Nº 513- 17 de junio de 2002

La inmigración centrará el debate del Consejo Europeo

Sevilla cierra el semestre español

La Cumbre de Sevilla, que reunirá a los 15 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la capital andaluza los próximos días 21 y 22 de junio, será el colofón de seis meses de presidencia española de la UE, donde Aznar ha logrado imponer su agenda al resto de mandatarios y hacer causa común de sus objetivos políticos en España. Si en Barcelona aprovechó el clima imperante tras el 11-S para convertir la lucha contra el terrorismo en objetivo primordial de la Unión, ahora será la inmigración, objeto de duras restricciones en buena parte de Europa, una de las principales prioridades del Consejo.

Por Virginia Miranda

La presidencia de turno de la Unión Europea de José María Aznar concluye a finales de este mes. El broche de oro lo pone la Cumbre de Sevilla, donde se reunirán sus 15 jefes de Estado y de Gobierno el 21 y 22 de junio para debatir cuestiones como la lucha contra la inmigración ilegal, la ampliación y el futuro de la UE. Con esta agenda de trabajo se cierran seis meses jalonados por cerca de 200 citas en las que se han tratado más de 500 asuntos, entre los que han destacado la lucha contra el terrorismo, la puesta en circulación del euro, la mejora de la competitividad europea, la ampliación de la Unión y la política exterior común.

Uno de los logros personales de José María Aznar ha sido aprovechar las corrientes de opinión surgidas en toda Europa a partir de dos hechos relevantes: los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos y la creciente preocupación por la inmigración ilegal en Europa, que ha sido el caldo de cultivo de los mensajes populistas de la extrema derecha, cuya aceptación entre parte de la ciudadanía ha alertado a los Gobiernos europeos. Así, logró que la batalla antiterrorista, uno de sus problemas domésticos más acuciantes, se convirtieran en prioridad a principios de año y que la lucha contra la inmigración ilegal, asignatura pendiente de una Ley de Extranjería insuficiente a los ojos de los populares, se haya convertido en plan de trabajo prioritario en la UE, a pesar de que no aparecía en la agenda de los Quince presentada a finales del pasado diciembre.

El jefe del Ejecutivo español ha sabido jugar sus cartas y aprovechar sus sinergias con los grandes, llámense Tony Blair, Gerhard Schröder o Jacques Chirac. El canciller alemán y el presidente francés han acordado convertir en prioridad número uno de la UE el control de la inmigración, armonizando las legislaciones de los Estados miembros tanto en lo que respecta a esta cuestión como en lo referente al derecho de asilo. Según Chirac, es necesario “luchar de manera mucho más eficaz contra los sistemas mafiosos” y Schröder ha incidido en la necesidad de evitar que la extrema derecha consiga réditos electorales gracias al actual clima de desconfianza hacia los inmigrantes. Aznar ha sabido aprovechar la circunstancia para convertir este tema en el eje central de la cumbre y definir los distintos apartados en los que se dividirá este debate: el plan de acción sobre inmigración y asilo, la lucha contra la inmigración ilegal, el control de las fronteras exteriores a través de una policía común y la cooperación internacional con terceros países de los que proceden los flujos migratorios. Así se lo ha comunicado al resto de jefes de Estado y de Gobierno de los Quince durante su gira previa a la cumbre por las capitales europeas, donde no ha encontrado más objeciones que las del primer ministro sueco, Goran Persson, que abogó por aplicar criterios de “humanidad y solidaridad” frente a la inmigración y tener “mucho cuidado” con establecer una conexión entre delincuencia e inmigración. No sólo no ha encontrado objeciones, sino que ha estado respaldado por los cambios legislativos de Italia, Dinamarca, Reino Unido y Austria, que han endurecido los requisitos para el acceso y la estancia de extranjeros en sus respectivos Estados. Aznar ha aprovechado la oportunidad para traer a casa el paquete de medidas para combatir la inmigración clandestina que resulte de las decisiones europeas. A pesar de que el líder de la oposición socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, le ha pedido explicaciones sobre el proyecto relámpago (Rajoy ha tenido que elaborarlo en 20 días) que se someterá a debate en la cumbre, el Gobierno está dispuesto a llevar las bases de reforma de la Ley de Extranjería al Debate sobre el Estado de la Nación entre el 15 y el 16 de julio.

Otra de las bazas mejor jugadas por el presidente ha sido la de alinearse con la propuesta de Tony Blair y Jacques Chirac sobre la creación de la figura del presidente del Consejo de la UE. La fórmula, que dejaría muy mal parados al Parlamento Europeo, la Comisión y los países pequeños, evitaría las criticadas presidencias semestrales que, por otra parte, serían inviables tras la ampliación. Dicen en Bruselas que el primer ministro británico y el presidente español aparecen como candidatos al puesto, aunque Blair cuenta a su favor con la proximidad de elecciones en su país.

Sin embargo, y a pesar del impulso que ha dado Aznar durante los últimos seis meses en lo que a política exterior se refiere, el fin de curso se presenta con varias asignaturas pendientes. Por ejemplo, aún no se ha adjudicado la sede de la agencia alimentaria, que se disputan Helsinki y Barcelona. Los alemanes insisten en que no aportarán más dinero a la UE a pesar de la ampliación y propugnan un recorte de las ayudas agrícolas, lo que dificulta seriamente seguir avanzando en el tema de la ampliación. Y por si eso fuera poco, los germanos están dispuestos a sacar adelante su propuesta de reformar la política pesquera, con lo que la flota española saldría seriamente perjudicada.

Las propuestas

Inmigración: el Consejo Europeo abordará el problema de la inmigración ilegal dentro del contexto más amplio de la política común de asilo e inmigración. Tratará de forma particular la gestión común de las fronteras exteriores de los Quince y la integración de la política migratoria en las relaciones exteriores de la UE. Durante las dos últimas semanas ha surgido cierta controversia sobre la posibilidad de que la Cumbre de Sevilla impulse un visado común europeo y amplíe la lista de países a cuyos ciudadanos se les exigirá visado para entrar en la UE. Mientras que Mariano Rajoy anunciaba el 6 de junio que España podría exigirlo a ciudadanos de países latinoamericanos tras su anunciada reforma de la Ley de Extranjería, el titular de Exteriores, Josep Piqué, precisaba al día siguiente que esta cuestión no forma parte de la agenda de los Quince en la cumbre.

Lo cierto es que las bases de este apartado sobre la inmigración que se debatirá este próximo viernes aparecen en el Plan Global de Lucha contra la Inmigración Ilegal y la Trata de Seres Humanos, aprobado por la Unión Europea el pasado 28 de febrero. Conforme al mandato del Consejo Europeo de Laeken, se instaurará un sistema común de identificación de visados para intercambiar información. Con ello se pretende avanzar en la creación de oficinas consulares comunes en países terceros.

Este plan se concibe como una guía que ayude a planificar las acciones que se puedan ir implementando para combatir eficazmente el fenómeno de la inmigración ilegal.

Su acción se centra fundamentalmente en el control de visados, en la mejora de la calidad y eficacia de los controles fronterizos, en las políticas de readmisión y repatriación, en la potenciación del papel operativo de Europol y en la búsqueda de medidas represivas contra este tipo de delitos.

Ampliación: se revisará la marcha de las negociaciones de adhesión durante el semestre de la presidencia española con vistas a alcanzar posiciones comunes dentro de la UE, de acuerdo con lo previsto en la agenda de los Quince, propuesto por la Comisión Europea y aprobado por el Consejo. Los pasados días 10 y 11 de junio se celebraron en Luxemburgo las conferencias ministeriales de adhesión correspondientes a este semestre. Durante el transcurso de las mismas, la presidencia de turno de la UE ha acordado el cierre provisional de algunos capítulos como transportes, competencia, política regional, asuntos de justicia e interior o energía, entre otros. La Unión ha insistido en la importancia de que los países candidatos desarrollen y refuercen su capacidad administrativa y judicial.

El Consejo Europeo de Sevilla realizará una primera evaluación del informe que hace pocos días ha presentado la Comisión sobre el desarrollo de sus planes de acción para el fortalecimiento institucional de los candidatos.

Durante la presidencia española se han abierto siete capítulos de negociación con Rumanía (ya son 24), por lo que podría alcanzar su objetivo de abrir la totalidad de los 30 capítulos al término del presente año.

Respecto a Bulgaria, las negociaciones han experimentado un fuerte impulso, lo que ha permitido cumplir el objetivo de abrir la totalidad de los capítulos, así como cerrar provisionalmente 20 de ellos.

Estos dos países han entrado en una fase cualitativamente diferente del resto, lo que les permite el establecimiento, para finales del presente año, de un marco previsible y fiable para la conclusión de su proceso de adhesión.

En esta ronda ministerial se ha negociado un total de 83 capítulos, de los cuales ocho se han abierto por primera vez y 49 se han cerrado provisionalmente.

El futuro de la UE: los Quince estudiarán un informe de la presidencia sobre la reforma del Consejo Europeo y escucharán una primera evaluación de Valery Giscard d’Estaing sobre los trabajos de la Convención Europea. Esta será la primera oportunidad de escuchar las propuestas que comienzan a ganar peso entre los Quince y cuyo éxito requerirá la reforma de los tratados constitutivos de la Unión. La de mayor calado es la referida a la posibilidad de que el Consejo Europeo elija, de entre los ex presidentes y ex primeros ministros de la UE, a la persona que debería ejercer el cargo de presidente de la Unión. El puesto tendría una duración de dos años y medio o cinco y podría estar asistido por otros cinco o seis mandatarios. Sin embargo, la Cumbre de Sevilla no adoptará una postura definitiva al respecto. Será la convención sobre la ampliación la que deberá elaborar un informe final sobre el futuro de la UE para la primavera del próximo año, que deberá centrar el debate de la Conferencia Intergubernamental que se desarrollará durante el año 2004.

Cuestiones económicas: el Consejo Europeo debatirá sobre las grandes orientaciones de política económica (GOPES) y abordará los mandatos fijados en el Consejo Europeo de Barcelona. Entre ellos figura un acuerdo sobre la fiscalidad de la energía que se aplicará de manera paralela a la liberalización de los mercados energéticos en 2004 y la apertura de los mercados del gas y de la electricidad a los consumidores no domésticos en ese mismo año (al menos el sesenta por ciento del mercado energético de estas materias estará liberalizado). Los Quince refrendaron también el denominado Pacto de Estabilidad para alcanzar en 2004 el equilibrio presupuestario, mostraron su disposición a ratificar el protocolo de Kioto antes de la Cumbre de Johannesburgo y acordaron elevar la ayuda media al desarrollo de los Quince al 0,39 en 2006. En cuanto a empleo, los Quince indicaron que el objetivo es crear 20 millones de puestos de trabajo en esta década (desde la Cumbre de Lisboa ya se han creado cinco millones). Respecto a la conexión de los mercados europeos, se anunciaron la aplicación de las propuestas del Informe Lamfalussy, la integración de los mercados de valores en 2003 y la plena integración de los servicios financieros en 2005, con la aplicación de siete directivas comunitarias distintas en 2002. Además de la liberalización de los mercados de la energía y el gas, se acordó la revisión de las redes energéticas antes de fin de año y el fomento de la interconexión eléctrica para que sea un 10% de la capacidad instalada de cara al año 2005.

En lo que respecta a las telecomunicaciones, en Sevilla se presentará el nuevo plan e-Europe 2005 para el desarrollo de la banda ancha y se ha llegado a un acuerdo para que, en el año 2003, la proporción de ordenadores sea de uno por cada quince alumnos.

Relaciones exteriores: los Quince pasarán revista a la actividad exterior de la Unión Europea durante el semestre, a la situación internacional y prepararán su posición para diversas citas internacionales y, en particular, para la Conferencia para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, donde se impulsará una iniciativa de cooperación estratégica y prioridad para la gestión integrada de recursos hidráulicos. Por otra parte, Piqué considera que hay un amplio consenso para que en Sevilla se decida crear un nuevo Consejo de Relaciones Exteriores. La idea consiste en separar los aspectos de coordinación de los Consejos Europeos de los temas propios de la política exterior de la UE. De este modo, la política exterior se desgajaría del actual Consejo de Asuntos Generales para que éste se dedique con profundidad a las tareas de preparación de las reuniones periódicas de los jefes de Estado y de Gobierno.

FORO SOCIAL, LA ALTERNATIVA

Paralelo al Consejo Europeo discurrirá el Foro de Sevilla, una contracumbre en la que participarán medio centenar de organizaciones políticas, sindicales y civiles para aglutinar a todos los que se oponen a “los principios y contenidos del pensamiento único”. Desde que se presentaron hace dos meses en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la ciudad andaluza, han venido promoviendo todo tipo de actividades para ensayar la que será su gran concentración. Fiestas, jornadas de coloquios, actividades sindicales con motivo del día de los trabajadores, reunión estatal de grupos antiglobalización, conferencias y hasta una concentración en contra de las centrales nucleares con motivo del aniversario de Chernobil han sido una muestra de lo que se verá durante el próximo fin de semana en la capital hispalense. Para empezar estaba prevista una manifestación sindical que recorrería las calles de la ciudad el jueves día 20. Sin embargo, ante la convocatoria de huelga general, han preferido no sumarse como colectivo para evitar incidentes. Por la tarde comenzarán los debates y coloquios y el viernes saldrán de nuevo a la calle, pero esta vez será para llenarla de conciertos, representaciones teatrales, pasacalles y recitales de poesía. Antes de que concluya la jornada, el foro realizará una “marcha europea contra la precariedad” y retomará los debates. El sábado, los asistentes a esta cumbre alternativa pondrán en común durante una sesión plenaria las conclusiones de sus actividades y propondrán “actos alternativos a la agenda de la Unión Europea”. Finalmente, una gran manifestación antiglobalización dará por terminadas las actividades organizadas por el Foro Social de Sevilla, aunque sus representantes aseguran que tiene vocación de continuidad y seguirá promoviendo actividades y reuniones semejantes. La marcha partirá de la Plaza de la Duquesa Cayetana de Alba, discurrirá por delante del Parlamento y terminará en la Avenida del Cid.

En una cosa van a coincidir los mandatarios europeos y los asistentes a la cumbre: la inmigración será también en este caso el tema central del foro antiglobalización. Además, los derechos laborales y otra decena de propuestas serán debatidos por los asistentes. El primer asunto tiene que ver con la región en la que se celebra el foro, que es la puerta de entrada de inmigrantes norteafricanos y destino de muchos trabajadores procedentes de otros países empleados en el sector agrícola. El de los derechos laborales está estrechamente relacionado con el mismo motivo por el que los sindicatos han convocado la primera huelga general durante el Gobierno del PP: la reforma de la protección al desempleo.

Las distintas administraciones han recibido con menor y mayor agrado el calendario de actividades previsto por el foro. La Delegación del Gobierno en Andalucía ha prohibido el itinerario de la manifestación del sábado 22, por considerar que podría alterar el orden público “con evidente peligro para personas y bienes” y ha propuesto otra alternativa mucho menos vistosa que discurriría entre el puente del Alamillo y la Puerta de Triana. Los representantes del foro, que han recurrido la prohibición por considerar que obedece a motivos políticos, aseguran que serán ellos mismos los responsables de velar por la seguridad y el orden en la manifestación y ya han previsto un dispositivo de 300 personas para evitar incidentes. Mientras, la Junta de Andalucía colabora con la financiación de algunas de las actividades programadas, ayuda que el foro lamenta no recibir del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. Los organizadores de la contracumbre consideran insuficiente la cesión de determinados espacios y edificios municipales, como el parque del Alamillo o las universidades Pablo de Olavide e Hispalense, para el desarrollo de las actividades programadas.

SEVILLA, ENTRE DOS AGUAS

Al alcalde de Sevilla le espera una semana de infarto. En tan sólo cuatro días, la ciudad se le va a llenar de jefes de Estado y Gobierno europeos, funcionarios de la UE, periodistas, huelguistas y manifestantes antiglobalización. Todo ello aderezado con empleados de hoteles, comercios y medios de transporte público, servicios imprescindibles en situaciones extraordinarias como ésta, secundando un paro que en la capital hispalense puede ser el caos. Los establecimientos hoteleros, donde se hospedarán los más de 5.000 participantes en la cumbre, secundarán la huelga. También lo harán los trabajadores del aeropuerto de la ciudad andaluza, que realizarán paros parciales los días 18 y 21, además de la jornada de huelga.

Sin embargo, Alfredo Sánchez Monteseirín no parece haberse amedrentado. Carteles en cinco idiomas dando la bienvenida a los mandatarios europeos cubren las vallas publicitarias de la ciudad, por cuya seguridad velarán 5.000 agentes de policía durante el transcurso de la cumbre, aunque la huelga general impedirá completar el dispositivo de seguridad hasta el mismo día en que dé comienzo. Mientras, a pesar de que el foro antiglobalización reclama más colaboración del consistorio, ha cedido lugares y centros públicos para permitir la celebración de las actividades programadas. Lo que no parece hacerle tanta gracia es la particular querencia que tanto los organizadores del Consejo Europeo como los representantes del foro tienen por el centro de la ciudad. Estos últimos reclaman la cesión de edificios públicos más céntricos. Mientras, en los primeros “ha prevalecido la brillantez por encima de la comodidad de la ciudad” a la hora de elegir alojamiento y centro de reuniones, según Sánchez Monteseirín, aunque asegura que hará todo lo posible para contrarrestar las molestias. Y es que el hotel donde se alojarán los mandatarios europeos es el afamado y céntrico Alfonso XIII y el lugar donde se celebrará el debate de los Quince el Palacio de Congresos, lugares “magníficos” y “extraordinarios”, pero mucho menos prácticos que el monasterio de La Cartuja u otros hoteles alternativos que proponía el alcalde. Incluso un informe de la policía alertó a principios de año al Ministerio del Interior sobre la conveniencia de que la cumbre se celebrara en la isla de la Cartuja, más cómodo y fácil de vigilar. Sin embargo, el Gobierno desoyó las recomendaciones y eligió dos enclaves que a los sevillanos ya han empezado a provocar los trastornos propios de los dispositivos de seguridad de una cumbre de jefes de Estado. Los comerciantes de la calle San Fernando, que recorre la fachada principal del rectorado de la Universidad de Sevilla y del hotel donde se hospedarán los líderes de la UE, han visto descender drásticamente sus ventas como consecuencia de la instalación de vallas de seguridad. Mientras, hace ya un mes que el Ayuntamiento ha tenido que iniciar los cortes de tráfico en la zona en la que se encuentra el Palacio de Exposiciones y Congresos.

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