.

CiU y PNV: CiU y PNV, sin embargo, no mencionan explícitamente a los nuevo modelos de familia en sus respectivos programas.