De la privatización de RTVE

A Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Hacienda, le preocupa "la deuda de Televisión Española". Es comprensible. Se ha disparado, se ha multiplicado, en los últimos años. Empezaron los números rojos de este ente público en los postreros tiempos de Felipe González, cuando las privadas iniciaron su recorrido y se fueron consolidando, junto a nuevas televisiones autonómicas, las plataformas digitales, el Canal Plus de pago y otros inventos de interés como las televisiones locales públicas o privadas. Tiene razón Fernández Ordóñez. Conviene atajar la deuda generada en RTVE. Su fórmula se resume de este modo: "No hay que descartar la privatización de parte de Televisión Española".

Pero este socialista liberal o liberal socialista, más cercano a Tony Blair que simplemente a Keynes, amenaza con una solución que es falsa. Falsa desde la perspectiva de una concepción socialdemócrata, sólo socialdemócrata, que nadie se asuste en exceso, de las relaciones de poder en el ámbito mediático. "Aquella parte de la televisión que no es de calidad, que la den las privadas", apunta Fernández Ordóñez en unas recientes e ilustrativas declaraciones a El País. Este hombre, que tiene una aureola merecida de experto economista, está muy vinculado, por otra parte, a Prisa. Por ello tendría que ser un poco más prudente, un punto más cauteloso, cuando habla de cuestiones relacionadas con los medios, siquiera como consecuencia de aquella tan pertinente reflexión clásica referida a la mujer del César. ¿Qué pretende decir dividiendo artificialmente las televisiones públicas (calidad) y privadas (no importa la calidad)?

Quiere decir, como mínimo, que Fernández Ordóñez ignora que ubicar las públicas en el territorio de la calidad, de la supuesta calidad en no pocas ocasiones, las confinaría a la categoría de templo sagrado para exquisitos, eruditos o selectos. ¿Por qué las públicas han de ser de calidad y las privadas, no? Una cosa es la calidad y otra el aburrimiento. La ausencia de cierta calidad no debe equipararse, además, a la televisión basura. Un programa de entretenimiento para mayorías quizás no satisfaga el ansia de calidad de determinadas minorías, pero no por tal circunstancia las públicas incumplen su misión, siempre que la oferta reúna dignidad.

Hay otro modo, asimismo, de dividir a las televisiones. Es una división tradicional que tal vez no agrade al secretario de Estado de Hacienda. Las privadas dependen única y exclusivamente del capital, elevado a su potencia más escalofriante y repartido, el capital, en muy pocas manos. De hecho, una nomenklatura bastante reducida controla las televisiones privadas, de acceso imposible para los ciudadanos de a pie y para grupos de ciudadanos incluso organizados, salvo que sean magnates o gentes bien relacionadas con los grupos de presión y ciertos sectores políticos. Sería muy ilustrativo, por ejemplo, la opinión de Fernández Ordóñez acerca de un caso no estrictamente relacionado con el audiovisual, el de la compra en Francia del venerable rotativo conservador Le Figaro. Es éste un hecho reciente que ha conmocionado las esferas políticas, económicas y periodísticas del país vecino.

Sigamos por un momento con la operación de Le Figaro. 1.000 millones de euros (166.000 millones de las antiguas pesetas) ha pagado por este periódico, de gran influencia en la derecha, Serge Dassault, constructor de aviones y fabricante de armas. El negocio de las armas ahora mismo se ha apoderado de ese diario y, con él, del primer grupo de prensa francesa, la Socpresse, con 70 cabeceras distribuidas por toda Francia, amén de semanarios y publicaciones de género diverso. ¿Continuará siendo Le Figaro un periódico de calidad? Es casi seguro que así sea. ¿Que es preferible que sea de calidad? Pues sí. ¿Que los intereses que se mueven en torno de Le Figaro tienden a ser abominables? Pues también es verdad. ¿Que la mayoría inmensa de los franceses, aunque quisieran, nunca lograrían tener una parte algo decisiva en el capital de Le Figaro? Pues más verdad todavía.

Nos viene, por tanto, el señor Fernández Ordóñez con el rollito de la privatización. Lo de la privatización es el agua milagrosa, al parecer, de todos los Gobiernos, los del PP y, ay, los del PSOE también. Fernando Savater, el sabio filósofo del ¡Basta ya!, reflexiona: "Lo primero que hay que preguntarse es si realmente tiene que haber una televisión pública". Lúcido interrogante el de este sabio que ha de arrojar luz sobre RTVE, aunque después con más serenidad puntualice: "Yo creo que sí, que debe haberla. Pero la televisión no puede ser pública sólo por su financiación, sino también por sus objetivos y por su servicio. No puede ser una televisión que compita sencillamente con las otras televisiones, tiene que ofrecer también servicios distintos: informativos, culturales, educativos o de debate. Tiene que tener contenidos de interés público, no regidos por el mercado".

¿Se ha de ser sabio oficial para llegar a tales conclusiones? Son de sentido común tan sólo, a pesar de que sí, la tele pública sí debe competir con las privadas. El mercado, en cambio, ni puede (véase el déficit) ni debe regular o regir la televisión pública. RTVE, como las autonómicas, han de estar por encima del mercado. Y allí donde no alcancen sus ingresos publicitarios, en RNE ni un duro se ingresa por este concepto, ha de amparar al ente público el Estado. El audiovisual público, en este tiempo de tiburones, época propicia para los murdochs y los berlusconis, es un bien que ha de ser preservado para la sociedad sin género alguno de complejos o malas conciencias. Eso sí, sus cuentas han de estar permanentemente fiscalizadas, han de ser transparentes, tienen que ser auditadas. Cuando se le pregunta a Fernández Ordóñez por "las cuentas heredadas" elude la respuesta que cabía esperar.

TVE ha sido con demasiada frecuencia, pero de un modo insultante en los últimos años, un negocio opíparo para algunos traficante de favores. Se han pagado cantidades fabulosas, como las libradas al tal José Luis Moreno, entre otros beneficiarios. Lo que le tendría que preocupar al excelentísimo secretario de Estado de Hacienda es, como primera e irrenunciable medida, examinar con cuidado y concienzudamente los números de Prado del Rey. Eso es lo que hay que hacer, y no privatizar TVE para así engrandecer más aún a los poderosos empresarios de los multimedias a costa de recortar aquello que legítimamente pertenece al pueblo soberano y que tan mal ha sido gestionado y tantos ingresos ha proporcionado a unos cuantos aprovechados.

"No entiendo por qué para ver un programa que es similar al de otra televisión cuesta más y hay que sacarles impuestos a los obreros que trabajan en Villaverde o en Martorell, si cuando encienden las otras televisiones les dan lo mismo y no pagan", asegura Fernández Ordóñez. Menos mal que le inquietan los obreros y los impuestos que éstos pagan. No los olvide, sin embargo, el secretario de Estado de Hacienda a la hora de elaborar medidas legislativas de carácter impositivo. Pero no haga paternalismo obrerista, cual si fuera Girón de Velasco o Solís Ruiz, para justificar su anhelo privatizador de lo público. Eso se llama demagogia barata.

Convendría, por lo demás, que Zapatero no siguiera entronizando a los sabios, presentándolos como si fueran los redentores de la radio y la televisión del Estado. Ni son tan sabios ni tienen recetas mágicas. Como ha declarado el periodista Fermín Bocos, al que lo avalan muchos años de experiencia en este tipo de tareas, "lo único que puedo decir es que alguno de los que forman parte de ese Comité (el de Sabios) hasta hace poco era partidario de cerrar la radio y la televisión públicas de una manera tal vez escalonada, haciendo un plan de viabilidad". Vale, asimismo, esta observación: "Yo me conformaría con que se cumpliera el Estatuto de Televisión. No hay que inventar nada, está inventado todo. Simplemente es cumplir la ley. Y eso sí, para trabajos más complicados, las manos más hábiles... Para las misiones más delicadas, espíritus más independientes".

Sucede que el Estatuto mencionado ha sido incumplido con frecuencia. Uno de los que más lo ha incumplido ha sido el director de la TVE actual, Juan Menor. Lo incumplió cuando fue director con el PP. Después del 14 de marzo, el PSOE lo ratificó en su cargo se supone que para premiar sus méritos múltiples en aras a gestión escrupulosa, imparcialidad informativa y pluralismo político. No hacen falta, por consiguiente, los sabios. A descansar. Con Menor, sobra y basta.