La transparencia prometida

Se le está agotando el estado de gracia a Rodríguez Zapatero? De momento, parece que determinados episodios recientes no deben inscribirse precisamente en el catálogo de los efectos positivos para el Gobierno. Los resultados de las elecciones norteamericanas, incluyendo el Congreso y el Senado, no han podido ser peores desde el referido punto de vista. El abrumador triunfo de Bush presagia como ya ha advertido con visible satisfacción el PP- que la factura de la retirada de las tropas españolas de Iraq, entre otros contenciosos entre La Moncloa y la Casa Blanca, podría costar bastante cara a los españoles. En paralelo, resulta obligado subrayar que el PP acaba de recibir desde EE UU un balón de oxígeno de alcance en absoluto despreciable. ¿Se convertirá para Rajoy -o para Aznar incluso, atención- la jornada electoral norteamericana del martes 2 de noviembre en la segunda vuelta del 14-M? No es ninguna exageración. Se trata ahora y aquí de una hipótesis al menos verosímil. Negar el poder fáctico de la primera -y casi única- potencia mundial supondría un ejercicio de estulticia tan ridículo como peligroso.

Mientras, otro poder fáctico muy influyente en la sociedad española, cual es la Iglesia, se prepara para desplegar su ofensiva contra el Gobierno. La movilización de los católicos se encuentra en fase de precalentamiento. Pronto saltarán a la palestra, dispuestos a torcer la muñeca de Zapatero, creando un clima catastrofista que divida a los ciudadanos y proyecte la imagen -como vienen intentando los obispos con la valiosa cooperación y, por supuesto, níhil obstat vaticano- de "la Iglesia perseguida". Bush ha vencido gracias, entre otros factores, al apoyo entusiasta de los neocristianos y grupos religiosos de carácter integrista radical. Parte del caladero de votos del PP se encuentra en estos sectores moldeados por el activismo eficaz de las organizaciones católicas más disciplinadas y conservadoras.

Dejando de lado el debate digamos territorial -otro miura que se va acercando de manera irreversible-, el caso Vera, por llamarlo así, simplificando ciertamente, tampoco proporciona sosiego a Zapatero. Ha regresado un pasado sombrío que sólo los ingenuos podían considerar finiquitado. Se cerró en falso hace unos años y ahí sigue, agazapado en ocasiones, emergiendo con dramatismo en la actualidad. Rafael Vera se niega a ser el chivo expiatorio de una historia tenebrosa. ¿Qué ha callado Vera? ¿Puede probar sus acusaciones más o menos veladas? ¿Por qué ha mantenido el silencio a lo largo de estos años? ¿Qué está insinuando Rodríguez Ibarra? ¿Hay que conceder crédito al escrito de Alfonso Guerra? ¿Qué debe hacer Zapatero? ¿Cabe que el presidente siga mirando hacia otro lado, como si esa historia no le concerniese, como mínimo, indirectamente?

¿Indulto o no indulto y que cada palo aguante su vela? Rafael Vera debería contar cuanto sabe, si está en condiciones de acreditar documentalmente las revelaciones o puede hacerlo mediante fundados y solventes indicios, Si es verdad, según la versión hipotética lanzada por Alfredo Pérez Rubalcaba, que habría podido haber jueces -de los que han instruido el sumario o juzgado a Vera y otros- que cobraron en su momento de los fondos reservados el escándalo sería mayúsculo. Más escandaloso, sin embargo, sería que cargara Vera con las responsabilidades de otros. Cuando se habla, en este affaire, de las instituciones del Estado, ¿qué se está diciendo realmente? ¿Hacia qué palacio o palacios se está señalando en el mapa del rumor o, sencillamente, de la insidia? Zapatero prometió transparencia. Debe garantizarla, desde luego, en tan escabroso asunto.