Bosnia, Kosovo y Timor Oriental, posibles ejemplos para Iraq

Los últimos protectorados

El futuro de Iraq, al menos de momento, está en manos de Estados Unidos. El vencedor de esta breve guerra va a decidir quiénes serán las primeras autoridades que se encargarán de su gestión política y económica, sin que se haya concretado todavía qué papel va a desempeñar la ONU. Sin embargo, son muchos, incluido el primer ministro británico, Tony Blair, los que reclaman una mayor implicación de este organismo, y otros, incluso, solicitan que dirija la transición iraquí hacia un régimen democrático, como ya está llevando a cabo en Timor Oriental, Kosovo o Bosnia, o ya ha hecho en Camboya, Angola o Guatemala. El temor es que Iraq se acabe pareciendo más a Afganistán, penúltimo país en el que intervino EE.UU, cuya situación dista mucho de estar arreglada.

Por Teresa Larraz

La forma que va a adoptar la nueva Administración iraquí está aún en el aire. La única autoridad visible hasta el momento es la del general estadounidense retirado Jay Garner, director de la Oficina para la Reconstrucción y la Ayuda Humanitaria (ORAH), que ya ha prometido la formación de un Gobierno provisional formado por iraquíes. Sin embargo, las dudas que se plantean son numerosas: ¿con qué poder ejecutivo real va a contar este Gobierno? ¿de dónde van a sacar los recursos materiales en un país completamente devastado y saqueado? ¿qué legitimidad va a tener, tras ser nombrado por los estadounidenses, cuando las manifestaciones contra la presencia de sus tropas en el país son cada día más numerosas?

George Bush y Tony Blair acordaron en su última reunión en Belfast hace casi un mes que la ONU desempeñaría un “papel vital” en la reconstrucción iraquí, pero cada día esta afirmación queda más lejos de la realidad. La presencia de este organismo en Iraq está garantizada únicamente a través del programa Petróleo por Alimentos, que concluirá el próximo mes. Si la Administración norteamericana -–cada vez más dominada por los halcones del Pentágono, embravecidos por su rápida victoria militar–, no cambia de postura, se puede agravar en mayor medida la división internacional que ya provocó este conflicto, y sobre todo se puede poner en peligro la viabilidad y legitimidad de la transición en Iraq, con las repercusiones que ello puede tener en una región que ya es un auténtico polvorín.

Casi todos los gobiernos del mundo han solicitado que sea la ONU quien dirija la transición iraquí –incluso Blair y Aznar han hablado de “recuperar” su protagonismo–, y que se siguiera así los ejemplos de Timor Oriental, Bosnia o Kosovo. Las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de la ONU han incrementado su complejidad en la última década hasta convertirse prácticamente en administraciones provisionales de las zonas bajo su cargo, que abandonan cuando se considera que las autoridades nacionales están preparadas para asumir el gobierno.

Hasta los años 80 los cascos azules se limitaron a actuar de fuerza de interposición entre tropas de dos países enfrentados entre sí, o a vigilar y supervisar los altos el fuego aprobados con la mediación del organismo internacional. Sin embargo, el número de conflictos interestatales ha disminuido radicalmente, y en la actualidad la mayoría afectan a un único Estado, por guerras civiles o enfrentamientos interétnicos.

Por ello, el componente civil de las misiones de la ONU ha ido adquiriendo una importancia creciente, ya que además de los soldados que separan a los contendientes se hacen necesarios funcionarios y expertos que ayuden a reconstruir las instituciones políticas, a celebrar unas primeras elecciones libres, a colaborar en la instauración de un sistema legal democrático, desarrollar una economía muy afectada por el conflicto bélico, y facilitar la reconciliación de las diferentes partes. Ese ha sido el caso de países como Angola, Camboya o países latinoamericanos como Guatemala o El Salvador, que son ejemplos de algunas de las misiones más exitosas de la ONU.

En estos casos hubo siempre un consentimiento de las partes involucradas en el conflicto. En los más recientes, sin embargo, se ha producido primero una acción coercitiva acordada por el Consejo de Seguridad de la ONU y controlada no por la Organización sino por un país o conjunto de países, con la que se ha tratado de imponer la paz.  Este fue el caso, por ejemplo, de la Guerra del Golfo, de Somalia, Ruanda o Haití. Pero también de Bosnia, Kosovo o Timor Oriental, unos lugares donde después se han establecido unas administraciones –que en algunos medios ya llaman “nuevos protectorados”– con el objetivo de normalizarlos y democratizarlos.

Esta especie de tutela que recuerda a la que pasaron Alemania y Japón -–con las evidentes diferencias de cada caso– tras la Segunda Guerra Mundial es la que desde ciertos ámbitos se reclama ahora para Iraq. Reconstruir un país prácticamente desde cero en un periodo de tiempo breve no es una tarea nada fácil, y las administraciones de la ONU también han recibido críticas por ejercer un poder excesivo, por tener un mandato excesivamente vago, o en algunos casos como Bosnia o Kosovo, por la existencia de más de una autoridad internacional que dificulta la coordinación y la toma de decisiones.

BOSNIA-HERZEGOVINA

Un puzzle demasiado frágil

Cuando han pasado ya siete años de la Conferencia de Dayton, que puso fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina, el panorama político de este país está lejos de la normalidad. Un conflicto que terminó gracias a la intervención militar de la OTAN, la primera de su historia, apoyándose en las distintas resoluciones de la ONU. Más de 200.000 muertos y casi dos millones de refugiados fue el trágico balance de cuatro años de guerra que ha dejado un poso de odio entre serbios, croatas y bosnio-musulmanes muy difícil de superar.

Dayton estableció un complejo marco institucional por el que Bosnia-Herzegovina se convertía en un país con dos entidades: la Federación de Bosnia-Herzegovina y la República Srpska o República Serbia, que tienen la mayoría del poder. El presidente, con competencias en política exterior y presupuestaria, sale de un tripartito que rota cada ocho meses, un serbio (elegido por la República Serbia), un croata y un musulmán (designados por la Federación). Las últimas elecciones, celebradas el pasado mes de octubre, supusieron un triunfo de los partidos nacionalistas: el Partido de Acción Democrática (SDA), la agrupación musulmana, el Partido Democrático Serbio (SDS), que presidió Radovan Karadzic, y la Unión Democrática Croata (HDZ).

Además de la presidencia, las instituciones políticas conjuntas son la Asamblea Legislativa y el Consejo de Ministros. Dos terceras partes de los miembros de la Asamblea son elegidos por los votantes de la Federación mientras que el tercio restante corresponde a los de la República Serbia. El Consejo de Ministros –cada uno de los cuales cuenta con un viceministro de la otra etnia– está encabezado por el primer ministro –puesto que también rota entre las tres etnias–, que en estos momentos Adnan Terzic, del SDA.

Los repetidos triunfos electorales de las formaciones nacionalistas han llevado a los sucesivos Altos Representantes de la Comunidad Internacional (en la actualidad es el británico Paddy Ashdown) a avisar a esos partidos de la necesidad de cumplir con los acuerdos de paz y de los poderes que tienen para destituir a aquellos cargos que consideran que los rompen. Precisamente la falta de compromisos entre las tres etnias llevó a que elementos tan simbólicos como la bandera o la moneda fueran decididos por el Alto Representante (en esa ocasión, el español Carlos Westendorp). Otro aspecto importante en el que no hubo un pacto entre los contendientes fue sobre la ciudad de Brcko, situada en el norte del país y que dividía los dos territorios. Ante esta situación, las autoridades internacionales acabaron designándolo un enclave internacional neutral.

El regreso de los refugiados también continúa sin completarse, a pesar de los años transcurridos. De momento, ACNUR estima en unos 800.000 los que han vuelto a Bosnia, pero siguen encontrándose con dificultades como sus casas ocupadas o minadas, cuando no una clara hostilidad en las zonas en las que son minoría.

La economía permite una pequeña esperanza, y es que aunque el país sigue siendo uno de los más pobres de Europa y todavía harán falta al menos ocho años más para que su PIB alcance el nivel total anterior a la guerra, su crecimiento ha sobrepasado el 5% en los dos últimos años, se está consiguiendo una disciplina presupuestaria y financiera y se han reducido las exenciones fiscales. Además, el sistema bancario funciona casi con normalidad y los ahorros depositados en ellos se han multiplicado por cinco en el último año, mientras las reservas en divisas se han duplicado. Todavía queda luchar contra un desempleo que de manera oficial afecta al 40% de la población –con un 25% de los bosnios que viven por debajo del umbral de pobreza–, la economía sumergida, y una falta de legislación clara que retrae las inversiones exteriores.

Mientras, la seguridad permanece de manera indefinida en manos de la Fuerza de Estabilización (SFOR) de la OTAN, compuesta tras la última reducción por 12.000 efectivos. Tampoco se ha logrado que ambas entidades acuerden un ejército común, que la OTAN les ha urgido ha fusionar con un máximo de 20.000 hombres. Un aspecto importante ha sido la implicación de la UE, que desde el mes de enero se encarga de su primera operación de la Política Europea de Seguridad y Defensa Común (PESC), relevando a la misión de la ONU en Bosnia (UMBIH); 600 hombres, de momento, que tienen la tarea de luchar contra la delincuencia organizada y ayudar a fortalecer el cumplimiento de la ley.

KOSOVO

¿Independencia o autonomía?

En la provincia serbia de Kosovo tuvo lugar la segunda operación importante de la OTAN, citada frecuentemente por el presidente Aznar como ejemplo de la intervención en Iraq. La situación en este territorio, habitado mayoritariamente por albaneses, se hizo muy difícil a raíz de la suspensión de su autonomía y de sus instituciones propias, decretada en 1989 por el presidente serbio Slobodan Milosevic, a lo que la población albanesa respondió creando estructuras paralelas.

Después de las guerras en Croacia y Bosnia-Herzegovina, Kosovo se convirtió en el siguiente foco de conflicto de los Balcanes debido a la actuación violenta de las fuerzas policiales serbias y del ejército yugoslavo como respuesta a lo que denominaban “terrorismo” de la guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK). Durante todo 1998 cientos de miles de albano-kosovares huyeron de sus hogares por los combates o por las amenazas serbias, que causaron también centenares de víctimas. La preocupación internacional ante una tercera posible masacre balcánica llevó a que el Consejo de Seguridad de la ONU pidiera en septiembre el inmediato cese de las hostilidades, mientras que la OTAN, que ya mantenía un papel activo en la crisis, amenazó un mes más tarde con llevar a cabo ataques aéreos contra Yugoslavia.

Ante el ultimátum, Milosevic accedió, y aceptó la presencia en la provincia de una Misión de Verificación de la OSCE, compuesta únicamente por 2.000 miembros. A pesar del progresivo repliegue del Ejército serbio, los enfrentamientos bélicos entre ambas partes continuaron, mientras se hacían evidentes las dificultades e insuficiencia de la misión de verificación. El asesinato de 45 civiles albano-kosovares en enero de 1999 desató la condena internacional y los esfuerzos diplomáticos de la UE, partidaria de evitar un ataque a Yugoslavia, se concretaron en una conferencia internacional de paz, celebrada en Rambouillet (París).

Tras casi dos meses de negociaciones, la delegación albano-kosovar aceptó el plan de paz mientras los serbios continuaban presentando objeciones, y ante el estancamiento de la situación diplomática y la continuación de la limpieza étnica en Kosovo, Estados Unidos terminó impulsando la primera acción directa de ataque de la OTAN –que en Bosnia tuvo el paraguas de la ONU–. Después de 77 días de ataques aéreos sobre Yugoslavia –que fueron rechazados por China y Rusia y por parte de la comunidad internacional debido al número de víctimas civiles–, el secretario general de la organización anunció el 10 de junio la suspensión de los ataques ante la retirada total de las tropas yugoslavas de Kosovo, de acuerdo con el pacto alcanzado el día antes. 

Ese mismo día, el Consejo de Seguridad de la ONU aceptaba los “hechos consumados”, y por la resolución 1244 aprobaba el despliegue de fuerzas de seguridad y civiles, y autorizaba a sus Estados o “organizaciones internacionales relevantes” a establecer una presencia internacional de seguridad. Entre las responsabilidades de la fuerza de seguridad estaban evitar nuevos enfrentamientos, desmilitarizar a la UCK, establecer un ambiente seguro que favoreciera el retorno de los refugiados y mantener el orden en la provincia, mientras que la presencia civil se encargaría, entre otras tareas, de “promocionar el establecimiento, en espera de un acuerdo final, de una autonomía substancial para Kosovo”, de las funciones administrativas básicas, organizar el desarrollo de instituciones democráticas provisionales y la transferencia posterior de sus responsabilidades.

De este modo, se creó la Fuerza de Kosovo (KFOR) y la Misión para la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). Durante estos ya casi cuatro años se han ido registrando algunos avances: en septiembre de 1999 la UCK finalizó su compromiso de desarmarse y daba nacimiento a un Cuerpo de Protección de Kosovo, una fuerza con misiones de protección civil que ha evolucionado en una policía multiétnica. Un ex guerrillero de la UCK, Hasim Thaci, encabezaba uno de los principales partidos albano-kosovares, el Partido Democrático de Kosovo (PDK), mientras que al frente del otro, la Liga Democrática de Kosovo (LDK), se encontraba el líder moderado Ibrahim Rugova, que encabezó los años de resistencia pacífica.

La transición política tuvo su primera fase en los comicios municipales de octubre de 2000, en los que la LDK obtuvo un triunfo arrollador que refrendó en las elecciones legislativas de noviembre de 2001. Rugova, que había tenido enfrentamientos con UNMIK ya que hasta febrero de 2000 no disolvió la administración paralela que dirigía desde 1989, ha solicitado en varias ocasiones la independencia de Kosovo.

La devolución de las competencias a las autoridades kosovares se va realizando gradualmente, por ejemplo, en materia presupuestaria, el Gobierno provisional y los municipios controlan ya el 73% de un presupuesto que está a punto de autofinanciarse. UNMIK, compuesta por unos 5.500 efectivos, está dirigida en la actualidad por el diplomático Michael Steiner, máximo dirigente real en la provincia, que ya ha reconocido que “queda mucho por hacer” aunque ha solicitado reiteradamente a la comunidad internacional que no abandone Kosovo antes de “concluir su trabajo”.

La situación de seguridad, aunque ha mejorado, dista mucho de estar apaciguada. Los continuos actos de violencia y venganza se han reducido notablemente, pero el odio entre las dos etnias es palpable, y donde se muestra de manera más cruda es en la ciudad de Mitrovica, dividida entre serbios y albano-kosovares, y fuente constante de choques entre ambos. Así, se ha logrado el regreso de algunos refugiados, sobre todo los albano-kosovares, pero muchos de los serbios que huyeron todavía no se han atrevido a regresar. Además, el crimen organizado tiene en esta provincia una de sus principales bases en Europa, aunque las estadísticas muestran un declive.

Los 38.000 soldados de KFOR podrían reducirse este mismo año a 33.000, pero su permanencia está en función de que se resuelva la principal incógnita: cuál será el futuro de Kosovo, y ello estará vinculado ineludiblemente al acuerdo con una Serbia que todavía se está recuperando del asesinato de su primer ministro. Steiner ya ha declarado que este año es pronto para tomar una decisión, ya que las dos etnias todavía no han aprendido a convivir.

TIMOR ORIENTAL

El país más joven del mundo

Nueve días después de decretar su independencia de Portugal el 28 de noviembre de 1975, este pequeño territorio fue invadido por Indonesia, a quien pertenecía la otra mitad de la isla de Timor, y lo incorporó a su soberanía sin el reconocimiento de la ONU. Desde entonces, los timoreses desarrollaron una campaña de protestas populares continuas para intentar llamar la atención de la comunidad internacional sobre una brutal ocupación que según algunas fuentes le costó la vida a 200.000 personas, la cuarta parte de una población que no llega a los 900.000 habitantes.

Sin embargo, el desinterés fue mayoritario entre las grandes potencias –incluso su vecino australiano fue el único que además reconoció la ocupación militar–, debido en gran parte a no querer desestabilizar a Indonesia, un gigante de 230 millones de personas de mayoría musulmana y dotado de enormes recursos energéticos y materias primas, dirigido por un Gobierno dictatorial y corrupto. En 1996, el primer gran reconocimiento venía de la mano del Premio Nobel de la Paz para el obispo católico de la capital, Dili, Carlos Ximenes Belo, y el representante exterior del movimiento para la independencia, José Ramos Horta. Mientras, el líder principal y considerado el Mandela timorés, José Alexander Xanana Gusmao cumplía una condena a 20 años en Indonesia.

Finalmente, en 1998, el declive del régimen indonesio, comparado con algunos con el del apartheid sudafricano, y la llegada al poder en Indonesia de Habibie como sucesor de Suharto abrió las puertas de la negociación, y gracias también a los esfuerzos de Portugal se alcanzó un acuerdo para celebrar un referéndum de autodeterminación. El Consejo de Seguridad de la ONU estableció la Misión de Naciones Unidas para Timor Oriental (UNAMET) para organizar la consulta, antes de la cual se desató una campaña de violencia e intimidación por parte de milicias antiindependentistas con la colaboración de tropas indonesias, que se hizo más radical aún cuando se supo el masivo apoyo que recibió la opción de la independencia en la votación del 30 de agosto de 1999.

Timor Oriental se sumió en el caos durante dos semanas, con decenas de miles de personas expulsadas de sus casas, cientos de asesinatos y una destrucción casi total de todas las infraestructuras del pequeño territorio. Ante la condena internacional y la presión diplomática, Indonesia acabó aceptando el despliegue de tropas de mantenimiento de la paz, encabezadas por Australia, con la autorización del Consejo de Seguridad. Así se creó la Fuerza Internacional para Timor Oriental (Interfet), que gradualmente contribuyó a restablecer el orden, al tiempo que miles de timoreses proindonesios se fueron a Timor Occidental.

En octubre de 1999 las últimas tropas indonesias abandonaban el territorio e Indonesia y Portugal firmaban un acuerdo por el que transferían el mando sobre Timor Oriental a las Naciones Unidas. Tras ello se creó la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET), con un mandato inicial hasta enero de 2001, como responsable del Gobierno de la ex colonia portuguesa durante su transición a la independencia. Además ejercería la autoridad ejecutiva y judicial, adiestraría a la nueva policía y asumía la coordinación y provisión de la asistencia humanitaria y la rehabilitación de emergencia. Para ello contaba con casi 8.000 militares y 800 civiles.

La transferencia del mando militar de Interfet a UNTAET se completó en febrero de 2000, y Naciones Unidas comenzó una operación masiva de reconstrucción de un territorio que era el más pobre del sureste asiático. Los carismáticos dirigentes Xanana Gusmao y Ramos Horta regresaron al país y colaboraron con el Administrador Transitorio de UNTAET, Sergio Vieira de Mello, en la organización de las instituciones, por ejemplo en la aprobación en junio de un nuevo Gobierno de transición conjunto.

A finales de ese año surgieron las primeras diferencias entre los timoreses y las autoridades internacionales, quejándose los primeros de ser tratados como “marionetas”. El Consejo de Seguridad amplió dos veces el mandato de UNTAET hasta mayo de 2002, fecha que se acordó para la declaración oficial de independencia. Poco a poco se fueron creando las estructuras políticas y legales necesarias: en agosto de 2001 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias, en las que obtuvo la mayoría el histórico Frente Revolucionario de Timor del Este Independiente (Freitlin), que formó un Gobierno de coalición también con expertos internacionales; en febrero de 2002 se volvía a votar pacíficamente para una Asamblea Constituyente que en marzo aprobó una Constitución y luego se convirtió en Parlamento Nacional.

El 20 de mayo de 2002 el presidente del país Xanana Gusmao, elegido unos meses antes en los comicios presidenciales, pronunció un discurso en cuatro idiomas anunciando la independencia de Timor Oriental, desde entonces conocido como Timor Leste, el primer país del siglo XXI y en octubre miembro 191 de las Naciones Unidas.

El optimismo por la positiva evolución tanto política como económica del territorio hasta su independencia ha dejado paso en los últimos meses a una cierta prudencia, ante la complicación de su situación. En primer lugar, la reducción a la mitad de la presencia internacional (que ahora ha pasado a denominarse UNMISET, Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental) ha supuesto una disminución considerable para la actividad económica en la isla. Así, el crecimiento del PIB pasó de un 18% en 2001 a casi cero en 2002, y su presupuesto está cubierto todavía en un 35% por la ayuda internacional. Además, su futuro económico depende en gran medida de los importantes yacimientos de petróleo y gas existentes en las aguas que le separan de Australia; los acuerdos de reparto con este país, que ya se habían firmado cuando dependía de Indonesia, se han complicado tras aumentar Australia sus reivindicaciones.

En cuanto a la seguridad interna, se ha producido un incremento de las acciones violentas que se han atribuido tanto a los antiguos grupos paramilitares como a ex guerrilleros o jóvenes descontentos y sin empleo. Las autoridades policiales timoresas no están todavía preparadas para asumir completamente sus tareas, y por todo ello, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha pedido la extensión de un año del mandato de UNMISET, que en principio concluye este mismo mes.

La ONU dejó el juicio por los crímenes cometidos contra la población de Timor Oriental en manos de la potencia invasora. Indonesia creó un Tribunal Especial para juzgar a los miembros de sus fuerzas de seguridad, pero apenas ha dictado condenas, ante las protestas de diferentes organizaciones de derechos humanos.

Afganistán, en el olvido

Se acuerda alguien en la Administración Bush de Afganistán? El Iraq posguerra se podría parecer mucho a lo que está ocurriendo en el antiguo feudo de los talibán: muchas buenas intenciones pero pocos resultados reales en un país devastado por décadas de guerra y abandono. Iraq cuenta a su favor, por supuesto, con el petróleo, lo que probablemente le garantizará no permanecer alejado de la atención internacional.

A finales de noviembre de 2001, la ONU auspiciaba una conferencia internacional en Bonn en la que los delegados de las principales facciones afganas (tayikos, uzbecos, hazaras y la mayoría pastún) apoyaron su plan de transición política y se comprometieron a formar un Gobierno sin talibanes en el que estuvieran representadas todas las etnias afganas. El 3 de diciembre el pastún moderado y con vínculos con Estados Unidos Hamid Karzai era elegido presidente de la Autoridad Afgana Provisional, como jefe de un ejecutivo en el que los puestos más destacados fueron para los hombres de la Alianza del Norte. Este resultado fue confirmado en la Loya Jirga o Asamblea Nacional que tuvo lugar en junio del año pasado, cuando se creó el Estado Islámico Provisional de Afganistán. Su mandato, dirigir el país durante 18 meses hasta la celebración de otra Asamblea que adopte una Constitución, y que seis meses después se puedan producir las primeras elecciones democráticas de la historia de Afganistán.

En enero de 2002 una conferencia de países donantes aprobó en Tokio una ayuda total de 4.500 millones de dólares para Afganistán, uno de los Estados más pobres del mundo. Esta cantidad ya ha sido calificada por muchos de claramente insuficiente para un país que debe empezar prácticamente de cero, tras décadas de guerra, y que tiene necesidades urgentes de ayuda humanitaria. La ONG Care, por ejemplo, publicó el invierno pasado un informe en el que destacaba que mientras la ayuda internacional para otros lugares afectados por conflictos, como Bosnia, Kosovo, Timor o Ruanda, había sido de 250 euros anuales por habitante, esta cifra se reducía en Afganistán a 42 entre 2003-7.

Pero desde entonces la atención internacional, siguiendo los movimientos del Gobierno estadounidense, se ha desplazado a Iraq, y la reconstrucción política, económica y material de Afganistán ha quedado en muy segundo plano. El Gobierno de Karzai –que ya ha perdido a dos ministros en atentados y que en otro salvó la vida por los pelos– apenas impone su autoridad sobre la capital, mientras el resto del territorio continúa en manos de diferentes señores de la guerra, y en el sur y sureste las tropas estadounidenses siguen efectuando ofensivas en búsqueda de los principales dirigentes de los talibán. La dificultad de revertir años de cultura islamista integrista, sobre todo con las mujeres, supone que muchas prefieran llevar todavía el burka, que se quiera impedir la educación mixta y que el equivalente al presidente del Tribunal Supremo haya declarado la ilegalización de la televisión por cable por estar llena de “desnudos” y “prostitución”.

La situación económica sigue siendo muy mala, a pesar de esfuerzos, como la introducción de una nueva moneda más estable y de mayor valor y de datos esperanzadores como la mejora de la cosecha de cereales tras tres años de sequía. El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, afirmó en marzo que el cultivo de opio se había vuelto a convertir en la principal fuente de ingresos del país, por encima incluso de la ayuda internacional. A pesar de su prohibición, la pobreza de los campesinos y la falta de cultivos alternativos ha desatado su producción. Wolfensohn, que ha lanzado una nueva campaña de captación de recursos para el país, se mostraba preocupado porque “mientras hay combates hay titulares, mientras que cuando se trata de la reconstrucción las cadenas de televisión se van”, y “la atención sobre Afganistán está en un periodo de declive”.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA), que recientemente amplió su mandato hasta mayo de 2004, coordina los esfuerzos de todas las agencias de la ONU que trabajan en el país, mientras los casi 5.000 soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) son los encargados de mantener el orden y la seguridad en el país. A ellos hay que sumar los 8.000 soldados norteamericanos, que en principio tienen la misión de detener a los talibanes, pero que a pesar de las declaraciones contrarias de Bush se han ido implicando progresivamente en otras tareas de reconstrucción del país.

En otro paso más que modifica sus objetivos originales  y la aleja de su zona de influencia natural, la OTAN se va a encargar a partir del próximo mes de junio del mando de la ISAF, aunque todavía bajo soberanía de la ONU. Esta importante decisión no conllevará una modificación de su mandato, por lo que, a pesar de lo solicitado por Karzai y las ONGs, las tropas no saldrán de Kabul.