PROSTITUCIÓN: ¿TRABAJO 0 EXPLOTACIÓN?

Por Elvira S. Llopis*

Quienes pretenden regularizar bajo la forma de trabajo la prostitución con el siempre deseable objetivo de garantizar derechos sociales para quienes se prostituyen, usando como argumentos, entre otros, el de que dignificando la actividad se dignifica, por ende, a la persona que la ejerce, olvidan, tal vez sin intención, algunas consideraciones que, al menos para mí, tienen un carácter sustantivo.

En primer lugar, cabe preguntarse si es posible dignificar a la persona que, bajo este criterio, trabaja, sin hacer lo propio con quien la emplea, hasta ahora comúnmente conocidos estos últimos como chulos, proxenetas o rufianes, cuando no directamente como traficantes de mujeres y que, coherentemente, adquirirían el muy digno estatus de empresarios. Simétricamente, el cliente (cuatro de cada diez españoles varones reconocen haberlo sido) pasaría a ser consumidor con sus correspondientes garantías y derechos, claro está.

En segundo lugar, y partiendo de la base de que el 90% de la prostitución en nuestro país, según cifras del colectivo Hetaira, se nutre de población inmigrante en situación irregular, la asimilación de la prostitución a la actividad laboral establecería una distinción radical entre prostitución regular (o sea, la laboral) y prostitución sumergida, subrayando, además, que gran parte de la población extranjera que se dedica a la prostitución lo hace por no estar en una situación regular, y no al contrario, y la prostitución infantil quedaría fuera de la prostitución regular (eso espero), pero no de la prostitución.

En tercer lugar, deberíamos considerar las aberrantes (sí, aberrantes) transliteraciones que la vigente legislación laboral tendría llevada al terreno de la prostitución, sus agentes y sus prácticas reales.

Ciertamente, compartimos el criterio de que ante la prostitución, como ante tantas otras realidades de nuestro entorno social cotidiano, no debe utilizarse la estrategia del avestruz. En nuestro idioma, uno de los sinónimos de prostituta, tal vez el menos peyorativo, es el de "mujer pública". Pública no porque realice en este espacio lo que otras mujeres realizan en el espacio privado, sino porque cobra por hacerlo. De este modo, y como decíamos, su hacer (acudiendo a los términos clásicos) se convierte en mercancía. Pero convendría que nos planteáramos si todo lo que es susceptible de convertirse en mercancía debe tener su referencia básica y fundante en el trabajo.

Y es que lo que repugna a cualquier conciencia mínimamente civilizada tiene que ver con el hecho de la cosificación del cuerpo, del cuerpo como mercancía, no en su acepción simbólica, sino de manera material. No en vano el de la integridad física es un principio básico y fundamental, incluso en las sociedades sin regulaciones legales propiamente dichas, en sociedades sin Derecho.

Claro es que todo ello se puede evitar o subsanar planteando excepciones; por ejemplo, mecanismos regularización para las personas extranjeras que se dedican a la prostitución (zy puedan probarlo? No me atrevo apensar las consecuencias); que quienes se dedican a la prostitución puedan ser sólo trabajadores autónomos para, posteriormente, regular expresamente la subcontratación en el sector, porque de no ser así no parece probable que los chulos (ahora empresarios) consientan en que una "buena trabajadora se establezca por su cuenta"; excepciones que ajusten la edad laboral, que interpreten la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para, por ejemplo, las prácticas sadomasoquistas, las categorías laborales, los planes de formación intersectorial (¿) y los supuestos de despido procedente o improcedente (!!!!)

No. Decididamente, la prostitución no es ni puede ser considerado trabajo. O, dicho de otro modo, la prostitución sólo tendría de trabajo el nombre.

Y por si alguien extrae, precipitadamente, conclusiones erróneas de cuanto aquí se ha dicho, rotundamente sí: las personas que se dedican a la prostitución deben ser sujetos de derechos sociales (que no asistenciales) en el marco de un deseable estado social cada vez más amplio y más sensible a los colectivos más vulnerables, en mayor riesgo de exclusión si no ya enteramente marginales.
En un Estado social que, por serlo, no debe vincular sus prestaciones exclusivamente, o tal vez, ni tan siquiera prioritariamente, a la vida laboral; en que se facilite, además, la integración laboral de todos los colectivos, promoviendo todas las medidas necesarias y suficientes para la verificación de una auténtica igualdad de oportunidades; en que la renta social pierda paulatinamente su carácter residual, en que la educación, la formación, la vivienda y la salud profundicen su carácter público y se aleje, mejor, se desvincule de los mercados especulativos.

Porque como dice Clarisa Guerra, "la pobreza es el mayor de los proxenetas".

* Vicepresidenta de la Fundación Sindical de Estudios de CC.00. de Madrid