Diez países firman el Tratado de Adhesión a la Unión Europea esta semana

Los nuevos socios de la UE (I)

Este jueves, día 16, es un día decisivo en la historia de la Unión Europea. Atenas, una de las ciudades más antiguas del continente y origen de una de sus primeras civilizaciones, será el escenario en el que diez países rubricarán su adhesión a los 15 miembros actuales para conformar una potencia de 450 millones de habitantes. Esta ampliación, efectiva a partir de mayo de 2004, tiene sin embargo diversas grietas: todavía está sin finalizar la reforma de sus instituciones para evitar que su funcionamiento quede enmarañado; la aportación de los nuevos socios supone apenas el 5% del PIB de los Quince; y de manera especial, cuatro de cada diez ciudadanos de la UE no saben mencionar un solo país candidato. Con este dossier, que tendrá su continuación la semana próxima, El Siglo pretende subsanar parte de este desconocimiento y  hacer un repaso por su actual situación política y económica.

Por Teresa Larraz

Ocho antiguos países de la órbita comunista (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia) y dos islas del Mediterráneo (Malta y Chipre) van a firmar este jueves su Tratado de Adhesión a la Unión Europea, que se convertirá  así en una macroorganización de 25 miembros, muy lejos ya de los seis que dieron lugar a la Comunidad del Carbón y del Acero en 1950. Esta ampliación supone sobre todo reunificar un continente separado durante medio siglo, además de buscar la extensión hasta los confines de Rusia de la estabilidad y el crecimiento económico que ha caracterizado a la Unión en estas cinco décadas.

El camino recorrido para la mayoría de estos nuevos socios desde la caída del comunismo es impresionante: en poco más de una década han dejado atrás regímenes totalitarios con economías controladas para dejar paso a democracias con economías de mercado. En el proceso, por supuesto, hay luces y sombras, y la situación tanto política como económica de los nuevos miembros presenta grandes disparidades. Las condiciones impuestas por la Unión se definen en los llamados criterios de Copenhague: disponer de una economía de mercado capaz de resistir la entrada en el mercado único, haber adaptado a sus legislaciones todo el derecho comunitario, y especialmente, disponer de unas instituciones estables, que garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y los respetos a las minorías.

En octubre del año pasado la Comisión Europea decidía que estos países habían hecho suficientes progresos en los criterios requeridos para aprobar su adhesión –lo que ratificó posteriormente el Consejo–, aunque afirmaba que todavía son necesarios progresos en las áreas de la agricultura, el medio ambiente y la política regional, y les pedía un esfuerzo añadido en la consolidación del funcionamiento de sus administraciones y del sistema judicial.

Su ingreso, sin embargo, no será formal hasta mayo de 2004, cuando se ratifique el Tratado de Adhesión que nueve de los diez países -salvo Chipre- van a votar en referéndum. Este arriesgado instrumento de participación popular (como se vio en la UE con los casos de Irlanda y Dinamarca) ha recibido de momento el visto bueno de Malta y Eslovenia, mientras que Estonia y Letonia cerrarán el proceso en septiembre. El euroentusiasmo varía según los países –siendo mayor, precisamente, en los tres que se han quedado fuera de esta ola, Rumanía, Bulgaria y Turquía–, y es que hay que tener en cuenta que a la mayoría de sus ciudadanos se les hace difícil ceder parte de su recién ganada independencia a una institución que todavía les parece lejana.

Sí tienen mucho más claro, en cambio, su apoyo a Estados Unidos, y el conflicto en Iraq ha contribuido a hacer más evidente esta opinión mayoritaria entre los ciudadanos, y sobre todo, entre los gobiernos. Los dirigentes de los tres países más importantes –histórica y simbólicamente–, Polonia, Hungría y República Checa, firmaron el 30 de enero la Carta de los ocho junto con Aznar, Blair, Berlusconi, Durao Barroso y el danés Rasmussen, en la que se pedía el mantenimiento y el refuerzo del vínculo entre Europa y Estados Unidos. Cinco más, Estonia, Letonia, Lituana, Eslovaquia y Eslovenia, hacían pública otra misiva unos días después junto a otros cinco Estados del Este europeo en la que justificaban plenamente los argumentos de la Administración Bush para atacar al régimen de Saddam Hussein. Y aunque sus opiniones públicas se están comenzando a movilizar –aún de manera minoritaria– y se han matizado algunas declaraciones, la mayoría se ha integrado en la llamada “coalición de voluntarios” e incluso algunos han aportado tropas.

Es lo que el secretario de Estado norteamericano, Donald Rumsfeld, ha llamado la Nueva Europa, una división que resalta aún más lo difícil que va a ser llegar a una Europa armonizada, que hable con una sola voz. Hay que tener en cuenta que los Quince están todavía involucrados en la reforma de las instituciones europeas en el seno de la Convención Europea, y que de ella saldrá no sólo un nuevo funcionamiento que facilite la toma de decisiones y evite su paralización, sino también el equilibrio de poderes entre los Estados. Y además uno de los aspectos más importantes en la UE es la economía.

El coste de la ampliación. El presupuesto comunitario es únicamente el 1% del PIB total de los países miembros, por debajo del 1,27% que se fijaron como límite en la Agenda 2000. A pesar de eso, el mal momento económico general de los Quince, la incertidumbre que genera la evolución mundial y las reticencias a incrementar los gastos han llevado a que el presupuesto destinado a la ampliación sea de 40.800 millones de euros; una cifra que parece notable pero que deja de serlo cuando se recuerda que en 1999 habían decidido asignar 42.500 millones, y entonces se pensaba que sólo serían seis los nuevos miembros.

Esta cantidad, el 0,4% del PIB de la Unión actual, supone que cada ciudadano de los Quince países miembros aportará 25 euros anuales, mientras que los de los diez nuevos socios –para los que los 40.800 millones representan el 9,3% de su PIB total?– se repartirán 120 euros por año. El acuerdo, duramente logrado en la cumbre celebrada en Copenhague el pasado mes de diciembre, cubre únicamente el bienio 2004-2006, por lo que el presupuesto comunitario para el siguiente periodo 2007-2013 tendrá el dificilísimo reto de poner de acuerdo a los 25.

Las diferencias económicas entre los Quince y los diez nuevos socios son muy notables. Estos últimos sólo representan el 5% del PIB bruto de la actual UE, y su renta media se sitúa en el 45% de la comunitaria, con grandes disparidades entre ellos: Chipre, por ejemplo, supera ligeramente a Grecia y Portugal y Eslovenia se acerca; los países bálticos o Eslovaquia, en cambio, apenas llegan al 35% de la renta media comunitaria. Otras preocupaciones son el desempleo, con una media del 13% frente al 7,6% de los Quince, y especialmente la agricultura. La política agrícola ya es fuente de disensiones en la Unión actual, pero es que además en algunos de los nuevos socios, como Polonia, ocupa todavía a un quinto de la población activa. La intención de Bruselas es conseguir la modernización progresiva de estas explotaciones agrícolas, para lo que ha escalonado las ayudas hasta 2013, pero esto ha suscitado muchas protestas entre los agricultores.

No todo va a ser problemas, por supuesto. En los últimos años, el crecimiento de estos países ha sobrepasado notablemente al de la UE, con lo que se pueden convertir en un revulsivo importante, y además pueden ser unos mercados potenciales y de mano de obra muy atractivos. De hecho, el 70% de sus intercambios comerciales son con la Unión, mientras ésta sólo adquiere el 4% de sus productos en lo que serán sus nuevos socios.

Otros retos a los que se enfrentan son la necesaria mejora del medio ambiente, muy deteriorado tras décadas de explotación industrial masiva, y el tratamiento de las minorías, sobre todo los gitanos, cuya situación en la mayoría de estos países deja todavía mucho que desear.

El primero de los dos dossieres que va a dedicar El Siglo a estos diez países que pronto serán nuestros socios comienza por los tres Estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y Polonia, que por su tamaño y población ha sido comparado en numerosas ocasiones con España. 

POLONIA

En busca de la recuperación

E l país más grande y más poblado de Europa del Este, el más relevante de los nuevos socios que van a integrarse en la Unión Europea, vive un momento especialmente delicado: un Ejecutivo en minoría desde primeros de marzo, un grave escándalo político por el que tendrá que testificar el primer ministro, una economía que trata de recuperarse tras dos años de parón, y todo ello a falta de menos de un mes para el referéndum que deberá ratificar su entrada en la Unión.

El primer ministro, el socialdemócrata Leszek Miller, decidía a primeros de marzo romper la coalición con el pequeño pero poderoso Partido Campesino (PSL) por su oposición al proyecto gubernamental de introducir un impuesto para la circulación por carretera. Así, la Alianza de la Izquierda Democrática (SLD) de Miller se encuentra en minoría en la Cámara Baja polaca cuando todavía quedan dos años y medio para las próximas elecciones legislativas. Las dificultades a las que se enfrenta el Ejecutivo no son pocas: en un año han dimitido dos ministros; los agricultores (que todavía representan el 20% de la población activa a pesar de que este sector ya sólo supone el 4% del PIB) siguen poniendo muchas pegas a las ayudas negociadas por el Gobierno con la UE, y ahora en la oposición pueden representar un enemigo importante; y la Iglesia, un poder todavía notable en la Polonia postcomunista, continúa mostrando poco entusiasmo por una Unión que califican de “cada vez más anticristiana y antirreligiosa”. Su influencia ha llegado a tal punto que el Gobierno –a pesar de las reticencias en su partido por la preponderancia religiosa en la vida pública– ha negociado con la UE que se incluya en el Tratado de Adhesión que la Unión respetará las leyes polacas de “protección a la vida humana”, es decir, que penalizan el aborto.

Sin embargo, el escándalo político más grave estalló en diciembre, cuando el diario que publica el intelectual y antiguo disidente Adam Michnik informaba que el productor de cine Lew Rywin le pidió 17,5 millones de dólares a cambio de mediar ante el Gobierno, con el apoyo de “un grupo de personas en el poder”, para que modificara a su favor la ley sobre medios de comunicación. Esta ley sobre radiodifusión, aprobada hace algo más de un año, ya fue criticada por varios medios, sobre todo por Agora, el grupo editorial de Michnik, al afirmar que atenta contra la libertad de expresión por prohibir a los diarios nacionales poseer emisoras de radio o canales de televisión nacionales, mientras el Gobierno aseguró que sólo trata de evitar monopolios mediáticos.

El conocido ya como Rywingate ha provocado de momento la dimisión del productor de éxitos internacionales como El Pianista o La Lista de Schindler y presidente del grupo matriz de Canal Plus en Polonia, así como del presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión. Así mismo, se ha creado una comisión de investigación en el Congreso polaco en la que Michnik ha declarado que no cree que el primer ministro esté involucrado en el asunto. A pesar de estas palabras, éste acudirá a testificar, y se especula incluso con que el propio presidente de Polonia, Alexandre Kwasniewski, sea llamado ante la comisión por haber tenido supuestamente conocimiento del enredo.

El escándalo ha provocado un enfrentamiento más entre los dos principales dirigentes del país, que a pesar de provenir del mismo partido mantienen una pugna cada vez más abierta. Kwasniewski, que está cumpliendo su segundo y último mandato tras sustituir al legendario Lech Walesa en 1995, se ha caracterizado en estos años por numerosas gestiones para potenciar el papel internacional de Polonia. En 1999 entró en la OTAN con la “élite” de los países del

Este –la República Checa y Hungría–; el país ha reforzado el denominado Triángulo de Weimar con Alemania y Francia y ha adoptado un papel protagonista en el conflicto de Iraq. Primero Leszek Miller fue uno de los signatarios de la Carta de los ocho del pasado 30 de enero, que llamaba a la potenciación del vínculo con Estados Unidos, posteriormente el Gobierno aceptó formar parte de la llamada “coalición de los voluntarios”, e incluso ha enviado a Iraq un grupo de 200 soldados, una parte de los cuales está participando en los combates.

En cuanto a la Unión Europea, las autoridades polacas fueron unas de las más reivindicativas en las negociaciones de acceso, temerosas sobre todo de la situación en la que pueden quedar los agricultores y de no recibir suficientes ayudas, pudiendo incluso pasar a ser contribuyentes netos al presupuesto comunitario. De momento hasta un 70% de los polacos, que votarán el próximo mes, parece mostrarse favorable al ingreso, pero el riesgo es que la afluencia sea menor al 50% –en cuyo caso el referéndum sería inválido– y las encuestas afirman que sólo tiene previsto acudir alrededor del 57%.

Todo este complicado panorama se completa con la situación económica, que en los dos últimos años se ha ralentizado de manera notable. Tras un 5% de media de incremento del PIB en la segunda mitad de los noventa que culminó en un espectacular 15% en 2000, el bache ha sido enorme: en 2001 la economía creció un pírrico 0,95% y el año pasado incluso descendió a un 0,77%. La esperanza radica en las previsiones del 3% para este año y de casi el 4% en 2004.

Un crecimiento muy necesario para mejorar el desempleo, que está aumentando desde 1998 y que el año pasado rozó ya el 20%, el más elevado de los países del Este. Para ello también será necesario que se incrementen las inversiones extranjeras: Polonia sigue siendo el mayor receptor de la región, pero ha descendido del 42% al 36% del total, debido en gran parte a la ralentización de las privatizaciones, en contra de lo que ha pedido el presidente.

Las relaciones del Ejecutivo también han sido difíciles con el Banco Central, al que acusan de mantener unas tasas de interés demasiado elevadas que dificultaban el crecimiento de la economía. Sin embargo, estas tasas han contribuido a que el año pasado finalmente se controlase la inflación, y del 5,3% en 2001 pasase al 1,9% el año pasado. De este modo este bienio se presenta decisivo para la evolución económica polaca y su adecuación a la competencia del mercado europeo.

ESTONIA

El Báltico mira hacia Europa

E stonia es la república ex soviética cuya economía parece estar mejor preparada para la integración en la Unión Europea. Con un Gobierno recién formado tras unas elecciones legislativas el pasado de marzo, el país afronta problemas similares a los de sus vecinos bálticos: la integración de la población rusa, las relaciones con el gigante ruso y la lucha contra la corrupción y el desempleo.

Las tres repúblicas bálticas caminan resueltas hacia su integración en Europa como la mejor forma de olvidar la dominación soviética, que en 1940 acabó con 20 años de independencia y dio paso a deportaciones masivas y colonizaciones forzosas. La dureza de la invasión alimentó durante décadas un espíritu independentista que finalmente estalló tras el fallido golpe de Estado en Rusia en 1991. Inicialmente Moscú trató de resistirse a los primeros signos de desmembramiento de la URSS, e incluso se produjeron violentos enfrentamientos en Letonia y Lituania, de los que Estonia se libró por la habilidad de su entonces presidente, Arnold Rüütel.

Así lograron recuperar su soberanía, a pesar de lo cual este antiguo líder comunista tuvo que esperar diez años para llegar a la presidencia de la Estonia independiente en 2001. Vencedor de dos elecciones, en ambas ocasiones la designación final por la única cámara parlamentaria llevó al cargo al intelectual Lennart Meeri, de la coalición nacionalista conservadora Pro Patria. Desde su designación Rüütel se distanció de sus anteriores críticas a la adhesión a Europa y apostó por ingresar en la UE y la OTAN, así como por mejorar las relaciones con Rusia, deterioradas durante el mandato del nacionalista Meeri.

Hay que tener en cuenta que un tercio de la población de Estonia es rusa, que en un primer momento se opuso a la independencia y que luego se ha quejado de varias dificultades legales para su integración, sobre todo por la concesión de la ciudadanía y la primacía de la lengua estonia. Los tres países bálticos siguen viendo con recelo a Rusia, que no ha terminado de reconocer las nuevas fronteras y que sólo aceptó su entrada en la OTAN debido al nuevo clima mundial de lucha contra el terrorismo que predomina tras el 11-S.

El nuevo Ejecutivo salido de los recientes comicios está encabezado por Juhan Parts, presidente del partido Res Publica, que fue el segundo más votado pero que gobernará gracias a una coalición con el Partido Reformista y la Unión del Pueblo. El presidente del Partido de Centro, Siim Kallas, vencedor de la convocatoria y ya primer ministro anteriormente, declinó la responsabilidad (en Estonia se ha producido una rápida sucesión de gobiernos y primeros ministros por diferentes crisis internas). Ahora el Gobierno tendrá que impulsar el todavía débil apoyo de los estonios a su entrada en la UE, secundada de momento por menos del 40% de la población, antes del referéndum que se celebrará en septiembre.

En el terreno económico, Estonia, claramente influida por

los países escandinavos, se acomodó a las exigencias del mercado occidental a más velocidad que sus dos vecinos bálticos. La privatización de las empresas públicas se llevó a cabo con gran celeridad; se produjo una liberalización absoluta de los precios y la apertura total al capital extranjero, así como la eliminación de los subsidios a la agricultura.

Todos estos esfuerzos le han supuesto tener mejor renta per cápita que las otras dos repúblicas, pero a pesar de ello todavía quedan asuntos pendientes: la reforma del sistema sanitario y de las pensiones; el control de la inflación, que ha experimentado fuertes vaivenes en los últimos años; y seguir con la disminución del desempleo, que aunque por fin ha bajado del 10% sigue afectando principalmente a la región desfavorecida del este, habitada sobre todo por la población rusa.

LETONIA

La difícil integración de la minoría rusa

La segunda de las repúblicas bálticas afronta con decisión gubernamental pero dudas populares su próxima incorporación a la Unión Europea. La necesidad de lograr una estabilidad política –Letonia ha tenido nueve primeros ministros en 13 años– y de regular democráticamente la situación de la importante minoría rusa son dos de las principales asignaturas para el nuevo Ejecutivo.

Einars Repse, de tan sólo 41 años, es el nuevo jefe del Ejecutivo letón, surgido de las elecciones celebradas el pasado mes de octubre en las que el anterior primer ministro, también de centroderecha, sufrió una debacle tal que su partido ni siquiera logró escaños en el Parlamento unicameral. Repse y su Gobierno de coalición se han comprometido a realizar una política decididamente pro europea, y a informar mejor a los letones de los beneficios de la entrada en la Unión.

Al igual que los otros ciudadanos de los países bálticos, los letones se sienten muy orgullosos de su joven república, nacida hace apenas doce años, y temen perder su independencia para someterse a Bruselas. Las últimas encuestas reflejan que el 46% está a favor del ingreso en la Unión mientras que el 37% está en contra, con un 17% de indecisos; por ello el Gobierno emprenderá una campaña informativa que refuerce esa ajustada mayoría antes del referéndum que se celebrará en septiembre.

Al frente del Estado se encuentra la primera presidenta de un país del Este, Vaira Vike-Freiberga, cuya familia tuvo que emigrar tras la invasión soviética de 1941 que acabó con la independencia del país, y se estableció en Canadá. En 1998 regresó a su país y, sin filiación política conocida, esta escritora, intelectual e investigadora fue nombrada candidata y finalmente elegida presidenta en las elecciones de 1999.

Como su vecino del norte, Letonia se ha tenido que enfrentar a las consecuencias de tener una importante minoría rusa –son un tercio de la población total y en las últimas elecciones una formación rusófona logró el segundo lugar–, que ha reclamado ser objeto de discriminación en diferentes cuestiones. No fue hasta 1998 cuando se ratificó en plebiscito la posibilidad de adquirir la ciudadanía a los no letones (a los nacidos tras 1990), mientras que un año después la presidenta influía para modificar la ley que quería exigir la utilización del idioma letón, y el año pasado se modificaba el requerimiento incluido en la ley electoral para que los candidatos parlamentarios probasen su dominio de este idioma.

Estos problemas no sólo han sido fuente constante de conflicto con Rusia sino que tanto la OTAN como la UEped ían su arreglo para admitir su entrada, como finalmente ha

ocurrido. Letonia, eso sí, ha mostrado su firme apoyo al ataque estadounidense en Iraq, y ha abierto las puertas al despliegue de unidades de sus fuerzas armadas en el conflicto.

El Gobierno está ahora dirigida por el que fue durante diez años gobernador del Banco Central, a cuya popularidad contribuyó sin duda el establecimiento de una moneda propia, el lats, que logró la estabilidad monetaria, y una gestión liberal que ha permitido años de excelente crecimiento económico. Letonia tiene aún mucho que mejorar, ya que es el que menor renta per cápita tiene de los tres países bálticos, pero va por buen camino: el año pasado alcanzó el 6%, cifra que se espera se mantenga en los próximos años.

La lucha contra la corrupción y el dinero negro, dos grandes males del país, se presentan como otros objetivos gubernamentales, que se tendrá que enfrentar además al elevado desempleo (hay que destacar que el 15% de la población activa trabaja en la agricultura) y tratará de disminuir el déficit presupuestario, que prácticamente se ha doblado al 2,4% en 2002.

LITUANIA

Economía de mercado con grietas sociales

La transición del comunismo al capitalismo ha supuesto un reto muy difícil para todos los ex países de la Unión Soviética, y algunos como Lituania han emprendido las reformas con un énfasis liberal que ha descuidado la atención social durante esta dura transición.

Este es uno de los principales retos de un país con un pasado de potencia regional que incluso rivalizó con polacos, alemanes y rusos, y que fue la primera de las repúblicas bálticas que optó por la independencia en 1990 con un proceso de ruptura radical. Los violentos enfrentamientos de entonces han dado paso a una relación bastante más sosegada con Rusia, que se ve facilitada al carecer de una elevada proporción de población rusa como les ocurre a sus vecinos –aunque en la capital, Vilna, son uno de cada seis habitantes–.

Precisamente las relaciones económicas con la antigua potencia dominante, principalmente en el campo energético, han estado detrás de muchos de los vaivenes de la política lituana, y sobre todo de su actual presidente, el derechista Rolandas Paksas. Este ex alcalde de Vilna tuvo que dimitir como primer ministro en dos ocasiones por diferencias sobre la presencia del capital ruso en las principales empresas energéticas. Las disensiones políticas le llevaron a optar por el puesto más institucional de la presidencia, con la que se ha hecho de manera sorprendente en la segunda vuelta de las elecciones de enero de este año, frente al entonces presidente y favorito, el veterano Valdas Adamkus.

De este modo, Lituania tendrá que vivir nuevamente una cohabitación entre su presidente y primer ministro, un fenómeno repetido en esta década de independencia, y es que al frente del Ejecutivo –precisamente como sucesor de Paksas en 2001– se encuentra el socialdemócrata Algirdas Brazauskas. En un curioso cruce político, Brazauskas, que fue el último presidente del Soviet Supremo lituano, también ocupó la presidencia de la Lituania ya independiente entre 1992-98.

Ambos dirigentes mantienen el compromiso de apoyar la entrada del país en la OTAN y la UE, así como han respaldado la guerra norteamericana en Iraq. El referéndum para aprobar el ingreso en la Unión, en el que los últimos sondeos daban a un 55% de lituanos a favor, tendrá lugar los próximos 10-11 de mayo. Otro importante asunto en su política exterior está relacionado con el enclave ruso de Kaliningrado, encajado entre Lituania y Polonia. Aquejada por la pobreza, el sida y las mafias, la antigua Königsberg alemana, para la que Putin ha logrado un paso fácil por territorio lituano, es vista por las autoridades lituanas como un potencial para sus inversiones.

Las dificultades con las privatizaciones y los escándalos vinculados a ellas, la aparición de la corrupción y la

delincuencia han sido algunas de las consecuencias negativas de la transición lituana (el último lema electoral de Paksas ha sido una vida mejor y orden para los lituanos). Por ello el primer ministro Brazauskas ha puesto el énfasis en la necesidad de alcanzar una economía de mercado más orientada socialmente, en el fomento de la creación de empleo y en seguir manteniendo las medidas de atracción de las importantes inversiones extranjeras.

Cerca del 17% de los lituanos viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras el desempleo se sitúa en el 13% –tras haber descendido tres puntos en un año–. Sin embargo, las autoridades lituanas lo rebajan al 10,9%, al tiempo que elevan el crecimiento del PIB en 2002 al 6,7%, frente al 4,96% que dan las autoridades europeas, cifra que además prevén que descienda este año. Queda por finalizar la importante reforma del sector energético (gas y petróleo, principalmente) y lograr controlar una inflación que puede convertirse en deflación. l

Fuentes utilizadas en los cuadros de datos:
Elaboración propia a partir de monografías de la Oficina de Información Diplomática (OID), CIA World Factbook 2002, Eurostat y otros.