LAS OTRAS PROMESAS DEL 14-M

La campaña para las elecciones generales del 14-M comienza esta semana con todas las espadas en alto: el PP y el PSOE buscan fórmulas que les permitan aglutinar a la mayoría de los electores y mantienen una dura pelea por el Gobierno, pero no son los únicos. El resto de partidos también han presentado sus respectivos programas cargados de promesas y propuestas de futuro. Lo que sigue es un pequeño compendio de lo que Izquierda Unida (IU), Convergència i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) pretenden conseguir a través de las urnas.

CONVÈRGENCIA I UNIÓ

El programa de Convergència i Unió para las próximas generales, que fue presentado por su líder Artur Mas a finales del pasado enero, se centrará en la apuesta por un nuevo sistema de financiación que pretende que Cataluña retenga más dinero del que aporta al Estado y reclamará más inversiones estatales en la Comunidad. CiU ha anunciado que, en esta ocasión, tanto PP como PSOE tendrán que convencerla para acudir a pactos postelectorales y que las candidaturas de CiU supondrán una renovación del 50% de los nombres propuestos para el Congreso y el Senado.

Modelo de Estado:

—Nuevo Estatuto. Impulsar un nuevo Estatuto Nacional para Cataluña, cuya aprobación será acompañada por la negociación de una ampliación y mayor precisión competencial para la Comunidad.

—Papel de la Generalitat. Reconocer a la Generalitat una competencia plena sobre la organización territorial de Cataluña, con un sistema administrativo propio. Por ejemplo, en la gestión del Registro Civil de Cataluña.

—Participación en el Estado. Crear una Comisión Bilateral Estado-Generalitat –de composición paritaria–, que otorgue al Gobierno catalán la capacidad de intervenir y participar en aquellas decisiones de competencia estatal que puedan afectar al autogobierno de Cataluña.

— Senado. Reformar el Senado para que refleje mejor la realidad plural del Estado español en el texto de la Constitución. CiU propone la siguiente definición, que cabría incorporar en el artículo 69 de la Constitución: “El Senado es la Cámara de representación territorial de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico”.

Economía:

—Financiación autonómica. Definir un nuevo modelo de financiación para Cataluña que comporte, a través del propio Estatuto, una fórmula más definida, justa y equitativa. Asegurar la disponibilidad de los recursos mediante un sistema equivalente al del concierto económico (recaptación, gestión, inspección y capacidad normativa de todos los impuestos pagados en Cataluña).

—Insituciones. Crear un Tribunal Económico Administrativo en Cataluña. Hacer efectiva la participación de la Generalitat en las organizaciones económicas, instituciones financieras y empresas públicas del Estado.

—Presupuestos. Aumentar la inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado, de manera que su tasa de crecimiento siga siendo superior a la evolución del PIB nominal y se posibilite que la inversión pública en infraestructuras e I+D+i gane peso en relación al PIB. Al acabar la legislatura, el porcentaje de inversión pública sobre el PIB habrá de acercarse al 4%. Mantener una política presupuestaria compatible con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

—Empleo. Luchar contra la precariedad laboral (condiciones, estabilidad, salarios) y la discriminación por razón de edad en el empleo. Aumentar el importe del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 600 euros e incentivar la contratación estable, tanto a jornada completa como a tiempo parcial.

—Sistema fiscal. Impulsar un nuevo pacto fiscal entre la Generalitat y el Estado, que ha de basarse en los principios de responsabilidad fiscal plena, financiación global, plena capacidad en la gestión tributaria, reconocimiento de la adecuada capacidad normativa, solidaridad interterritorial, suficiencia de los entes locales y transparencia. Este sistema ha de garantizar la obtención de recursos suficientes y la reducción del déficit fiscal histórico de Cataluña.

—Gestión de impuestos. La Generalitat recaudará el 100% de los impuestos estatales que se paguen en Cataluña y asumirá una plena capacidad de gestión tributaria, a través de una Agencia Tributaria propia encargada de la gestión, liquidación e inspección de los impuestos.

—IRPF. Extender el ajuste de 100 euros al mes por hijos menor de tres años a todas las madres y no sólo a las que trabajen fuera de casa.

—IVA. Reducir los tipos de IVA aplicables a servicios de suministro básicos, como el agua, la luz, el gas, etc.

—Ayudas. Universalizar la ayuda de 100 euros al mes para todas las familias con hijos menores de 3 años o con ascendientes a cargo. Esta ayuda será elevada en casos de familias monoparentales o con pocos recursos económicos.

—Pensiones. Mejora del nivel de las pensiones más bajas del sistema, tanto las de carácter contributivo como las no contributivas. Equiparar las pensiones de viudedad y de jubilación con el Salario Mínimo Interprofesional. Limitar las prejubilaciones garantizando pensiones dignas también en este ámbito.

Derechos y libertades civiles:

—Partidos políticos. Reformar la financiación de los partidos políticos, con procedimientos que respondan a los principios de publicidad, transparencia, libertad y austeridad, así como con el refuerzo de los mecanismos de control del Tribunal de Cuentas.

—Igualdad de oportunidades. Impulsarla abarcando todos los sectores y prestando especial atención al colectivo de mujeres con discapacidad, mayores e inmigrantes. Crear medidas de discriminación positiva para aumentar la tasa de actividad femenina.

—Inmigración. Reconocer las posibilidades efectivas de intervención por parte de Cataluña en el desarrollo de políticas sociales activas de integración de los extranjeros y adecuación de los flujos de entrada en el territorio catalán.

Vivienda:

—Ayudas. Aumento de las ayudas públicas destinadas al acceso de los jóvenes a la primera vivienda, así como a las familias con bajos niveles de renta, las numerosas o las que tuviesen en su seno a alguna persona discapacitada. Aporte del 20% de la primera vivienda para estos supuestos.

—Financiación. Aplicar el tipo superreducido de IVA del 4% a todas las viviendas, y de manera especial, a las de protección oficial, sean de promoción pública o privada.

Sanidad:

—Seguridad Social. Impulsar su descentralización.

—Dependencia. Configurar una política global de atención a las necesidades de dependencia que afectan a las personas mayores y discapacitadas, promulgando una Ley General de Atención a la Dependencia.

—Listas de espera. Reducir las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas estableciendo progresivamente un plazo máximo de espera en función de cada patología.

Educación:

—Competencias. Transferir íntegramente las competencias en materia educativa a la Generalitat de Cataluña.

—Lenguas. Incorporar al sistema educativo el carácter plurinacional y plurilingüístico del Estado. Potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras desde los primeros años de la enseñanza obligatoria.

—Gratuidad de libros. Aplicar gradualmente el principio de gratuidad de los libros de texto en la educación obligatoria.

—Escolarización. Facilitar la escolarización ofreciendo los ajustes económicos suficientes a las familias que necesiten los servicios de guarderías infantiles de 0 a 3 años. Garantizar el acceso a la educación obligatoria, mediante todas aquellas medidas adecuadas para realizar un proceso de inclusión exitoso (asesoramiento, accesibilidad, ayudes técnicas, soporte, transporte adecuado...)

—Reválida. Suprimir la reválida planteada por el Gobierno en la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE).

Cultura y Deporte:

—Administración. Demandar la supresión del Ministerio de Cultura, dado que la atribución de sus competencias hace innecesaria la existencia del mismo y el mantenimiento de su estructura. En su lugar, CiU propone crear una Secretaría de Estado para la Cultura, encargada de gestionar las competencias estatales que puedan demandarse en el seno de la Administración General del Estado, y de un Consejo de las Culturas con funciones coordinadoras entre las diferentes Comunidades Autónomas.

—Competencias. La Generalitat de Cataluña tendrá competencias exclusivas en materia de cinematografía, artes escénicas, espectáculos de todo tipo, libros, prensa y publicaciones en cualquier supuesto.

—Patrimonio. Exigir el retorno a Cataluña de los fondos documentales de la Generalitat republicana anteriores al inicio de la Guerra Civil, que actualmente se encuentran depositados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.

—Lenguas. Impulsar la plena asunción, por parte del Estado español, del carácter plurilingüe, plurinacional y pluricultural en todas sus actuaciones en materia cultural.

—Piratería. Luchar contra la piratería en el sector de la producción discográfica y audiovisual, impulsando una acción decidida contra las mafias, luchando contra la distribución irregular e impulsando campañas para reducir la tolerancia de la población con estos hechos.

Sociedad de la Información:

—Internet. Garantizar la conexión gratuita a Internet para todas las familias y hogares que lo soliciten. Impulsar una tarifa plana de 24 horas accesible con una calidad de servicio alta y un precio máximo de 18 euros.

—Software libre. Impulsar medidas para la implantación del software libre en la Administración General del Estado.

 Medios de comunicación:

—Ley Audiovisual. Promover la aprobación de una Ley reguladora de lo Audiovisual, que funda en un único texto normativo toda la legislación estatal dispersa sobe la radiodifusión y la televisión y garantice el ejercicio de la capacidad de despliegue normativo que en este ámbito atribuye el Estatuto a la Generalitat. Impulsar la creación de un Consejo Superior de lo Audiovisual

—Telebasura. Promover la regulación de espacios denominados como “telebasura” en el marco de la nueva Ley Auidovisual.

—Medios públicos. Fomentar la total accesibilidad de las programaciones de los medios públicos, favoreciendo la evolución tecnológica, especialmente para aquellas personas con limitaciones auditivas o visuales. Velar por la pluralidad de la programación y los contenidos realizados en RTVE, asegurando los mecanismos de transparencia y objetividad. Y proponer que el centro territorial y de producción de RTVE de Sant Cugat del Vallès sea traspasado a la Generalitat de Cataluña, previa modificación del Estatuto de RTVE de 1980.

Justicia y seguridad:

—Administración de Justicia. Adaptarla al mismo marco de autogobierno de Cataluña, partiendo siempre de la garantía de independencia del Poder Judicial, de forma que pueda acomodar mejor sus funciones a la realidad del territorio catalán.

—Órganos judiciales. Territorializar el Consejo General del Poder Judicial, reconociendo la capacidad de las Comunidades Autónomas de participar en la elección de aquellos vocales que correspondan a su territorio. Aumentar la participación de las Comunidades Autónomas en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

—Fuerzas de seguridad. Atribuir competencias ejecutivas, legislativas y normativas en materia de seguridad pública, que incluye la policía, protección civil y emergencias, seguridad privada y tránsito. La policía de Cataluña será la máxima autoridad en esta materia.

—Seguridad vial. Impulsar la implantación del permiso de conducir por puntos, que favorecerá a los buenos conductores y sancionará a los infractores reincidentes con la retirada del permiso. El 100% de las multas de tráfico se destinará a la mejora de la seguridad en carretera.

Política exterior:

—Participación. Articular los mecanismos de participación de Cataluña en el ámbito de la Unión Europea y en el plano internacional.

—Representación. Representación directa de Cataluña en instituciones como la UNESCO, FAO, OMS, etc.

—Representación en Europa. Suprimir la actual circunscripción única en las elecciones al Parlamento Europeo y crear circunscripciones autonómicas, de forma que las Comunidades puedan elegir directamente sus propios diputados europeos.

—Lengua. Defender el catalán como lengua oficial de la Unión Europea, y que así se vea incluida en la Constitución europea que se está elaborando.

Medio ambiente:

—Energías renovables. Fomentar el uso de energías renovables como la eólica, la geotérmica o la hidraúlica.

IZQUIERDA UNIDA

Bajo el lema: “Vamos a recuperar tu ilusión. Palabra” el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, presentó el pasado día 14 su nuevo programa electoral, basado en la concepción de un Estado federal que tiene como máximas el ecopacifismo, los derechos y las libertades ciudadanas, la cohesión social y territorial, y la solidaridad.

Economía:

—Productividad. Aumentar la productividad de nuestra economía para mejorar las condiciones de vida en forma de mejores salarios, empleo de calidad y reducción del tiempo de trabajo, sin que ello impida introducir los requerimientos ambientales precisos en la producción, en los hábitos de consumo, o en las inversiones públicas.

—Política fiscal. El déficit cero no será el principio rector de la política fiscal. Mientras existan necesidades sociales por atender y servicios públicos poco desarrollados, y hasta conseguir una estructura de ingresos públicos suficiente.

—Impuestos. Crear un Impuesto de solidaridad sobre las Grandes Fortunas.

—Fraude fiscal. Introducir las modificaciones legislativas y de todo orden necesarias para luchar activamente contra el fraude y la elusión fiscal.

—Presupuestos. Se creará una Oficina Presupuestaria dependiente de las Cortes Generales y los grupos parlamentarios dispondrán de la información precisa para garantizar su labor de control al Ejecutivo.

Empleo:

—Jornada de 35 horas. Promover por ley la jornada laboral de 35 horas semanales, sin merma salarial.

—Paro. Establecer un Código de Derechos de los Desempleados que reconozca a estas personas como sujetos de acciones formativas, de orientación e inserción; y la garantía de recibir ayudas que compensen gastos de transporte público, vivienda, educación, medicamentos, etc., en función de la renta y cargas familiares.

—Temporalidad. Acabar con la excesiva temporalidad en el empleo y promover la formación de los trabajadores y trabajadoras, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre sexos y con plena participación de los agentes sociales.

—Salario mínimo. Establecer el Salario Mínimo Interprofesional en 660 euros, pactando con los agentes sociales y elevarlo progresivamente hasta alcanzar el 60% del salario medio, en cumplimiento de las recomendaciones de la Carta Social Europea, ratificada por nuestro país. Con esta y otras medidas, se promoverá la mejora del conjunto de la masa salarial.

—Nuevos puestos. Creación de 150.000 puestos de trabajo con salario directo a cargo del Estado para el cuidado en casa de los mayores que lo precisen, con salarios mensuales nunca inferiores a 1.000 euros brutos.

Pensiones:

—Cuantía mínima. Mejorar la cuantía de las pensiones más bajas, estableciendo una pensión mínima de 660 euros mensuales.

—Viudedad. Aumentar la pensión mínima de viudedad para las personas mayores de 65 años del 75% actual al 70% de la base reguladora, garantizando que ninguna pensión de viudedad sea inferior al Salario mínimo Interprofesional.

—No contributivas. Situar las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Derechos y libertades civiles:

—Voto. Reconocer el derecho de voto a los 16 años de edad, extendiendo el derecho a la participación política a un millón de jóvenes.

—Nuevos tipos de familia. Modificar el Código Civil, introduciendo en el mismo las parejas de hecho y el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconociendo además el derecho de todas ellas a la adopción. Establecer que la separación y el divorcio operen por la simple declaración judicial de voluntad de uno de los cónyuges.

—Aborto y eutanasia. Despenalizar el aborto y la eutanasia activa.

—Iglesia y religión. Separar totalmente la Iglesia del Estado, derogando los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979, y suprimiendo la financiación pública del clero y de la Conferencia Episcopal. Igualdad de trato entre las organizaciones religiosas y las demás organizaciones no gubernamentales, especialmente en lo que concierne a la financiación pública de la asistencia social y otras actividades de interés público.

—Mujer. Creación del Ministerio de la Mujer con carácter y competencias transversales, y del Consejo de la Mujer como órgano asesor y consultivo del Gobierno.

—Extranjeros. Reconocer el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas extranjeras residentes en España a partir de dos años para las elecciones municipales y de tres para el resto, con independencia de la nacionalidad. Regularizar a los inmigrantes que acrediten arraigo en España, mediante procedimientos reglados y normalizados que minimicen la acumulación de inmigración clandestina.

—Drogas. Legalizar el consumo, la producción y la distribución de las drogas blandas.

Estado del bienestar:

—Gasto público. Incrementar el gasto publico en política social en un punto del PIB por año, de forma que dentro de ocho años nos encontremos en la media de los 15 países actuales de la Unión Europea. Por ello, IU propone alcanzar al final de la legislatura 2004-2008 un gasto público en protección social del 24% del PIB, con recursos generados por la vía fiscal.

—Mayores. Aprobar la Ley de atención a las personas mayores y personas dependientes, garantizando su derecho a la atención domiciliaria, en centros diurnos especializados o a una plaza residencial o asistida.

—Discapacitados. Incrementar progresivamente su cuota de reserva obligatoria en las plantillas de las empresas, pasando del 2% actual en empresas mayores de 50 trabajadores, a un 3% en las de más de 35, hasta llegar al menos al 4% en las de más de 25.

—Accesibilidad. Reducir los plazos para la supresión gradual de barreras arquitectónicas, de accesibilidad de las personas con discapacidad física o sensorial, previstos en la Ley 51/2003, modificándola en consecuencia.

—Lengua de Signos. Reconocimiento oficial de la Lengua de Signos (LS) en las actuaciones de las administraciones públicas y sus relaciones con estas personas.

Vivienda:

—Legislación. Derogar la actual ley 6/98 de valoraciones del suelo y aprobar una legislación estatal de suelo para que el aprovechamiento urbanístico del suelo sin desarrollar corresponda en exclusividad a la Administración.

—Viviendas de Protección Oficial. Construir 350.000 en la próxima legislatura y 800.000 en la próxima década, garantizando con ello que la cuota de mercado de la Vivienda de Protección Oficial y Vivienda Social se estabiliza en la banda del 40-50% del total de las nuevas viviendas.

—Alquiler público. Lograr que el 40% de las actuaciones en materia de vivienda protegida tengan como destino el alquiler social o protegido, de forma que haya 128.000 en la próxima legislatura y 320.000 en la próxima década.

Sanidad:

—Gasto sanitario. Aumentar el gasto sanitario público hasta alcanzar progresivamente la media de los actuales países de la UE, defendiéndolo frente a la ofensiva privatizadora del PP.

—Gasto farmacéutico. Congelar el actual gasto farmacéutico, que representa ya más del 25% del presupuesto sanitario, a través de un Plan de contención, que contemple el impulso de los genéricos, la concienciación a la industria y a los médicos para el control de precios y la racionalización del consumo.

—Prestaciones. Ampliar el Catálogo, garantizando el 100% de cobertura en todo el Estado del nuevo modelo de Atención Primaria.

—Células madre. Impulsar la investigación con células madre embrionarias con fines terapéuticos para la curación de enfermedades como la diabetes y patologías neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, cáncer y enfermedades coronarias.

Educación:

—Legislación. Derogar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y la Ley Orgánica de Universidades (LOU), sustituyéndolas por una nueva Ley de Calidad de la Educación para la Igualdad (que incluya, junto a las medidas de mejora de la calidad, compromisos concretos de cofinanciación entre el Estado y las Comunidades Autónomas), y una nueva Ley de Universidades que dé respuesta a la nueva situación derivada del espacio universitario europeo y de las nuevas necesidades de investigación.

—Centros educativos. Desarrollar una red pública de centros que permita satisfacer el derecho a la educación en todas las etapas educativas, a través de la creación de centros públicos en las nuevas actuaciones urbanísticas; el incremento de plazas públicas de Educación Infantil (especialmente en el ciclo de 0 a 3 años), en Formación Profesional y en Enseñanzas de régimen especial.

—Equipamiento. Un aula multimedia por cada seis unidades y gratuidad de todos los libros de texto.

—Enseñanza de religión. Revisar los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones para que la enseñanza de la religión salga del currículo escolar.

—Universidad. Suprimir cualquier tipo de prueba selectiva para acceder a la misma, planificando la oferta de plazas de la enseñanza superior acorde con las necesidades sociales.

—Investigadores. Convertir sus becas en contratos laborales de cuatro años con evaluación anual. Derogación del Estatuto del Becario. Inclusión de los contratos como nueva figura en el Estatuto de los Trabajadores.

Cultura:

—Inversión. Aumentar la inversión pública en cultura del actual 0,6% al 1% del Presupuesto.

—Política lingüística. Promover el conocimiento e intercambio de las diversas lenguas y culturas de los pueblos de España entre todos sus habitantes, y regulando el uso de las lenguas oficiales en las instituciones públicas estatales.

—Museos y patrimonio. Acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio cultural; a las mediatecas y bibliotecas públicas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas, etc.

Medios de comunicación:

—Gestión. A través de una Ley de la Autoridad de lo Audiovisual, crear un Consejo de la Comunicación Audiovisual.

—RTVE. Convertirla en un servicio público, independiente de toda injerencia gubernamental. Su director general será elegido por el Congreso de los Diputados y sus contenidos se caracterizarán por su pluralismo informativo, su calidad y su objetividad.

—Nuevas tecnologías. Fomentar la producción y el empleo de formatos abiertos y software Libre, garantizando el libre acceso a la información manejada por las administraciones públicas.

—I+D. Creación de un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que concentre todas las competencias en I+D e Innovación Tecnológica, integrando a todos los centros públicos dedicados a I+D, en particular OPIs y Universidades.

Medio ambiente:

—PHN. Derogar el Plan Hidrológico Nacional, descartando la construcción de grandes embalses y trasvases, y apostando por medidas de gestión de la demanda en cada cuenca hidrográfica.

—Energía nuclear. Programar el cierre inmediato de las centrales nucleares de Zorita y Garoña y el de las demás centrales antes de 2010.

—Energías renovables. Aumentar la participación de las energías renovables, principalmente solar, en el suministro de energía primaria hasta alcanzar el 25% en 2010.

Modelo territorial:

—Federalismo. Apostar por un Estado federal, plurinacional, democrático y solidario, que se alcanzaría tras un proceso de desarrollo federalizante de nuestra Constitución.

—Senado. Impulso político del Senado como verdadera Cámara de representación territorial de las CC AA.

—Transferencias. Transferir todas las competencias incluidas en los respectivos Estatutos de Autonomía, incrementando las competencias de las CC AA.

—Pacto Local. Impulsarlo para fortalecer políticamente a los ayuntamientos.

Justicia y seguridad:

—Autoridades. Elección parlamentaria de los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado.

—Instituciones y organismos. Impulsar la desaparición de la Audiencia Nacional y la redefinición de las funciones del Ministerio de Justicia. Reforzar las competencias del Consejo General del Poder Judicial mediante la oportuna reforma de su Ley Orgánica.

—Tribunales. Aumentar las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas para convertirlos en la última instancia judicial en su territorio en los cuatro ordenes jurisdiccionales, reservando al Tribunal Supremo la unificación de doctrina.

—Fuerzas de seguridad. Desmilitarizar la Guardia Civil y agruparla junto al Cuerpo Nacional de Policía en un nuevo Cuerpo común constitutivo del Cuerpo Federal de la Policía (CFP). Constituir Policías Autónomas además de las del País Vasco y Cataluña en el resto de las Comunidades.

Política exterior:

—Guerra. Proponer la reforma de la Constitución española para que en ella figure la renuncia expresa a la guerra como instrumento para la resolución de conflictos.

—Iraq. Retirar inmediatamente las tropas españolas de Iraq, y crear una comisión de investigación independiente para explicar las mentiras sobre las supuestas armas de destrucción masiva. L

PARTIDO NACIONALISTA VASCO

El líder de EAJ-PNV, Josu Jon Imaz, presentó el pasado jueves el programa con el que la formación nacionalista vasca acude a las próximas generales del 14 de marzo y que se centra en la defensa de los intereses de Euskadi frente a los intentos del Gobierno de reducir su campo de actuación. Por todo ello, el programa se centra en los aspectos políticos que vemos a continuación:

Calidad democrática:

—Luchar para restablecer la salud del sistema democrático dañado por el gobierno del Partido Popular, acabando con las fisuras producidas en el principio de la separación de poderes y con la constante e irresistible presión que el Poder Ejecutivo viene ejerciendo sobre el Judicial.

—Restablecer el debate político en el Parlamento hurtado por el Gobierno acabando con los límites al derecho de actuación de los representantes políticos libremente elegidos por los ciudadanos.

—Acabar con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, norma de cabecera de un conjunto de preceptos de carácter restrictivo, y con la actual reforma del Código Penal destinada a criminalizar cualquier discrepancia política.

Modelo de Estado:

—Pluralismo. Restablecer las expresiones democráticas de las Comunidades Autónomas, sustituyendo las concepciones unidimensionales por otras más pluralistas acordes con la democracia y el sentido plurinacional del Estado.

—Plan Ibarretxe. Luchar por el pleno reconocimiento de la nación vasca y por la creación de unas condiciones jurídico-institucionales que –dentro del pleno respeto al principio democrático y al juego de las mayorías–, le permitan expresarse políticamente, tanto en lo que se refiere a su organización interna, como en lo que atañe a su relación con las comunidades políticas de su entorno.

—Autogobierno. Avanzar en el autogobierno vasco a traves de la modificación del Estatuto de Guernika, que fue concebido como norma institucional que diese solución al conflicto vasco, pero que se ha convertido en un Estatuto de Autonomía más.

—Otras Comunidades. Solidarizarse con aquellas colectividades nacionales o regionales del Estado que aspiran a revisar sus actuales regímenes de autogobierno.

—Partidos nacionalistas. Promover acuerdos con formaciones como CiU o BNG que permitan dialogar o debatir con los sectores sociales y políticos españoles y europeos acerca de una nueva cultura política acorde con la concepción del Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, promoviendo una conciencia colectiva que defienda los valores de diversidad.

Paz:

—Defender la no violencia y los derechos humanos, a través del diálogo político, el respeto a las decisiones de la sociedad vasca y la construcción social. Solidarizarse –como el PNV no ha dejado de hacer–, con las víctimas de la violencia y el terrorismo.

Bienestar social:

—Nuevo marco. Abordar con eficiencia los retos y desafíos del siglo XXI, para lo cual será necesario un nuevo marco jurídico-político que permita el desarrollo de un marco económico diferente al que ha venido funcionando en los últimos 25 años.

—Retos de futuro. Favorecer un nuevo Pacto Político para la Convivencia, que incluya un Nuevo Modelo Económico para Euskadi, cuyos ejes serían la europeización, la globalización, la sociedad de la información y el conocimiento, el rejuvenecimiento, la integración y la solidaridad sociales.