El ex presidente deja


		Nº 585 - 12 de enero de 2004

El ex presidente deja su último cargo político

FELIPE SE VA

El PSOE no logró convencerle: el ex presidente del Gobierno durante 14 años no repetirá en las elecciones de marzo como número uno por Sevilla y se retira así, definitivamente, de la política activa. Cuatro legislaturas de jefe del Ejecutivo (1982-1996) y los siete años siguientes de diputado en el Congreso, aunque fuese de forma puramente testimonial, constituyen el recorrido institucional de uno de los titanes políticos de la Historia de España. Felipe González se va; sobre su futuro no dice nada, pero tanto desde Génova como desde Ferraz vigilarán de reojo su sombra, muy alargada.

Por A. P. V.

Debéis saber que no seré candidato a la Secretaría General”. Cuando el 20 de junio de 1997, Felipe González, líder de la oposición parlamentaria desde hacía más de un año, decidió abandonar el liderazgo del PSOE, los cimientos del socialismo español, cuyas altas esferas se concentraban en el XXXIV Congreso, se tambalearon. ¿El partido sin Felipe? Parecía una broma pesada, pero era el principio de la que sería una larga despedida y que abrió, efectivamente, una profunda crisis interna en el PSOE, ya herido de muerte en la última legislatura (1993-1996) por escándalos de corrupción, conspiraciones y ataques furibundos de un PP emergente.

Nada hacía prever al niño Felipe González (Sevilla, 1942), cuando acudía todas las mañanas al colegio de los Padres Claretianos desde el modesto barrio sevillano de Bellavista, en donde residía con sus tres hermanos, que su destino no muy lejano estaba en la Presidencia de un Gobierno democrático y socialista, en donde una Monarquía parlamentaria asumiría la Jefatura de Estado. Imposible hacer semejantes cábalas en plena dictadura de un general que amenazaba con la vida eterna, o así les parecía a los cientos de presos políticos encerrados en las cárceles de Franco.

El joven sevillano no fue un estudiante brillante, recuerdan sus profesores, aunque sí el único de los cuatro hermanos que llegó a la Universidad. En esta época recibió la llamada de la política y colaboró con la Juventud Obrera Católica y con la Hermandad Obrera de Acción Católica, las únicas organizaciones permitidas por el régimen franquista, aunque en 1962 se afilió a las clandestinas Juventudes Socialistas y, dos años después, al Partido Socialista. Se licenció en 1966 y con un grupo de amigos decidió abrir la primera asesoría laboral en Sevilla. Como abogado laboralista participó, entre otros, en los conflictos de Fasa, en Valladolid; de los Astilleros gaditanos y de la fábrica de neumáticos Firestone, en Bilbao.

En 1969 ya estaba en el Comité Nacional del partido y en 1970, durante el XI Congreso del PSOE, pasó a la Comisión Ejecutiva. Su actividad política inicial no fue un camino de rosas, pues durante su militancia clandestina, fue detenido en varias ocasiones por participar en manifestaciones contra el régimen.

Pero tampoco fue liso y llano el acceso de González al liderazgo del socialismo español, ya que, a principios de los 70, no eran pocos ni poco significativos los que, dentro de él, entonces repartido entre la clandestinidad y el exilio, mantenían fuertes reticencias con el clan de los renovadores sevillanos, encabezados por el ex presidente y Alfonso Guerra, un tándem perfectamente coordinado y que lo fue durante muchos años (ver, El sustituto).

En 1969, en el Comité Director del PSOE, empieza a hacerse con las simpatías de socialistas vascos y asturianos, las federaciones más tradicionales, quienes le auparían finalmente a la Secretaría General, aunque la victoria decisiva de los renovadores, que ya habían triunfado en la federación Nacional de Juventudes, no se produciría en el Congreso del Partido Socialista, sino en el XI de la UGT (1971), el sindicato que caminaba al mismo paso del partido, compartiendo ejecutiva y desarrollando conclusiones muy similares.

Entonces, que ya tenían derecho de voz y voto los clandestinos, los renovadores se hicieron con el sindicato, lo que obligó al líder de la vieja guardia y secretario general vitalicio del Partido Socialista, Rodolfo Llopis, a dejar el sillón presidencial. A pesar de los esfuerzos de éste por posponer el congreso del partido, en el que temía cosechar los mismos resultados, los renovadores convocan el duodécimo cónclave socialista para agosto de 1972.

Pero sería un radical Alfonso Guerra quien precipite los acontecimientos al publicar un artículo sin firma en El Socialista en el que reprocha a los exiliados su comodidad y su retórica frente a los que se la juegan en el interior. Rodolfo Llopis, cabeza de los llamados ancianos de Toulouse, exige para convocar definitivamente el congreso una rectificación pública y que se sancione al autor de tan venenoso artículo.

Finalmente, la escisión tiene lugar y el congreso de los renovadores se celebra en agosto y el de Llopis en diciembre. La balanza se inclina del lado de los primeros, que cuentan con el apoyo de Ramón Rubial (Pablo en la clandestinidad) y de la práctica totalidad de los partidos socialistas europeos, incluido el del francés que mandaba, el de Mitterrand. Al de Llopis, aunque asisten un buen número de federaciones, sólo acude del ámbito internacional el secretario adjunto de los socialistas belgas, André Lognard. Felipe González, miembro del Comité Director, se convirtió en el protagonista de este congreso con su intervención sobre la estrategia política, que, con una cierta suavización de sus postulados, concluyó con la necesidad de “la conquista del poder político por la clase trabajadora y la radical transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista”.

Suresnes, el trampolín de González. En 1974 muere el secretario general vitalicio, Rodolfo Llopis, y se convoca para octubre el XIII Congreso socialista en el exilio, en la localidad francesa de Suresnes. Comienza entonces la batalla de renovadores contra renovadores; entre los madrileños, liderados por Pablo Castellano, que se negaban a aceptar las directrices de los andaluces, y éstos, liderados por Felipe González y convencidos de que Castellano preparaba un golpe de mano para hacerse con el partido.

Los andaluces propusieron como primer secretario general al vasco Nicolás Redondo, líder de UGT, aunque éste se negó asegurando que sus cualidades eran más de líder sindical que político. Dos quedaron como candidatos naturales: Enrique Múgica, de Guipúzcoa, en quien no confiaban los andaluces por su pasado comunista, sus opiniones socialdemócratas o prietistas y sus evidentes simpatías por Israel –era judío–, que contrastaban con la opinión socialista mayoritaria de apoyo a la causa palestina; y Pablo Castellano, de Madrid. Los sevillanos propusieron entonces a Felipe González, de 32 años, lo que provocó una gran controversia e, incluso, la paralización de las negociaciones: al sevillano lo apoyaban varias secciones del exilio, Cataluña, Asturias y toda Andalucía, pero los vascos se resistieron a la idea. Gracias a la intermediación de Redondo, González fue finalmente aceptado en la Comisión Ejecutiva, pero no así Alfonso Guerra, que les parecía un peligroso radical. Los sevillanos, por su parte, se negaban a llevar en la ejecutiva a Múgica y a Castellano. Finalmente, los vascos cedieron por conducto de Redondo y Guerra fue persuadido para que abandonase su bloqueo. La ejecutiva quedaría formada por cinco vascos (Redondo, Múgica, Iglesias, Benegas y Eduardo López), tres andaluces (el primer secretario González, Guerra y Guillermo Galeote), dos madrileños (Castellano y Bustelo) y un asturiano (Agustín González). Pablo Castellano dimitiría en 1975 y Francisco Bustelo lo haría en 1976, siendo sustituidos por Luis Gómez Llorente y Luis Yáñez, respectivamente.

En 1979, durante el XXVIII Congreso del Partido Socialista, el primero celebrado a la luz pública, Felipe González propuso excluir el término “marxista” de la definición ideológica del partido, pero el sector radical rechazó la propuesta y González y la Comisión Ejecutiva dimitieron y decidieron no presentarse a la reelección hasta que no se celebrase un congreso extraordinario, que tuvo lugar en septiembre, triunfando las tesis de González y siendo éste reelegido secretario general.

Desde la muerte de Franco, el líder socialista tuvo una participación destacada en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, como miembro de la llamada Comisión de los diez, que preparó las transición política. En las elecciones generales de 1977 encabezó la lista de candidatos del PSOE por Madrid y fue elegido diputado del Congreso, en donde, además, asumió la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista, que mantuvo hasta 1979, cuando se la traspasó a Alfonso Guerra. Como líder socialista, González participó activamente en las conversaciones mantenidas entre los distintos grupos políticos –recién legalizados– y el Gobierno de Adolfo Suárez, que cristalizaron en octubre de 1977 con la firma de los Pactos de La Moncloa, un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para lograr un consenso con el que poder decidir sobre temas fundamentales de este periodo de transición, como la reforma fiscal o la ley del divorcio.

Hasta 1982, González ejerció como jefe de la oposición, aunque en las elecciones generales del 28 de octubre de ese año fue elegido presidente del Gobierno con mayoría absoluta, un cargo que ostentaría durante más de 13 años. Los observadores políticos han coincidido en señalar que los éxitos de Felipe González al frente de las cuatro legislaturas consecutivas, las luces de su gestión, fueron, sobre todo, la modernización del país, su apertura definitiva a Europa, las mejoras en prestaciones sociales, educación y sanidad, y, especialmente, la política exterior. El entonces presidente del Gobierno cosechó importantes éxitos, como la Conferencia de Paz de Oriente Medio (1991), que culminó con los Acuerdos de Paz en Washington por parte de Israel y Palestina (1993); un papel de destacado en importantes Cumbres comunitarias (Maastrich, 1991; Edimburgo, 1992; Madrid, 1995, la cumbre del euro), o la institucionalización de cumbres bilaterales con Francia, Alemania, Portugal y Marruecos.

Las asignaturas pendientes de los sucesivos mandatos socialistas, las sombras del Gobierno González, fueron, en cambio, el desempleo y la crisis económica, además y sobre todo, los escándalos de corrupción que salpicaron la vida pública.

MÁS DE TRECE AÑOS EN LA MONCLOA

Los siete gobiernos de Felipe González, casi dos por legislatura, llevaron a cabo, sobre todo, la modernización de un país que despertaba de una dictadura de 38 largos años. La transición española hacia la democracia había estado en manos de una UCD, todavía presa de reminiscencias ultraderechistas en sus filas, liderada sucesivamente por los presidentes de Gobierno Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. Los cimientos quedaron puestos con la aprobación de la Constitución y de los Estatutos, pero faltaba lograr el entusiasmo del pueblo español por un cambio político radical, que llevase el país por la senda de la modernidad y le permitiese codearse sin complejos con sus hermanos europeos. El PSOE, con su joven ejecutiva y sus propuestas frescas y esperanzadoras, inyectó ese entusiasmo y en 1982, ganó con mayoría absoluta las elecciones generales. Tenía por delante casi 13 años de gobierno, que lo fueron de éxitos indiscutibles, pero también de sonoros fracasos.

Luces…

La batalla del aborto. La Ley de Despenalización del Aborto transcurrió por un camino cargado de obstáculos hasta que vio la luz en mayo de 1985, desde que el 2 de febrero de 1983 el proyecto de ley es aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a las Cortes. El texto supone la despenalización del aborto en tres supuestos establecidos: cuando el embarazo suponga un grave peligro para la vida y salud de la madre; cuando sea consecuencia de una violación, siempre que ésta haya sido denunciada previamente, o cuando exista la constancia de que el feto padece o va a padecer tras su nacimiento graves taras físicas o psíquicas. El Gobierno de Felipe González contó con la oposición de las organizaciones feministas, que pedían un cuarto supuesto que diese a la madre total libertad para decidir, y las autoridades eclesiásticas, apoyadas por la oposición parlamentaria más conservadora, que consideraban la ley injusta, inaceptable y criminal.

La reforma de la Educación. La LODE. El 20 de diciembre de 1983 se aprueba la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que dio no pocos quebraderos al Gobierno socialista y a su ministro de Educación entonces, José María Maravall. Una vez más, los socialistas chocaron con la jerarquía de la Iglesia católica y la oposición conservadora, tanto política como de los sectores relacionados con la enseñanza. La LODE pretende que los centros públicos y los subvencionados respondan a unos criterios normalizados y hagan una oferta no discriminatoria en función de las posibilidades económicas de las familias o del criterio personal de los propietarios de tales centros, mientras que la derecha parlamentaria exigía que los padres pudiesen elegir con total libertad a qué colegio querían enviar a sus hijos (público o privado, religioso o laico, con ideario o sin él), pues creían que si la LODE permite al Estado ejercer un control sobre los centros subvencionados, éstos acabarían convirtiéndose en meros centros públicos.

La reforma de la Sanidad. La LGS. El 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, que dio pie a la universalización de la asistencia y que vio la luz gracias a los esfuerzos del ministro del ramo entonces, Ernest Lluch, brutalmente asesinado por ETA en noviembre de 2000. La LGS propicia la instauración del Sistema Nacional de Salud con carácter universal y dota de un marco de referencia a todas las actuaciones de este organismo en materia de sanidad, por lo que el antiguo Insalud (creado en 1978 y denominado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria desde agosto de 2002 y tras el traspaso de competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas) emprendió el desarrollo de un nuevo modelo de atención sanitaria, y tras la reforma y puesta en marcha del primer nivel de asistencia médica –atención primaria–, acometió en 1987 la actualización de la atención especializada, al adscribir cada uno de sus hospitales a un Área de Salud y, en 1989, puso en marcha el Plan Director de Urgencias Sanitarias.

La reforma de la Fuerzas Armadas. La LOD. A partir de enero de 1984, con la aprobación de la Ley de Ordenación de la Defensa (LOD), el poder militar pierde totalmente su autonomía y queda sometido al civil. La Junta de Jefes de Estado Mayor pasa de ser el órgano colegiado superior de la cadena de mando militar de los tres Ejércitos a quedar como un mero órgano colegiado de asesoramiento militar del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa, quienes a partir de entonces ostentan el mando y la autoridad sobre los Ejércitos. La LOD se acompaña de una reestructuración del ministerio, de forma que los tres Ejércitos quedan integrados por vez primera en la estructura orgánica y funcional del departamento de Defensa, que pasa a tener un bloque militar, encabezado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y un bloque civil, compuesto por los altos cargos del departamento. Los dos bloques quedan bajo la autoridad del ministro de Defensa y del presidente del Gobierno.

España entra en la CEE. La inclusión de nuestro país entre los que formaban la Comunidad Económica Europea (CEE) se ha subrayado como el éxito más importante de Felipe González, el sueño de los españoles que se hizo realidad el 12 de junio de 1985, cuando en un solemne acto celebrado a la nueve de la noche en el madrileño Palacio de Oriente con la presencia de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, se firma el tratado de adhesión de España a la CEE, aunque la entrada efectiva se produce el 1 de enero de 1986. Las palabras posteriores del entonces presidente del Gobierno resumen la trascendencia de este acontecimiento histórico y las dificultades que el Ejecutivo español tuvo que afrontar para llegar a formar parte del club europeo: “Para España, este hecho significa la culminación de un proceso de superación de nuestro aislamiento secular y la participación en un destino común con el resto de los países de Europa occidental”.

La entrada en la OTAN. El referéndum. Un mes después de la entrada de España en la CEE, Felipe González anuncia la convocatoria de un referéndum sobre la OTAN para el 12 de marzo de 1986. Los españoles confirmaron entonces que el presidente del Gobierno era partidario de la integración de España en el bloque militar occidental, a pesar de la oposición que el PSOE y el Partido Comunista (PC) habían mantenido desde hacía años, alentando manifestaciones en contra de la Alianza Atlántica –presididas en diversas ocasiones por el propio González– desde que en 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo anunciara la intención de su gobierno de iniciar las gestiones necesarias para hacer posible la incorporación española, que hizo efectiva en 1982. En marzo de 1986, los ciudadanos acuden a las urnas a pronunciarse sobre la permanencia o no de España en la OTAN en las condiciones que el Gobierno ha establecido y que incluyen la no integración en la estructura militar y la reducción de tropas y efectivos estadounidenses en suelo español. El Gobierno gana el referéndum, con el 52,5% de votos afirmativos y un 39,85% de negativos, aunque el índice de abstención, que según los analistas políticos, dio el triunfo al “sí” había alcanzado el 40,58%.

…y sombras

El enfrentamiento con la UGT. Desde que el PSOE llega al poder, el deterioro de las relaciones con el sindicato hermano, la UGT, liderado por Nicolás Redondo, quien había dado el apoyo –y aun la Secretaría General socialista– a Felipe González, alcanza cotas muy preocupantes. El primer roce entre UGT y el Gobierno se produce, nada más tomar éste posesión, a cuenta de la implantación de la jornada laboral de 40 horas semanales, que estaba en el programa electoral socialista, pero que el Ejecutivo piensa tomarse con calma. Tras un fuerte enfrentamiento entre Redondo y González, la medida empieza a ver la luz a principios de 1983. La crisis entre el sindicato y el partido hermano continúa poco después, cuando el ministro de Economía Carlos Solchaga anuncia que no habrá cumplimiento de la promesa socialista de creación de 800.000 puestos de trabajo en esa legislatura. El vicepresidente Alfonso Guerra lo desmentiría poco después, aunque los hechos dieron la razón a Solchaga. La crisis definitiva UGT-PSOE (y sobre todo, Redondo-González) se produce con la reforma del sistema de pensiones de la Seguridad Social, pues tras muchas tensiones y desencuentros, en 1985 Nicolás Redondo vota en contra de la Ley de Pensiones, rompiendo por primera vez la disciplina histórica de 100 años de PSOE.

Las huelgas generales. El 20 de junio de 1985 se produce la primera jornada de huelga general contra el gobierno socialista, convocada por el sindicato CC OO y otras fuerzas minoritarias, que estimaron la participación en cuatro millones de trabajadores, en contra de la Ley de Pensiones. El 14 de diciembre de 1988, más de siete millones de trabajadores secundaron un paro general para la retirada del plan de empleo juvenil y en contra de la política económica del Ejecutivo, convocado por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. El Gobierno dio marcha atrás en sus medidas, en una decisión conocida como el “giro social”. El 28 de mayo de 1992, un paro de media jornada –excepto en Murcia y Baleares, que fue de 24 horas– convocado por los sindicatos, pidió la retirada del decreto que recortaba las prestaciones por desempleo y del proyecto de ley de huelga. Mientras para los sindicatos fue un éxito, para el Gobierno fue un fracaso, al igual que para la patronal CEOE. El 27 de enero de 1994, se vivió una jornada de paro general en contra de la reforma laboral del Ejecutivo, que según UGT y CC OO recortaba las conquistas sociales y la reforma del mercado de trabajo.

La corrupción. Los sucesivos escándalos en el seno del PSOE –empleados por oposición y medios de comunicación afines para criticar al presidente del Gobierno por la ausencia de la virtud política de la que siempre habían alardeado, la honradez– anunciaron el principio del final agónico de los gobiernos González. En 1990, el caso Juan Guerra –junto a otros motivos, como las diferencias con el presidente socialista, acarreó la dimisión de Alfonso Guerra– fue el primero de una larga lista de casos de corrupción que marcaron con fuego el Gobierno socialista de los noventa y que le llevaron a perder la mayoría absoluta en las elecciones de 1993. Así, en mayo de 1991, estalla el caso Filesa, que arrastra consigo el caso de Viajes Ceres; en diciembre del mismo año, salta el caso Renfe; en febrero de 1992, estalla el caso Ibercop, y también ese año, en julio, el caso Ollero; en 1994 salta a la prensa el caso Urralburu; en diciembre de 1993, estallan el caso Banesto y el caso Roldán; en marzo de 1994 se destapa el caso de los fondos reservados y en julio del mismo año, el caso BOE.

Los GAL. El 17 de diciembre de 1994, los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez, que habían sido condenados en 1991 a más de cien años de cárcel por inducción a varios delitos relacionados con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), en declaraciones a El Mundo acusan a los miembros de la cúpula del mando policial en Vizcaya de ser los organizadores del grupo terrorista que lleva a cabo la lucha contra ETA. Amedo y Domínguez implican también al ex ministro de Interior, José Barrionuevo, y al ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. El Gobierno de González, y éste como máximo responsable, queda en el punto de mira, aunque el presidente niega toda relación del Gobierno con los GAL. En 1995, Rafael Vera y Ricardo García Damborenea, antiguo hombre fuerte del socialismo vizcaíno y ex diputado del Congreso, entran en prisión por el caso GAL. El primero, acusado de financiar la guerra sucia y el segundo, del secuestro por error del ciudadano Segundo Marey en 1983. En 1998, tras el triunfo del PP en las elecciones generales de 1996, el ex ministro de Interior, José Barrionuevo, es condenado diez años de cárcel y doce de inhabilitación por el secuestro de Marey.

Las escuchas del CESID. En junio de 1995, salta a la luz pública el caso de las escuchas ilegales del Centro Superior de Investigación de la Defensa (CESID), al publicar el diario El Mundo una larga información sobre conversaciones telefónicas grabadas por el CESID y que permanecían en la llamada cineteca de este servicio de espionaje. Siete miembros del CESID, entre ellos su ex director general, Emilio Alonso Manglano –que siempre mantuvo la legalidad de los métodos empleados, así como que el único objetivo era la protección de la seguridad del Estado– y el ex coronel Juan Alberto Perote, fueron condenados el 26 de mayo de 1999 por un delito continuado de escuchas ilegales telefónicas a diferentes personalidades de la vida pública española –incluido el propio rey don Juan Carlos– entre 1984 y 1991. Junto a Manglano y Perote, fueron también condenados cinco funcionarios de los servicios secretos adscritos al denominado gabinete de escuchas.

Un futuro entre viajes y conferencias

Cuando concluya esta legislatura a Felipe González ya sólo le quedará un despacho de trabajo a su nombre, el que tiene en la sede socialista de la calle Gobelas, en el madrileño barrio de La Florida, lejos del bullicio de la sede federal donde trabajan Zapatero y su equipo. Allí seguirá disponiendo de mesa de trabajo y secretaria como presidente de la Fundación Progreso Global, creada ex profeso para él en el congreso del PSOE de 1998 cuando dejó la Secretaría General del partido. Esa será, oficialmente, su ocupación tras no retornar al Parlamento el próximo marzo.

Su actual despacho de diputado quedará libre y, previsiblemente, retorne a sus anteriores funciones en la planta segunda del Congreso. Fue sólo a comienzos de la legislatura que ahora acaba cuando el PSOE consiguió que las Cortes concedieran a Felipe González un lugar de trabajo algo más amplio que el despachito del que goza cualquier diputado de a pie debido a su condición de ex presidente de Gobierno y a la categoría de sus posibles visitas en el Parlamento. Así, en 2001 González pasó a ocupar un despacho con algún metro cuadrado más, aunque inferior al de algunos de los coordinadores de área de los grupos parlamentarios –el espacio es elemento cotizado en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo–, en una planta donde también se sitúan otros servicios parlamentarios tales como la Junta Electoral central o su equipo de letrados.

Semejante pérdida poco afectará a la vida diaria de González después de marzo ya que apenas lo pisaba. La actividad del ex presidente no sufrirá modificaciones sustanciales, según reconocen miembros de la actual ejecutiva que habían intentado convencerle de continuar dentro de las listas electorales más como referencia del grupo parlamentario que por la rentabilidad de su trabajo como diputado.

El “animal político” que aún reside dentro de Felipe González seguirá dosificando sus apariciones en la escena pública en los artículos que publique en prensa, en el libro que sobre personalidades del ámbito internacional tiene encargado por una editorial desde hace tiempo y aún no se ha decidido a concluir u otros que puedan surgir de su inquieta pluma, y, sobre todo, en las conferencias que, dentro y fuera de España, continuará pronunciando sobre el asunto que más interés intelectual le provoca desde hace años: la globalización y sus consecuencias.

Con una media de una vez al mes, irregularmente distribuida a lo largo del año, se cuentan sus viajes a América Latina, su destino preferido y donde más amistades de alto nivel mantiene, algunas de las cuales no entusiasman precisamente en la cúpula de su partido. Fernando Flores, ex ministro en su juventud de Salvador Allende y creador en 1997 del denominado “Club de Emprendedores” en el que enseguida incluyó a González, es uno de sus más directos contactos con el mundo latinoamericano y al que con más recelo se mira desde Ferraz debido a sus controvertidos negocios en el Cono Sur relacionados, casi siempre, con sus contactos políticos.

Aparte de Flores y su circuito de conferencias, el ex presidente español también forma parte del Círculo de Montevideo, foro creado por el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti. El mexicano Vicente Fox, el chileno Ricardo Lagos o el brasileño Lula da Silva también se encuentran entre los dirigentes que requieren su presencia y asesoría en determinados momentos, así como otra de sus más duraderas amistades americanas, el multimillonario mexicano Carlos Slim.

Entre viaje y viaje, González repartirá su tiempo entre su residencia habitual en el madrileño municipio de Pozuelo de Alarcón y la casita que hace unos años adquirió en un pueblo de Cádiz, la circunscripción por la que su mujer, Carmen Romero, es diputada y adonde acude muchos fines de semana. Su segunda residencia gaditana y la casa de su hermana Dolores en Sevilla son sus anclas en Andalucía, su origen familiar y político, y donde más requerido sigue siendo políticamente. No en vano fue Manuel Chaves quien insistió hasta el último momento en que Felipe podía ir en las listas en un imposible intento por convencerle. Carmen Romero también ha querido que ésta sea su última legislatura en el Parlamento y aunque pueda retornar a su carrera docente en la enseñanza pública, sus conocidos auguran una mayor presencia de ambos en territorio andaluz.

Nadie duda tampoco de que, pese a su retirada, González estará presente, de una manera u otra, en la campaña electoral, y aún más en la andaluza, ni de que su influencia, también, se hará notar en la sucesión de Chaves, que comenzará a fraguarse en la próxima legislatura, última para el presidente andaluz según ha dejado entrever. De hecho, el único nombre que, hasta ahora, ha sido objeto de especulación al respecto es José Antonio Griñán, uno de los ministros de Sanidad de González. En definitiva, como comentaba un miembro de la ejecutiva federal una vez sabida la renuncia del ex presidente a repetir de diputado, “Felipe seguirá haciendo lo que ha hecho desde que dejó La Moncloa: lo que le dé la gana”.

Por I.S.

Siete gobiernos socialistas

Primer Gobierno
(1982-1985)