La hora de los Ayuntamientos

Rafael Merino: "Jamás en unos Presupuestos del Estado ha habido tanto dinero destinado a los ayuntamientos como ahora, sea o no suficiente"

Jordi Jané: "En aquellas comunidades en las que hay competencia exclusiva en materia de régimen local, el pacto debería hacerse a nivel autonómico

Josu Erkoreka: La 'segunda descentralización' no debe circunscribirse sólo a transferir competencias autonómicas a los municipios, sino también del Estado

Alvaro Cuesta: "El Pacto Local no tiene que suponer una subida de impuestos. preocupa que se quera bajar el IAE a costa de un catastrazo

Poco más de un año resta para las elecciones municipales, previstas para mayo de 2003, y los partidos políticos, conscientes de que estos comicios constituyen la antesala de las generales de 2004, han comenzado a engrasar la maquinaria electoral para abordarlas con éxito. EL SIGLO, en el marco de los coloquios que celebra regularmente, ha reunido a representantes de los principales partidos políticos para que expongan sus planteamientos de unos preparativos, sobre los que, además, planea un Pacto Local ofrecido por el presidente Aznar, que, si llega a buen término, condicionará, y mucho, las municipales de 2003.

Por Ana Pardo de Vera

Estuvieron en la mesa de debate de El Siglo, Rafael Merino, diputado por Córdoba y portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GP) en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas; Álvaro Cuesta, diputado por Asturias y secretario de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva federal del PSOE; Jordi Jané, diputado por Barcelona y portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (GPC-CiU) en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, y Josu Erkoreka, diputado por Vizcaya y portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (GV-PNV) en la Comisión de Régimen de las Adminitraciones Públicas. Comenzó el coloquio con una valoración general de la situación en la que, realmente, se encuentran hoy los ayuntamientos. Para Rafael Merino, portavoz del Gobierno, “no sólo es la hora, pues el concepto de hora es muy efímero, sino que es el momento de hablar, de trabajar y de llevar a cabo una segunda descentralización. En esa línea, el presidente Aznar ha lanzado la necesidad de llegar a un Pacto Local, de segunda descentralización, y no sólo con el PSOE, pues como bien han remarcado tanto el presidente como los ministros, hay que tener en cuenta a todas las formaciones políticas. No hay partido ni dirigente que no haya dicho que los ayuntamientos han sido la cenicienta de nuestra democracia, y si eso es así, difícilmente se podría admitir que no ha llegado la hora de hablar de la hora de los ayuntamientos. Mi experiencia como municipalista me demuestra que, hoy, los ayuntamientos están ejerciendo muchas competencias que no les han sido atribuidas pero que el ciudadano le demanda, por lo que hay que encontrar las fórmulas necesarias de ajuste de nuestro sistema de ordenamiento”.

Por su parte, Jordi Jané manifestó que no sólo cree que ha llegado la hora de los ayuntamientos, sino que calificó de “asignatura pendiente” la administración local dentro del desarrollo constitucional. Además, el portavoz del Grupo Catalán sostiene que “esta asignatura tiene una pata importantísima: un mejor sistema de financiación de los entes locales que hay que resolver, ya que no se hizo bien en 1988 y entonces nuestro grupo se opuso a la Ley de Hacienda Locales. Este año, la Ley de Financiación se ha convertido en una prioridad a abordar antes de las elecciones municipales, previstas ya para el cuarto domingo de mayo de 2003, y debe darse con un respeto escrupuloso, además, a la organización territorial local de cada comunidad”. El portavoz de CiU aportó como ejemplo el de su propia comunidad: “En Cataluña, están las comarcas, excluidas de la Ley de Haciendas Locales y que son entes locales con competencias propias que deben entrar en el juego de la financiación local. En cuanto a si debe o no haber un Pacto Local, creemos que en aquellas comunidades en las que hay competencia exclusiva en materia de régimen local, ese pacto debería hacerse a nivel autonómico. Nos preocuparía que, desde el Estado, se intentara llegar a un acuerdo con el que, sin consulta previa a las comunidades, se sustrajeran competencias autonómicas para otorgarlas a los municipios sin pasar por las comunidades autónomas. Y que eso, además, no desvíe la atención sobre lo que es el gran debate: dotar de medios de financiación suficientes a los ayuntamientos y a las corporaciones locales para prestar las competencias que ya tienen asumidas”.

Josu Erkoreka, portavoz del Grupo Vasco, considera, sin embargo, que esta hora o momento de los ayuntamientos o municipios hace tiempo que está siendo, en concreto “desde que la Constitución proclamara la Autonomía Municipal y el Tribunal Constitucional, ya en 1981, la configurara como una garantía institucional orientada a preservar una determinada imagen del municipio o del escalón local, incluso, frente las intromisiones del legislador estatal o autonómico. El Gobierno socialista planteó el tema local en 1994 y, por lo menos en lo que al País Vasco se refiere, forma parte de la agenda política desde hace ya tiempo, aunque bien es verdad que no ha sido posible alcanzar los consensos necesarios para su completo desarrollo. El problema radica, a nuestro juicio, en que remitirnos a la problemática que en este momento tiene la administración local para circunscribir el problema solamente a un problema de descentralización competencial es una visión excesivamente reduccionista del mismo, porque el municipio tiene retos importantes”. El portavoz del PNV enumeró algunos de ellos, como los “de definición estructural en lo que refiere a su papel institucional de cara a un mundo globalizado, a un mundo en el que van a tener una importancia especial redes de ciudades, de municipios, llamadas a tener una relevancia institucional mucho mayor de la que tienen ahora... En todo caso, si un pacto local se suscribe a nivel de Estado debería limitarse a emplazar a las comunidades autónomas a que lleguen a su propio arreglo interno en lo que se refiere a la definición del papel que tiene el municipio dentro de su estructura institucional. La configuración del ente de nivel local en cada Comunidad Autónoma es distinta, por no hablar de fenómenos como las islas, los cabildos y los territorios históricos vascos que tiene una dimensión y un perfil radicalmente diferente al que otros escalones municipales tienen en el ámbito de otra Comunidad Autónoma”.

Para Álvaro Cuesta, máximo responsable de Política Municipal en el PSOE, hace “bastante tiempo” que es la hora de los municipios o ayuntamientos, aunque eso no impida “darle su justo valor a lo que ha sido la gestión municipal en España, pues desde 1979 han tenido un papel simbólico las gestiones municipales, que han innovado y cubierto los déficits de gestión de otras administraciones. En segundo lugar, es cierto que el proceso político español desde la aprobación de la Constitución focalizó el debate territorial en la construcción del Estado de las Autonomías y eso significó que, efectivamente, la administración local y el concepto mismo de autonomía local pasaron a ocupar un segundo plano. Se ha ultimado, pues, la construcción del Estado de las Autonomías y, por lo tanto, lo que hace falta ahora es definir de manera definitiva el encaje de ese concepto de autonomía local en el marco del Estado de las Autonomías. Y en tercer lugar, deseo resaltar que en la cultura política del Partido Socialista, siempre ha estado presente el hecho municipal: Pablo Iglesias fue concejal por Madrid en 1905; Besteiro fue concejal por Madrid en 1911, y definía el ayuntamiento como ‘una pequeña ciudad-estado’; nuestro protagonismo en la gestión desde 1979 ha sido muy importante; hemos dado un impulso en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) –en el Congreso de A Coruña, ya en 1993, se formula un ambicioso planteamiento de Pacto Local-, y la actual dirección del PSOE ha hecho una gran aportación: José Luis Rodríguez Zapatero, aun en su discurso como candidato a la secretaría general y en el mismo momento de la clausura del 35º Congreso, coloca en la centralidad de la estrategia política del PSOE, entre las tareas pendientes en España, precisamente el desarrollo de la autonomía local, diciendo abiertamente que es la hora de las ciudades y de los municipios en España”. Sin embargo, para Álvaro Cuesta se precisa más trabajo acorde con los tiempos para consolidar una política local satisfactoria, pues “si bien en los años 85 y 88, con dos leyes fundamentales, la Ley de Base de Régimen Local por un lado y la Ley de Haciendas Locales, por otro, se estabilizó de alguna forma el hecho local y se dotó de un régimen jurídico y de un sistema de financiación adecuado a los ayuntamientos españoles, estas leyes, con el tiempo y la propia evolución territorial del Estado, han quedado convertidas en leyes superadas. Y ejemplifico con un dato: cuando se aprueba la Ley de Haciendas Locales, se pone el contador de la deuda municipal a cero, algo que el Gobierno debería tener presente para la oferta que va a hacer y que aún no conocemos. Se hizo borrón y cuenta nueva y se habilitó un crédito extraordinario porque se partía de una convicción, la de que los ayuntamientos se habían endeudado no por actitudes faraónicas ni por diversión, sino porque habían cubierto muchos déficits que generaban en la prestación de servicios muchas administraciones. Y eso mismo está ocurriendo hoy, porque hoy el 30% del gasto municipal se está dirigiendo a lo que los ayuntamientos llaman ‘competencias impropias’, es decir, a prestar servicios que demandan los ciudadanos y que no se prestan adecuadamente por parte de otras administraciones”. La solución, para el responsable socialista, pasa por “poner en marcha nuevos mecanismos que definan ese encaje, aunque insisto en que desconocemos la propuesta de Pacto Local del Partido Popular, aparte de algunas generalidades. Y doy dos datos al PP: en la ponencia sobre El Estado del siglo XXI, que habéis aprobado en el XIV Congreso, dedicáis exactamente cuatro párrafos a la descentralización en una ponencia de muchos folios y en el discurso de hora y diez minutos del señor Aznar, el Pacto Local consumió 15 segundos”.

El contexto político del Pacto Local. El hecho de alcanzar un acuerdo de gestión municipal con el consenso de todas las formaciones políticas, tal y como propuso el presidente del Gobierno, José María Aznar, en su discurso del XIV Congreso del PP, viene condicionado por una serie de circunstancias que enmarcan el ámbito político actual: la mayoría absoluta del partido del Gobierno, la relación de los nacionalismos con el Ejecutivo popular, que no atraviesa precisamente por uno de sus mejores momentos, y, en especial, el hecho de hallarse a poco más de un año de las elecciones municipales. Y, precisamente, a estos requisitos se refirieron los participantes en el debate de El Siglo. Así, para el portavoz del PP, Rafael Merino, “la construcción del Estado no se puede hacer depender de procesos electorales, porque si hoy no hablamos de ayuntamientos, ¿cuándo hablamos de ayuntamientos? ¿Dejamos que pasen las elecciones de 2003? ¿Esperamos a la precampaña de las generales en el otoño de 2003? ¿Esperamos a las elecciones generales de 2004?”. En esta línea, Merino trató, además y como representante del partido que gobierna, de tranquilizar a los contertulios nacionalistas, delegados a su vez de dos formaciones políticas gobernantes en sus respectivas comunidades autónomas: “Lo dijo el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y lo dijo asimismo el presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando se habla de la segunda descentralización de Estado o de Pacto Local, desde el Ejecutivo lo que se quiere es marcar una base para la cual es fundamental el acuerdo de los partidos políticos, puesto que, después, quienes desarrollarían ese pacto local serían las comunidades autónomas, pues son quienes tienen las competencias. Y cada Comunidad Autónoma está gobernada por el miembro de un partido, es decir, no me imagino que el PSOE en las comunidades autónomas en las que gobierna, si no se llega a un acuerdo, vayan a desarrollarlo; o de CiU o del PNV. Cada Comunidad Autónoma tiene su propia estructura local –por ejemplo, en Andalucía existen las mancomunidades– y todo el engranaje del Pacto Local no se puede hacer desde arriba hacia toda España, sino que hay que procurar llevar a cabo ese Pacto Local en cada Comunidad Autónoma. Además, hay que abordar el tema de la financiación en base a las competencias actuales que hoy tienen los ayuntamientos y entes locales, es decir, necesitamos nuevas leyes, una vez superadas las de los 80. Todos debemos de ponernos de acuerdo para que ese proceso se desarrolle en todas y cada una de las comunidades”, concluyó Merino.

Jordi Jané, por su parte, resaltó el hecho de que España esté gobernada con una mayoría absoluta, algo que, en su opinión, “debería servir para que el PP se mostrase más generoso, pues es sabido que puede hacerlo, y puede llegar a acuerdos no porque necesite esos votos, sino porque quiere hacerlos”. Sin embargo, el portavoz de CiU insistió en un aspecto que afecta a los partidos que no son ni el del Gobierno ni el principal de la oposición: “Nos preocupa que los pactos se estén gestando a dos, porque el Parlamento no es cosa de dos y se ha demostrado siempre. Existe pues, una voluntad de hacer pactos de Estado entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, siendo después las demás formaciones algo así como los invitados a los postres. Y éste es un planteamiento que a CiU le preocupa, puesto que las comunidades autónomas somos Estado y los partidos nacionalistas importantes que gobernamos comunidades autónomas importantes, como el PNV en Euskadi y CiU en Cataluña, siempre hemos demostrado una gran lealtad constitucional”. Jané aludió a las declaraciones de Rafael Merino en las que aseguraba que el Pacto Local lo ejecutarían las comunidades autónomas, pero se mostró contrario a que eso se llevase a cabo “por imposición”, aclarando que CiU “no lo va a aceptar, pues supondría conculcar nuestras competencias en ese ámbito. Mucho menos en un momento en el que Europa ha asumido competencias que eran de las comunidades autónomas españolas, otorgadas por los Estatutos de Autonomía”. El diputado catalán advirtió que si desde el Estado se diseña una “pérdida competencial autonómica, correríamos el riesgo de diseñar una Comunidad Autónoma que sería una macrodiputación y no lo que debe ser, una entidad con poder político. Asimismo, nos preocupa la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las corporaciones locales si no va acompañada de una financiación potente, porque, y antes lo comentaba Álvaro Cuesta, muchas veces los ayuntamientos han tenido que asumir prestaciones mal financiadas y han quedado unos déficits que se subsanaron poniendo el contador a cero. Y hoy, esto mismo debe de advertirse con la nueva normativa de la Ley de Financiación presupuestaria. El gran debate es, por tanto, ahora, el de la financiación”.

Josu Erkoreka, por su parte, sí cree que cualquier momento es bueno, siempre que haya voluntad por parte de todas las formaciones políticas, para abordar el debate de política municipal en busca de un consenso, independientemente de las circunstancias. Pero mostró una preocupación: “Que cuando se hable de la hora de los ayuntamientos, todo el mundo ponga sobre la mesa la cuestión de la segunda descentralización, como si la problemática del poder local se circunscribiera exclusivamente a un problema de transferencia de competencias de titularidad autonómica a los municipios, siendo aquél mucho más amplio, ya que incluye, además de a las comunidades autónomas, a la administración del Estado. Más allá, tenemos el problema de la definición del municipio como escalón institucional clave para abordar los retos del futuro en una sociedad globalizada que nos está cambiando todas las estructuras, sociales, económicas, etc. que hasta ahora constituían nuestro punto de referencia. Además, existe un problema indisociable al de la definición competencial, que es el de la financiación”. El portavoz del PNV concretó y enumeró otra serie de complicaciones que habría que resolver para llegar a un acuerdo local, que por otro lado, resultaría imposible sin ellos. “Hay otras dificultades, como la de qué puede hacer el poder local con decisiones tomadas por la administración estatal, pues ha habido algunas recientes que han sido determinantes para la vida local, pero que aún son objetos de mucha controversia. Como aquélla de convertir en urbanizable los territorios municipales que no estuvieran especialmente protegidos y que han condicionado radicalmente las políticas de diseño urbano o de expansión municipal; o la de suprimir la cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento medio del suelo urbanizable, entre otras”.

El secretario de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva federal del PSOE, Álvaro Cuesta, se mostró de acuerdo en que la financiación constituye uno de “los pilares fundamentales del Pacto Local”, así como de que no se trata de una simple transferencia de competencias de la comunidades autónomas a los entes locales, puesto que “hay temas que son competencias del Estado, como la financiación y la regulación de la Ley de Haciendas Locales; determinadas políticas de integración social de inmigrantes; algunos aspectos en materia de seguridad; las bases de las ciudades; el tema del propio régimen jurídico que eleve la calidad democrática de los ayuntamientos… Y eso debe de estar en el Pacto Local, no como hasta ahora ha estado diciendo el Gobierno: ‘Lo que nosotros podemos resolver no entra, entra lo que tienen que hacer las comunidades autónomas“. Para Cuesta, precisamente, desde el principio de la cooperación debería abrirse un debate con las comunidades autónomas “para llegar a una propuesta seria que resuelva lo que yo llamo el encaje de la autonomía local en el Estado de las Autonomías. Sin embargo, la gestión del Gobierno en materia de las autonomías locales hace poco creíble la propuesta de José María Aznar, por varias razones: Real Decreto 4/2000, por el que se invaden las competencias de los ayuntamientos en algo tan elemental como es racionalizar el proceso de construcción urbana; el Real Decreto 6/2000, en donde se establece que obligatoriamente en toda gran superficie habrá una estación de servicio, hurtando a los ayuntamientos la capacidad de tomar decisiones y de planificar el suelo o la configuración de las grandes superficies; la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que asfixia a los ayuntamientos, les limita e invade la autonomía local, aparte del anuncio de eliminar la posibilidad de adquisición de suelo por parte de las corporaciones locales, que sería tanto como atentar contra la capacidad que tienen los ayuntamientos de realizar políticas activas de suelo”. El responsable socialista recordó, asimismo, una resolución de la FEMP en la que denunciaba dos comportamientos del Ejecutivo: “La Ley de Estabilidad Presupuestaria, pidiendo que la FEMP se pusiera al servicio de los ayuntamientos para recurrirla, algo que, reconozco, está en marcha, y la actitud intrusionista del Gobierno en la financiación local, puesto que hay una subcomisión técnica en la FEMP que no está recibiendo ni siquiera información. Hay pues, un conflicto puntual que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de Pacto Local”.

El portavoz de la Comisión de Régimen para las Administraciones Públicas del Grupo Popular aclaró la postura del Gobierno y respondió a las críticas del PSOE a su gestión e intencionalidad en cuanto a política municipal. Así, para Rafael Merino, “resulta inevitable que, cuando se habla de construcción de Estado aparezca la financiación, o sea, el dinero. La actitud del Partido Socialista ha sido la de incitar a los ayuntamientos a que recurran la Ley de Estabilidad Presupuestaria y esta cuestión lo es más de carácter político que municipal, puesto que los ayuntamientos que van a recurrir esta norma son aquéllos en los que el PSOE gobierna en coalición con Izquierda Unida o con otros partidos, es decir, que somos conscientes de que en la Ley de Estabilidad Presupuestaria nos hemos quedado más bien solos, aunque seguimos creyendo que es una ley buena y necesaria. Lo cierto es que hay un dato que es innegable y es que la política económica del Gobierno Aznar ha sido buena para España y, más concretamente, jamás en unos Presupuestos Generales del Estado ha habido tanto dinero para los ayuntamientos como lo está habiendo ahora, sin entrar en que esta cantidad sea o no suficiente. Y, por otro lado, se hable de que el Estado se mete en competencias que lo son del ente local, pero ¿acaso las comunidades autónomas no se meten en estas mismas competencias locales? Por ejemplo, a la hora de elaborar un plan general de Ordenación Urbana, que deben abordar los municipios pero que siempre retocan o bloquean las comunidades autónomas. Y esos son los elementos que hay que analizar, para lo cual debe hacerse una reflexión y es que si los partidos nacionalistas, que han defendido la transferencia de competencias desde el Estado a las autonomías, van a ser más cicateros con la transferencia del gobierno comunitario a los ayuntamientos. Por tanto, el planteamiento de que lo que pretende hacer el Gobierno central con el Pacto Local es darle competencias a los ayuntamientos para quitárselas a las comunidades autónomas no es en absoluto sostenible”.

Traspaso de competencias. A la hora de abordar el Pacto Local, debe tenerse en cuenta que no todas las competencias que se pretendan transferir a los ayuntamientos deben ser medidas con el mismo rasero. Y a éstas se refirieron los contertulios, haciendo hincapié en las competencias que consideran que deben ser competencia exclusiva de los municipios, en otras que deben serlo, aunque no en su totalidad, y en aquellas que, según la visión de cada formación política, no deben serlo bajo ningún concepto, al pertenecer su gestión a otras administraciones.

Para Rafael Merino, “es absolutamente necesario analizar todas y cada una de las competencias, viendo lo que se está haciendo desde cada ayuntamiento y hasta dónde queremos llegar, por lo que, en principio, negar no se les puede negar nada. No hay que poner, pues, ningún límite, lo cual no significa que al final, se les den todas estas competencias a los ayuntamientos, pero sí que deben ser analizadas una por una. Hay que ver las actividades de cada ayuntamiento, unos más dedicados al turismo, por ejemplo, y de esta forma que sean ellos los que diseñen su ciudad. Eso es autonomía local, poner sobre la mesa todas las materias, analizarlas y establecer conclusiones”.

Para Jordi Jané, en representación del Convergència i Unió, se está exigiendo, “vía Pacto Local, que competencias autonómicas pasen a las corporaciones locales y se nos quiere imponer un suprapacto que no venga de las comunidades autónomas, sino del conjunto del Estado. Nosotros estamos a favor de dar un impulso a la descentralización del Estado y en cuanto al número y a qué competencias, en cuanto a grandes ciudades, por ejemplo, apoyamos la Carta Municipal de Barcelona, consensuada con todas las fuerzas políticas de Cataluña y por la que se ceden competencias, incluso comunitarias, a Barcelona”.

Josu Erkoreka, por su parte, insistió en que el problema del Pacto Local “es más amplio que la definición competencial de los entes locales y toca a diversos ámbitos de la administración del Estado. En cuanto a que si hay que revisar toda la legislación de los años 80 en materia de régimen local, es evidente que se hace necesario desde el punto de vista de lo que significa el municipio como nivel institucional de gran importancia y de cara a los retos que éste debe afrontar”. En cuanto a qué competencias deben o no transferirse a los municipios, el portavoz del Grupo Vasco en la Comisión Constitucional cree que “la definición competencial de los entes locales es, en parte, materia concerniente de la Administración estatal y, en parte, autonómica, por lo que esa definición sectorial la hace, a veces, el legislador sectorial estatal y, a veces, el legislador sectorial autonómico. Y cuando ha correspondido a este último, se ha realizado de muy diferentes formas, porque la problemática de los diferentes sectores es muy distinta en unas comunidades autónomas que en otras. Así, hay comunidades con un fuerte componente turístico, por ejemplo, y que en otras se les han concedido estas competencias a determinados ayuntamientos en beneficio de su promoción turística particular. Sería correcto hablar de una segunda descentralización, por tanto, si en todos los municipios del Estado los niveles competenciales fueran los mismos, pero no es el caso”. Otro aspecto que, según el portavoz vasco, debe tenerse en cuenta pero no en exclusividad, es el porcentaje de distribución del gasto público, “indicador cuantitativo de los niveles de descentralización, eso sí, junto a otros indicadores cualitativos, también muy importantes”.

En respuesta a este temor socialista de que hubiese una subida de impuestos para los ciudadanos por parte del Gobierno central, el portavoz del mismo, Rafael Merino, aseguró que, aun alegrándose mucho del cambio de actitud del Partido Socialista, “que ha votado en contra de todas las propuestas de bajada de impuestos que ha realizado el Partido Popular”, no va a haber subida de impuestos: “Y con respecto al IAE, nosotros votamos en contra por una razón muy sencilla: queremos que desaparezca mediante una fórmula que se hará pública en su momento. Otra cosa en la que no estoy de acuerdo es que aquí se está planteando que la financiación depende del Gobierno central, cuando no es cierto, puesto que hoy las comunidades autónomas tienen competencias financiadas que están ejerciendo los ayuntamientos, por lo que esta financiación también es competencia de las comunidades autónomas”.

El debate concluyó con una valoración por parte de los representantes políticos sobre la propuesta socialista que solicita la aprobación de la elección directa de alcaldes, lo que supondría, además, el resurgir de nuesvas estrellas políticas: los candidatos a la alcaldía. Sin embargo, aunque el secretario ejecutivo de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta la defendió tajantemente en aras de la salud democrática y por considerarla más justa para el ciudadano, que así vota directamente a quien quiere que gobierne su ciudad, tanto el portavoz popular, Rafael Merino, como los representantes nacionalistas catalán y vasco, Jordi Jané y Josu Erkoreka, creen que esta propuesta es más compleja de lo que aparenta, especialmente en lo que atañe a los municipios gobernados por formaciones coaligadas y al momento de formar los equipos de Gobierno muncipal. Todos coincidieron, sin embargo, en que es una propuesta muy interesante que todavía debe ser analizada con mucho cuidado.