Nº 547 - 17 de marzo de 2003

Del abrazo con Franco a la crisis de Irak

España-EE UU: una historia de amor y odio

La evolución de la Historia va colocando a cada uno en posiciones, otrora impensables, en función de sus intereses, o en función de los intereses del Tío Sam, que matizarían algunos, y que han costado muy caros a España en el transcurso de su historia. A finales del siglo XIX, el poder en la isla de Cuba enfrentó en una encarnizada guerra a los dos aliados indiscutibles en la actual crisis iraquí, España y EE UU. El entonces enemigo americano provocó un rechazo sin precedentes en la sociedad española, hasta el punto de invocar ésta la guerra hispano-norteamericana en la isla. Pero 50 años después, el régimen del general Franco requirió de la colaboración norteamericana para nutrir su dictadura, aunque a cambio, España hubiera de someterse a los deseos de EE UU. Con la democracia, llegaron los matices –la entrada de España en la OTAN y en la UE– y nuevos acuerdos de los gobiernos españoles con la potencia americana, aunque fuera obviando el rechazo a EE UU que, desde 1898, se había instalado en el seno de la opinión pública española. Hoy, con un renovado convenio de Defensa en 2002, fruto maldito de los atentados del 11-S en Nueva York, la España de José María Aznar camina fuertemente asida a los EE UU de George W. Bush, aunque en una amplia mayoría de la población española todavía late un profundo sentimiento antiamericano.

Por Ana Pardo de Vera

Cuba fue el detonante en 1898 y, aunque en muchos sectores de la opinión pública traten de desmentir el antiamericanismo como causa de fondo de las manifestaciones antibelicistas, sin precedentes, que están teniendo lugar en la actualidad con motivo de la crisis de Irak, es innegable el clamor de los españoles contra el imperialismo de los EE UU, que estalla a la mínima provocación del Tío Sam, siempre intentando llevarles a su acera, en este caso, la guerra.

Aunque algunos cronistas señalan que la isla de Cuba, colonia española, gozaba de cierta independencia, en relación con otros asentamientos europeos, lo cierto es que en 1893, la insurrección de Cuba y de Filipinas iba hacia su apogeo y el deseo de emancipación de los criollos era un sentimiento creciente. Por otro lado, EE UU había ido comprando el territorio noroeste del continente americano y pensó que Cuba podría adquirirse de ese modo: estaba lejos de España, pensaban, y Norteamérica empezaba a hacerse con una importante posesión en las Antillas.

Pero España no cedió a las pretensiones estadounidenses y la presión aumentó, mientras en la isla continuaban los movimientos independentistas que desestabilizaban a la colonia. Lejos de ayudar a Cuba a conseguir la paz, EE UU la animaba y la equipaba subrepticiamente para continuar luchando, con abastecimiento de dinero, de hombres y de municiones. Bien alimentado el independentismo revolucionario cubano, los EE UU advirtieron a España de que si no ponían orden en la isla, ellos se verían obligados a hacerlo.

El ascenso a la Presidencia de EE UU de William Mac Kinley en 1897 tensó aun más las relaciones hispano-norteamericanas. España tuvo que aguantar de este presidente auténticas ofensas expresadas ante la Cámara norteamericana, cuya noticia, al llegar a la opinión pública española desataba el fervor antiamericano de los ciudadanos en manifestaciones sin precedentes que pedían la guerra contra los de Mac Kinley.

Entonces, el 15 de febrero de 1898, se produjo la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana. Murieron alrededor de 300 personas, casi la totalidad de la marinería, aunque sólo dos de los fallecidos fueron oficiales. Nunca se conoció la verdadera causa de la explosión, aunque la prensa norteamericana se apresuró a culpar a España, mientras ésta, cada vez más exaltado su sentimiento antiamericano, respondía acusando a EE UU de hundir al Maine como pretexto de guerra. “Remember the ‘Maine” (“Recordad al ‘Maine”) fue el grito bélico de los norteamericanos contra España exclamado por toda la isla.

El presidente Mac Kinley, con su habitual tono de desprecio hacia nuestro país, exigió al Gobierno de Madrid que renunciase a su autoridad sobre la Antilla y la entonces reina regente María Cristina manifestó ante la Cámara su intención de romper relaciones con Washington.

Entonces, España parió el antiamericanismo que había estado gestando: la prensa de nuestro país comenzó una campaña bélica y hubo manifestaciones públicas; banderas y pancartas esgrimidas en un Madrid en plena ebullición cargaban contra Norteamérica, cuya afrenta consideraban insoportable. La guerra contra EE UU era reclamada con entusiasmo desde todos los ámbitos.

El 23 de abril de 1898 el Gobierno español decreta que el estado de guerra existente entre España y EE UU determina la caducidad de todos los pactos y convenios entre los dos países. Dos días después, el Senado y la Cámara de Representantes de EE UU declaran la guerra a España.

Poco más de cinco meses duraron los crudos enfrentamientos hispano-norteamericanos en las Antillas hasta que comenzaron las conversaciones de paz, en octubre de 1898, culminadas en marzo de 1899, cuando la Reina Regente firma con EE UU la Paz de París. España, además de las numerosas pérdidas humanas y materiales que le provocó la guerra contra el enemigo americano en Cuba, hubo de aceptar todas las condiciones impuestas por EE UU: cesión de Cuba, de Puerto Rico, de la isla de Guam y de Filipinas; rechazo de la transferencia de la deuda; renuncia a reclamaciones económicas, y una única compensación de 20 millones de dólares. El cultivo de un antiamericanismo histórico en España quedaba bien labrado.

Alimentar al monstruo. Las buenas relaciones entre Franco y los distintos mandatarios estadounidenses que coincidieron con la dictadura fueron vistas como la vitamina de un régimen que tardó 40 largos años en desaparecer, aun cuando los españoles confiaban en que el aliado Tío Sam, siempre con la consigna de la libertad por delante, los rescataría de las garras del dictador. Al fin y al cabo, durante la Guerra Civil había enviado al famoso Batallón Lincoln a apoyar al bando republicano. Pero EE UU, una vez más, puso sus intereses militares por delante.

Dos factores fundamentales propiciaron el acercamiento entre EE UU y España a principios de la década de los 50, en plena Guerra Fría: la privilegiada situación geoestratégica de la Península y el declarado anticomunismo del general Francisco Franco.

El primer paso fue normalizar las relaciones diplomáticas entre España y EE UU, nombrando embajador en diciembre de 1950 a Staton Griffis, que posibilitó el inicio de las negociaciones que culminarían con la firma de los históricos convenios de 1953, a costa de que el Gobierno español olvidase los agravios norteamericanos de la guerra hispano-norteamericana en Cuba.

En noviembre de 1952, las elecciones norteamericanas dieron el triunfo al candidato republicano, el general Dwight D. Eisenhower, lo que llevó a un cambio en la estructura de la Administración. James C. Dunn fue nombrado nuevo embajador de España y se convirtió en una figura clave en las negociaciones con España. Entendió la intención de Franco de acatar las normas del, ahora, amigo americano, y lo transmitió rápidamente a EE UU: el dictador español estaba dispuesto a ceder su país a los intereses norteamericanos a cambio de ayuda militar y económica que reforzase su poder opresivo. Con esta jugosa perspectiva, el Gobierno estadounidense tardó cinco meses en llegar a un acuerdo con Franco.

La firma de los convenios hispano-norteamericano de ayuda económica, técnica y militar del 26 de septiembre de 1953 fue vendida a la opinión pública como el mayor logro diplomático del dictador Francisco Franco. Según estos convenios, de Ayuda para la Mutua Defensa entre EE UU y España, Defensivo y de Ayuda Económica, EE UU reforzaría los medios de las fuerzas militares españolas y, a cambio, obtenía la concesión de bases aéreas y navales, aunque no se dijo que esas bases iban a ser nucleares. Los aviones con carga atómica volarían sobre el territorio español. El Pentágono había diseñado un dispositivo militar que seguía una línea diagonal del Suroeste al Nordeste y que incluía la base aeronaval de Rota, en Cádiz, y las bases aéreas de Morón, en Sevilla; de Torrejón, en Madrid, y Zaragoza (ver ‘Las bases norteamericanas en España’).

Por otro lado, EE UU se comprometía con el Gobierno español a modernizar sus Fuerzas Armadas, a través de los Military Asistence Advisary Groups, que equiparon y dotaron a la milicia española de recursos técnicos y humanos a imagen y semejanza de la milicia amiga, símbolo del poder norteamericano. Todo el ejército fue modernizado y reforzado gracias a los regalos de Eisenhower. La ayuda militar norteamericana a España en el periodo de vigencia del convenio (1953 a 1963) alcanzó las suma de 524,2 millones de dólares. En 1959, el general Eisenhower y el general Franco se fundían en un abrazo ante las cámaras de los medios de comunicación de entonces, que dieron cuenta, tal y como se les indicó, del poder de Franco. El dictador había logrado la amistad del Tío Sam. Atrás quedaban –nadie osó mencionarlas– la soberanía española sobre Cuba, las víctimas inútiles de la guerra en las Antillas y las cesiones que España hubo de hacer al presidente Mac Kinsey.

A cambio de tanta amistad, el Gobierno español se comprometía a “aportar toda la ayuda que le permita su potencial humano, sus recursos y sus instalaciones, y su situación económica general al desarrollo y mantenimiento de su poder defensivo y del mundo libre, en la medida de su estabilidad política y económica”, según rezaba el convenio. En el aspecto económico, los acuerdos preveían la ayuda al Gobierno español y a los organismos que éste designase. El exportador sería pagado en dólares por la International Cooperation Administration y el importador español pagaría en pesetas al Instituto Español de Moneda Extranjera. Hasta 1958, el 60% de esa cuenta en pesetas estuvo destinado únicamente a la construcción de las bases.

Sin embargo, el aparato franquista mostró una creciente insatisfacción por este acuerdo. Le suponía pagar un alto precio por el respaldo de EE UU, ya que de darse una situación muy grave de tensión internacional, aun no produciéndose en torno a España, nuestro territorio sería utilizado por los norteamericanos sin consulta previa a su gobierno (ver ¿Colaboración o sumisión?). Todo ello, con las consecuentes represalias que perjudicarían a toda la población, por lo que el poder de decisión del Estado español quedaba reducido a un simple protectorado.

A un año de concluir el convenio hispano-norteamericano de 1953, en 1962, España y EE UU iniciaron de nuevo las negociaciones para prorrogarlo cinco años más. Este aplazamiento le supuso al régimen franquista una ayuda militar de 100 millones de dólares y un crédito para la adquisición de armamento de 50 millones de dólares

Pero el Gobierno español, con esa creciente insatisfacción que, a pesar de las dádivas militares de EE UU, no le había abandonado, deseaba más. Mientras tanto, la esperanza de la sociedad española de que el ahora amigo americano sacaría a España del atolladero económico en el que se encontraba –al más puro estilo de la película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, recién reestrenada este año por su 50 aniversario– se iba esfumando.

A punto de transcurrir los cinco años de prórroga, que caducaba en 1969, Madrid presentó a Washington una serie de peticiones que fueron consideradas excesivas por el Gobierno norteamericano, por lo que las negociaciones entre ambos países fueron aplazadas indefinidamente y amenazaron con romperse. Entonces, las actitudes despreciativas del Gobierno norteamericano hacia el español, según los cronistas de la época, eran una constante.

Pero los de Franco otorgaron, las desavenencias se sortearon y se prolongó el acuerdo, que sería derogado en toda su amplitud (militar, de ayuda mutua y económica) en 1970 y sustituido por otro convenio de Amistad y Cooperación. Con este nuevo convenio, las instalaciones permanentes de las bases militares españolas que se habían venido utilizando conjuntamente pasaron a ser propiedad plena del Estado español, quien autorizaba a EE UU al uso de ciertas facilidades en ellas. Además, el oleoducto Rota-Zaragoza se convertía en propiedad española a través de un acuerdo complementario. Para contentar las ínfulas de poder del dictador español, Richard Nixon, el nuevo presidente de EE UU visitaba España en 1970. Nuevamente, el país se vistió de gala para recibir al Tío Sam, que se realizó con todos los honores, desfiles, fiesta y constatación gráfica del evento para la Historia. El amigo americano lo seguía siendo.

En 1976, se firmó un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación hispano-estadounidense, coincidente con el nuevo marco de la política española. Franco había muerto en 1975 y la Monarquía había sido restaurada con Don Juan Carlos I como Jefe de Estado y Carlos Arias Navarro como presidente del nuevo Gobierno.

Democracia e ingreso en la OTAN. El nuevo Tratado de Amistad y Cooperación, firmado en enero de 1976 por el segundo ministro de Asuntos Exteriores, José María Areilza, y por el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, elevaba por primera vez el rango jurídico de los acuerdos entre los dos países a la categoría de Tratado. Se define el área de defensa de “interés común”, se fijan las instalaciones militares con las que España contribuye al esfuerzo defensivo común (Rota, Morón, Zaragoza, Torrejón y el nuevo polígono de tiro de las Bárdenas Reales, en Navarra), y se determina, además, que el escuadrón de submarinos nucleares comience su retirada en enero de 1979, que debe estar lista en julio de ese mismo año.

Un hecho crucial en la historia política de España dará un vuelco, a partir de 1981 y hasta hoy, a las relaciones entre España y EE UU: el ingreso de nuestro país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que el gobierno posfranquista de UCD liderado por Leopoldo Calvo-Sotelo, tras la dimisión de Adolfo Suárez, firmó en enero de 1981, aunque no se haría efectiva hasta 1986, con el Gobierno de Felipe González.

El presidente socialista se enfrentó con esta entrada efectiva de España en la OTAN a la decisión más dura de sus doce años de Gobierno. El PSOE, en sus años de oposición al poder ucedista, se había erigido como estandarte del no ingreso en la OTAN y en su programa electoral para las elecciones de 1982 figuraba un rotundo “OTAN, de entrada no”. Los líderes del PSOE, Felipe González y Alfonso Guerra, manifestaron su intención de celebrar un referéndum si llegaban al poder para poder salir de la OTAN en la que UCD había metido a España. Apoyaron el levantamiento ciudadano en contra del ingreso en la Alianza y encabezaron las manifestaciones, junto al Partido Comunista y el sindicato UGT.

Pero al llegar al poder, las cosas cambiaron y aunque hubo referéndum, González se vio obligado a reconocer que la salida de la OTAN no era lo mismo que la no entrada y que, una vez se había producido el ingreso, España saldría muy perjudicada si se iba. Al Gobierno español, una vez más, le interesaba estar donde el amigo americano, aunque habría que distanciarse en el terreno militar. De todo eso, sin embargo, había que convencer a la opinión pública española y, lo peor, celebrar el referéndum aun a costa de perder la votación. Si esto ocurría, Felipe González se comprometía a dejar la Presidencia del Gobierno.

No era fácil. En los meses de marzo y mayo de 1983, el debate “OTAN sí-OTAN no” alcanza la máxima tensión en el seno de la sociedad española y la balanza se inclinaba, según las encuesta publicadas entonces, hacia el “OTAN no”, lema que, además, invadía las calles españolas en manifestaciones continuas, protestas y movimientos liderados, ahora, por el Partido Comunista en solitario. En julio de 1983, el recién llegado embajador de EE UU en España manifiesta: “EE UU quiere que España continúe en la OTAN”. Los intereses del Tío Sam volvían a condicionar la vida política de nuestro país y, a pesar del clamor social en contra, triunfarían.

También los socialistas pagan con una crisis interna la decisión de Felipe González, casi inamovible ya, de permanecer en la OTAN. Curiosamente, además de Alfonso Guerra y otros tres ministros socialistas, sería Javier Solana, futuro secretario general de la Alianza Atlántica, quien manifestó su oposición a las tesis felipistas. Mientras, crece sobre el Gobierno la presión social, que exige la salida de España de la OTAN y la convocatoria de un referéndum, y el tema copa los medios de comunicación como una situación altamente preocupante.

El presidente socialista, en octubre de 1985, expone ante el Congreso de los Diputados su propuesta sobre la integración de España en la OTAN: mantenimiento de la permanencia de España en la OTAN, no integración de España en la estructura militar de la Alianza y reducción de la presión militar de EE UU en España, con la consabida salida de parte de las tropas y cierre de determinadas bases de utilización conjunta hispano-estadounidense. El plan no tuvo éxito: la derecha de Alianza Popular (AP) quiere la integración militar de España en la OTAN y la izquierda exige la salida total de la Alianza Atlántica.

En 1985, España entra en la Comunidad Económica Europea (CEE). Queda resolver la cuestión de la OTAN, así que González inicia las conversaciones con Washington y el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, visita España. Su recibimiento se tiñó en las calles españolas de un marcado antiamericanismo en forma de “No a la OTAN”. Los ciudadanos no querían al amigo americano de Franco. Ese pasado estaba muy reciente.

A pesar del rechazo de la opinión pública y de una parte importante de su propio partido, Felipe González convoca el referéndum, que se celebra finalmente el 12 de marzo de 1986. Los ciudadanos acuden a las urnas a votar la permanencia o no de España en la OTAN. El resultado (CENSO: 29.025.494. PARTICIPACIÓN: 59,42% (17.246.756). ABSTENCIÓN: 40,58% (11.778.738). SÍ: 52, 50% (9.054.509). NO: 39,85% (6.872.421). EN BLANCO: 6,54% (1.127.673). VOTOS NULOS: 1,11% (191.855)) da finalmente la victoria a las tesis del Gobierno, aunque ello le supuso a Felipe González la pérdida de 18 escaños en las elecciones generales celebradas tres meses después.

Comenzó entonces la negociación entre España y EE UU del convenio de defensa bilateral de 1989. De la parte española, se encargó el fallecido ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El convenio estableció, entre otras cláusulas, la retirada, que se produjo en mayo de 1992, de la base de Torrejón del Ala Táctica 401, así como la clausura de las instalaciones menores de Estartit, Sonseca, Guardamar y Cartagena. En mayo de 1992, además, se decidió que EE UU sólo mantuviese dos grandes bases en España: Rota y Morón.

11-S, un antes y un después para el convenio España-EE UU. El 10 de abril de 2002, España y EE UU suscribieron un nuevo convenio de Defensa, el vigente en la actualidad, que aprobó el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de ese mismo año. La novedad estribó, además de en el contexto político internacional, marcado por los terribles atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 perpetrados contra las Torres Gemelas de Nueva York, en el establecimiento de las bases para la cooperación industrial y tecnológica en el ámbito de la Defensa, así como para la colaboración en materia de Seguridad entre España y EE UU. En abril de 2002, después de varias rondas negociadoras, los dos gobiernos suscribieron el contenido del nuevo Protocolo de Enmienda a ese Convenio.

En concreto, el acuerdo establece una mayor cooperación en inteligencia militar, se autoriza la actuación conjunta de los servicios de investigación criminal norteamericanos que actuarán en España con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y se adoptan medidas de protección para las escalas de buques y aeronaves de los EE UU en España. Asimismo, el nuevo protocolo crea un comité bilateral de defensa de alto nivel como órgano para las consultas políticas. El documento recoge la desaparición de la presencia estadounidense en las bases de Zaragoza y Torrejón, así como las unidades de la estación Naval Transmisora de Radio en la Base de Morón, el Escuadrón de apoyo táctico de la flota (con ocho aviones autorizados) y el Escuadrón de apoyo táctico de la reserva Naval de la flota, ambos, en Rota. Contempla además, la “retrocesión de España” de los establecimientos de comunicaciones.

Al mismo tiempo, el convenio de 2002 autoriza en las bases de Rota y Morón la presencia de unidades de Tierra, Mar y Aire, los servicios de investigación criminal, la compañía de seguridad, las operaciones espaciales, el Terminal Postal Aéreo y el Destacamento para la Gestión de Contratos de Defensa. En el anejo modificado por el Protocolo, se introducen además, unos reajustes del número de personal permanente y no permanente autorizado en las bases y se acuerda una significativa reducción de 1.000 efectivos en el personal militar permanente autorizado en Rota, con lo que esa categoría pasa de 5.250 a 4.250.

Además, la aprobada declaración de principios sobre Cooperación Industrial en materia de Defensa remite a un acuerdo que establece también la cooperación bilateral en el ámbito de las operaciones de mantenimiento de paz y de ayuda humanitaria, así como el compromiso mutuo a favor de la conservación y protección del medio ambiente.

Por último, el Convenio introduce mejoras en la homologación de derechos de los miembros de las Fuerzas españolas, del elemento civil y de sus dependientes cuando se encuentren en los EE UU, así como una serie de disposiciones que mejorarán el control y la información por parte de España sobre algunas actividades de las Fuerzas de los EE UU. Dos “notas verbales” concluyen el Convenio a modo de anexo. Versan sobre asuntos laborales, que deberán intercambiarse la Embajada de los EE UU y el Ministerio de Asuntos Exteriores y que se tramitarán conjuntamente con el Protocolo.

Como gesto de colaboración antiterrorista, además, el Gobierno de EE UU incluyó, en febrero de 2002, a 21 miembros de ETA en la lista norteamericana de terroristas sometidos a restricciones fronterizas.

Hoy, los gobiernos de España y EE UU, desde que están liderados por Aznar y Bush, coinciden más que nunca en una amplia gama de asuntos internacionales, que alcanza su máxima expresión en el apoyo incondicional del Gobierno español a las tesis bélicas de la Administración norteamericana en la crisis de Irak. Ninguna controversia especial, salvo las esperadas fricciones comerciales, ha enturbiado los contactos bilaterales de los dos países en los últimos años.


¿Colaboración o sumisión?

Algunos artículos del acuerdo bipartito (Defensivo y de Ayuda Económica) merecen especial mención, puesto que lo que se considera un acuerdo de mutua colaboración entre EE UU y España llega a generar una permanente insatisfacción en el poder de Franco: más parecía que España quedaba a disposición de los EE UU a cambio de mucho menos por parte de la potencia norteamericana. Además, y aunque no quedara reflejado en las crónicas periodísticas de esas fechas, sometidas completamente a los dictados del régimen, el Convenio hispano-norteamericano de 1953 contenía una cláusula secreta, reproducida aquí a continuación de los artículos más llamativos del acuerdo.

Art. 4º: “El gobierno español consentirá la venta a los Estados Unidos en condiciones razonables [...] de los productos originarios de España de los que Estados Unidos tenga necesidad a causa de déficits reales o potenciales de sus recursos y para la formación de stocks o para otros fines”.

Art. 6º: “El gobierno español comunicará al gobierno de Estados Unidos (bajo la forma y en los plazos indicados por este último) la información relativa a la economía española, estadísticas nacionales, así como la balanza de pagos...”.

Art. 7º-2: “El gobierno español concederá entera libertad a los representantes de la prensa de Estados Unidos, para observar e informar sobre el funcionamiento de los programas de asistencia técnica y económica realizados en los términos de esta Convención”.

Cláusula secreta, llamada “Nota adicional al párrafo segundo del artículo III del convenio defensivo entre los Gobiernos de España y de los Estados Unidos: En caso de evidente agresión comunista que amenace la Seguridad de Occidente, podrían las fuerzas estadounidenses hacer uso de las zonas e instalaciones situadas en territorio español como bases de acción contra objetivos militares, en la forma que fuere necesario para la defensa de Occidente, a condición de que, cuando surja tal situación, se comuniquen, con la máxima urgencia, su información y propósitos.

En los demás casos de emergencia o de amenaza o de agresión contra la seguridad de Occidente, el momento y el modo de utilización de las zonas e instalaciones situadas en territorio español serían objeto de consulta urgente entre ambos gobiernos; y serán determinados a las vista de las circunstancias de la situación creada”.


De un lado a otro del Atlántico

La visita del general Dwight D. Eisenhower a España en 1959, seis años después de que se firmase el histórico convenio hispano-norteamericano, constituyó una apoteosis del poder del dictador Francisco Franco. La imagen del abrazo de ambos generales ha quedado en los anales de la Historia para ilustrar la capacidad del Tío Sam, personificado en los distintos presidentes norteamericanos, para amistarse o enemistarse con uno u otro país en función de los intereses militares y económicos de EE UU.

Pero la visita de Eisenhower sólo fue el comienzo de una larga lista, que, de momento, cierra el actual presidente George Bush, con su primer viaje a España en 2001. Casi todos los mandatarios norteamericanos pisaron España, al menos, en una ocasión. Así, Richard Nixon acudió en 1970, haciendo una vez más, las delicias de la dictadura, que no escondía su entusiasmo por el amigo americano, antes bien, lo celebraba pomposamente.

Después de Nixon, fue Gerald Ford, en 1975, quien visitó España. Le siguieron Jimmy Carter, en 1980; Ronald Reagan, en 1985; George Bush –padre–, en 1991; Bill Clinton, en 1995 y en 1997, y George Bush –hijo–, en 2001.

Por parte española, cabe destacar los viajes realizados por los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en 1976, 1981, 1987, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; por el príncipe Felipe en 1989 –coincidiendo con su primera visita de Estado–, 1995, 2000 y 2001, y los presidentes de Gobierno Adolfo Suárez, en 1977 y 1980; Felipe González, en 1983, 1985, 1990, 1992 y 1993, y José María Aznar, que ha realizado, de momento, una por año de Gobierno, salvo en el de su victoria, en 1996. Así, lo hizo en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.


Las bases norteamericanas en España

De los tres convenios firmados en septiembre de 1953 por los gobiernos español, bajo el mando del general Franco, y estadounidense, liderado por el general Eisenhower, el Convenido Defensivo incluía un dispositivo militar diseñado por el Pentágono. Éste seguía una línea diagonal del Suroeste al Nordeste e incluyó la base areonaval de Rota (Cádiz) y las bases aéreas de Morón (Sevilla), Torrejón (Madrid) y Zaragoza, unidas entre sí por un oleoducto de 800 kilómetros de longitud, que se completaba con siete puestos de radar y 33 instalaciones adicionales. Pero desde mayo de 1992, Estados Unidos sólo mantiene dos grandes bases en España, la de Rota y la de Morón. Tras las elecciones de 2000, el Gobierno Aznar mostró su disposición a ampliar la base aeronaval gaditana como reiteradamente solicitaba Washington, pero siempre tras una renegociación del convenio de 1989, que entre otros factores, expresase la condición de España de “aliado preferente” de EE UU. En este sentido, la Declaración conjunta de enero de 2001 supuso un gran paso hacia ese propósito, ya que superó el capítulo puramente defensivo. Las bases norteamericanos han sido motivo de continua tensión en España, debido a una presión creciente de la sociedad española, que solicitaba el desalojo del poder americano de España. Esta controversia alcanzó su punto álgido, aunque nunca ha cesado, con el ingreso de España en la OTAN, en 1982, cuando nació la histórica reivindicación “OTAN no, bases fuera”, que aún hoy constituye una exigencia de muchos manifestantes contra la guerra en Irak.

La base aeronaval de Rota, enclavada en el fondo de la ría gaditana, tiene una superficie de 2.400 hectáreas y cuenta con depósitos de víveres, combustible y municiones. El personal militar es de 2.700 hombres.

En cuanto a las bases aéreas, la de Morón de la Frontera, en Sevilla, tiene una extensión de 1.000 hectáreas y una guarnición de 600 hombres; la de Torrejón de Ardoz (Madrid) ocupa una superficie de 1.320 hectáreas, con una guarnición de 3.600 hombres y la pista de despegue más larga de Europa. Torrejón fue la sede del Cuartel General de la XVI Fuerza Aérea de los Estados Unidos y cabeza de puente entre las bases de USA y Europa para los relevos periódicos y para los abastecimientos aéreos.

Finalmente, la base aérea de Zaragoza, de 1.800 hectáreas, tiene capacidad para 900 hombres.


¿Quién es el ‘Tío Sam’?

El Tío Sam es un hombre barbudo de largas piernas, ataviado con los colores y formato de la bandera nacional y tocado con un sombrero de copa. Además, como demuestra la prensa de todo el mundo, el Tío Sam , es la personificación de EE UU.

Durante muchas décadas los caricaturistas políticos en EE UU, y en todo el mundo, han encontrado una valiosa mina de inspiración en el viejo caballero. Ha sido retratado con la apariencia, el estado de ánimo o la actitud necesaria para expresar su punto de vista.

Durante la II Guerra Mundial, frecuentemente se le representó con las mangas recogidas, trabajando en una fábrica; cuando el Partido Republicano ganaba las elecciones, se le representaba montado en un elefante, y cuando ganaba el Partido Demócrata, iba a lomo de un burro, y cuando los tiempos eran económicamente difíciles, se lo dibujaba con los pantalones raídos y la chaqueta llena de remiendos.

El retrato más conocido del Tío Sam  fue el de un cartel del Ejército que pretendía atraer reclutas, pintado en 1917 por el ilustrador James Montgomery Flagg. El cartel muestra a Sam con el semblante serio, los labios apretados y el dedo índice que apunta directamente al observador. En grandes letras están las palabras: “¡Quiero que formes parte del ejército de EE UU!”. El cartel resultó tan eficaz en la inscripción de reclutas, que se usó nuevamente en la II Guerra Mundial.

Pero, el Tío Sam no fue un personaje ficticio. Según los historiadores, fue un comerciante llamado Samuel Wilson, que nació en 1766 y peleó en la Guerra de la Independencia cuando aún era adolescente. Cuando estalló la Guerra de 1812, Sam Wilson, que ya era un próspero hombre de negocios, fue nombrado inspector de los suministros de alimentos del Ejército en el estado de Nueva York y el de Nueva Jersey. Un día, cuando el gobernador de Nueva York, Daniel D. Tompkins, visitaba la planta de Wilson, observó que los barriles de carne que esperaban el despacho llevaban impresas las marcas “EA-US” en grandes letras. El gobernador preguntó: “¿Qué representan las iniciales?”. Uno de los ayudantes de Wilson respondió que uno de los contratistas a quien Wilson enviaba carne era un tal Elbert Anderson. La marca US quería decir que la carne iba destinada al ejército de EE UU, y en tono de broma, añadió: “Significa ‘Uncle Sam’ (‘tío Sam’) Wilson”.

Esa anécdota fue especialmente apreciada por los vecinos de Wilson, que agradecían mucho su patriotismo, su rígido código de honor y su autosuficiencia. Cuando la guerra terminó, dos años después, Sam Wilson era conocido en todo el país como Tío Sam , el hombre que tipificaba al norteamericano promedio. Siglo y medio más tarde, Sam Wilson fue reconocido oficialmente por el Gobierno de EE UU como el prototipo del Tío Sam . En 1961, el Congreso aprobó una resolución que lo declaro “representante del símbolo nacional de Estados Unidos”.

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