Trillo propone una nueva estrategia para las Fuerzas Armadas

Defensa mira al exterior

Por Goya Sanz

El pasado 18 de diciembre, el ministro de Defensa, Federico Trillo, presentó en el Congreso de los Diputados la Revisión Estratégica de la Defensa, un documento que desarrolla el libro blanco aprobado en 2000 y que introduce nuevos criterios sobre el papel de España en los conflictos internacionales y sobre la nueva configuración que tendrán las Fuerzas Armadas a partir del momento en que el Consejo de Ministros apruebe el contenido del plan.

La directiva de Defensa Nacional que aprobó el Partido Popular a su llegada al Gobierno ya trataba de adaptar su concepción estratégica a la situación internacional, una premisa que encontró continuidad con la directiva del año 2000, donde ya se contemplaba la necesidad de “abordar una Revisión Estratégica de la Defensa, encaminada a integrar la defensa en el marco más amplio de seguridad compartida con nuestros socios y aliados y a determinar las capacidades militares necesarias para responder a las exigencias derivadas de ello”.

Las conclusiones del documento son fruto de un debate entre personal civil y militar y del trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa y el grupo parlamentario socialista, cuyo resultado final expresa la voluntad de consenso entre el Gobierno y el PSOE y la vocación de permanecer en vigor durante un periodo mínimo de 15 años.

A pesar de que ha pasado casi inadvertido en el Congreso, tal vez como consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el partido mayoritario en la oposición, el texto representa un cambio fundamental en la estructura de las Fuerzas Armadas y una nueva perspectiva del Ejército profesional, que de hecho ha funcionado como laboratorio de ideas para su propia concepción y reforma en misiones internacionales.

A lo largo del preámbulo, el documento presentado por el Gobierno justifica el impulso al papel internacional del Ejército español basándose en la tendencia mundial, expresada en 1999 por la OTAN, que concede a las misiones de apoyo a la paz un papel predominante en los ejércitos occidentales. La Revisión Estratégica de la Defensa también considera que tras los atentados del 11 de septiembre la amenaza del terrorismo ha vuelto a otorgar a la acción militar un papel creciente al que España no puede ser ajena y que los avances tecnológicos deben estar al servicio de las Fuerzas Armadas, tanto las nacionales como las multinacionales, para reducir al máximo los daños colaterales.

Tras la presentación de las líneas generales de la Revisión Estratégica, el documento enumera los 14 criterios que orientan el nuevo rumbo que el Gobierno pretende dar al Ejército español. Para el portavoz socialista de la Comisión de Defensa en el Congreso, Jordi Marsal, su lectura es positiva. Dice que permiten, en líneas generales, desarrollar distintas políticas de defensa que pueden ser llevadas a cabo tanto por un Gobierno del PP como por un Gobierno del PSOE. El diputado asegura que los criterios básicos de la Revisión Estratégica se irán poniendo en práctica para hacer las Fuerzas Armadas del siglo XXI, que reforzarán la acción conjunta con los aliados e integrarán el componente terrestre, naval y aéreo en un solo Ejército para optimizar sus recursos y su funcionamiento.

Los criterios de la Revisión Estratégica. El criterio básico número 5 dice que al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas, “le corresponderá la conducción estratégica de las operaciones y ejercerá el mando sobre los componentes de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Se creará un Mando de Operaciones que, directamente subordinado al JEMAD, ejercerá, por delegación de éste, la conducción operacional”. Esto significa que, el JEMAD, además de ser el asesor militar del Ejecutivo, es la autoridad encargada de transformar las decisiones políticas recibidas del ministro de Defensa en directivas para ordenar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas en misiones operativas. Además, le corresponde conducir las operaciones militares en las que intervengan, incluso bajo la responsabilidad de mandos aliados. Asimismo, se contempla la posibilidad de que delegue en otra autoridad la conducción de las operaciones que actualmente corresponden a los Jefesde Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada. Además, el Ejecutivo concede al JEMAD capacidad propia de planteamiento operativo y el adiestramiento conjunto y combinado de los ejércitos. El coronel de Infantería, Diego Camacho (ver despiece Comentarios a la Revisión Estratégica) considera que el Gobierno ha cometido un grave error de forma en el planteamiento de las atribuciones del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. “La responsabilidad en la conducción estratégica corresponde de lleno a las atribuciones del presidente del Gobierno ya que la obtención del objetivo político, que es consustancial con el concepto de estrategia, no puede ser asignada a otra persona. Es en el mando de las operaciones tácticas donde el JEMAD debe desarrollar su responsabilidad, con un mando de operaciones subordinado si se quiere, pero siempre subordinando la marcha operativa a los objetivos estratégicos que como ya se ha señalado son eminentemente políticos y no militares”, dice Camacho.

Otros criterios aparecen estrechamente con el JEMAD. Así, el séptimo explica que  “a los Jefes del Estado Mayor les corresponderá el mando orgánico de su Ejército, sin ejercer el mando operativo”, lo que significa que dejarán de ser responsables de las misiones operativas que actualmente tienen asignadas y las estructuras y medios de los actuales mandos operativos de Tierra, Naval y Aéreo desaparecerán para formar parte de un cuartel general conjunto. En la nueva configuración, su función se limitará al mando orgánico, esto es, básicamente, a la doctrina y enseñanzas técnicas. Una vez resuelta esta tarea, se creará una estructura operativa única que controle las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz dependiente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

La reestructuración del Ejército también afectará a su organización territorial y logística. El criterio número 8 anuncia que “se establecerá una estructura funcional para los ejércitos”. Este punto anuncia la intención del Gobierno de eliminar la tradicional organización territorial de los ejércitos para, entre otras cosas, impulsar la acción conjunta. En cuanto a las peculiaridades de los archipiélagos Balear y Canario y el caso de Ceuta y Melilla, el documento explica que ya se resumían en el Real Decreto del pasado mes de septiembre (paso previo para la tramitación de una nueva Ley de Criterios Básicos sobre la Defensa), donde se mantienen los mandos de tierra, naval y aéreo en Canarias y las comandancias generales de Baleares, Ceuta y Melilla.

Sin embargo, el portavoz de Coalición Canaria en la Comisión de Defensa, Luis Mardones, que tuvo posibilidad de intervenir en el Congreso sobre esta cuestión, ha pedido una especial consideración sobre el archipiélago canario, “una de las zonas estratégicas más sensibles de España por ser punta de extremo. Y siempre se sabe en la doctrina militar que los extremos en cualquier línea de combate son los sitios más vulnerables”.

Mientras, en su décimo apartado, la Revisión Estratégica dice que “se potenciará la máxima integración logística de la defensa”. Así, su ejecución se llevará a cabo desde una dirección descentralizada dependiente de los actuales mandos de los Cuarteles Generales, mientras que la responsabilidad de la determinación de las necesidades de fuerza y apoyo logístico corresponderá al JEMAD. Además, el documento fija un plazo de hasta 25 años para estudiar las necesidades de las fuerzas armadas a largo plazo con la intención de que sirvan de referente tanto en las inversiones en I+D como en los programas industriales. A este último respecto, las aseveraciones del Ejecutivo son taxativas. Dice que “no se puede rebatir lo que se conoce como resolución de los asuntos militares, es decir, la explotación de las nuevas tecnologías para el mando y control, las armas de precisión y los vectores de lanzamiento fuera del alcance de las armas enemigas”. Esto último, que justificaría la elevada inversión del Gobierno en I+D con fines militares como recoge El Siglo en su número 538 (ver Los científicos españoles se rebelan), no se corresponde, según Camacho, con las experiencias de las guerras del Golfo y Afganistán, “que han puesto en evidencia lo contrario de lo que se afirma en el documento. Es decir, el gran despliegue tecnológico no ha servido para acabar con la amenaza”.

El papel del Ejército español en el panorama internacional viene desarrollado en otros cuatro criterios básicos. El primero de ellos anuncia que los Ejércitos y la Armada han de estar en condiciones de ponerse a disposición de los mandos que las vayan a utilizar, tanto nacionales como multinacionales. Para ello, sus características han de ser similares a las de las unidades de combate de los países más avanzados. Esta idea entronca directamente con el siguiente enunciado: “se avanzará hacia la máxima interoperabilidad con los aliados y socios europeos”. Esto significa que se pretende dotar a las fuerzas armadas de capacidad para adiestrarse y operar de forma efectiva en la ejecución de las misiones conjuntas y combinadas que se le asignen. Para ello, aboga por la estandarización de equipos, suministros y procedimientos para cumplir con los que, dice, son los principales objetivos que se deben fijar los países europeos: ser capaces de operar de forma efectiva con Estados Unidos y entre sí, y disponer de las capacidades necesarias para actuar en operaciones, tanto en el marco de la Alianza Atlántica como de la Unión Europea. El Ejecutivo español llega incluso a decir, respecto a las diferencias tecnológicas existentes entre la Unión Europea y el país norteamericano, que los países europeos deben esforzarse en reducirlas. La dependencia que el Gobierno parece demostrar respecto al país estadounidense también le lleva a asegurar que la interoperabilidad sobre los sistemas de mando, control e información debe permitir a las naciones europeas operar de forma conjunta “tomando como referencia Estados Unidos”. El Ejecutivo de Aznar insiste en esta cuestión en otros dos criterios. Así, anuncia que “se contará con una ‘fuerza conjunta de reacción rápida”, enlazando con el reciente proyecto europeo de defensa, que requiere unas fuerzas configuradas para ser desplegadas con la mayor celeridad posible para poder llevar a cabo operaciones de carácter nacional o multinacional, y que todas las unidades de Defensa estarán equiparadas a las de los aliados españoles, de modo que sean capaces de integrarse en fuerzas multinacionales.

Las críticas a todas estas consideraciones escuchadas en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre pudieron escucharse en boca de Felipe Alcaraz, portavoz del grupo de Izquierda Unida. Su lectura de la Revisión Estratégica de la Defensa es especialmente virulenta respecto a las relaciones militares de España y Estados Unidos. Dice que el plan no contempla el presupuesto, “eso sí, sabemos que supone un contingente muy alto de gasto militar para acompasarse a otros países europeos”, lo que supone un monto acumulativo muy alto de gasto militar “máxime cuando se acaba de anunciar por el señor Bush el llamado escudo antimisiles”. Respecto a la habitual referencia del documento al país estadounidense, Alcaraz dice que Aznar, aprovechando la presidencia europea, “defiende la necesidad de encuadrar esa fuerza de reacción como continuidad de la OTAN en coordinación activa con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso no lo podemos compartir. Defiende flexibilizar todavía más el nuevo concepto estratégico de la OTAN, aprobado en abril de 1999 en Washington, por el cual la OTAN se transforma pasando de una alianza militar defensiva a una alianza ofensiva y con capacidad de intervención en el entorno euroatlántico sin aprobación expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Partido Popular se decanta más por esa concepción de las cosas en la defensa europea, por lo que basa siempre su capacidad de intervención militar en el formato OTAN, en el formato Estados Unidos, sin el mandato expreso de las Naciones Unidas”. El diputado añade que las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas “no encajan exactamente en el artículo 8 de la Constitución”. Alcaraz señala que el documento incide en el hecho de que se pretende garantizar el nivel de prosperidad de los españoles, “¿pero dónde encajamos esto en la Constitución como actitud del Ejército?”. Y advierte sobre el punto donde se asegura que las Fuerzas Armadas han de garantizar un orden internacional estable, “y ello cuando en el artículo 8 se nos dice que la misión de las Fuerzas Armadas es ‘garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. 

Una Revisión Estratégica a la medida de EE UU

El Gobierno ha difundido, poco antes de las vacaciones de Navidad, su proyecto de Revisión Estratégica de la Defensa. La lenta gestación de un documento tan importante, pues condiciona el conjunto de nuestras relaciones internacionales, no ha resuelto el pobre contenido inicial del que adolecían los primeros borradores confeccionados en el Ministerio de Defensa ni tampoco su más que discutible constitucionalidad.

Lo primero que llama la atención es la profusión de negrillas a todo lo largo del texto, lo que hace pensar en el interés que se ha tenido en adoctrinar a los lectores en base a sucesivas ideas de fuerza y presentar afirmaciones como verdades absolutas que no puedan rebatirse, como llega a afirmarse sin ningún pudor en alguna de sus páginas.

Aunque lo más preocupante viene después. Todos sabemos que las misiones generales de las FAS, según la Constitución, son tres y por este orden: garantizar la soberanía y la independencia de España; defender su integridad territorial y defender el ordenamiento constitucional. Sin embargo los estrategas del ministerio van por otro lado y, por arte de birlibirloque, las convierten en otras tres, a saber: impedir cualquier tipo de agresión y, si fuera necesario, responder a ella; contribución militar a la paz y estabilidad internacionales; y preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Obsérvese como en estas nuevas misiones no se emplea el lenguaje constituyente, y en la primera de ellas se afirma además aquello de “impedir cualquier tipo de agresión”. Considero, que un ataque que afecte a nuestra soberanía, independencia, integridad territorial o ponga en peligro nuestro ordenamiento constitucional si podría justificar el empleo de la fuerza. Por el contrario, una agresión mediática o económica, por ejemplo, desde Irak o Marruecos no justificaría en modo alguno el empleo de esa misma fuerza. No puede ser misión de las FAS el impedir cualquier tipo de agresión sino solamente en aquellos casos que especifica la Carta Magna. Existen otras instituciones del Estado que son las que tienen que impedir y eventualmente dar respuesta a ciertas agresiones sin necesidad de vernos abocados siempre al uso de la fuerza. Solamente debe emplearse en aquellos casos en los que peligre la seguridad nacional y ello es coherente con una filosofía de respuesta flexible que es más acorde con la defensa de nuestros intereses y con nuestra tradición internacional.

En todo caso, unos conceptos nuevos en algo tan estructural como las misiones y que no sean aplicación o desarrollo de la Constitución marcan una deriva peligrosa, además de dar una clave importante sobre la posible utilización que se pretende dar al documento y que sería, nada más y nada menos, que el de trascender al propio ordenamiento jurídico y así poder facilitar el empleo de la fuerza con independencia de si el objetivo propuesto responde a los intereses nacionales o no.

En otro orden de cosas, la justificación que se hace a favor del principio de intervención de la comunidad internacional utilizando el ejemplo de Yugoslavia es francamente desafortunada. El conflicto en los Balcanes no se hubiera iniciado si Alemania no hubiera apoyado abiertamente las aspiraciones secesionistas de Croacia, con el efecto de dominó que esta acción inicial originó después. No puede hablarse de Europa como si su papel en los Balcanes hubiera sido el de solucionar la crisis; cuando en realidad no hizo más que apaciguarla después de haberla iniciado. Las misiones de paz en esta región han sido más la imposición de un nuevo orden territorial propiciado por algunas potencias europeas y permitido por EE UU que otra cosa. España sí quería mantener su coherencia internacional y con las tensiones internas a causa de la reivindicación por parte de algunos partidos nacionalistas al derecho de autodeterminación, no debería haber respaldado y participado en una política de hechos consumados en la antigua Yugoslavia, aceptándola como doctrina aplicable por la UE si a la vez no esta dispuesta también a aplicar este derecho en nuestro país. La acción exterior de nuestro Gobierno en este ámbito ha brillado por su ausencia y sólo se ha ejercitado un seguidismo político contrario a la defensa de nuestro prestigio internacional e intereses nacionales. La solidez en política exterior se obtiene con la coherencia y la permanencia, además de la calidad de los aliados, de los medios materiales y de la fuerza de que se disponga.

Las guerras del Golfo y Afganistán han puesto en evidencia lo contrario de lo que se afirma en el documento. Es decir, el gran despliegue tecnológico no ha servido para acabar con la amenaza. Si en la primera se hubieran logrado los objetivos estratégicos, no se estaría en la actualidad a punto de desencadenar un nuevo ataque contra Irak.  Lo de Afganistán, con efectos colaterales incluidos, tampoco ha servido para acabar con Al Quaeda, atrapar a  Ben  Laden o detener al tuerto mulah Omar. Ahora como justificación para invertir en costosos sistemas de armas, ambas operaciones sí pueden resultar válidas. La ausencia de resultados determinantes en ambas crisis se debe más al olvido del factor humano enemigo, a la hora de la toma de decisiones, que al escaso empleo de medios sofisticados de armas, mando y control. Pretender que la innovación tecnológica es el factor determinante para la victoria en este tipo de guerra es un ejercicio de voluntarismo que va contra la historia y denota una ausencia de lecturas básicas ( Beaufre, Lidell Hart, Mao Tse-Tung, Marigella, Sun Tzu, Raymond Aron, Che Guevara, Maquiavelo…).

En consecuencia la capacidad de actuación militar sin una concertación europea en política exterior, como las misiones Petersberg, son solamente la coartada para el mantenimiento de unos gastos de defensa, un despliegue y una organización que en modo alguno son autónomos. Hablar de capacidad militar europea sin política exterior común, o al menos concertada, es como hablar de libertad sin soberanía. Por eso el proceso de Revisión Estratégica más que un proceso compartido con el resto de aliados, es una necesidad inducida que surge por los nuevos retos que experimentan los intereses de EE UU. Basta haber asistido a cualquiera de los múltiples seminarios organizados para haber constatado que el factor determinante en nuestra revisión era definir cuál era la mejor manera de contribuir al interés estratégico de nuestro principal aliado. Un documento de esta naturaleza no debería hacer abstracción de esta circunstancia, pues desenfoca el asunto de su marco de referencia, aunque electoralmente pueda tener un coste.

Se afirma textualmente que “la Revisión Estratégica pretende ser una guía para la política de defensa española”. Debe ser al revés, y ser el Gobierno quien con su política de defensa debería de servir de guía  a los técnicos que han elaborado este proyecto y para que de esa manera su contenido fuera concordante con los intereses nacionales. Esta muy bien que se abra un debate, pero sobre todo en el Congreso de los Diputados, que es donde reside nuestra soberanía.

Señala este documento en el capítulo referido a los intereses nacionales y riesgos para la seguridad que “el objetivo global es contribuir a la estabilidad y la paz internacionales (…) en el marco de operaciones multinacionales (…) está dispuesta a involucrarse en los escenarios en que sea requerida”. También puede contribuirse a la estabilidad y paz internacional con una no intervención o con una declaración de neutralidad, dependerá del caso pero no puede establecerse a priori. Lo más chocante es cuando se dice “en los escenarios en que sea requerida”. Pero ¿por quién?, al plantearse el asunto como causa efecto y sin tener en cuenta al Congreso de los Diputados y solo con la salvaguarda de las disponibilidades y recursos. Se está soslayando la soberanía nacional en beneficio de un poder confuso e intangible, o lo que es lo mismo, se está reconociendo un enfeudamiento  internacional de nuestro país. No se entiende que este capítulo trate de los intereses nacionales y se deje a criterio de la potencia que requiere nuestra presencia en el exterior de si el asunto es de nuestro interés o no.

La defensa nacional en su conjunto tampoco puede pasar a segundo término en beneficio de la proyección de estabilidad, como se afirma, pues esa proyección debe tener siempre un carácter coyuntural y no categórico. Prueba del descuido, en el mejor de los casos, al redactar el documento es el señalar las líneas de acción estratégica antes que las misiones o lo que es lo mismo, estas últimas servirán de coartada a un camino escogido de antemano.

El criterio básico 5 del documento, le asigna al JEMAD la conducción estratégica de las operaciones, a la vez que crea un mando de operaciones que, por delegación del primero, ejercerá la conducción operacional. La responsabilidad en la conducción estratégica corresponde de lleno a las atribuciones del presidente del Gobierno, ya que la obtención del objetivo político, que es consustancial con el concepto de estrategia, no puede ser asignada a otra persona. Es en el mando de las operaciones tácticas donde el JEMAD debe desarrollar su responsabilidad, con un mando de operaciones subordinado si se quiere, pero siempre subordinando la marcha operativa a los objetivos estratégicos que, como ya se ha señalado, son eminentemente políticos y no militares.

A mi juicio, el documento tiene además dos olvidos injustificables, si, como es el caso, nace con vocación de durabilidad y trata de articular la seguridad nacional y dar respuesta a la amenaza. El primero es sobre el archipiélago canario, cuya situación geográfica excéntrica con respecto a la península merecería por sólo esta razón un tratamiento en profundidad. El segundo es Gibraltar, en donde existe una situación mafiosa de contrabando, bloqueo y de grave riesgo en el tráfico marítimo que pone en solfa nuestros intereses estratégicos en este importante estrecho, sin que se aprecie que el Gobierno español realice un esfuerzo diplomático suficiente en Bruselas y Londres. La no inclusión de estos territorios en la Revisión Estratégica marca un desinterés manifiesto en el caso de Canarias y una aceptación del statu quo existente en el caso de Gibraltar.

En resumen, las carencias de este proyecto son del todo punto lógicas si cuando hay que definir nuestra defensa nacional, estamos pensando prioritariamente en los intereses de otros países aliados y en la forma de adecuar nuestra estructura defensiva a sus necesidades. Por otro lado, la importancia del tema sí requiere la apertura de un debate, pero éste debería haberse iniciado en el Congreso de los Diputados, o por lo menos, a la vez que en los corrillos periodísticos. Pero sobre todo, sería muy sano que el PSOE hiciera una leal oposición para mejorar el texto desde una crítica constructiva, circunstancia plausible si se tiene en cuenta la cantidad de expertos con los que cuenta en este ámbito, debido a los años que ha estado en el poder.

Por Diego Camacho
Coronel de Infantería