Los ingresos de la Iglesia superan los 250.000 millones anuales

Las cuentas de los obispos

La cantidad procedente de los Presupuestos Generales del Estado la conocemos todos. Pero de los cerca de 22.000 millones de pesetas asignados tributariamente en 2000 a la Iglesia, a los más de 250.000 millones totales que ingresa la comunidad católica en sus múltiples instituciones u organizaciones, dista un largo y complejo camino monetario, sembrado de subvenciones, salarios, patrimonio, campañas de colecta y, según ha destapado el caso Gescartera, algunos beneficios de inversiones bursátiles.

Ana PARDO VERA

Las cuentas de la Iglesia Católica –“Iglesia somos todos”, pero la administran unos cuantos– continúan siendo un interrogante. Las autoridades eclesiásticas, preguntadas por el detalle anual de las mismas, que con los datos conocidos se estima en cantidades superiores a los 250.000 millones, alegan la “descentralización” de la gestión de sus arcas, lo que impide dar una cifra exacta del dinero propiamente católico. Pero el escándalo Gescartera ha hecho saltar la alarma en la opinión pública, que se pregunta cómo administran las autoridades eclesiásticas el dinero que reciben del Estado y, sobre todo, de sus fieles, los cuales, tal vez a partir de ahora, aún es pronto para saberlo, empezarán a mirar con recelo el cepillo que se pasa en misa cada domingo.

Especialmente el llamado impuesto religioso –asignación voluntaria del 0,5239% del IRPF por parte de los fieles que se destina a las arcas eclesiásticas, en vigor desde 1987 y que apenas roza los 15.000 millones de pesetas- empieza a ser cuestionado por algunos partidos, concretamente por PSOE e IU, que solicitan una revisión de la aportación estatal a la Iglesia –21.744 millones en 2000 vía Presupuestos Generales– y argumentan que si este dinero se destina a la “especulación” en agencias de valores, el Estado debe retirar tales asignaciones. Éstas cifras oficiales, las que más suenan a los españoles y no demasiado, suponen, sin embargo, una pequeñísima parte de la cantidad real que maneja la Iglesia. El PSOE la ha cifrado en 300.000 millones de pesetas, estimación más que posible si a la renta cedida de los Presupuestos se suma el total de subvenciones a colegios y residencias; los salarios de las personas designadas por las autoridades eclesiásticas para la enseñanza o labores sociales; los presupuestos de las más de 200 congregaciones religiosas femeninas, como las clarisas, o las 100 masculinas, como los franciscanos, además de las fundaciones, institutos o tendencias tipo el Opus Dei, así como el dinero que ingresan las llamadas agrupaciones apostólicas, como Manos Unidas –en la lista de inversores de Gescartera con 50 millones a un interés del 4,6%–, Cáritas Parroquial u Obras Misionales Pontificias, entre otras que se agrupan, además, bajo la denominación general de ONG católicas. Las campañas y colectas de éstas organizaciones muchas veces se proyectan y se realizan en los mismos edificios de culto católico, por lo que la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas sobre el destino del dinero obtenido a través de ellas “es muy grande”, aseguran fuentes clericales.

Los 21.744 millones de pesetas recibidos por la Iglesia de los Presupuestos Generales van directamente, aunque repartidos en doce mensualidades de 1.812 millones, al máximo órgano eclesiástico, la CEE, que inmediatamente, según las declaraciones realizadas a la Cadena COPE por el vicesecretario para Asuntos Económicos, monseñor Bernardo Herráez, a través de una cuenta bancaria, lo distribuye “entre las instituciones y personas que son beneficiarias directas”, las 68 diócesis españolas de absoluta autonomía contable y financiera. A éstas se dirigen las cantidades que, entre otras cosas, pagarán los sueldos a los sacerdotes que tienen ministerio parroquial, no a aquellos “que trabajan en otras empresas, que no participan”, –menos de 100.000 pesetas por persona–, los gastos de kilometraje de éstos o los estipendios –pagas por decir misa–. Cada diócesis, además, recauda para sí el dinero que ingresa del cepillo o de la administración sacramental, sean bautizos, bodas o entierros. Por otro lado, también los obispos reciben su salario de la cantidad que aporta el Estado, más de 2.000 millones anuales por las escasas 125.000 pesetas mensuales y una media de 7,5 millones en gastos de representación que se le asigna a cada prelado. Un dinero, según los expertos, “muy aprovechado”, pues Hacienda no exige apenas a los responsables de la Iglesia el pago de impuestos, ni los cita anualmente, como hace con el resto de los ciudadanos españoles, para que presenten su Declaración de la Renta. Además, la doceava parte de los Presupuestos destinados a la Iglesia debe cubrir cada mes los gastos de actividades de culto o de conservación del patrimonio artístico.

Por su parte, el apartado de las subvenciones constituye, por sí solo, una vastísima fuente de ingresos para la comunidad eclesiástica, puesto que, únicamente por el hecho de pertenecer a ella y ostentar el título genéricamente adoptado de religioso está asegurada algún tipo de dotación estatal. “En España, con el adjetivo religioso se denomina nada más que al católico, lo que da una idea, asimismo, del componente tradicional y tabú de la administración eclesiástica, similar al de la Monarquía”, matiza un miembro de una importante diócesis. Así, algunos expertos calculan que el dinero destinado por las administraciones públicas a colegios religiosos estaría entre los 70.000 y los 80.000 millones de pesetas, teniendo en cuenta que la Iglesia tiene bajo su manto 2.268 centros de preescolar e infantil, alrededor de 2.500 colegios de primaria y secundaria y más de 200 centros universitarios con sus correspondientes docentes. A éstos se suman, con el sueldo a cargo de la administración pública, los más de 13.000 profesores –8.400 de enseñanza primaria y 4.200 de secundaria– contratados por los obispos para adoctrinar en el catolicismo a alumnos de colegios públicos, es decir, los elegidos por las autoridades eclesiásticas para impartir clases de Religión, en régimen salarial de interinidad.

 El patrimonio de la Iglesia constituye, sin embargo, su mayor riqueza, y engloba templos, catedrales, casas y pisos rectorales o de uso pastoral, ermitas, conventos, santuarios…, además de los edificios de labor socio-religiosa (geriátricos, residencias de minusválidos o mujeres marginadas, colegios mayores, residencias universitarias, albergues de indigentes, guarderías, colegios, institutos, hospitales o centros caritativos). Uno de los últimos informes elaborados sobre el patrimonio inmueble de la Iglesia –el histórico artístico supone más del 75% del nacional– le adjudicaba a la Iglesia cerca de 60.000 inmuebles, pero estaba incompleto. Hoy se le calculan más de 100.000 propiedades inmobiliarias.

Sin ánimo de lucro. El núcleo del debate social que desató el escándalo Gescartera, al descubrirse que 2.500 millones de las inversiones desaparecidas procedían de la administración eclesiástica o de instituciones católicas (ver, ¿Víctimas o especuladores?), parece estar en los valores morales que ha intentado inculcar y que siempre ha exigido el clero de sus fieles, especialmente el de la pobreza y la incompatibilidad del Reino de Dios con el dinero, así como la ausencia de ánimo de lucro que se adjudican con énfasis las ONG católicas y organizaciones apostólicas. La pregunta ahora es si a la administración diocesana –la Conferencia Episcopal asegura reiteradamente que no invirtió ni un duro en Gescartera– o a las organizaciones vinculadas que actúen en nombre de los principios eclesiásticos les sobra tanto dinero como para invertirlo y aguardar sus beneficios. “¿Acaso no se muere la gente de hambre mientras la Iglesia espera a que sus inversiones millonarias den beneficios?”, se pregunta un miembro de la oposición. Eso, añade, sin contar con posibles pérdidas o “monumentales estafas como la de Gescartera. Los administradores católicos han sido muy ingenuos al creer que estando lo divino por el medio, la viabilidad del fraude resultaba impensable”.

Con las inversiones de algunas ONG católicas en agencias de valores, por otro lado, se ha acrecentado la polémica referida al destino del dinero que la sociedad española, católica o no, dona voluntariamente a todas las Organizaciones No Gubernamentales. Un experto señala que precisamente el hecho de que a veces, el término ONG vaya acompañado de “católica” da seguridad “a creyentes e, incluso, no creyentes, convencidos de que su donativo iría directamente a la causa reivindicada” (desastres naturales, países del Tercer Mundo, zonas en guerra, etc.). Ahora, instituciones como Manos Unidas, Cáritas o la campaña del Domund del próximo 21 de octubre, que promueve la asociación Obras Misionales Pontificias (OMP), podrían ver mermada su recaudación, porque “una cosa es pensar que el donativo desinteresado va al Tercer Mundo, a obras sociales o a cubrir los gastos de los misioneros y otra muy distinta imaginarlo en una agencia de valores como objeto de especulación”.

Manos Unidas y Cáritas Española, “fundaciones creadas a instancias de los fieles”, según declaró a la Cadena COPE el secretario general de la CEE, monseñor Juan José Asenjo, dependen administrativamente de la Iglesia y, aunque no están obligadas a pedir permiso ni siquiera a su obispo para elaborar proyectos de ayuda a los necesitados, el control de la organización del personal, su nombramiento y las condiciones generales de actuación sí vienen establecidos por el máximo órgano de los prelados. Un ejemplo de la autoridad de la CEE sobre estas tres asociaciones fue la dirección que a Manos Unidas le asignó la Conferencia Episcopal tras unas tempestuosas elecciones celebradas el 27 de julio de 2000. Ahora, precisamente, la actual dirección de Manos Unidas culpa a los anteriores mandatarios de invertir en Gescartera. El tesorero entonces, era José Antonio Casaus.

Los ingresos que manejan estas dos organizaciones, y de los que ni una peseta procede de los Presupuestos Generales destinados a la CEE, únicamente distribuidos entre las 68 diócesis, van desde los 7.569 millones de pesetas obtenidos por Manos Unidas durante el ejercicio económico de 1999-2000 hasta los 25.877 millones de pesetas de Cáritas Española en el mismo periodo de tiempo. Todo ello obtenido en su mayor parte de las donaciones de los fieles, aunque existe una parte procedente de subvenciones de las distintas Administraciones Públicas. Así, Cáritas ha obtenido en 2000 casi 26.000 millones de los que “el 70% proceden de aportaciones privadas y el 30% tienen su origen en fondos públicos confiados a Cáritas por las distintas administraciones del Estado”, según un informe de la propia organización. Esos ingresos se destinan, en el caso de Cáritas Española, a obras sociales (acogida y asistencia, mayores, empleo y economía social, infancia, drogodependencias, familia, mujer, juventud, sida, inmigrantes, etc.), mientras que Manos Unidas centra su labor en el Tercer Mundo y en actividades de urgencia (catástrofes naturales, guerras, etc.). Mención aparte merece la asociación Obras Misionales Pontificias, católica, pero, contrariamente a lo que se viene diciendo, “sin ningún tipo de dependencia de la Conferencia Episcopal”, asegura un portavoz de ésta. La asociación OMP fue señalada el pasado mes de agosto como inversora de Gescartera, al figurar su ex administrador José María Castro con 200 millones, algo que ha sido contundentemente desmentido en declaraciones a la Cadena COPE por el director nacional de OMP y obispo de Osma-Soria, monseñor Francisco Pérez: “Las informaciones que se han dado de que el Domund [campaña de colecta que promueven las OMP en octubre] ha metido ahorros en Gescartera son totalmente falsas”. Esta asociación ingresó en 2000 un total de 3.512 millones de pesetas, recaudados en las tres campañas anuales de OMP, la del Domund, en octubre (2.708 millones); la de San Pedro Apóstol, en mayo (530 millones), y la de la Infancia Misionera, en enero (272 millones). El destino de este dinero son únicamente las Misiones, ya sea para obras de fe, seminarios para formación de misioneros o los niños de estas obras.                                

¿Víctimas o especuladores?

La implicación de la Iglesia en el escándalo Gescartera a través de obispados, fundaciones, organizaciones de religiosos, misioneros y educativas ha provocado un debate acerca de la conveniencia de que aquellos inviertan sus fondos en sociedades especulativas, así como sobre la revisión del acuerdo de financiación con el Gobierno.

Hay hasta cuatro obispados que depositaron parte de sus fondos en la agencia de valores de Antonio Camacho –según aseguran, ninguno de ellos provenientes de la asignación percibida por el Estado–: Astorga (con 51 millones), Palencia (con 20 millones), Valladolid (con 24 millones, aunque llegó a tener invertido casi mil millones que retiraron en 1999 tras una investigación de la CNMV) y Tuy-Vigo (los únicos que invirtieron en renta fija casi 4.500.000 pesetas). El arzobispado de Sevilla, asimismo, recibió varias ofertas para invertir en Gescartera que rechazaron puesto que, en palabras de su portavoz, la Iglesia tiene la obligación de “invertir bien”.

Además, otras congregaciones religiosas como agustinos, salesianos, filipenses, dominicos y los Hermanos de las Escuelas Cristianas han perdido importantes sumas, según diversos medios: las Agustinas Misioneras Provincia de San Agustín hasta 470 millones de pesetas; los Salesianos de María Auxiliadora, 107 millones; las Filipenses Misioneras de Enseñanza, 97 millones; las Madres Dominicas, 48 millones; y los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 47 millones (algo más de 44 millones en Sevilla y de 12 millones en Andalucía), a lo que habría que añadir las aportaciones de al menos otras dos docenas de órdenes de todo tipo, incluso parroquias y ONG cristianas.

La cantidad total que pueden haber perdido estas organizaciones religiosas oscila entre los 1.000 y los 2.500 millones de pesetas según las fuentes. El diario Abc asegura que la mayor parte de lo invertido (900 millones) se encontraba depositada en valores de renta variable, y los 600 millones restantes en valores más seguros de renta fija.

La mayoría de las voces que se han oído durante estas semanas provenientes de la Iglesia han justificado y defendido el derecho a “rentabilizar fondos antes de invertirlos en las acciones pastorales y de solidaridad con los pobres, que son su verdadero destino”, como ha declarado el obispo de Osma-Soria y director nacional de Obras Misionales Pontificias, Francisco Pérez. Ante el rechazo que ha suscitado el conocimiento de estos hechos, algunos de los implicados de mayor importancia (como el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que ha perdido 157 millones de pesetas, aunque llegó a invertir hasta 200) han sacado notas públicas en las que aseguran ser “víctimas de una estafa”, se quejan del tratamiento recibido por los medios de comunicación y solicitan que se investigue dónde está el dinero y de quién son las responsabilidades, CNMV incluida. 

La participación de tantas organizaciones religiosas en Gescartera se puede explicar por las buenas relaciones que mantenían con ellas varios personajes fundamentales en esta trama, sobre todo Pilar Giménez-Reyna, persona de profundas creencias religiosas que tenía amistad con varios altos cargos de la Iglesia y que podía presentar además como “aval” el cargo que ocupaba su hermano Enrique, secretario de Estado de Hacienda, y las buenas relaciones de éste en el sector financiero y bursátil. José María Castro, jefe comercial de Gescartera, había sido administrador de las Obras Misiones Pontificias, organismo que gestiona las aportaciones del Domund y coordina la financiación de los misioneros y de donde fue cesado, curiosamente, por “gestiones contables incorrectas”. Otro personaje importante fue Javier Valenzuela, delegado de la agencia en Castilla y León. Valenzuela, que había sido director general de Economía del Gobierno de José María Aznar en dicha Comunidad, en 1987, y posteriormente fue condenado por prevaricación, ha negado que utilizara sus anteriores cargos para conseguir clientes entre las autoridades eclesiásticas de la Comunidad. Su labor de convicción se puede comprobar por el hecho de que tres de los obispados se encuentran en esta Comunidad. Pero además, se especula con que fuera otra importante personalidad del mundo eclesiástico la que definitivamente convenciera a estas organizaciones para que depositaran sus fondos en la agencia propiedad de Antonio Camacho.

Teresa Larraz

El quinto, pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios

P. ¿Por qué debemos obedecer a la Iglesia?
R. Porque es nuestra Madre y lo manda Jesucristo.

P. ¿Y debemos dar al diezmo lo mejor?
R. A lo menos, no lo peor, pues Dios lo da todo.

(“Catecismo de la doctrina cristiana”, Jerónimo de Ripalda, 1902)

Durante más de medio milenio, los gobiernos cristianos impusieron a los ciudadanos que la décima parte de todos los productos de la tierra y de la ganadería, pasasen a engrosar las arcas de la Iglesia. No se libraron de él musulmanes y judíos. Ahora que el Vaticano está en vena de pedir perdón, puede ser un buen momento para que lo haga y, además, devuelva a estas confesiones el dinero usurpado a los infieles, con abuso de poder.

Para entender cómo ha llegado la humanidad a la aberración de la imposición de los diezmos, es preciso remontarse a los albores de la Historia, en que los seres humanos empezaron a ofrecer sacrificios a sus dioses para tenerlos propicios. Inmolaron animales de carne sabrosa, por creer que eran gratos al Cielo, cuando en realidad terminaban en los estómagos agradecidos de los sacerdotes del templo. No se libraron de esta práctica, egipcios, fenicios, espartanos, persas, hebreos, griegos o incas, por no citar las distintas etnias africanas.

Los israelitas estaban obligados a ofrendar animales en sacrificio tres veces al año, para obtener el perdón de los pecados o lograr la purificación personal. Este tráfico de animales en los templos, fue tal que los sacerdotes se vieron abocados a buscar otras fórmulas recaudatorias más pragmáticas como la del diezmo.

Abraham inauguró esta práctica ofreciendo a Melquisedec, rey-sacerdote de Salem, la décima parte del botín tomado a los reyes vencidos. Y Moisés se encargaría de imponer en el Levítico el precepto de pagar obligatoriamente a los sacerdotes del templo el 10% de los rendimientos del “capital”, que procede del latín “capus”, y que significa precisamente “cabeza de ganado”. Igualmente, el vocablo “pecuniario” se deriva de la palabra latina “pecus”, que significa “rebaño”.

No es por casualidad que en la India de hoy, que rinde culto sagrado a las vacas, su moneda se llame rupia, que significa “rebaño de bueyes”. Por la misma razón, las primeras piezas cambiarias de bronce que se acuñaron en Roma se denominaron “aes”, derivado de “assun”, o asado, en recuerdo del banquete sagrado. Igualmente, las primeras monedas griegas recibieron el nombre de “oboli”, de “obelos”, que es como se conocían las agujas de hierro con que se ensartaban los trozos de carne en los sacrificios. La propia denominación de “moneda” procede del templo de Juno Moneta, donde se acuñaba, y en los principales idiomas del mundo se conserva esta raíz.

Pero la escasez de monedas en circulación hizo necesario adoptar el sistema de la prestación en especie. Ya no eran sólo los corderos del sacrificio, sino el grano o la fruta recolectados.

En los primeros siglos de nuestra era no se conocieron los diezmos entre los cristianos, quienes atendían las necesidades del culto mediante ofrendas espontáneas u oblaciones. Todo ello, en perfecta sintonía con la doctrina de Jesucristo, que no validó la antigua obligación impositiva.

Pero cuando la caridad cristiana perdió su largueza, algunos padres de la Iglesia, como san Jerónimo, san Agustín y san Juan Crisóstomo, comenzaron a recomendar a los fieles el diezmo hebraico. La respuesta no debió ser lo contante y sonante que deseaban, y la Santa Sede introdujo la imposición de pagar el diezmo en los mandamientos de la Iglesia, dado que no figuró nunca entre los correspondientes a la Ley de Dios. Con ello, hizo de la potestativa caridad un acto moralmente obligatorio, en beneficio de las arcas vaticanas.

Varios concilios se ocuparon de regular el impuesto sacro, desde el II de Macon, en el año 581; llegando a fijar otros la pena de excomunión para los “defraudadores”.

Pero pese a esta presión, los cristianos se mostraban reacios a rascarse sus respectivas faltriqueras. Así que la Iglesia recurrió a papá Estado para asegurarse el cobro de los diezmos en contencioso. Esta obligación legal, en un principio, sólo se refería a los bienes raíces, pero Celestino III, a finales del siglo XII, se apoyó en la autoridad de san Agustín para imponer que se pagasen los diezmos de las ganancias obtenidas por el ejercicio de la milicia y del comercio. Luego se supo que el texto en que se basaba el Papa era una obra apócrifa, pero la recaudación marchaba lo suficientemente bien como para retocarla, y se impuso en todas las naciones cristianas.

La primera ley civil española que estableció la obligación de los diezmos es el Fuero Real, de Alfonso X, promulgada en 1255, que se limita a transcribir la doctrina de la Iglesia al respecto y de fijar procedimientos para evitar sus incumplimientos.

Estos impuestos religiosos se aplicaban inexorablemente a todo el producto íntegro, sin deducir semillas, ni tributos. Es muy notable reseñar que los sacerdotes estaban exentos de satisfacer diezmos cuando se trataba de beneficios o de bienes adquiridos a “título espiritual”.

Ahora ya tenía la Iglesia un medio legal para meter en la cárcel a quienes se resistiesen a sufragar sus gastos. Gracias al poder coercitivo del Estado, la Iglesia española llegó a obtener de los diezmos, 368 millones de reales anuales, unas 92.000.000 de pesetas; un 3% del producto líquido de la agricultura.

En un principio, eran los obispos y deanes de las iglesias catedrales, quienes se encargaban de cobrar los diezmos. El excesivo enriquecimiento de los recaudadores propició disputas sin fin entre los clérigos. Finalmente, mediante una división en parroquias, la Iglesia cedió a los párrocos la facultad de percibir este impuesto, aunque reservando al prelado la cuarta parte de lo recaudado. Algunos canónigos lo adquirieron por privilegio pontificio. Es lo que se conoce como canonjía, que la sabiduría popular pronto identificó como “empleo de poco trabajo y bastante provecho” y que dio lugar a expresiones tales como “vivir como un cura”.

Los nuevos aires de libertad que trajeron los tiempos modernos, impulsaron a los estados a establecer un nuevo género de relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado, suprimiendo los diezmos. Francia fue la primera, y lo hizo sin compensación alguna para los perceptores, en el año 1789.

En España, el gobierno no fue tan solícito, en la defensa de los intereses de sus ciudadanos. Por un decreto de las Cortes de 1821, las cuotas decimales quedaron reducidas a la mitad y suprimidas definitivamente por una ley de 1837.

Ante estas decisiones del poder soberano de los pueblos, la Iglesia puso el grito en el cielo, resolviendo a través de la Sagrada Penitenciaría, que “la ley civil no puede, sin previo convenio y sanción de la autoridad eclesiástica, quitar ni modificar en manera alguna el derecho a percibir los diezmos de que gozan los párrocos y otros, ni librar a los fieles de la obligación de pagarlos; ni concederles la facultad de redimirlos, pues los legos, sea cualquiera su dignidad, no tienen autoridad para mandar en los bienes y personas eclesiásticos; tocándoles únicamente obedecer”. Esto último es muy notable; el Vaticano se sitúa por encima del poder soberano de los estados, enmendando las leyes de sus respectivos parlamentos. Se constata, una vez más, que el integrismo religioso no ha sido un invento de los talibanes.

Estas y otras presiones de la Iglesia propiciaron el Concordato de 1851, en el que se señalaba la dotación que ha de satisfacerse por el Estado para las atenciones eclesiásticas.

Además de estos ingresos de los presupuestos del Estado, a la Iglesia le quedaban los procedentes del cepillo, de las dispensas, de la administración de sacramentos, de las ofrendas votivas, y de los legados in artículo mortis, frecuentemente arrancados por el confesor a angustiados moribundos.

Ramos PERERA