Jornada-debate con motivo del Año Europeo de la Discapacidad organizado por El Siglo y la Generalitat Valenciana

“Discapacidad, problema de todos. El reto de la integración”

En España hay cerca de 2.400.000 personas con discapacidad y sólo el 33% de este colectivo en edad laboral se ha incorporado al mercado del trabajo, a pesar de que su integración social pasa por la inserción laboral, en opinión de los participantes en la jornada-debate celebrada en Valencia el pasado 30 de septiembre, organizada por El Siglo y la Generalitat Valenciana. La accesibilidad como problema, la integración laboral y social, legislación, ocio, cultura y deporte fueron los temas debatidos por asociaciones, entidades y representantes políticos relacionados con el mundo de la discapacidad. Alicia de Miguel, consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, señaló que con este Año Europeo, “la UE ha querido mostrar a la sociedad el tremendo potencial de los casi 80 millones de personas discapacitadas en Europa y, al tiempo, hacernos reflexionar sobre las dificultades que todavía existen para alcanzar los objetivos de autonomía y dignidad y, por tanto, la plena ciudadanía de este colectivo”.

La integración, un debate abierto

Por Marce Redondo*

En la inuguración de la jornada, Alicia de Miguel, consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, afirmó que la integración de las personas con discapacidad debe ser un permanente motivo de reflexión y de debate en la sociedad.  Pero, “la única forma de conseguir una integración plena es la participación y el conocimiento porque es la mejor base para que las acciones a favor de esta integración sean eficaces”. En su opinión, la integración debe aplicarse en todos los ámbitos de la vida diaria, en los sistemas de prevención, en los tratamientos sociosanitarios y, fundamentalmente, en la capacitación ocupacional. Esta integración culmina con el establecimiento de medidas que refuercen el acceso al mundo laboral.

En este año europeo de la discapacidad, “la UE ha querido mostrar a la sociedad el tremendo potencial de los casi 80 millones de personas con discapacidad en Europa y, al tiempo, hacernos reflexionar sobre las dificultades que todavía existen para alcanzar esos objetivos de autonomía y dignidad y, por tanto, la plena ciudadanía”. Queda mucho por hacer, reconoció, pero el salto que se ha dado en los últimos años ha sido enorme. Alicia de Miguel destacó la importancia de la declaración política que establece las líneas de actuación del Plan Europeo para la Integración de la Discapacidad, promoviendo una educación integrada, aumentando los niveles de empleo y mejorando la accesibilidad a través de las tecnologías de la comunicación.

En la Comunidad Valenciana se ha ido consolidando un modelo a atención hacia las personas con discapacidad. En el mundo de la discapacidad se debe que contemplar el trabajo como un derecho, por lo tanto, “hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, y sobre todo de los agentes sociales, para avanzar en esta integración. Es evidente que el acceso al mercado de trabajo conlleva dificultades añadidas, no es fácil, “pero esta realidad  no debe actuar como limitación”. Debemos superar los prejuicios que existen todavía en nuestra sociedad, puntualizó la consellera de Bienestar Social, que bien por un exceso de protección o por una infravaloración fruto del más absoluto desconocimiento del potencial de este colectivo, ignora que estas personas pueden desarrollar un trabajo útil para ellos y para el conjunto de la sociedad. La Administración y las empresas han conseguido un notable grado de corresponsabilidad en esta tarea, de manera que la tasa de inserción de este colectivo presenta un constante incremento, dijo. “Hemos trabajado mucho desde las distintas administraciones y desde las asociaciones en esta dirección, reforzando los centros especiales de empleo, realizando ayudas económicas a la contratación y al autoempleo y estableciendo exenciones a la seguridad social y bonificaciones tributarias para las empresas. Estas medidas han dado resultados que son alentadores y que nos animan a continuar planteando iniciativas que impliquen a todo el colectivo empresarial”. 

Por su parte, Francisco Javier Reverte, Secretario autonómico de Prestaciones Sociales de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, señaló que actualmente se están tramitando en las Cortes Generales las dos iniciativas más importantes que se han tramitado en nuestro país desde 1982 en el ámbito de la discapacidad. La primera es la Ley de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Personas con Discapacidad que tendrá carácter básico, consensuada con el movimiento asociativo que representa a las personas con discapacidad. Dos razones justifican esta ley: la persistencia en la sociedad de desigualdades y los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la discapacidad y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias.

En esta nueva ley se recogen dos nuevas estrategias que, a su vez, confluyen con la antigua, pero vigente, estrategia de la Lismi, es decir, la medida de acción positiva. “No discriminación, acción positiva y accesibilidad universal constituyen la trama sobre la que se ha dispuesto un conjunto de disposiciones que persiguen garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”.

La segunda de las iniciativas, la Ley de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad, además de regular una serie de beneficios fiscales, crea la nueva figura del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, con la que se atiende la preocupación de muchas familias que quieren saber qué va a ocurrir con sus hijos cuado ellos no estén.

La accesibilidad, handicap formativo y laboral

Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad de la Fundación ONCE, habló de accesibilidad, integración laboral e integración en la formación, “algo que las personas con discapacidad llevamos demandando desde hace mucho tiempo”. Pero las reivindicaciones no deben quedarse ahí, “debemos también demandar la normalización de nuestra vida en el ocio, es fundamental”.

La falta de accesibilidad genera graves problemas de discriminación, “no porque se nieguen esos derechos sino porque no puedes entrar al centro de trabajo, al centro formativo, el transporte está inaccesible, con lo cual tendrías que invertir el salario en un taxi adaptado... Esto nos excluye directamente del mercado laboral o de la formación”.

La Fundación ONCE nace en 1988, con dos objetivos: la formación y el empleo de las personas con discapacidad y la accesibilidad, la eliminación de barreras de todo tipo en diversos ámbitos, municipios, universidades, instituciones públicas, etc. y  en el transporte “porque nos genera graves problemas de discriminación indirecta”.

Pero las barreras de comunicación también son muy importantes.”Si no empezamos a trabajar de verdad en la eliminación de las barreras en las nuevas tecnologías, en breve nos encontraremos con que la brecha que nos distancia de la sociedad para conseguir nuestra plena normalización será mayor porque las nuevas tecnologías se van a implantar en nuestra vida en un futuro muy inmediato”.

Jesús Hernández Galán habló también del diseño para todos, y dijo que hacer todo esto no es barato. “Nosotros nos financiamos con fondos propios, pero tenemos claro que nuestros fondos son muy limitados, por eso tenemos convenios con otras entidades”.

Cristina Rodríguez Porrero, directora de CEAPAT, Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del IMSERSO, afirmó que la misión del centro es contribuir a mejorar la calidad de vida de todas las personas, con especial  apoyo a personas con discapacidad y mayores, a través de la accesibilidad, la innovación tecnológica y el diseño para todos.

En su opinión, la accesibilidad supone que los entornos, productos y servicios estén diseñados para ser comprendidos y utilizados con seguridad, confort y de manera normalizada y sostenible por todos los miembros de la sociedad. “Hemos evolucionado desde un concepto reactivo –diseñar mal y luego arreglar y eliminar barreras- a un concepto proactivo –tener en cuenta la diversidad de circunstancias desde el inicio del diseño-“.

La accesibilidad, señaló, ha avanzado en su relación con las políticas sociales de no discriminación y plena participación que ocupan un lugar prioritario en las políticas europeas y nacionales. Ha pasado a ser un concepto estrechamente vinculado a la no discriminación. La accesibilidad también ha avanzado a nivel legislativo y técnico con leyes autonómicas, normas técnicas y guías manuales. El incumplimiento, muchas veces generalizado, crea dificultad o imposibilidad para llevar a cabo una vida digna y autónoma, no sólo por limitar la capacidad sino por negar la oportunidad.

El concepto de accesibilidad se ha generalizado pasando de estar relacionado casi únicamente con el entorno construido –rampas, rebajas de bordillos, etc.- hasta incluir el transporte, la comunicación, la TV digital, viviendas demóticas diseñadas para todos... Todo ello supone una heterogeneidad de profesionales y materias formativas. Cristina Rodríguez Porrero concluyó afirmando que la accesibilidad no es cara, pero tampoco gratuita.

Para Carlos Laguna, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Minusválidos) de la Comunidad Valenciana y de COCEMFE (Confederación Española de Minusválidos Físicos) de la Comunidad Valenciana, la discapacidad presenta singularidades propias y exige herramientas de acción privativas que impidan que esta realidad se diluya en conceptos más amplios y menos precisos como los de la exclusión social. “La discapacidad participa de la exclusión social, pero esto no debe servir para borrar su identidad como hecho social con entidad propia”.

En su opinión, tras más de 20 años desde la aprobación de la LISMI, la situación de la accesibilidad dista mucho de ser satisfactoria. “Las personas con discapacidad tenemos la sensación de que se hacen cosas, de que existe buena voluntad, pero también de que no hemos conseguido dar con una solución estructural”.

Es el momento de ver, aseguró, que la accesibilidad, el acceso universal y el diseño para todos no son un capricho de unos seres diferentes que la sociedad, los poderes públicos, irá atendiendo magnánimamente. “Que una persona con discapacidad no pueda tomar el metro o el autobús, o que una persona sorda no tenga medio de entrar en contacto con un servicio de urgencias o de recibir información de una autoridad administrativa en lengua de signos no son meras molestias o inconveniencias, sino verdaderos actos de discriminación”.

El diseño para todos es un presupuesto de la accesibilidad universal y consiste en la concepción, elaboración, producción e implantación de los productos, servicios y procedimientos, desde el origen, con arreglo a características y patrones que permitan su uso y acceso por todas las personas con independencia de sus circunstancias.

Para que esta transición se materialice, resaltó, se necesita el compromiso de los poderes públicos, adoptando o promoviendo leyes innovadoras que estén a la altura de un problema al que las soluciones de cuño tradicional no pueden dar respuesta.

Pedro Vera, director del Instituto de Biomecánica de Valencia, centró su intervención en el campo de la adaptación de los puestos de trabajo y dijo que en materia de empleo la EU prioriza la incorporación al trabajo de los personas con discapacidad dado el severo problema de paro en comparación con la población no discapacitada. También se refirió a otro marco de referencia, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece la necesidad de adaptar el trabajo a la persona. “Precisamente de la adaptación de los productos, trabajos, espacio y entornos es de lo que se ocupa la ciencia de la ergonomía. Se puede aplicar a la adaptación de un puesto de trabajo, de un producto para una persona considerada individualmente o, como preconizan los principios del diseño para todos, al conjunto de la población”.

Los costes de adaptar un puesto de trabajo están directamente relacionados con el tipo y grado y minusvalía, y con el tipo de puesto de trabajo que se pretende ocupar. “Según nuestra experiencia, el 60% de las adaptaciones de puestos de trabajo para personas con discapacidad tienen un coste inferior o igual a la subvención prevista en la legislación y, de hecho, casi el 40% de los casos no requieren un coste directo alguno”.

La combinación de técnicas de adaptación procedentes de la ergonomía, los principios de diseño universal y las ayudas técnicas permiten, “con un coste razonable, la adaptación de numerosos puestos de trabajo a las características de muchos trabajadores con discapacidad”.

El Instituto de Biomecánica de Valencia trabaja desde hace 10 años con centros especiales de empleo, patronales y empresas de trabajo ordinario en la adaptación concreta de puestos de trabajo a personas con discapacidad.

Amparo Minguet Soto, presidenta FESORD CV, Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, dijo que “se ha dado un proceso de acercamiento y de modulación de fronteras entre la sociedad y uno de sus grupos minoritarios, las personas sordas, que comenzó a salir del anonimato para convertirse en una comunidad cohesionada, reivindicativa de sus derechos”. Sin embargo, la realidad que hoy se da no ha existido siempre, “es un proceso y la situación actual no supone más que un momento intermedio”. Subrayó que no hace mucho se hablaba de normalidad y anormalidad e incluso subnormalidad, “el estigma no sólo de la diferencia sino de la inferioridad ha condicionado históricamente el espacio que las personas sordas hemos podido construirnos en el entramado social”.

La lucha contra cualquier problema de exclusión social supone primeramente la necesidad de reconocerlo, algo no tan fácil en ocasiones, y convertirlo en una cuestión pública, entendida como la responsabilidad que la sociedad tiene de atender estas situaciones de marginación.

En su día, las personas sordas pasaron a tener un lugar propio en la legislación, como parte integrante del llamado colectivo de personas con discapacidad, aunque muchas veces las dificultades derivadas de la sordera pasaron fácilmente desapercibidas, quizá por ser menos evidentes. De esta forma, “las personas sordas quedaron al margen y no es extraño encontrar normativas donde no aparezcan o lo hagan de forma puramente anecdótica”.

Según Amparo Minguet, la integración de las personas con discapacidad es un compromiso para las sociedades democráticas, con lo que se ha superado la tradicional invisibilidad que envolvía a las personas con discapacidad.

Integración laboral y social

Pepa Torres, directora de Formación y Empleo de la Fundación ONCE, aseguró que,  a pesar de que el factor trabajo se encuentra inmerso en un severo proceso de redimensionamiento en las sociedades occidentales, sigue siendo uno de los principales elementos para participar en la vida social. “Trabajar es una forma de estar en sociedad, socialmente reconocida”. Para Pepa Torres, la integración social de las personas con discapacidad pasa, necesariamente, por su inserción laboral. “La inserción laboral en ningún caso es un fin en sí, sino un medio para el logro de una integración social más plena de la persona con discapacidad”.

Sin embargo, mayoritariamente, las personas con discapacidad en edad laboral no participan en el mercado de trabajo. La tasa de actividad del colectivo se sitúa en un 33,7%, siendo la tasa de actividad de la población no discapacitada del 70%. Además, las mujeres con discapacidad sufren situaciones de doble discriminación.

Pepa Torres mencionó algunos factores que contribuyen que se produzca esta situación:

profesionalización deficiente o inadaptada a las demandas del sistema productivo, falta de motivación e información de la propia persona con discapacidad y de sus familias,

actitud negativa de una parte de los empleadores, dificultades para acceder a las fuentes de financiación de cara a crear su propio empleo, dificultades de accesibilidad...

También se refirió al II Plan de Empleo MTAS-CERMI, cuyo objetivo es contribuir a la consecución del pleno empleo de las personas con discapacidad .

La sociedad de la información plantea a las personas con discapacidad una oportunidad. “Será necesario impulsar  una política paralela de accesibilidad y adaptabilidad de las herramientas tecnológicas a todos los ciudadanos, entre ellos los discapacitados, convirtiendo en realidad la pretensión de la Unión Europea de desarrollar un “diseño para todos” en el marco de la Iniciativa  “Europa”. Pero también afrontan el riesgo de quedar desplazados de la economía y la sociedad globalizada por la dificultad que conllevan los cambios y la constante variación de requerimientos profesionales,  así como por la falta de accesibilidad a dichos avances tecnológicos.

Mª Josefa García Herrero, diputada del Grupo Popular. Portavoz de la Comisión de Política Social y Empleo, resaltó algunas de las iniciativas llevadas a cabo por el PP en materia de accesibilidad. La primera línea de actuación está constituida por un grupo de tres iniciativas de carácter integral: dos proyectos legislativos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 16 de mayo -el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, que se encuentra actualmente en el Senado, y el proyecto de Ley de Protección Patrimonial- y el II Plan de acción para las personas con discapacidad, que tendrá una vigencia de 2003 al 2007.

En su opinión, la Ley de Igualdad de Oportunidades y de no Discriminación para las personas con discapacidad, “debe significar un antes y un después real en la situación de la discapacidad. Establece como principios fundamentales que guiarán las políticas y decisiones públicas en relación a la discapacidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y el diálogo civil y la participación de los discapacitados”.

La segunda iniciativa es el proyecto de Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, “que contiene modificaciones del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, con la finalidad de aumentar la protección del colectivo”.

La tercera iniciativa es el nuevo Plan de Acción  para las Personas con Discapacidad, “que recogerá los compromisos de la Administración General del Estado para el período 2003-2007 en materias tales como atención socio sanitaria a las personas con graves discapacidades, formación profesional y empleo, nuevas tecnologías, servicios sociales, etc.”. Mª Josefa García Herrero resaltó que con este plan se pretende lograr cuatro objetivos: desarrollar un sistema de protección integral a las personas discapacitadas y sus familias, promover su participación activa en la comunidad;  promover la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso y utilización de los productos y servicios ofertados al público en general y garantizar el derecho a las prestaciones básicas de servicios sociales. Asimismo, se refirió a otras iniciativas a favor del empleo.

Iratxe García Pérez, diputada del Grupo Socialista en la Subcomisión para el estudio sobre la situación actual de la discapacidad del Congreso de los Diputados, señaló que la realidad de un colectivo de 3,5 millones de personas en nuestro país con alguna discapacidad, la necesidad de poner en marcha políticas que faciliten su normalización en la sociedad, la prestación de servicios y la evaluación de su puesta en marcha, así como las nuevas necesidades “son el objetivo principal a la hora de desarrollar nuestra actividad parlamentaria”.

Son muchos los cambios, tanto conceptuales como de contenido, que en los últimos años se han producido en esta materia “por lo que la necesidad de adaptarse a estas nuevas realidades es una prioridad en nuestra actuación política. No podemos obviar que las personas con discapacidad no deben ser tratadas exclusivamente desde lo sectorial sino que debemos dirigir nuestras actuaciones  teniendo en cuenta el principio  de normalización”, resaltó.

En relación a la labor desarrollada por la subcomisión, Iratxe García Pérez dijo que, en materia de legislación, todos los colectivos coinciden en afirmar que la LISMI, aprobada en 1982 por un consenso mayoritario, ha sido el gran referente para todas las políticas de discapacidad. También se refirió a la Proposición de Ley sobre empleo público de discapacitados, presentada por el grupo parlamentario socialista y apoyada por los demás grupos. Esta ley busca impulsar el empleo público para las personas con discapacidad, incrementando del 3 al 5 por ciento la cuota que recoge la legislación vigente. Los datos actuales reflejan que tan sólo se ha cubierto el 0,2% del empleo público total.

De la nueva Ley de Igualdad y no Discriminación y accesibilidad de las personas con Discapacidad dijo que “y dispone de una dimensión esencialmente declarativa en torno a la afirmación de los derechos de las personas con discapacidad, con algunas carencias que anulan la posibilidad de convertir los principios enunciados en realidades efectivas”. Una cuestión importante, en su opinión, es que esta Ley carece de un régimen sancionador.

Antonio Sánchez López, director general de la Fundación Luis Vives, inició su intervención haciendo referencia a la responsabilidad social de los medios de comunicación, “Tienen que realizar una labor didáctica y servir de altavoz para ciertos temas que nos preocupan pero que no venden mucho”.

La Fundación Luis Vives es una entidad, de origen público, creada en 1989, pero que, a partir de 1993 se convierte en privada. Nace como consecuencia del análisis que se realiza en el entonces Ministerio de Asuntos Sociales del Protectorado de Fundaciones del ministerio. Hoy, la Fundación Luis Vives es una entidad de apoyo al tejido asociativo y fundacional español de acción social. “Nosotros no trabajamos directamente con los colectivos, pero si en los aspectos relativos a legislación, normativa contable, etc.

Antonio Sánchez López repasó algunos datos significativos de la EPA publicada en agosto, donde se recoge que el colectivo de discapacitados es de 2.339.200 personas, lo que representa un 8,7% de la población “empleable”. Son personas que declaran tener algún tipo de dificultad de carácter físico para acceder al mercado de trabajo. La edad, dijo, es determinante, “ya que sólo el 6,2% del total está en la horquilla de 6 a 25 años, concentrándose en la horquilla de los 45 a los 64 años el 62%”. En general, aseguró, igual que ocurre en toda la sociedad, el primer problema para la integración real de las personas es la integración en el empleo.

Habló también de la educación como un derecho fundamental recogido en la Constitución española. “La educación es el gran caballo de batalla por el que hay que trabajar ya que solo una de cada cinco personas discapacitadas en edad de trabajar ha completado estudios secundarios o superiores, y uno de los obstáculos importantes a la hora de encontrar empleo es precisamente la falta de cualificación de este colectivo”.

Por último hizo referencia a algunas de las actividades realizadas por la Fundación Luis Vives directamente referidas al colectivo de la discapacidad como el Congreso Internacional sobre Discapacidad organizado en 2002 con la ONCE, el IMSERSO y otras entidades privadas.

El ocio, la cultura y el deporte

E n la última mesa de la jornada, Ignacio Escanero Martínez, presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), afirmó que el nivel de integración de las personas ciegas y deficientes visuales es bastante bueno en el ámbito educativo y en el laboral. “Ahora bien, en el ámbito de la cultura y del deporte queda mucho por recorrer, puesto que a pesar de los múltiples recursos que la ONCE aporta a este campo (…), son insuficientes”. “Necesitamos la implicación y la colaboración activa tanto de las administraciones e instituciones como de las empresas privadas.”

La actividad deportiva tiene una doble finalidad: la práctica en el entorno, familiar, escolar y social, y la participación en eventos de competición para aquellos que muestren buenas aptitudes, lo que, en el caso de algunos deportes como ajedrez, judo o tiro olímpico, se puede realizar con deportistas no discapacitados. Escanero quiso resaltar la implicación de los menores, y ofreció algunos datos de su participación en talleres deportivos e incluso en el Campeonato Escolar de España. Diez modalidades deportivas están incluidas en esta Federación, que cuenta con 2.600 deportistas federados: ajedrez, atletismo, natación, golball, fútbol sala, ciclismo en tandem, judo, esquí, montaña y tiro olímpico.

En cuanto a la cultura, repitió la necesidad de implicar a los distintos organismos, “puesto que con unos costes mínimos, de verdad se puede llegar a alcanzar un alto nivel de normalización”. El presidente de la FEDC habló sobre la necesidad de mejorar la accesibilidad a los espacios naturales, museísticos y culturales, ya que en España en la actualidad sólo hay 50 espacios adaptados, “por lo que hago una llamada a todas las instituciones a ampliar la capacitación”.

Y posteriormente, de la accesibilidad a los entornos audiovisuales, afirmando que “es fundamental” que cine, teatro y televisión incorporen el sistema AUDES, en el que una voz en off se intercala en los momentos de silencio de la película con una descripción de lo que está ocurriendo, a través de un equipo de traducción simultánea. Escanero concluyó acentuando la importancia de este sector social: “somos un colectivo rentable, casi 500.000 de personas con discapacidad visual y además podemos llevar a gente de nuestro entorno”.

El presidente de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA), Eugenio Jiménez Galván, informó de los logros alcanzados por la federación desde su creación en 1994, periodo en el que ha pasado de 7 a 61 clubes y de poco más de 100 licencias a unas 1.500. Jiménez destacó sus dos singularidades: ser una federación polideportiva y aglutinar a cinco grandes bloques de discapacidad, que son: los deportes de ciegos y deficientes visuales, de sordos, de paralíticos cerebrales, de minusválidos físicos, y “como novedad en el marco legal español”, el de federados fisiológicos (politransplantados, trasplantados, cardiópatas o diabéticos), sobre el que todavía hay un debate sobre su perfil de inclusión.

Otra singularidad de FESA es que “se ha atrevido a hacer una forma de funcionar novedosa”, siendo ‘operadores’ para la administración pública en la gestión de diversos servicios e instalaciones públicas deportivas. En la actualidad gestiona tres centros públicos deportivos y poco más de 100 escuelas municipales de deportes, lo que les ha permitido consolidar escuelas de inicio al deporte adaptado con un carácter muy participativo. “Creemos que la actividad física adaptada es una herramienta muy eficiente de salud integral y sobre todo de relación social, ya que ayuda muchísimo a integrarse”.

Esta gestión de centros o escuelas además les ha permitido desarrollar otro campo: la inserción sociolaboral de personas con grandes discapacidades. Gracias a estos convenios hay unos 70 puestos de trabajo consolidados, que en temporada escolar se amplían hasta casi el centenar. Jiménez Galvan informó, por último, de los programas que han ido desarrollando, como un convenio con el Instituto Valenciano de la Juventud para crear campos de trabajo de deportes adaptados; un programa con el Sistema Nacional y Valenciano de Salud denominado Hospisport; la colaboración en programas de investigación con la Universidad de Valencia o con el Consejo Superior de Deportes; y la participación en la comisión de lo que será el futuro Centro de Alto Rendimiento de la Comunidad Valenciana.

Enric Blesa, gerente y director nacional de Special Olympics, explicó en lo que consiste esta asociación internacional sin ánimo de lucro establecida en más de 150 países y que mueve a más de 1,5 millones de personas con discapacidad intelectual. “Su función es promover el deporte entre estas personas, ya que creemos que es un vehículo de integración” que “mejora la calidad de vida de estas personas y su entorno”.

Special Olympics, que nació en Estados Unidos en 1968 y en España hace unos diez años, considera el deporte como “pasión, emoción y diversión”, y establece dos maneras de conseguirlo: mediante programas de base, de entrenamiento continuado y mediante la organización de grandes eventos, que dan el mayor protagonismo posible a los deportistas y cuentan con un protocolo olímpico, recorrido de la antorcha y desfile con una ceremonia inaugural.

Su filosofía básica es que el deporte es para todos, lo que quiere decir que “lo que nos importa es que participe todo el mundo”, que “tenga su protagonismo y se lleve su premio a casa”, ya que “nuestros campeonatos son un foro de integración”.

“Recibir felicidad de estos deportistas nos da bastante orgullo”, afirmó Blesa, que al igual que Escanero destacó la rentabilidad de este colectivo como llamamiento para los patrocinadores y medios de comunicación. El director nacional de esta asociación se lamentó por no tener todavía el reconocimiento del Consejo Superior de Deportes aunque esperan tenerlo “en breve”, ya que “esta desunión nos perjudica a todos” y Special Olympics agrupa nada menos que a 14.000 personas en España.

Blesa concluyó su intervención mostrando un video del último evento organizado por ellos, los grandes juegos mundiales celebrados en Irlanda con la participación de 7.000 deportistas de 160 países, de los cuales 107 eran españoles. “Acabo con una frase que es como nuestro juramento olímpico: quiero ganar pero si no lo consigo dejarme ser valiente en el intento”.

Concha Aldomar Boscá, jefa del Servicio de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados de la Generalitat Valenciana, destacó las diferencias entre las personas como un valor de la … “La participación en la igualdad hay que verla desde una perspectiva amplia: el cultivo del ocio, la práctica de los deportes, el amor por la cultura, vienen con unos factores diferenciales entre los seres humanos”. En la sociedad actual se encuentran por un lado nuestros gustos o intereses, que en muchas ocasiones vienen marcados por no poder resistirnos a las tendencias que impone la sociedad, y por otro los medios de comunicación, las modas y los intereses económicos, que marcan unos estereotipos “de los que no somos conscientes”. “Estamos convencidos de que elegimos aquello que nos gusta e interesa pero se le ha adornado de un valor con el que no siempre estamos de acuerdo y que muchas veces no es ni lo que necesitamos ni lo que deseamos”, aseguró.

Además señaló la necesidad de tener en cuenta la trayectoria vital de cada uno, según la educación, oportunidades, lugar de residencia o circunstancias personales que se convierten en condicionantes. Aldomar indicó que se requiere que “el diseño para todos y la accesibilidad universal se integren en nuestra cultura, porque son el primer eslabón de una larga cadena que permite a todas las personas estar en igualdad de condiciones para poder así desarrollar una vida plena”.

(*): con la colaboración de Teresa Larraz