Prestigiosos magistrados denuncian que la corrupción política persiste en Europa

LOS GOBIERNOS COARTAN A LOS JUECES

Pocos ejemplos de corrupción han tambaleado tanto los cimientos de un país como el caso ELF hizo durante años con Francia, un asunto que ha vuelto a la actualidad después de conocerse la sentencia que ha condenado a 30 implicados y al aparecer en nuestro país el libro ¿Queremos realmente vivir en un mundo así? La corrupción financiera político mediática: el caso Elf (Ed. Foca) escrito por la principal juez instructora del caso, Eva Joly. La magistrada denuncia los obstáculos que encontró en su investigación de un asunto en el que aparecían implicados numerosos representantes del mundo económico y político y las continuas amenazas que sufrió a lo largo de los ocho años de instrucción. Una denuncia clara de cómo el Poder, con mayúsculas, se pone en marcha cuándo la justicia intenta conocer sus resortes y actuar contra la corrupción, una situación de la que hay numerosos casos en nuestro país.

Por Vera Castelló

La malversación de 305 millones de euros (más de 50.000 millones de pesetas) desde la petrolera pública francesa, ELF, se zanjaba el pasado mes de noviembre con 13 personas condenadas a prisión y otras 17 condenadas a multas millonarias. Era el resultado de ocho años de investigaciones que dejaron en entredicho el sistema francés y que causó que, por ejemplo, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Roland Dumas, dimitiera tras conocerse su escandaloso intercambio de regalos cuando era titular de Exteriores con su amante, Christine Deviers-Décours, que trabajaba para ELF y que contribuyó al escándalo con su libro de memorias La puta de la República. Dumas, que primero fue condenado y luego logró salir absuelto, se salvó por los pelos, algo que no ocurrió con los tres principales dirigentes de ELF: su presidente de entonces, Loick Le Floch-Prigent, que publicó un libro plagado de insinuaciones sobre altas implicaciones políticas en Francia y en otros países, afirmando que todo el caso había sido “un asunto de Estado” y que cumplió órdenes del ex presidente de la República François Mitterrand, quien le nombró en el cargo; André Tarallo, ex monsieur Afrique de ELF por su conocida relación y actuación con diversos dirigentes africanos, y el ex número dos de la empresa, Alfred Sirven, que prometió revelaciones que “harían caer diez veces a la República”.

Estos son los principales protagonistas del mayor caso de corrupción en Francia conocido en décadas y que finalmente han sido condenados gracias al tesón de tres jueces –Eva Joly, Laurence Vichnievsky y al final del sumario Renaud van Ruymbeke– que durante ocho años sobrevivieron a todo tipo de obstáculos y amenazas para poder instruir un caso que ha sacado a la luz los sofisticados mecanismos de fraude y corrupción interna vigentes en Francia.  “Hemos visto que la impunidad es la norma y la ley la excepción”, sentencia en su libro.

El juicio demostró cómo ELF es una de las piedras angulares de la diplomacia francesa. Elf-Aquitaine fue privatizada en 1994 por el Gobierno de Edouard Balladur, tras ganar las elecciones celebradas el año anterior. Tras un complejo proceso de fusiones, ELF pasó a formar parte del grupo TotalFinaElf. Recientemente, la dirección de este conglomerado eliminó de su denominación la referencia a ELF, lo que borrará en su futuro el rastro de la empresa por la que llegó el escándalo.

Precisamente todos esos obstáculos y amenazas recibidas son el argumento cardinal de ¿Queremos realmente... escrito por la principal responsable de las investigaciones, la juez Eva Joly. Una tensión que propició que acabado su trabajo, decidiera renunciar a su puesto de magistrado y regresar a Noruega, su país natal, donde actualmente es asesora del Gobierno en cuestiones de corrupción.

Joly comienza su relato afirmando que “cada vez que un magistrado se acerca demasiado al poder, bien sea éste oficial u oculto, se ve atrapado por un engranaje que le supera”. Un ejemplo de ello fue que un juez francés prohibió la aparición del libro hasta que finalizara el juicio, en una decisión sin precedentes en la que un magistrado censurara un texto de una colega.

El caso ELF ha sido el capítulo más importante de una larga lista de casos a través de los cuales la sociedad francesa fue descubriendo la corrupción de su élite. Era la puntilla a una época en la que, al igual que ocurrió en España, los casos de comisiones, fraudes y demás corruptelas en el ámbito político aparecían casi a diario en la prensa.

Uno de los flecos del caso ELF se refiere a las irregularidades cometidas en la compra de la refinería española Ertoil, adquirida por ELF a principios de los años 90 por 264,45 millones de euros a través de una red de intermediarios. El único español condenado es el empresario Daniel de Busturia Gimeno, sentenciado a nueve meses de prisión, exentos de cumplimiento y a una multa de 100.000 euros. Se le ha considerado culpable de haber intervenido en la fijación de un precio demasiado alto en la compra del 20% de Cepsa por parte de ELF.

Busturia participó como asesor de Elf Aquitaine y del presidente de ésta en las compras de acciones de la Compañía Española de Petróleos (Cepsa), de la que era consejero, y de Ertoil, una petrolera pequeña que pertenecía al grupo Ercros y que acabó en manos de Cepsa tras la intervención de ELF. En Ercros, dominada en ese momento por Javier de la Rosa y el grupo KIO, trabajaba entonces como director general el actual presidente del Partido Popular catalán, Josep Piqué.

Precisamente el ex ministro de Industria, Asuntos Exteriores y Ciencia y tecnología español ha protagonizado uno de los casos más claros de cómo el poder ha puesto en marcha todos sus mecanismos para entorpecer la acción de la justicia en el denominado caso Ercros. De hecho, hace un año Asunción González, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, archivó provisionalmente el caso Ercros debido a que el Tribunal Supremo no se había pronunciado todavía sobre la imputación del ex consejero delegado de Ercros, Josep Piqué. La juez consideraba que esa situación “hace inviable” la continuación del proceso para el resto de los miembros del Consejo de Administración de la compañía, pues, a su entender, se encuentra condicionado por lo que ocurra en el alto tribunal acerca del ministro.

La decisión del Tribunal Supremo sobre su competencia en el caso sigue pendiente de la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional sobre la mencionada venta, en 1991, de Ertoil a la petrolera francesa ELF a través de la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding (GMH) por cerca de 40.000 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo devolvió en abril de 2000 al Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona el caso Ercros para que investigara un supuesto delito de alzamiento de bienes en la suspensión de pagos de la compañía, ocurrida en 1992. El presunto delito se habría cometido cuando los responsables de Ercros incluyeron en la lista de acreedores de su suspensión de pagos una deuda de casi 2.000 millones de pesetas que pertenecían a otra sociedad, la petrolera Ertoil, que no suspendió pagos, causando un grave perjuicio a los titulares de esos créditos.

Ahora el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, tiene pendiente citar como testigo al ex ministro para que declare en el caso Ercros, trámite que su antecesor Carlos Jiménez Villarejo nunca quiso cumplimentar, ya que consideraba que Piqué debía ser interrogado como imputado y mantenía que el caso no estaba definitivamente archivado y que la Fiscalía Anticorrupción quería que se siguiera investigando.

Precisamente a lo largo del libro Eva Joly también cuenta cómo sus superiores no siempre la apoyaron, incluso desde el ministerio de justicia se intentó acabar con su carrera. El caso más importante fue cuando la juez decidió registrar el despacho de Roland Dumas, acción que fue convenientemente filtrada a los medios y que originó numerosas imágenes que dieron la vuelta al mundo del ex ministro de Asuntos Exteriores saliendo de su despacho escoltado por las dos jueces. Aquel episodio valió el más rotundo rechazo por parte de la ministra de justicia Elisabeth Guigou, que lamentó que la presunción de inocencia hubiera sido vilipendiada.

También la juez tuvo problemas con el Colegio de Abogados de París, que la denunció a ella y a su compañera de instrucción por “atentado al secreto profesional y a los derechos de defensa”.

En nuestro país son numerosos los casos en los que las altas esferas de la Justicia no sólo entorpecen la labor de los magistrados, sino que incluso vetan las investigaciones. De hecho, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha tomado en los últimos años decisiones que han evitado la citación de algunos ministros (Jaume Matas, de Medio Ambiente, hoy presidente balear; y Josep Piqué, de Ciencia y Tecnología, hoy portavoz del PP en el Parlamento catalán) en el Tribunal Supremo por causas relacionadas con diversos tipos de corrupción.

Recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha acordado citar a declarar al ministro de Justicia, José María Michavila, por la demanda de protección al honor presentada contra él por el ex fiscal jefe de Madrid Mariano Fernández Bermejo. Michavila acusó al ex fiscal de estar “en rebeldía” frente a los juicios rápidos.

La polémica se remonta al pasado 28 de abril, cuando, pocos días después de la puesta en marcha de los juicios rápidos, el ministro criticó al ex fiscal por estar “en rebeldía” en la aplicación de estos procesos. Fernández Bermejo, que había criticado la falta de medios con la que se puso en marcha esta modalidad de juicios, solicita el pago de 60.000 euros para restablecer el daño moral y profesional que ocasionaron las declaraciones de Michavila.

Fernández Bermejo fue uno de los fiscales críticos con el Gobierno que dejaron sus cargos este verano, merced a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que aprobó el Ejecutivo, y que limita los mandatos en la mayoría de destinos a cinco años.

Gracias a esta reforma también abandonaron sus cargos otros jueces molestos para el PP, como el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo (que insistió con fuerza en investigar la trama que provocó la crisis de la Asamblea de Madrid) y el ex jefe de la Inspección Fiscal Juan José Martínez Zato (que en su día pidió la imputación del entonces ministro Josep Piqué en el caso Ercros).

Especialmente preocupante resulta la intención del Gobierno de ampliar la fiscalía Anticorrupción a “nuevas competencias”, como el robo de coches de lujo, el pirateo de discos o el tráfico de inmigrantes. Una iniciativa que ha sido recibida con desconfianza por los partidos de la oposición y los fiscales progresistas, que coincidieron en valorarla en su momento como una maniobra del ministro de Justicia, José María Michavila, para “inundar la fiscalía de competencias a fin de vaciarla de contenido”.

Hay que recordar que Anticorrupción fue creada como una fiscalía especial para investigar los grandes delitos económicos relacionados con la corrupción y que entre sus competencias figuran los delitos contra la Hacienda pública, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, cohechos, fraudes y exacciones ilegales.

El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, declaró que con la ampliación de competencias de Anticorrupción se trata de una “cortina de humo” para tapar las “órdenes” del Gobierno de que no se investigue la trama de Madrid derivada del escándalo de la Comunidad de Madrid, tras la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que provocó que la coalición del PSOE e Izquierda Unida perdiera el Ejecutivo autónomo y se convocaran nuevas elecciones y que permitió sacar a la luz numerosas irregularidades cometidas por altos dirigentes del PP regional y políticos municipales, principalmente Ricardo Romero de Tejada, secretario general del Partido Popular madrileño.

La desaparición de Anticorrupción ya fue sugerida por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, poco antes de la destitución de Jiménez Villarejo. El pasado julio, Cardenal consiguió poner al frente del polémico destacamento a uno de sus hombres de confianza, el fiscal Antonio Salinas, especializado en la persecución de las redes de financiación ilegal del PSOE y único fiscal de su sección que sostuvo que no era procedente citar a declarar al ministro Josep Piqué por el caso Ercros.

El futuro de la lucha contra la corrupción. Salinas también tiene pendiente ejercer la acusación en el sumario de Gescartera, a punto de cierre, un escándalo que salpicó tanto al ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, quien dimitió tras saltar el caso, hermano de la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna, que llegó a ingresar en prisión, como a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente, quien también se vio obligada a dimitir. Actualmente sólo permanece en la cárcel el propietario de Gescartera, Antonio Camacho.

Teniendo en cuenta esta intención de Cardenal de acabar con Anticorrupción y la supresión de la división de economía y tecnología del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como publicó el diario El País, que durante varios años dedicó a un equipo de espías a investigar casos de corrupción institucional protagonizados por funcionarios públicos, parece que el actual Gobierno español no tiene entre sus prioridades la lucha contra los escándalos políticos.

“Lo afirmo alto y fuerte, en estos siete años he sido objeto de numerosas presiones, he recibido mensajes, amenazas, cartas anónimas, no siempre he gozado del apoyo de mis superiores que no han dudado, llegado el caso, en mostrarse hostiles, pero el poder político jamás intervino directamente en la gestión de mi sumario. Es demasiado sutil para hacer tal cosa. Y dispone de muchos otros medios”, afirma la magistrada en su libro.

Joly denuncia la desaparición de pruebas, el robo de expediente, destrucción de informes, etc. Las amenazas a la juez no tardaron en aparecer. Tan sólo un año después de comenzar la instrucción ya recibió el primer aviso en boca de un invitado a una fiesta de unos amigos: “Señora, debe usted entender que el 98% de los delitos pueden ser juzgados. Pero queda un 2% que la justicia no puede solucionar. Se les llama secretos de Estado. Hay muchos intereses poderosos en su entorno. Tenga cuidado. El Estado posee guardianes de sus secretos. Y no se las anda con chiquitas. Hay que ser razonable”.

Luego vendrían los sospechosos coches aparcados continuamente a las puertas de su casa y las confirmaciones directas de que su vida está en peligro. En poco tiempo, Joly pasa a tener permanentemente dos guardaespaldas. Una situación que parte de la sociedad no entendió, por lo que recibió numerosas críticas y se la calificó de teatrera y diva. “Al igual que otros magistrados antes que yo, tales como Baltasar Garzón en España, Antonio Di Pietro en Italia o Bernard Bertossa en Suiza, descubro que los jueces anticorrupción son tan lisonjeados en el extranjero como denigrados y atacados en su propio país”, se lamenta Joly.

Una denuncia recurrente a lo largo de todo el libro es la falta de medios con los que cuenta la Justicia. Eva Joly explica que su despacho, destinado a albergar a la juez instructora de uno de los casos más amplios y complicados del siglo en Francia, no tenía inicialmente ni ordenador ni fax. Quizás hubiera sido mejor así ya que la magistrada constató en más de una ocasión cómo alguien entraba en el disco duro de su ordenador, intervenía su fax y, por supuesto, su teléfono, lo que propició que los trabajos tuvieran que proseguir sin contar con las ventajas de estas tecnologías. De hecho cuenta que en una ocasión se recibió una llamada de un periodista de Le Monde para preguntarle sobre la manipulación del ordenador de la investigación central antes incluso de que la propia juez se hubiera dado cuenta de ello. Las filtraciones fueron moneda corriente.

Precisamente las incesantes filtraciones a la prensa es otra de las cuestiones que aborda en su libro. La juez pone en entredicho la labor de los medios de comunicación que en ocasiones son intoxicados o bien se prestan al juego de tomar partido a cambio de ciertas exclusivas.

Respecto a la falta de medios, es un mal común también en España. El pasado mes de septiembre un informe de los inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluía que los retrasos o dilaciones en los procedimientos que se tramitan en los seis juzgados de la Audiencia Nacional obedecen a falta de medios y de personal en las distintas fiscalías. En la Audiencia Nacional operan la Fiscalía Anticorrupción para asuntos de corrupción y grandes estafas como Gescartera, el caso del lino, el caso KIO...; la Fiscalía Antidroga; y la propia Fiscalía de la Audiencia, para temas de terrorismo, crimen organizado, delitos fiscales, etc. Así, muchos procedimientos están pendientes de informes de la fiscalía respectiva.

Inmunidad para los poderosos. “Nuestras investigaciones se han visto obligadas a tener en cuenta la inmunidad diplomática. La ley protege a los jefes de Estado de cualquier demanda. Las cuentas bancarias personales de los monarcas, de los presidentes vitalicios o de los dictadores surgidos de la manipulación de las urnas están fuera del alcance de la curiosidad de los jueces”, afirma la magistrada franco-noruega.

Un ejemplo de cómo la inmunidad deja libres actualmente a muchos supuestos infractores, es lo que sucede con Silvio Berlusconi. El presidente italiano no sólo está consiguiendo modificar la legislación de su propio país para quedar indemne, sino que también en España ha conseguido zafarse de la justicia. Hace apenas tres meses el Tribunal Constitucional decidió suspender sin condiciones el proceso que se tramita en la Audiencia Nacional contra el primer ministro italiano por el caso Telecinco.

Berlusconi está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de ser autor de seis delitos fiscales y otros seis de falsedad documental, en el caso Telecinco, por los que le correspondería una pena superior a los 20 años de cárcel. El fraude fiscal que se le atribuye supera los 13.500 millones de pesetas (más de 81 millones de euros).

El caso estaba ya suspendido por Garzón, pero, tanto el citado magistrado como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condicionaron la suspensión del proceso contra Berlusconi a que éste mantuviera la inmunidad de que goza, por su condición de presidente del Consejo de Ministros de Italia. Además, dejaba la puerta abierta a que las autoridades italianas revocaran esa inmunidad e instaba a los ministerios españoles de Justicia y Asuntos Exteriores a que realizaran los trámites oportunos para evitar la impunidad de los delitos.

El Tribunal Constitucional acuerda la suspensión “sin condiciones” del procedimiento y deja sin efecto las comunicaciones a Italia para recabar la retirada de la inmunidad para Berlusconi y a los ministerios españoles citados, para las tramitaciones correspondientes.

Los paraísos fiscales. Una de las partes más interesantes del libro es el relato de los numerosos problemas encontrados para sacar adelantes las comisiones rogatorias de información sobre cuentas en Suiza realizadas a las autoridades de allí. Eso le da pie a la juez para desarrollar un amplio alegato sobre los paraísos fiscales y la implicación de las principales entidades financieras de todo el mundo –sin que las españolas sean una excepción– que forman parte del complicado entramado para esconder dinero y sus movimientos.

“Son tan numerosos los apoyos y las connivencias bancarias en las ‘cajas negras’ de las finanzas, que una buena parte de las transacciones sospechosas no pueden ser reconstituidas”. La juez llega a comprender que las malversaciones de fondos no es un comportamiento marginal sino algo sistemático.

“Es la impunidad de la que disfrutan los dirigentes y los industriales lo que les conduce a proteger las cajas negras de la globalización (cargos offshore, mercados financieros de los productos derivados, paraísos bancarios, cámaras internacionales de compensación a salvo de controles), dichas cajas les permiten esconder y colocar el fruto de la corrupción y benefician por igual a los traficantes internacionales y al crimen organizado”, una situación que se ha agravado con la globalización y las nuevas tecnologías. Con un solo clic de ratón millones de euros pueden ser transmitidos de un punto a otro del planeta, desde una cuenta cifrada suiza, hasta un paraíso fiscal en el Pacífico. “La corrupción tiene lugar a plena luz, en las más respetables instituciones financieras”, asegura Joly.

En la última memoria de Anticorrupción en España, su depuesto jefe, Carlos Jiménez Villarejo, denunciaba la ayuda de bancos y cajas a determinados clientes para defraudar a Hacienda con productos fiduciarios extranjeros, a través de testaferros en paraísos fiscales.

Eva Joly ha sido la impulsora de la denominada Declaración de París en la que ex magistrados jueces en activo–como Baltasar Garzón– y personas de la sociedad civil piden nuevas medidas de lucha contra la corrupción, calificada por ellos de “gangrena de la democracia”. La mencionada Declaración tiene tres ejes: la transparencia es el corolario de la libertad, la globalización judicial es indispensable para la globalización económica y el crimen de las élites constituye un atentado contra los intereses superiores de la nación. Tres ideas principales para reconstruir una justicia justa y lograr un mundo en el que sí que queramos vivir.

Garzón contra el sistema

La edición española de ¿Queremos realmente vivir en un mundo así? tiene un atractivo añadido. Se trata del prólogo firmado por el polémico juez Baltasar Garzón. El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional afirma “haber sufrido en carne propia parte de los avatares y de las presiones e intimidaciones que Eva joly relata” y haberse preguntado en numerosas ocasiones por las razones por las que “la estructura de poder se activa en el momento en el que alguien se atreve a acercarse a los aledaños del mismo”; y da contestación: “algunos políticos o funcionarios públicos, cuando llegan al poder, consideran que se trata de una parcela suya, adquirida como si fuera cualquier artículo de unos grandes almacenes” de forma que si alguien osa “atreverse a hurgar en “su”casa, “su” patrimonio”, “su” trayectoria o “su” trabajo, no sólo es un atrevimiento, sino una “aberración”, un “delito” y, en cualquier caso, razón suficiente para denostar, perseguir, controlar y presionar a quien lo hace (...) máxime si se tiene la mayoría parlamentaria suficiente”.

Garzón llama la atención sobre que España sea uno de los países que no firmó el Convenio sobre la Corrupción del Consejo de Europa de 1999 y sólo haya asumido recientemente otro convenio similar sobre el Crimen Organizado, y que no parezca que haga grandes esfuerzos –Europa en general tampoco–  ante los paraísos fiscales, “uno de los principales semilleros de delincuencia económica y corrupción” contra los que hay que luchar con todos los recursos posibles.

El magistrado pasa a criticar que no son muchos los países que consideran delictiva la financiación irregular de un partido “a pesar de haberse desvelado como una de las  fórmulas más habituales de corrupción”, una práctica a la que parece que los ciudadanos ya se han acostumbrado.

El juez pone numerosos ejemplos de corrupción y encuentra las causas del auge de este tipo de práctica en la globalización y la aparición de “fenómenos como la transferencias de fondos inmediatos, las áreas de libre comercio sin aranceles o el poder cada vez mayor de las multinacionales en el concierto internacional, y la progresiva reducción del papel del Estado al de mero árbitro”.

Otra de las cuestiones que aborda en el prólogo es la integridad de los magistrados. “Desgraciadamente, son muchos los países en los que los jueces no pasan de ser –y lo que es más grave, consienten en ello– meros instrumentos del poder político de turno que los nombra, sustituye, promociona o elimina según el interés concreto”. Garzón pone un ejemplo concreto respecto a la Fiscalía Anticorrupción, que “Depende jerárquicamente del fiscal general del Estado y se halla sometida al criterio de unidad y dependencia respecto a éste. Esta dependencia es la que representa –o puede representar objetivamente– el principal problema, máxime si se tiene en cuenta que el fiscal general puede decidir qué asuntos se encomiendan a la fiscalía especial”. El juez es claro –condena el “injusto” relevo de Carlos Jiménez Villarejo “jurista de prestigio y de elevada talla ética”– en sus propuestas para evitar ese tipo de problemas que en nuestro país se constatan a diario: resultaría imprescindible “que el fiscal general no sea designado por el Gobierno, sino por el Parlamento con mayoría cualificada; que su mandato no coincida con el de la legislatura o presidencia; que se proteja con firmes garantías su futuro tras el cese en el cargo; que el propio fiscal general, cuando releve o contradiga al fiscal Anticorrupción, explique las razones de tal decisión; y que el ministerio fiscal se integre en el Poder Judicial, al tiempo que se le otorga la instrucción sumarial (actualmente en manos de jueces de instrucción)”.

Garzón termina su texto lamentándose de que “en algunos estamentos e instituciones no se percibe, con carácter general, ni la actitud ni la responsabilidad ni el compromiso por una sociedad más limpia”.