Contienda crucial para el PP y el PSOE

ELECCIONES 25-M

España, tres años después de que el Partido Popular consiguiera la mayoría absoluta en unas elecciones generales, está otra vez de campaña. Los comicios del 25 de mayo decidirán la nueva configuración del poder municipal y autonómico, pero, además y sobre todo, son la primera cita de un largo ciclo electoral que incluye elecciones autonómicas en Cataluña y Andalucía y que terminará en la primavera de 2004 con las generales y europeas, el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero se enfrentará al sucesor de Aznar.

Por David Fernández

Las elecciones se consideran la principal cita de la democracia y son el acontecimiento político que más expectación, y expectativas, levanta entre los ciudadanos. Y esta vez, más: son las últimas elecciones de José María Aznar como líder del PP y las primeras con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del PSOE. Si a todos esos ingredientes se añade la tensión social y política de los últimos meses, el proceso electoral del 25 de mayo aparece como unas primarias en las que se decidirá algo más que la identidad de los alcaldes de 8.108 municipios y los presidentes de 13 comunidades.

El apoyo incondicional del Gobierno de Aznar y del PP a la guerra en Iraq en contra de la opinión mayoritaria de los españoles y el fracaso del Ejecutivo y de la Xunta de Galicia, también gobernada por los populares, en el desastre ecológico del Prestige han marcado los meses previos a la cita electoral y han movilizado a los ciudadanos: millones de españoles han salido a la calle en contra de las políticas del Gobierno. La consecuencia inmediata ha sido una caída de la intención de voto del PP y una consolidación del avance socialista que hasta ahora, desde la llegada de Zapatero a la dirección, se producía de manera progresiva pero lenta. Sin embargo, a pocos días del 25 de mayo, los expertos aseguran que la distancia entre socialistas y populares es mucho menor ahora que la que reflejaban las encuestas a mediados de marzo.

A pesar de todo, los populares aparecen, a la luz de las encuestas, como los posibles perdedores de las elecciones. Esa posibilidad ha desatado el optimismo de los socialistas, que confían en ganar unas elecciones de ámbito nacional por primera vez en diez años (no obtienen una victoria desde que Felipe González derrotó in extremis a Aznar en las legislativas de 1993). En el PSOE recuerdan que en las municipales y autonómicas de 1999 el PP les superó por poco más de 37.500 votos y prácticamente empataron con el 34% de los sufragios (la ley D’Hont multiplicó la distancia en concejales: 24.623 conservadores por 21.917 socialistas). Y añaden a sus recuerdos que entonces los populares perdieron una docena de ciudades importantes y tres comunidades autónomas en virtud de diferentes pactos: Asturias, Baleares y Aragón. Ahora también la victoria se medirá en votos globales y en función del resultado en lugares clave: Madrid y Baleares, esencialmente.

El PP no llega a las elecciones en su mejor momento de los últimos años, pero tampoco en el peor de las últimas semanas. El colapso del régimen de Sadam Husein el 9 de abril, apenas 21 días después de que comenzara la guerra y sin la sangrienta batalla que pronosticaban los estrategas militares, se convirtió en la tabla de salvación para las aspiraciones electorales del partido de Aznar, que desde ese momento puso en marcha su maquinaria electoral. Los populares estaban convencidos de que su única oportunidad de no sufrir una auténtica debacle el 25 de mayo pasaba por el hecho de que la guerra en Iraq terminara antes de Semana Santa y tuvieran al menos cinco semanas para recuperar el respaldo de la ciudadanía. En Génova nadie olvida que el 15 de febrero cuatro millones de españoles salieron a la calle en contra de la guerra. Y del Gobierno.

Por aquellas fechas, un mes antes de que comenzara la invasión de Iraq, las encuestas internas del PP llegaron a reflejar una distancia de 18 puntos a favor del PSOE. Una vez derrocado Sadam Husein, en el PP afirman que han regresado a las estimaciones de voto previas al estallido del conflicto, en el entorno del 39%, en un práctico empate con el PSOE –algunas fuentes aseguran que incluso por encima–. Sin embargo, reconocen que la guerra les ha hecho cambiar el planteamiento y, sobre todo, el desarrollo de su campaña. El que más lo ha notado ha sido el propio José María Aznar, que se ha visto obligado a implicarse mucho más de lo previsto y de lo que hizo en 1999, cuando participó en 11 actos electorales. Esta vez participará en 22 mítines en otras tantas ciudades y en decenas de actos sectoriales en Madrid. Algunos sectores del PP admiten que esta presencia puede resultar incluso excesiva y lo achacan a la obsesión del presidente por recuperar el desgaste sufrido en términos de opinión pública durante la guerra.

También los aspirantes a la sucesión de Aznar han ejecutado su particular precampaña: Jaime Mayor Oreja, que diseñó el programa marco, centrado en el País Vasco, que se ha convertido de nuevo en escenario central; Mariano Rajoy lo hace en Galicia, donde el chapapote del Prestige ha devastado las expectativas de voto de los populares; y Rodrigo Rato hace campaña esencialmente en Madrid.

Antes que la guerra en Iraq, la crisis del Prestige ya había obligado al PP a cambiar sus planes de precampaña, diseñados desde hace muchos meses con la vista puesta en llegar en las mejores condiciones a marzo de 2004: desde hace casi un año, todos los pasos dados por el Ejecutivo tienen la vista puesta en el ciclo electoral.

Como paradigma puede servir la derogación del decretazo, causante de la huelga general y, según algunos dirigentes del PP, “el principio de todos los males”. En menos de cuatro meses, el Ejecutivo dio marcha atrás a todas las medidas que en primavera consideraba esenciales para la economía española. El cambio de actitud lo produjeron cientos de miles de ciudadanos en las calles. Y aprovechó el inicio del curso político para lanzar un recorte de impuestos y un plan de seguridad ciudadana. Unas semanas después, el PP puso en marcha su maquinaria electoral con la campaña “Menos impuestos, más seguridad”. El naufragio del Prestige dio al traste con su calendario. Las del 25-M serán las primeras elecciones de los últimos años en las que el PP no ha conseguido marcar la agenda de los meses anteriores.

La oposición está convencida de que esa será su gran baza en estas elecciones: al PP se le han escapado de las manos dos temas esenciales, tres si se incluye el decretazo, que han movilizado a los ciudadanos en contra del Gobierno. Y el gran objetivo de la izquierda es traducir en votos la movilización social y el desencanto con la forma en la que Aznar utiliza su mayoría absoluta y que millones de ciudadanos han denunciado en la calle en los últimos meses. Para ello, Zapatero ha centrado buena parte de su campaña en movilizar el voto joven: el PSOE confía sus posibilidades de victoria a la movilización de los dos millones de votantes que tienen entre 18 y 22 años y muchos de los cuales han debutado en la vida política con el Prestige y la guerra de Iraq. Esta bolsa representa casi un 7% de los 34.535.700 ciudadanos que tienen derecho al voto el 25-M en las elecciones municipales.

Los socialistas aseguran que, según sus encuestas, el PSOE es la opción preferida entre los jóvenes que votarán por primera vez, pero reconocen también que son la parte del electorado más indecisa, tanto en acudir a las urnas como en el color de la papeleta a escoger. Así, en Ferraz estiman que antes de la campaña sólo un 50% de esos votantes tenían su decisión tomada, por lo que su objetivo en las dos semanas previas a los comicios era movilizar a otro 20%. La otra esperanza socialista pasa por ser capaces de movilizar a todos sus votantes tradicionales, algo que no consigue desde 1996, cuando Felipe González consiguió casi 9,5 millones de votos. Desde entonces, los socialistas no han llegado ni siquiera a 8 millones.

Para hacer frente a la abstención –en 1999 la participación fue de un 63%, muy lejos del 70% de 1995– que afecta a las grandes zonas urbanas –Cataluña, Madrid y Baleares, precisamente los escenarios clave en estos comicios, fueron las comunidades más abstencionistas hace cuatro años– el PSOE ha diseñado una campaña que apela directamente al “poder de un voto” y a la responsabilidad individual de cada votante. De hecho, la propaganda socialista no pide expresamente el voto para las candidaturas del PSOE, sino que se limita a indicar “tú votas”. Y la figura clave en la exposición de ese mensaje es José Luis Rodríguez Zapatero, que empezó la precampaña hace muchos meses y llegó al 9 de mayo, fecha oficial de apertura de la campaña, tras haber dado una vuelta entera al país. El líder socialista ofrecerá en las dos semanas previas a los comicios 18 mítines, cuatro menos que Aznar.

La estrategia socialista pasa por aparecer como una alternativa al poder del PP y a su forma de gobernar, de ahí su lema de precampaña “Otra forma de ser, otra forma de actuar”. Pero también pasa por mantener vivos los tres grandes temas –otra vez el decretazo como paradigma de las políticas sociales, Iraq y el Prestige – que han anunciado los primeros síntomas de un posible cambio político. De hecho, en su guía de campaña aparecen estos temas como el ejemplo palpable de que el PP hace una política “antisocial, antigua y autoritaria”. Junto a estos suspensos, los socialistas destacan varios puntos negros en la gestión del PP, sobre todo el aumento de la criminalidad, el deterioro de los servicios públicos, el incremento desmesurado del precio de las viviendas y la necesidad de ejecutar una serie de reformas que impulsen la regeneración democrática del país.

Enfrente, los populares apuestan por defender los logros de la gestión de los Gobiernos de José María Aznar, centrados en la creación de empleo y en el crecimiento económico que ha permitido varias reducciones de impuestos y en el avance de la lucha contra el terrorismo, tanto dentro como fuera de España. Y por presentar a la izquierda como un peligro para la permanencia del actual marco constitucional y de la unidad de España.

Los dos partidos coincidirán a la hora de hablar de seguridad ciudadana, que antes de que estallara la guerra de Iraq en sus fases más iniciales era el tema de debate central en la política española, debido al gran incremento de la criminalidad desde 2001: la criminalidad en las zonas rurales creció un 23,4% desde las elecciones de 1999; cada año, 25 de cada 1.000 españoles son víctimas de un delito y otros tantos padecen una falta, generalmente un pequeño robo. Zapatero fue el primero en denunciar el incremento de la inseguridad ciudadana en el Congreso, en febrero de 2001. Aznar, entonces, restó importancia al problema, pero en 2002 no tuvo más remedio que aceptar que las cifras eran preocupantes. Tras nueve meses buscando culpables (inmigrantes, policías), el Ejecutivo puso en marcha en septiembre del año pasado un Plan de Lucha contra la Delincuencia basado en el aumento de las ofertas de empleo para policías y guardias civiles hasta llegar a los 20.000 nuevos efectivos en 2005, la reforma del Código Penal con la entrada en vigor de los juicios rápidos el pasado 28 de abril y los planes de colaboración con las policías municipales.

A pesar del plan, la delincuencia ha seguido aumentando en los primeros meses del año, lo que ha servido al PSOE para cuestionar la eficacia de las medidas adoptadas y poner en cuestión la capacidad del Gobierno para hacer frente a la inseguridad. Sin embargo, tanto socialistas como populares han convertido este asunto en el eje de su campaña: los dos apuestan por coordinar las actuaciones de todos los cuerpos policiales y por aumentar las funciones de las policías locales contra la delincuencia. También coinciden en la necesidad de aumentar las plantillas de la Policía y la Guardia Civil, si bien el PSOE insiste en la importancia de la prevención.

Aunque garantizar la seguridad de los ciudadanos se ha convertido en la idea fuerza del discurso nacional de los dos grandes partidos, la realidad es que no en toda España se percibe con igual intensidad este problema. Su centralidad en la campaña viene dada por la percepción que tienen los ciudadanos de las regiones consideradas clave el 25 de mayo: Madrid, Baleares y Valencia, que presentan las mayores tasas de delincuencia, muy por encima de la media.

Madrid es el paradigma de la campaña electoral y el primer objetivo de socialistas y populares: en Ferraz consideran que la conquista de la capital, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad, es el primer paso necesario para ganar en 2004, mientras en Génova temen que su derrota en dos feudos inexpugnables desde hace varias legislaturas se convierta en el principio de su derrota. Por eso, tanto Aznar como Zapatero hicieron en Madrid sus grandes apuestas: el primero con Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella en las listas municipales y el segundo con Trinidad Jiménez como candidata al Ayuntamiento. Esperanza Aguirre dejó la presidencia del Senado para tratar de suceder a Ruiz-Gallardón en la Comunidad frente al secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas. Y según todas las encuestas, Aguirre lo tiene complicado. En el PP se ponen la venda antes de la herida y aseguran que la candidata a la Comunidad será la gran damnificada por el voto de castigo al PP. A pocos días de los comicios, parece factible que el PP pueda perder los 189.289 votos con los que aventajó a la suma de PSOE e IU en 1999.

Más difícil parece, a tenor de los sondeos, que Jiménez pueda derrotar a Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento: el candidato del PP revalidaría la mayoría absoluta de José María Álvarez del Manzano, que en 1999 obtuvo 28 concejales frente a los 25 de PSOE-IU. Nadie duda de que la izquierda logrará un pacto de gobierno, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, para desalojar a los populares del poder. Y para ello el PSOE es consciente de que es imprescindible que IU no baje, lo que explica la campaña de guante blanco entre los dos partidos de la izquierda con el objetivo de arrinconar a José María Mendiluce, que podría arañar para Los Verdes unas decenas de miles de votos decisivos. La estrategia de la izquierda explica la insistencia de Aznar en hablar de la “coalición social-comunista”, uno de sus argumentos más repetidos en los actos electorales. De hecho, IU, tras la gran debacle de 1999, cuando perdió la mitad de sus apoyos, parecer haberse estabilizado y podría incluso mejorar sus resultados aprovechando el malestar de algunos sectores sociales con el bipartidismo.

Los equilibrios en el seno de la izquierda también se dan con especial trascendencia en Baleares. Los sondeos auguran un crecimiento del PSOE, pero a costa de sus socios en el poder desde 1999, que podrían perder su representación parlamentaria y favorecer, por la ley D’Hont, que Jaume Matas recupere la mayoría absoluta. Los últimos trabajos demoscópicos dejan de nuevo el Gobierno balear en manos de Unió Mallorquina (UM). La formación de María Antònia Munar, antes socia del PP, decidió hace cuatro años, con tres escaños y el 7,26% de los votos (26.682 sufragios), que el socialista Francesc Antich gobernara las islas; ahora la historia puede repetirse corregida y ampliada si los populares pierden la mayoría absoluta en Palma de Mallorca y el gobierno municipal también depende de UM (el PP tiene ahora 15 concejales frente a 14 de la oposición). Munar, que tan pronto defiende posiciones cercanas a la izquierda (ecotasa o ley de paridad) como articula un mensaje cercano a la ultraderecha (cerrar las puertas a la inmigración y fijar un techo para la población) mantiene la equidistancia, aunque advierte de que “el pacto de Baleares ha sido muy positivo”.

Marcelino Iglesias podría encontrarse en Aragón con el mismo problema que Antich en Baleares: las encuestas auguran que incrementará sus apoyos a costa, en buena medida, de sus socios de Gobierno. Sin embargo, el previsible crecimiento de la Chunta Aragonesista (CHA) podría facilitarle la formación de una mayoría suficiente para gobernar. Socialistas y regionalistas de la CHA, a la espera de ver el comportamiento electoral del Partido Aragonés (Par), aparecen como los grandes beneficiados del rechazo social al Plan Hidrológico Nacional (PHN) que ha marcado esta legislatura en Aragón, donde se han vivido manifestaciones multitudinarias.

El optimismo socialista es directamente proporcional a la preocupación de los populares, que temen perder incluso el Ayuntamiento de Zaragoza. El actual alcalde, José Atarés, que sustituyó en 2000 a Luisa Fernanda Rudi cuando esta asumió la presidencia del Congreso, ha gobernado en minoría (15 concejales frente a 16 de la oposición) con apoyos circunstanciales del Par, el principal sostén autonómico de los socialistas. Ahora Atarés tendrá que enfrentarse al ex ministro socialista Juan Alberto Belloch, que en 1999 subió de 6 a 10 escaños gracias al descalabro de IU y no pudo formar gobierno por la imposibilidad de alcanzar un pacto con la CHA. Tanto Atarés como Belloch se sienten ganadores de las elecciones, pero son conscientes de que para gobernar tendrán que contar con los regionalistas. Y los dos prefieren no hablar de pactos ni descartar opciones. Zaragoza, con 615.000 habitantes, será una de las capitales sobre las que se ponga el acento a la hora de valorar el resultado del 25-M.

También Valencia es objetivo prioritario para socialistas y populares. Y también su resultado puede depender del PHN, aunque en sentido inverso al de Aragón. El PP, aquí en sintonía con las demandas de los valencianos, confía en que Francisco Camps pueda mantener la abultada mayoría absoluta heredada de Eduardo Zaplana: 49 diputados autonómicos frente a los 35 socialistas y los 5 de Esquerra Unida. Sin embargo, precisamente la ausencia de Zaplana ha desatado el optimismo del PSOE, que espera que su candidato, Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV desde 2001, sea capaz de romper la mayoría absoluta. De conseguirlo, como en Madrid, nadie duda de que el pacto de la izquierda está garantizado. El resultado de Unión Valenciana (una escisión del PP) y del Bloc-Esquerra Verda será decisivo a la hora de formar gobierno. UV también podría ser decisiva en el Ayuntamiento de Valencia, donde el PP de Rita Barberá disfruta de una mayoría más que amplia

(20 concejales frente a 13 de la oposición). Aunque algunas encuestas auguran un fuerte retroceso del PP, el margen del que dispone Barberá unido a la impopular posición del PSPV-PSOE respecto al trasvase del Ebro, los analistas consideran que sería una sorpresa que el PP perdiera el control del Consistorio valenciano. Sin embargo, Aznar, a diferencia de ocasiones anteriores, no consiguió llenar el estadio de Mestalla en su primer gran mitin de la campaña.

Igualmente sería una sorpresa una derrota del PP en Castilla y León, tradicional granero de votos conservadores y cuyo resultado se mirará con lupa por la procedencia de Zapatero y el simbolismo que conlleva. Los dos candidatos, el popular Juan Vicente Herrera y el socialista Ángel Villalba, se enfrentan por primera vez al veredicto de las urnas. El primero tendrá que gestionar la apabullante mayoría absoluta que dejó Juan José Lucas (48 procuradores en las Cortes de Fuensaldaña frente a los 35 de la oposición) y cuenta con la ventaja de haber presidido durante dos años la Junta. Villalba deberá gestionar el efecto Zapatero en su tierra, sobre todo en León. Los socialistas se han marcado como objetivo romper la mayoría absoluta para poder aglutinar a toda la oposición (los regionalistas de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Tierra Comunera (TC), e IU si renuevan su representación actual) en torno a Villalba. En ese escenario, ideal para el PSOE, será fundamental el resultado de la contienda electoral en León y Burgos. Herrera, burgalés, será el primer candidato del PP a la Presidencia autonómica que no se presente por Valladolid, ante la negativa del verdadero hombre fuerte del PP post-Lucas, Tomás Villanueva, a cederle su puesto en las listas de la capital, según fuentes socialistas.

 LAS CIFRAS DE LA CITA

 Electores: Autonómicas: 18.599.875
         Residentes en España: 18.092.293 (97,27%)
       Residentes en el extranjero: 507.492 (2,73%)

 Electores: Municipales: 34.535.700
         Residentes en España: 33.332.183 (96,52%)
       Residentes en el extranjero: 1.060.447 (3,07%)
       Resto de la UE y noruegos: 143.070 (0,41%)

 Nuevos votantes: 1.991.239

 Cargos elegibles: 784 diputados autonómicos
         65.522 concejales
         8.108 alcaldes
         1.034 diputados provinciales
         139 consejeros de cabildos insulares
         153 procuradores, apoderados y junteros de Álava,          Guipúzcoa y Vizcaya
         13 consejeros del Consejo General del Valle de Arán          (Lleida)
         1.070 representantes a concejos de Navarra

 Jornada electoral:
         23.957 colegios electorales
         56.142 mesas
         168.426 miembros de mesas electorales
         36.852 suplentes

 Medios materiales:
         192.970 urnas
         56.508 cabinas
         54 millones de sobres
         746.200 manuales de instrucciones para los miembros          de las mesas

En el caso de León, el socialista Francisco Fernández busca consolidar el avance de 1999 y conseguir al menos el mismo número de ediles que el popular Mario Amilivia –que hace cuatro años perdió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con la UPL– para poder formar un gobierno de coalición y gestionar posibles pactos autonómicos. Lo mismo ocurre en Burgos, donde el socialista Ángel Olivares gobierna en coalición y se enfrenta al ex ministro Juan Carlos Aparicio, que podría recuperar el bastón de mando para los conservadores. Mantener Soria, y crecer en Segovia (donde gobierna la Unión Centrista con un pacto con el PP), Valladolid (donde Ángel Velasco podría incluso derrotar al alcalde popular, Javier León de la Riva) y Salamanca es el objetivo del PSOE en una región en la que no acaba de despegar.

Mientras, en la otra punta del país, en Andalucía, todo parece más abierto, con varias alcaldías en juego y sin elecciones autonómicas, a pesar de que la mayoría de Manuel Chaves parece más incontestable que nunca. Los populares temen perder Jaén, donde sólo tienen un concejal sobre PSOE-IU y mantener el resto: Cádiz, Málaga y Huelva, además de recuperar Almería. Los socialistas pretenden conservar inalterado su poder municipal y seguir gobernando, con pactos pero con más concejales propios, en Sevilla y Granada, además de Almería. En Córdoba todo apunta a que se reeditará el pacto IU-PSOE que mantiene a Rosa Aguilar en el poder.

Galicia es otro de los escenarios donde sólo se juega el poder municipal, con el aliciente además de observar la reacción de los gallegos tras el desastre del Prestige . A pesar del probable batacazo del PP, los socialistas mantienen las cautelas y no descartan que se produzca un voto de castigo hacia todas las formaciones como manera de rechazo a la política. A la espera de ver cómo se articula esa respuesta ciudadana, los populares esperan mantener el poder rural y creen que el impacto del chapapote se centrará en las ciudades, por lo que el efecto para ellos sería mínimo, ya que sólo gobiernan Ourense, aunque con una ventaja tan ligera (un concejal frente a PSOE y BNG) que también podrían perderla.

Los populares pronostican además un trasvase de votos desde el PSOE a los nacionalistas, que aumentarían su representación en Pontevedra y Ferrol. PSOE y BNG tratarán de reeditar los pactos que les permiten controlar el poder en Lugo y Santiago. Vigo, donde gobierna el BNG con el apoyo del PSOE (que presenta a Ventura Pérez Mariño), es una incógnita. En A Coruña nadie duda de que Francisco Vázquez volverá a ganar.

Los socialistas también confían en mantener el poder municipal en Cataluña: Joan Clos parece inamovible en Barcelona, lo mismo que los feudos de Girona y Lleida. La incógnita está en Tarragona, donde CiU podría perder el poder por su postura respecto al PHN. Las elecciones municipales catalanas se interpretan más que ninguna otra como las primarias de las autonómicas que en otoño enfrentarán a Pasqual Maragall con Artur Mas.

En el resto de comunidades los cambios serían sorprendentes, a la luz de las encuestas: el PP mantendrá previsiblemente su poder en Navarra, La Rioja, Cantabria y Murcia y el PSOE, en Asturias, donde Oviedo (PP) es el gran caballo de batalla, Extremadura y Castilla-La Mancha; tanto Juan Carlos Rodríguez Ibarra (frente a Carlos Floriano) como José Bono (que se enfrenta a Adolfo Suárez Illana) parecen inamovibles tras 20 años en el poder. Tampoco parece fácil que Coalición Canaria, con el apoyo del PP, pierda el poder en Canarias.

El 26 de mayo, España tendrá un nuevo mapa del poder autonómico y municipal en el que el PSOE pretende gobernar a más ciudadanos que el PP. Ahora, los socialistas gobiernan sobre 13 millones de españoles y los populares, sobre 17. Si Simancas gana en Madrid, las cifras se invertirán y entonces los socialistas superarán a los populares en cinco millones de ciudadanos, un dato colateral que el PSOE pretende convertir en el primer paso del asalto a La Moncloa. También de este resultado dependerá el grado de libertad que Aznar tendrá para elegir a su sucesor en un partido que hace semanas duda sobre la conveniencia de tener un líder omnipotente. Nadie en el PP quiere dibujar un futuro inmediato con tres hipotéticas derrotas electorales antes de las generales de 2004: las municipales, las catalanas y las andaluzas, que podrían celebrarse en otoño en función de las expectativas de Chaves y del resultado del 25-M. Las elecciones del domingo son la primera piedra del diseño del poder en España para el próximo lustro y pueden marcar el inicio de un cambio de ciclo político. 

ANDALUCÍA 
(No hay elecciones autonómicas)

Almería
  Martín Soler (PSOE)
  Luis R. Rodríguez-Comendador (PP)

Cádiz
  Teófila Martínez Saiz (PP) 
  Rafael Román (PSOE) 

Córdoba
  Rosa Aguilar Rivero (IU)
  Rafael Merino López (PP)
  José Mellado (PSOE)

Granada
  José Moratalla (PSOE) 
  Jóse Torres Hurtado (PP)

Huelva
 Pedro Rodríguez González (PP)
  José Juan Díaz Trillo (PSOE)

Jaén
 Miguel Sánchez Alcázar (PP) 
  Marcos Gutiérrez (PSOE)

Málaga
  Francisco de la Torre Prados (PP)
  Marisa Bustinduy (PSOE) 

Sevilla
  Alfredo S. Monteseirín (PSOE)
  Jaime Rainaud Soto (PP)

ARAGÓN
  Marcelino Iglesias (PSOE)
  Gustavo Alcalde Sánchez (PP)

Huesca
  Fernando Elboj Broto (PSOE)
  Roberto Bermúdez De Castro (PP)

Teruel
  Manuel Blasco Marqués (PP)
  Lucía Gómez García (PSOE)

Zaragoza
  José Atarés Martínez (PP)
  Juan Alberto Belloch (PSOE)

BALEARES
  Francesc Antich (PSOE)
  Jaume Matas Palou (PP)

Palma de Mallorca
  Catalina Cirer Adrover (PP)
  Antoni Roig (PSOE)

CANARIAS
  Adán Martín Menis (CC)
  José Manuel Soria (PP)
  Juan Carlos Alemán (PSOE)

Las Palmas
  Josefa Luzardo Romano (PP)
  Arcadio Díaz Tejera (PSOE)

Santa Cruz de Tenerife
  Miguel Zerolo Aguilar (CC)
  Cristina Tavío Ascanio (PP)
  Manolo Santana (PSOE)

ASTURIAS
  Vicente Álvarez Areces (PSOE)
  Ovidio Sánchez (PP)

Oviedo
  Gabino de Lorenzo (PP)
  Leopoldo Tolivar (PSOE)

CANTABRIA
  José Joaquín Martínez Sieso (PP)
  Lola Gorostiaga (PSOE)

Santander
  Gonzalo Piñeiro García-Lago (PP)
  Juan José Sota (PSOE)

CASTILLA Y LEÓN
  Juan Vicente Herrera (PP)
  Ángel Villalba (PSOE)

Ávila
  Miguel Ángel García Nieto (PP)
  Tomás Blanco (PSOE)

Burgos
  Ángel Olivares (PSOE)
  Juan Carlos Aparicio (PP)

León
  Mario Amilivia González (PP)
  Francisco Fernández (PSOE)

Palencia
  Heliodoro Gallego (PSOE)
  Rosa Cuesta Cofreces (PP)

Salamanca
  Julián Lanzarote Sastre (PP)
  Fernando Pablos Romo (PSOE)

Segovia
  Francisco Vázquez Requero (PP)
  Pedro Arahuetes (PSOE)

Soria
  Eloísa Álvarez (PSOE)
  Encarnación Redondo (PP)

Valladolid
  Javier León De La Riva (PP)
  Ángel Velasco (PSOE)

Zamora
  Antonio Vázquez Jiménez (PP)
  Antonio Plaza (PSOE)

CASTILLA-LA MANCHA
  José Bono (PSOE) 
  Adolfo Suárez Illana (PP)

Albacete
  Manuel Pérez Castell (PSOE)
  Rosario Casado Sobrino (PP)

Ciudad Real
  Francisco Gil Ortega (PP)
  Ángel Amador Muñoz (PSOE)Cuenca
  José M. Martínez Cenzano (PSOE)
  Jesús Cordente Ortega (PP)

Guadalajara
  Antonio Román Jasanada (PP)
  Jesús Alique López (PSOE)

Toledo
  Jose Manuel Molina García (PP)
  Alejandro Alonso Núñez (PSOE) 

CATALUÑA
(No hay elecciones autonómicas)

Barcelona
  Joan Clós (PSC-PSOE)
  Xavier Trías (CiU)
  Alberto Fernández Díaz (PP)

Girona
  Anna Pagans (PSC)
  Zoila Riera (CiU)
  Concepción Veray (PP)

Lleida
  Antoni Siurana (PSC)
  Isidre Gavín (CiU)
  Pilar Arnalot (PP)

Tarragona
  Joan Miquel Nadal (CiU)
  José Félix Ballesteros (PSC)
  Francesc Ricomá (PP)

EXTREMADURA
  Juan C. Rodríguez Ibarra (PSOE)
  Carlos Floriano (PP)

Badajoz
  Miguel Celdrán Matute (PP)
  Eduardo de Orduña (PSOE)

Cáceres
  José María Saponi Mendo (PP)
  Carmen Heras (PSOE)

A Coruña
  Francisco Vázquez (PSOE)
  Fernando Rodríguez Corcova (PP)

Lugo
  Xosé López Orozco (PSOE)
  Manuela López Besteiro (PP)

Ourense
  Manuel Cabezas Enríquez (PP)
  Francisco Rodríguez (PSOE)

Pontevedra
  Miguel Anxo Fernández (BNG)
  Teresa Pedrosa Silva (PP)
  Teresa Casal (PSOE)

LA RIOJA
  Pedro Sanz Alonso (PP)
  Francisco Martínez Aldama (PP)

Logroño
  Julio Revuelta Altuna (PP)
  Tomás Santos (PSOE)

MADRID
  Esperanza Aguirre (PP)
  Rafael Simancas (PSOE)

Madrid
  Alberto Ruiz-Gallardón (PP)
  Trinidad Jiménez (PSOE)

MURCIA
  Ramón Luis Valcárcel (PP)
  Ramón Ortiz (PSOE)

Murcia
  Miguel Ángel Cámara Botia (PP)
  José Salvador Fuentes (PSOE)

NAVARRA
  Miguel Sanz (PP-UPN)
  Juan José Lizarbe (PSN-PSOE)

Pamplona
  Yolanda Barcina (PP-UPN)
  Francisco Calvo (PSN-PSOE)

PAÍS VASCO
(No hay elecciones autonómicas)

Bilbao
  Iñaki Azkuna (PNV)
  Antonio Basagoiti Pastor (PP)
  Dimas Sañudo (PSOE)

San Sebastián
  Odón Elorza (PSOE)
  María San Gil Noain (PP)
  Román Sudupe (PNV)

Vitoria
  Alfonso Alonso Aranegui (PP)
  Patxi Lazcoz (PSOE)
  Mikel Martínez (EAJ-PNV-EA)

COMUNIDAD VALENCIANA
  Francisco Camps Ortiz (PP)
  Joan Ignasi Pla (PSPV-PSOE)

Alicante
  Luis Díaz Alperi (PP)
  Blas Bernal (PSPV-PSOE)

Castellón
  José Luis Gimeno Ferrer (PP)
  Juan I. Subías (PSPV-PSOE)

Valencia
  Rita Barberá Noya (PP)
  Rafael Rubio (PSPV-PSOE)

CEUTA
  Juan Vivas (PP)
  Antonia Palomo Fernández (PSOE)

MELILLA
  Juan José Imbroda (PP-UPM)
  Manuel Céspedes (PSOE)

La excepción vasca

El País Vasco se ha convertido una vez más en el escenario central de la contienda electoral, a pesar de que en Euskadi no se celebran elecciones autonómicas. Como en todas las campañas electorales del último decenio, el PP ha colocado la situación que se vive en el País Vasco en el centro de sus mensajes: el PP eligió Vitoria para iniciar su campaña y Aznar fijó su visita a Washington alrededor del inicio de la campaña para anunciar allí que Batasuna sería incluida en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado norteamericano.

Además, el final de la precampaña estuvo marcado por la anulación de 225 listas. AuB, la plataforma sucesora de Batasuna, según el Tribunal Supremo, había presentado 80.421 firmas para concurrir a las elecciones (la ley le obligaba a presentar un mínimo de 32.500).

El terrorismo de ETA ha colocado a Euskadi en una situación especial, donde los partidos constitucionalistas tienen problemas para presentar candidaturas y, sobre todo, para encontrar interventores. El asesinato de seis concejales del PP, dos del PSE y uno de UPN desde 1999 no facilita la decisión de dar el paso de entrar en política en Euskadi y Navarra.

Al final, el PP ha conseguido presentar listas en 246 de los 250 municipios y el PSE, en 193. Cuatro años antes se presentaron en 189 y 146 ayuntamientos, respectivamente. Para lograr ese avance, el PP ha recurrido a 1.300 militantes de fuera de Euskadi (de los 3.250 que forman sus listas). Entre ellos estará el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, que figurará en el último puesto de la candidatura al Ayuntamiento de Bilbao. El 30% de los cabezas de lista populares son ciudadanos de fuera del País Vasco. El PSE, por su parte, ha renunciado a contar con militantes socialistas de otras regiones y sólo ha reservado algunos puestos al final de las listas para algunos nombres foráneos con los que existen compromisos especiales (Quico Tomás y Valiente, Cristina Alberti o Mireia Lluch).

Vitoria será el gran referente. Todos los partidos se centran en la capital alavesa: los constitucionalistas la consideran el muro de contención del nacionalismo soberanista y el PNV-EA, que concurren en coalición, el último obstáculo para lanzar con garantías de éxito el plan de Estado libre asociado de Ibarretxe. Desde 1999, el PP (ganó las elecciones por 441 votos a PNV-EA), con Alfonso Alonso a la cabeza y con el apoyo del PSE, gobierna el Ayuntamiento de Vitoria y las Juntas Generales de Álava. Tanto Alonso como el diputado general, Ramón Rabanera, optan a la reelección.

Tanta es la importancia que el PP concede a Álava que Alonso está convencido de que el PNV tendrá que renunciar a su proyecto si no consigue reconquistarla. Y tanto en el PSE como en el PP recuerdan que el PNV sólo tuvo el apoyo de la mayoría de los alaveses cuando su referente era la moderación de José Ángel Cuerda, doce años alcalde de Vitoria, y Emilio Guevara, ex diputado general expulsado del PNV y que ahora forma parte como independiente de las listas del PSE. La clave para el nuevo reparto del poder, en Álava como en todo Euskadi, estará en el comportamiento de los votantes de Batasuna.

La nueva distribución del voto podría hacer peligrar el gobierno de Odón Elorza en San Sebastián. Aunque todas las encuestas auguran que el alcalde socialista podrá mantener el poder, necesitará pactar o bien con el PP o bien con el PNV-EA, una idea que horripila a María San Gil, candidata popular que en 1999 apoyó a Elorza, aunque su pacto sólo aguantó media legislatura.

La gran batalla en Euskadi será el control de las diputaciones forales, que controlan la Hacienda y, en el caso de Vizcaya, ingresa más de 5.000 millones de euros al año. Además, hasta el 26 de mayo, el PSE no quiere hablar de pactos y luchará por convertirse en la segunda fuerza en los tres territorios con el fin de controlar el poder ante futuros acuerdos postelectorales. El líder de los socialistas alaveses, Javier Rojo, ya ha advertido al PP de que el PSE no aceptará cheques en blanco: “La misma generosidad que tuvimos nosotros se la pediremos al PP”.

La importancia del poder municipal

La historia reciente de las democracias europeas demuestra que el poder local es un termómetro fundamental a la hora de medir el comportamiento de los ciudadanos en las elecciones legislativas y, sobre todo, de observar movimientos de fondo que puedan provocar un cambio político profundo. El ejemplo español de 1995 es una muestra de esta teoría que no cuestiona ningún analista político: el PP obtuvo su primera gran victoria electoral en las municipales y autonómicas de ese año, cuando obtuvo un millón de votos y 3.500 ediles más que el PSOE, que perdió varias comunidades autónomas y capitales de provincia. Cuatro años antes, los socialistas aventajaron a los conservadores por 2,5 millones de sufragios y 6.000 concejales. Sólo cuando el PP pudo vencer en las elecciones locales estuvo en condiciones de ganar las generales.

El último ejemplo claro se encuentra en Portugal: la victoria por menos de mil votos de los conservadores de José Manuel Durao Barroso en Lisboa –que tuvo su correspondencia en el resto de los municipios lusos– sobre los socialistas provocó la dimisión del primer ministro, Antonio Guterres y fue el prólogo de la salida de la izquierda del poder.

Zapatero siempre ha considerado que el camino a La Moncloa pasa por ganar, al menos, en ciudades clave –Madrid– y transmitir la sensación de una victoria electoral. Y Aznar es consciente de que una derrota el 25-M sería el principio del fin. Otros en el PP prefieren mirar a Francia en lugar de a Portugal: allí, el presidente de la República salió del Ayuntamiento de París.

30 senadores se renuevan

Las elecciones del 25-M renovarán 30 de los 259 escaños que componen en Senado y que serán elegidos por las nuevas Cámaras autonómicas. A cada comunidad le corresponde un escaño como mínimo y otro más por cada millón de habitantes. La composición actual de esos escaños es: 16 del PP, 12 del PSOE, uno de Coalición Canaria y otro del Grupo Mixto. La nueva distribución no afectará a las mayorías en la Cámara Alta, pero sí será la primera oportunidad que tendrá el PSOE de lograr un avance en una institución parlamentaria desde que Zapatero llegó a la dirección.

La renovación de los escaños autonómicos obligará a dimitir al presidente del Senado, Juan José Lucas, elegido por las Cortes de Castilla y León. Lo hará en el momento en que se reúnan las Cortes de esa comunidad y tendrá que esperar 48 horas para recuperar su cargo.