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Nº
586 - 19
de enero de 2004
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Borrador del programa del PSOE para las elecciones generales 2004 PROMESAS SOCIALISTAS El Partido Socialista ha comenzado a perfilar los compromisos que conformarán, en su Comité Federal del mes que viene, su programa electoral definitivo de cara a las próximas generales del 14 de marzo. Debatidos recientemente en distintas conferencias sectoriales, estos compromisos se centrarán en la configuración de una España plural capaz de combinar la descentralización del Estado con el fortalecimiento de su posición en Europa y la construcción de una sociedad más libre e igualitaria. Las que siguen a continuación son algunas de las medidas anunciadas de mayor calado. CONFIGURACIÓN DEL ESTADO: Participación social: Instituciones. Elaboración de una Ley Básica de Participación Institucional, para atribuir mayores competencias a los agentes sociales y en particular a los sindicatos. Abrir las instituciones a la participación, propiciando que todo proyecto normativo vaya acompañado de una memoria que recoja las aportaciones de las entidades sociales, aprovechando las nuevas tecnologías y situando a los ayuntamientos como eje vertebrador de la participación ciudadana. Valores democráticos. Instituir en los distintos ciclos educativos una asignatura obligatoria que recoja los valores democráticos. Nuevas Tecnologías. Facilitar el acceso de los ciudadanos a través de Internet a la información y a los servicios públicos, abriendo puntos de acceso para quienes no dispongan de ordenador y estableciendo el DNI electrónico. Derechos civiles: Gays y Lesbianas. Modificación del Código Civil para posibilitar la plena equiparación de lesbianas y gays, permitiendo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Impulsar una legislación sobre el derecho a la identidad sexual, de forma que los transexuales tengan derecho a la prestación sanitaria para cambiar de sexo y al cambio registral para adaptar sus nombres al mismo. Parejas de hecho. Regulación legal de las parejas de hecho y reforma de la Ley General de la Seguridad Social para reconocer a las mismas derechos como el de la prestación de viudedad. Planificación familiar. Garantizar, a través de una nueva legislación, el derecho a la salud reproductiva y el acceso a la planificación familiar, incluyendo la dispensación gratuita de la píldora postcoital y la ampliación del derecho a la interrupción del embarazo. Eutanasia. Crear una comisión en el Congreso para estudiar y debatir el derecho a una muerte digna. Igualdad de sexos: Acceso a la política. Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para obligar a que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas electorales, de forma que la composición de la lista no supere el 60% ni sea inferior al 40% de uno y otro sexo. Campaña estatal de sensibilización social a favor de la presencia de mujeres en política. Violencia de Género. Impulsar una Ley Integral contra la violencia de género que garantice los derechos de las víctimas y la efectividad en la prevención. Poner en marcha un Observatorio Nacional de la Violencia, como organismo integrado por personas independientes, que recoja las quejas presentadas por las mujeres contra los poderes públicos en casos de desamparo institucional ante la violencia de género. Crear una Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dotando a la Administración de un instrumento gestor con competencias suficientes en todas las actuaciones al respecto. Crear Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares, con competencia en materia de derecho de la persona y de la familia. Se constituirá una Sección de Violencia Familiar en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. Se crearán Servicios de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, que atenderán a las mujeres en primera instancia. Junto a ello también se crearán Centros de Emergencia y de Recuperación Integral. Ayudas. Para garantizar el apoyo económico a estas personas se modificará la Ley de Ayudas y Asistencia a Víctimas de delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; se creará el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, y se pondrá en marcha un Plan de Empleo específico. También se incidirá en la prevención de la violencia de género a través de la implantación de asignaturas de Género e Igualdad en la ESO y en secundaria. Elecciones: Listas. Desbloqueo de las listas electorales, reconociendo al elector la facultad de expresar una o varias preferencias entre las candidatos de la lista elegida. Debates. Reforma de la legislación electoral para dotar a las campañas de un contenido informativo, reducir el gasto electoral, favorecer los debates entre candidatos en medios públicos y horarios de máxima audiencia. Ayuntamientos. Elección directa de alcaldes para reforzar la gobernabilidad de los ayuntamientos. Inmigrantes. Reformar el artículo 13.2 de la Constitución o hacer tratados con otros países con el fin de ampliar el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a todos los residentes en España, incluidos los inmigrantes. Partidos políticos: Financiación. Proponer el consenso en la Ley de Financiación de los partidos, con el fin de obligar a todas las formaciones a someterse anualmente a una auditoría de cuentas externa, realizada por el propio Tribunal de Cuentas de forma directa o mediante algún auditor privado. Prohibir cualquier tipo de financiación privada, excepto las cuotas de los afiliados. Imponer sanciones administrativas y penales para las infracciones de la Ley de Financiación. Cargos públicos. Prohibir que los cargos electos puedan decidir en asuntos públicos en los que tengan, directa o indirectamente, intereses privados. Congreso: Reglamento. Impulsar un nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados, para potenciar la control a la acción de Gobierno, acercar el Parlamento a los ciudadanos y modernizar su actividad adecuándola a los nuevos medios tecnológicos. Debates. Establecer debates de actualidad en el Pleno de la Cámara a instancia de los grupos parlamentarios y crear una nueva regulación de las comisiones de investigación, facilitando su creación, a instancia de la oposición, y facilitando el acceso a toda la documentación pública o privada necesaria para la investigación. Regular el derecho de los ciudadanos a acceder a los debates por medio de las nuevas tecnologías. Reformar la estructura de los debates para hacerlos más ágiles, reduciendo los tiempos de intervención. Presupuestos Generales. Modificar el tratamiento parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado y del control del gasto público y creación de una Oficina Presupuestaria como órgano de asesoramiento técnico. Trasfugismo. Incorporación en el Reglamento de medidas para evitarlo. Senado: Cámara autonómica. Reforma constitucional del Senado para convertirlo en el vehículo de expresión de la voluntad autonómica en el Estado. Senadores. Aumentar la proporción de los elegidos por los parlamentarios de las Comunidades, reduciendo el número de los de elección directa. Medios de comunicación: Ley Audiovisual. Llevar al Parlamento un proyecto de Ley Audiovisual consensuado por los diferentes agentes que operan en el sector, que contemple una regulación integral del funcionamiento de esta industria. Consejo Superior de Medios Audiovisuales. Creación, mediante Ley Orgánica, del Consejo Superior de Medios Audiovisuales, que regulará y sancionará la actuación de todos los operadores públicos y privados del mercado audiovisual asegurando la transparencia y el pluralismo de los medios, y que funcionará como una autoridad independiente tanto del Gobierno como de los poderes económicos, empresariales y financieros. Tendrá competencias en todo el territorio español y sus miembros serán elegidos por mayoría cualificada en el Parlamento. Plan Digital. Aprobar un Plan Digital que ordene el tránsito racional hacia esta tecnología. Figura del periodista. Llevar al Parlamento un texto de Estatuto de la Profesión Periodística, que regulará la cláusula de conciencia y el secreto profesional, así como los derechos laborales de todos los periodistas incluidos los llamados periodistas a pieza. Crear Consejos de Redacción y Estatutos de Redacción en los medios públicos. RTVE. Modificar el sistema de elección del director general de RTVE, que será designado por una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso de los Diputados y por un periodo de mandato superior a la legislatura. Este sistema también deberá ser asumido por las televisiones públicas autonómicas y locales. Redactar y poner en marcha un Plan de Accesibilidad para las personas con discapacidad en RTVE. Crear en TVE un Canal Infantil, otro Juvenil y otro Parlamentario, que servirán como prueba a los estudiantes de Periodismo. Aprobar por Ley para RTVE, un Sistema de Financiación transparente y estable, basado en un modelo mixto que combine la vía de los Presupuestos Generales del Estado, la comercialización de productos y medios propios y la publicidad, que se reducirá paulatinamente hasta situarla en siete minutos de media a la hora. Sanear la deuda histórica acumulada de RTVE mediante un Plan Financiero a diez años y un Plan de Viabilidad consensuado con los sindicatos. Agencia EFE. Convertirla en una verdadera agencia estatal, eligiendo a su presidente mediante mayoría cualificada en el Congreso. Justicia y Seguridad: Procesos judiciales. Garantizar que ninguno se prologue durante más de dos años. Tribunal Supremo. Cambiar el sistema de elección de sus Magistrados, de forma que sean propuestos por el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Universidades e instituciones de rango similar. Fiscalía Anticorrupción. Modificar la Ley para dar al Fiscal Jefe de la misma el máximo nivel de autonomía respecto al Fiscal General del Estado. Fiscal General del Estado. Establecer su mandato en cinco años y hacerlo no renovable. Su nombramiento le obligará a comparecer en el Congreso y no podrá intervenir o tomar decisiones en relación a materias que afecten al Gobierno que lo ha nombrado. Descentralización judicial. Convertir los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades en la culminación de la organización judicial en el ámbito territorial, mediante la asunción de algunas competencias del Consejo General del Poder Judicial. En ellos se agotarán y ejecutarán todas las instancias procesales, salvo la casación. Ministerio de la Seguridad. Cambiar el nombre del Ministerio del Interior por el de Ministerio de la Seguridad. Prevención de la delincuencia. Impulsar un Plan Nacional que se desarrollará a través de acciones trasversales en educación, ocio y cultura, deporte, asociacionismo, etc. Policía y Guardia Civil. Crear un mando único para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependiente del Ministerio de la Seguridad, que coordinará el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil Seguridad Vial. Crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se encargará de la elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad Vial. Carnet de conducir por puntos. Se establecerá en un plazo de cuatro años, para propiciar un mayor autocontrol de los conductores. Constitución: Reconocimiento autonómico. Hacer desaparecer de nuestra Carta Magna los artículos de carácter transitorio del Título VIII pensados cuando no había Comunidades Autónomas, y sustituirlos por los nombres de las 17 Autonomías y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Reconocimiento europeo. Reforma de los artículos 10 y 93 de la Constitución para hacer una referencia explícita a la Constitución europea y a su Carta de Derechos. Sucesión al trono. Reforma del artículo 57 de nuestra Carta Magna para suprimir el privilegio histórico del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. SERVICIOS SOCIALES: Sanidad: Infraestructuras. Acordar con las Comunidades, los representantes sindicales, las entidades sanitarias y los usuarios un Plan Extraordinario de Inversiones Sanitarias, que permita modernizar y mejorar los hospitales y centros de atención primaria. Listas de espera. Establecer máximos de siete días para pruebas diagnósticas básicas, diez para la primera consulta del especialista y 45 para intervenciones quirúrgicas programadas. Servicios. Se incorporarán las intervenciones ocultares como la corrección de la miopía, las de cambio de sexo y el acceso gratuito a la píldora postcoital. Investigación. Promover un acuerdo nacional para el fomento de la investigación sobre medicamentos y el desarrollo de un Programa Nacional de Investigación. Familia: Personas dependientes. Impulsar una Ley Básica de protección a las personas dependientes que garantice que todos los ciudadanos dependientes tengan acceso a ayudas y cuidados. Para ello también se establecerá una Red de Servicios Sociales de ayuda a domicilio, teleasistencia y plazas en residencias y centros de día. Educación infantil. Toda la población española de 0 a 3 años se incluirá en el sistema educativo a través de Escuelas Infantiles. Condiciones laborales. Favorecer la jornada laboral continua, adaptándola al horario europeo y mejorar los derechos laborales en situaciones familiares excepcionales. Para ello se impulsará una Ley de Apoyo a las Familias con necesidades especiales. Infancia: Adopción. Crear una Agencia de Adopción Internacional que gestione este tipo de procesos, y reformar la Ley de Adopción para garantizar criterios de objetividad en los procedimientos de evaluación de los adoptantes. Riesgo Social. Impulsar junto a las Comunidades Autónomas una red de servicios especializados de atención a la infancia en riesgo social, dado que España es el único país de Europa Occidental que carece de la misma. Inmigración. Revisar la actuación integral sobre menores extranjeros no acompañados, estableciendo un nuevo protocolo. Jóvenes: Impulsar un nuevo Plan de Juventud 2004-2007 que marcará la elaboración de un Estatuto de la Juventud, un Plan de Emancipación Joven y la apertura de las instituciones a este colectivo. Vivienda. Mejorar las políticas de gestión de la vivienda para jóvenes, haciendo del alquiler una opción posible y ventajosa, a través de una Agencia Pública de Alquiler de Vivienda. El 40% del suelo público se destinará a vivienda protegida para jóvenes. Empleo. Se empleará la universidad como motor laboral con el objetivo de alcanzar el pleno empleo, pero también la estabilidad en el mismo, apoyando a los emprendedores y a los investigadores Ocio. Ampliación del Carnet Joven hasta los 30 años y consolidación de una oferta estatal de ocio a precios razonables. Mayores: Pensiones. Mejorar las pensiones mínimas con subidas superiores al IPC, así como las de viudedad (especialmente para los mayores de 65 años) aumentando su base reguladora hasta el 70% de la renta. La pensión de orfandad se verá elevada a los 25 años. Jubilación anticipada. Incentivar la prolongación voluntaria del trabajo una vez superada la edad legal de jubilación. Impedir la utilización de recursos públicos para ajustes laborales que supongan jubilaciones anticipadas. Discapacitados: Servicios. Impulsar una red de servicios sociales en todo el territorio, que cubra el 100% de necesidades de los discapacitados en situación de gran dependencia y el 60% del resto, garantizando su acceso a la educación, el empleo, la asistencia sanitaria, la vivienda, la cultura, el ocio y el deporte. Coordinación política. Crear una Secretaría de Estado para las personas con discapacidad, dependiente de la Presidencia del Gobierno y encargada de las políticas sectoriales en este ámbito. Legislación. Introducir en la Ley de igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad aspectos fundamentales no recogidos por el PP. Accesibilidad. Garantizarla estableciendo la obligación de realizar auditorías externas en todos las infraestructuras promovidas por la Administración. Mujer. Promover un Plan de Acción para la Mujer con Discapacidad, para favorecer su acceso al empleo, la formación y la conciliación de su vida laboral y familiar. Trabajadores. Asegurar el cumplimiento efectivo de la cuota legal del 5% reservada a discapacitados en las administraciones públicas, reduciendo la edad de jubilación de los mismos. Lengua de signos. Será regularizada legalmente. Drogodependencia: Prevención. La organización del Plan Nacional Sobre Drogas recaerá sobre estructuras sociosanitarias, y dará prioridad a las medidas preventivas. Terapias. Implementar programas terapéuticos para colectivos con especial riesgo, como las terapias de sustitución con heroína, las salas de venopunción, etc. Legalización. Promover el debate sobre la legalización o no de las sustancias en el marco de la Unión Europea. Pobreza y exclusión social: Plan Nacional. Convocar a las organizaciones sociales que integran el Tercer Sector a elaborar conjuntamente un Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social. Autonomía. Sustituir la simple mejora económica por la ayuda a la autonomía personal de los ciudadanos en situaciones de exclusión. Observatorio Social. Establecer un Observatorio Social que permita conocer la evolución de la realidad social y la eficacia de las políticas puestas en marcha. Consumidores: Alimentos. Garantizar la independencia económica y funcional, la transparencia y la excelencia científica de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Coordinar de manera efectiva la Administración estatal y las autonómicas en los procedimientos de inspección y control. Comercio Justo. Apoyar el consumo responsable, el comercio justo, el cooperativismo y el etiquetado social en los distintos niveles de la Administración. Información. Garantizar el acceso de los consumidores a la sociedad de la información y habilitar espacios sobre consumo en los medios de comunicación públicos. EDUCACIÓN: Enseñanza obligatoria: Educación Infantil. Será considerada una etapa educativa, de 0 a 6 años, con finalidades y objetivos propios. Educación Primaria. Se avanzará en una enseñanza más individualizada que dé respuesta a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado. Se promoverán actividades complementarias dirigidas a reforzar el aprendizaje básico, como la lectura, la escritura o el cálculo. Centros. Favorecer la autonomía de los centros en la organización, el funcionamiento, la gestión económica y de personal, etc. incrementando sus recursos económicos. Alumnos. Reducir su número hasta una ratio de 15 por aula en aquellos niveles y materias que lo precisen, fomentando la implicación de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos. Establecer Planes Integrales para la Prevención y Control del Absentismo Escolar. Mejorar las condiciones de escolarización del alumnado con necesidades específicas, sobre todo de los hijos de inmigrantes y de los inmigrantes adultos. Desarrollar programas de educación a distancia para alumnos adultos, que puedan compatibilizarse con las jornadas laborales. Profesorado. Ampliar la dotación de profesores asesorándolos a través de trabajadores sociales, mediadores culturales y otros profesionales de los ayuntamientos. Revisar el estatus profesional del profesorado, reduciendo las jornadas laborales a partir de los 55 años y diseñando nuevos criterios de formación inicial en todos los niveles. Contratar profesores nativos de apoyo para atender a la población inmigrante. Idiomas. Implantar progresivamente centros bilingües, primer idioma extranjero (inglés) en segundo ciclo de la Educación Infantil y del segundo idioma en el primer ciclo de la Secundaria obligatoria. De este modo, los alumnos cultimarán la enseñanza obligatoria manejando fluidamente el inglés. Modernización. Incorporar e integrar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a las aulas, con un ordenador por cada dos alumnos y conexión gratuita a Internet desde el segundo ciclo de Educación Primaria, y un ordenador por alumno en secundaria y universitaria. Implantar el uso del software libre de código abierto en el sistema educativo y desarrollar programas de enseñanza on line para adultos. Gratuidad de libros escolares. Extender progresivamente la gratuidad de los libros en la enseñanza obligatoria, estableciendo un fondo estatal dedicado a tal efecto. Formación Profesional: FP. Conducirla hacia la acreditación de competencias y cualificaciones profesionales y conectarla con el mundo empresarial. Enseñanza universitaria: Legislación. Crear una Ley de Bases sobre Educación Superior y Universidad, que siente las bases generales de este servicio público. Titulados. Asumir los objetivos de la Unión Europea con la perspectiva de alcanzar en el 2010 una tasa del 85% de titulados a los 22 años. Becas. Aumentar el umbral necesario para recibirlas y también su cuantía. Las del Programa Erasmus se ampliarán a nueve meses y las Séneca a seis. Investigación. Crear la Agencia Nacional de Financiación de I+D para sumergir a la universidad en el sistema de investigación. CULTURA: Nuevas Instituciones. Constituir un Ministerio para la Cultura y la Comunicación, que asumirá todas las competencias en estos ámbitos. Crear una Vicepresidencia de Desarrollo Cultural para coordinar la gestión pública en Cultura, Educación, Innovación y Comunicación. Crear el Consejo Estatal de las Artes y las Culturas mediante el cual la comunidad artística asesorará la labor del Estado. Planes Estatales. Establecer Planes Estatales de Artes Escénicas, Música, Fotografía, Artes Visuales y Digitales... Financiación. Dedicar el 1% del Presupuesto General del Estado a la Cultura. Nuevas Tecnologías. Impulsar un Plan de Alfabetización Digital que universalice el uso de Internet y las nuevas tecnologías. Patrimonio. Crear el Centro Estatal de Documentación e Investigación sobre la Guerra Civil y el Franquismo, con sede en el actual Archivo Histórico de Salamanca. Industria. Crear la Ley de Excepcionalidad Cultural para corregir el abuso y concentración de la industria. Crear la Agencia Estatal para el Desarrollo de la Industria, las Empresas y el Comercio Cultural. RTVE. Crear un Departamento de Educación y Cultura y canales públicos dedicados a estos ámbitos. Establecer también un prime time cultural en la programación. ECONOMÍA: El modelo económico y social: Buscará una sociedad con mayores niveles de bienestar, mayor cohesión social y mayor sostenibilidad medioambiental y un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero a largo plazo que cree aumentos de la productividad y del ahorro. El gasto público se mantendrá entorno al 40% del PIB. Encauzar el gasto público para generar crecimiento, con inversiones en infraestructuras, educación, investigación, sanidad y justicia Propuesta fiscal: Declaración de la renta. Cualquier ciudadano podrá cumplimentar su declaración en un impreso del tamaño de una cuartilla. La declaración será de fácil comprensión para que el contribuyente conozca las razones que justifican el pago de impuestos. Ahorro. Eliminación de los dirigismos fiscales que condicionan las decisiones de ahorro, de oferta de trabajo o de inversión. Supresión de las diferencias de tratamiento en las diversas formas de ahorro. Disminución del fraude fiscal. La simplificación del sistema liberará recursos en beneficio de la inspección tributaria que destinará sus esfuerzos a la investigación en lugar de a la comprobación. Empresas. La reforma desincentivará la creación de sociedades por motivos fiscales. Las personas con igual renta y tamaño familiar y las empresas con igual beneficio, pagarán lo mismo, gracias a la eliminación de los dirigismos fiscales y las reformas del impuesto de Sociedades y del IRPF. Reforma del IRPF: Reducción del número de tramos. Ahora existen cinco tramos que van desde el 15% al máximo del 45%. El tipo más alto estará alrededor del 35%. Mínimo exento para declarar. Será más alto que el actual, en 22.000 euros anuales. Plusvalías. Se volverá a introducir la progresividad en la tributación de los incrementos de renta obtenidos en la venta de fondos de inversión, acciones, inmuebles, etc. Pagará más el que más rentas tenga. Impuesto sobre Sociedades: Tipo. El objetivo es rebajarlo tanto para las pymes como para el resto de empresas para acercarlo al tipo medio establecido en la UE. Así podría situarse desde el 35% actual, al 30% europeo medio. Deducciones. Desaparecerán parte de las actualmente existentes en este impuesto, lo que contribuirá a su simplificación. Quedarán compensadas con la reducción del tipo impositivo. Impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones: Tributación. Se concentrarán los impuestos en los grandes patrimonios. Coordinación. Reforma consensuada con las Comunidades Autónomas que son quienes recaudan estos impuestos. Declaración. Los patrimonios medios y bajos no tributarán, ya que se elevarán los mínimos exentos. Rebaja de los tipos impositivos. IVA: Superreducido. Los alimentos básicos gravarán al 4%, en vez del actual 7%. Mínimo. A la prensa, las revistas y los libros se les aplicará un tipo mínimo del 1%. Especiales. Elevación de los tipos de gravamen en los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol de alta graduación, excepto el vino. Fiscalidad ecológica: Elaboración de una ley de bases que recoja los principios a los que debe adecuarse la aplicación de estos impuestos. El desarrollo podrá reservarse a las Comunidades Autónomas. Financiación de las CC AA: Las Comunidades tendrán en el ámbito financiero autonomía suficiente para desarrollar una política presupuestaria propia. Dispondrán de un espacio fiscal propio, desarrollado mediante políticas fiscales que se articularán a través de amplias competencias normativas, de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión. Dichas competencias se ejercerán en coordinación con la Hacienda estatal y del resto de las Comunidades Autónomas, bajo el principio de armonización fiscal, asumiendo la lucha contra el fraude, colaborando en el intercambio de información, etc. Se establecerá un Fondo de Garantía que asegure que los servicios traspasados se puedan prestar en todos los territorios a un mismo nivel. El sistema se actualizará anualmente y se revisarán cada cinco años las dotaciones del Fondo de Garantía o de los porcentajes de participación de las Comunidades Autónomas en los tributos compartidos, para garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos. Para la asignación de recursos se tendrá en cuenta la población, que se matizará en función de aquellas características de la misma relevantes en la generación del gasto. Se debe tender a la convergencia de los resultados de la aplicación del sistema común y los sistemas forales, sin que eso signifique elevar la presión fiscal. Mercado laboral: Objetivo. El mercado de trabajo ha de ser reformado para remediar la alta precariedad que soporta, para afrontar los nuevos desafíos derivados de la globalización, la creciente heterogeneidad de las empresas y los trabajadores y la mayor competencia derivada de la UE ampliada. Sindicatos y empresarios. Consensuada con los agentes sociales. Contratos. Reducción del número de modalidades y su simplificación. Se ampliará el periodo de prueba para los contratos indefinidos y se potenciará el contrato a tiempo parcial de carácter indefinido. INEM. Se reformarán los servicios públicos de empleo para convertirlos en verdaderas oficinas de intermediación laboral. SMI. Aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 600 euros mensuales al final de la legislatura. Mujer. Se aplicarán políticas activas para su integración en el mercado laboral. Jubilaciones. Se incentivará la jubilación más allá de los 65 años y se penalizarán las prejubilaciones. Pensiones. Mejora de las pensiones mínimas, a lo que se destinará 4.000 millones de euros en la legislatura. Vivienda: Objetivo. Que ningún español tenga que comprometer más del 30% de su renta para disfrutar de una vivienda digna. VPO. Reforma de la figura de la vivienda protegida que sólo podrán venderse, en segundas y posteriores transmisiones, a demandantes inscritos en un registro público. Alquiler. Nuevo Plan de Vivienda que ampliará los objetivos y actuaciones del actual, establecerá ayudas para el alquiler de VPO y de vivienda usada a precios asequibles, y creación de una Agencia Pública de Alquiler. El objetivo es elevar el porcentaje de viviendas en alquiler del 9% al 20% del total del parque existente. Ayudas. Se favorecerá la asignación de ayudas directas en detrimento de las desgravaciones fiscales. Infraestructuras y Transportes: Vertebración territorial. Impulso al desarrollo de distintos corredores básicos para la comunicación homogénea del territorio. Corredor del Mediterráneo, del Ebro, de La Plata, del Cantábrico, del Duero y la conexión de las regiones fronterizas de la Península Ibérica con Francia, Portugal y el Norte de África. España no peninsular. Potenciación y modernización de sus infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Modelo aeroportuario. Hacerlo más eficiente a nivel nacional y más equitativo a nivel territorial. Política marítima integral. Creación de la Agencia Nacional de Guardacostas, coordinadora de todos los medios de que disponen las administraciones públicas. Carreteras. Tras la mejora de la seguridad vial, la segunda gran prioridad será el óptimo mantenimiento del patrimonio viario y la elevación de los estándares de calidad. La construcción de nuevas vías de gran capacidad se integrará en la planificación intermodal del sistema de transportes. Ferrocarril. Promoción del tren como modo de transporte limpio y seguro, potenciación de cercanías y regionales y desarrollo racional de la Alta Velocidad. Se asegura la titularidad pública de las infraestructuras y los servicios esenciales. Implantación de mejores sistemas de seguridad. Transporte urbano. Implantar alternativas en el diseño de las infraestructuras existentes o planeadas que favorezcan la movilidad sostenible. Nueva Ley de Financiación del Transporte que regule una fuente estable de financiación y potencie los contratos-programas. Reformas institucionales: Tribunal de Defensa de la Competencia. Mayores medios personales y materiales. Se potenciará su independencia política y se integrará en él el Servicio de Defensa de la Competencia, actualmente adscrito al Ministerio de Economía. Reformas estructurales en mercados estratégicos o tradicionalmente protegidos para que los ciudadanos puedan beneficiarse de las liberalizaciones. |